Pese a los esfuerzos del gobierno y la férrea presencia de policía militarizada, los ataques incendiarios continuaron este martes en la región mapuche de La Araucanía, en el sur de Chile, con atentados contra al menos dos propiedades que, aunque no dejaron víctimas, alimentan un grave conflicto en una de las regiones más pobres del país.
El nuevo ataque afectó a una bodega y una casa deshabitadas en la localidad de Padre las Casas, donde la policía encontró indicios de incendios intencionales, que suman seis en los últimos días desde que el viernes un matrimonio de ancianos murió calcinado cuando su vivienda fue atacada por un grupo de encapuchados.
“Se sabe que fue un incendio intencional por las características, ya que no hay electricidad en el lugar y se encontró indicios de inicio del fuego”, dijo el jefe policial Ernesto Ibacache al sitio electrónico del diario La Tercera.
El gobierno de Sebastián Piñera cree que los ataques serían obra de algun “grupo terrorista” que buscaría un incremento del conflicto indígena en el sur de Chile.
La última serie de ataques se inició hace unos 10 días en esta región de La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, donde los indígenas mapuches reivindican tierras que consideran suyas por derechos ancestrales.
El conflicto se desarrolla en una de las zonas más deprimidas de Chile, ya que La Araucanía tiene la mayor tasa de pobreza del país con 22,9%, por encima del promedio de 14,4% que se registra a nivel nacional, según la última encuesta de Caracterización Socio Económica del gobierno (Casen-2011).
Los ataques no han cedido pese a la presencia de unos 400 carabineros (policía militarizada de Chile) en la zona, enviados especialmente por disposición del presidente Sebastián Piñera.
Por la gravedad de la situación, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) sostuvo un encuentro extraordinario el lunes con las cúpulas de las fuerzas armadas y de la policía. Al final de la reunión no hubo versión oficial, pero el diario El Mercurio señaló este martes que se acordó crear “una instancia semanal de inteligencia por el conflicto mapuche”.
Piñera envió también a la región al tercer hombre de la Policía, Carlos Carrasco, designado para hacer frente a una situación en la que el gobierno cree existe un involucramiento de una organización terrorista que podría recibir financiamiento y entrenamiento desde el exterior, o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Estamos en presencia de un grupo terrorista organizado, con métodos terroristas, con nexos internacionales que provienen con capacitación, con entrenamientos y con contactos con las FARC”, aseguró el lunes el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.
Desde 2010, la Fiscalía chilena investiga si existe un nexo entre indígenas y las FARC, especialmente entre el grupo radical mapuche Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco Malleco (CAM), cuyos líderes están apresados y que en el pasado se ha adjudicado una serie de ataques incendiarios en la zona.
Hasta ahora, la Justicia no ha podido acreditar este vínculo.
“Los mapuche no necesitan de las FARC para sostener su legítima lucha por la reivindicación de su territorio”, dijo a la AFP el werkén o líder Mapuche, Aucán Huilcamán.
Según una fuente policial consultada por la AFP, en el lugar del atentado de este martes no se encontraron panfletos ni ningún otro elemento que reivindique a algún grupo su autoría.
Tampoco han sido reivindicados los ataques ocurridos los días previos.
“El gobierno no debiera insistir en medidas represivas con las comunidades, debiera convocar a un diálogo firme y duradero”, agregó Huilcamán.
Diálogo con los partidos
Para hacer frente a esta ola de ataques, el gobierno citó el lunes a una ‘cumbre política’ en el palacio presidencial, al que asistieron los jefes de los partidos políticos tanto del oficialismo como de la oposición.
Tras el encuentro, se hizo una llamado a la “unidad nacional”, aunque hubo divergencias en cuanto a la invocación para estos casos de una severa ley antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que endurece las penas respecto a la legislación ordinaria y le entrega a la justicia algunas facultades especiales.
Mientras que el oficialismo aprueba la aplicación de esta normativa y pide incluso aplicar ‘estado de excepción’ en la zona -para restringir la libre circulación-, los partidos de centro izquierda criticaron su uso y acusaron una actitud discriminatoria de por parte del gobierno.
“Hemos recogido la sensación de que en la región hay un doble estándar, por lo que requeriríamos asimetría en el tratamiento de los temas”, dijo el presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade.
Los mapuches son la principal etnia originaria chilena, pero hoy están reducidos a unas 700.000 personas, en una población total del país de 16,5 millones de habitantes. En la región de La Araucanía unas 2.000 comunidades mapuches funcionan de manera autónoma, aunque sin un líder único.
AFP
