Una niña de 12 años está internada en estado crítico en el Hospital Lagomaggiore de la ciudad de Mendoza, con una infección abdominal causada por un aborto clandestino realizado en malas condiciones sanitarias. La niña se encuentra en terapia intensiva. Fue operada y se le extirparon el útero y un ovario como consecuencia del grave cuadro, según pudo saber Página/12 de fuentes del hospital. El caso se produce a tres meses de que un juez de esa provincia le negara a otra niña de 12 años, que había sido violada, el permiso para un aborto no punible en un hospital público.
La pequeña, identificada como M., ingresó el domingo al Lagomaggiore, en la capital provincial, luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, ubicado en el departamento de Guaymallén. Ayer, el director del Lagomaggiore, José Moschetti, informó que M. “no ha empeorado” en las últimas horas, “aunque sigue siendo una paciente crítica”, según publicó el portal de noticias mendocino MDZ online. El cuadro de M. es por demás delicado, ya que además de la infección abdominal presentaría una falla multiorgánica que le habría afectado un riñón, el hígado y las coagulaciones, informaron fuentes médicas, consultadas por este diario.
El embarazo, que terminó en aborto, sería fruto de un abuso sexual. Y la familia de la niña habría recurrido al circuito clandestino para interrumpir la gestación. M. pertenece a una familia humilde de Guaymallén. Y según trascendió, una médica, que habría cobrado 600 pesos por la intervención, le habría realizado el aborto en un consultorio privado. El caso está siendo investigado por la Oficina Fiscal 9 de Guaymallén, quien busca identificar a la profesional que la habría atendido.
En la provincia de Mendoza hace apenas tres meses el juez de Familia Germán Ferrer negó la autorización para un aborto no punible a una niña de 12 años, también embarazada en una violación presuntamente cometida por su padrastro. En aquel caso, el magistrado sentó un grave precedente al no dar curso velozmente al pedido para interrumpir la gestación forzada, elevado el 29 de agosto por la madre de la menor. El pedido se amparaba en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal. En las dos semanas y media que se dilató la decisión del juez, la niña, que estaba internada en el Hospital Notti, fue expuesta a presiones de miembros de organizaciones “pro vida” que la amedrentaron con fotografías de fetos mutilados para que desistiera en el pedido del aborto no punible. Ferrer, además, le quitó la guarda a la madre de la chica, y se la dio a su abuela materna, una mujer de fervorosa práctica religiosa perteneciente a una congregación evangélica, que se oponía a la interrupción del embarazo, tal como informó oportunamente este diario. Finalmente, la niña dijo que quería seguir con el embarazo. Según trascendió, en abril el mismo juez había recibido una denuncia de malos tratos contra el mismo hombre acusado de la violación de la niña, presentada por un tío de la nena, hermano de su madre, y en todo ese tiempo no habría hecho nada por protegerla ni a ella ni a sus hermanitos ni a su mamá.
Con ese antecedente, no es de extrañar que, ante casos similares, familias de pocos recursos que no pueden pagar un aborto seguro en una clínica privada recurran a consultorios más precarios antes de reclamar en un hospital público la práctica de un aborto no punible, donde se suele exigir una autorización judicial para llevar adelante la práctica médica, a pesar de que no es un requisito establecido en el Código Penal.
Un protocolo de atención de los abortos no punibles, como ya existe y se aplica en la provincia de Buenos Aires, llevaría tranquilidad a los médicos que tienen que intervenir en estos casos, y evitaría que se produjeran dilaciones en la atención y que algunas familias opten por ir al circuito clandestino. El procedimiento de atención de abortos no punibles bonaerense se aplicó recientemente en el caso de la joven con discapacidad mental también abusada que fue atendida en el Hospital Penna de Bahía Blanca.
Desde hace varios años hay distintos proyectos legislativos para aclarar los alcances de las excepciones previstas en el Código Penal: algunos habían avanzado en la Cámara de Diputados pero en 2008 terminaron cajoneados. El último, impulsado por tres diputados del kirchnerismo, tenía amplio consenso entre distintas fuerzas: finalmente lo mandaron al freezer por pedido de la presidencia del bloque oficialista. A nivel nacional, en la última etapa de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García fue redactada una excelente guía integral de atención de los abortos no punibles, pero su sucesora, Graciela Ocaña, no la comparte y nunca la distribuyó a las provincias. La vida de la niña mendocina, mientras tanto, corre serio riesgo.
