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CAUSA ABIERTA

¡Gatillo fácil!, ¡Gatillo fácil!… una criminal encuesta de la Universidad de la República de Uruguay

¡Gatillo fácil!, ¡Gatillo fácil!… una criminal encuesta de la Universidad de la República de Uruguay

Por Carlos Lemos

Un 49% de los uruguayos aprueba que la Policía realice procedimientos fuera de la ley para combatir el delito, y uno de cada cinco (22.43%) acepta la justicia por mano propia como forma de dirimir los problemas de inseguridad. Así de contundente, dramática, y por supuesto muy discutible, es la conclusión a que arriba el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias.

El diario El Telégrafo de Paysandú fue el primero en recoger el estudio y como se trata de un medio de prensa de larga y seria trayectoria, los otros medios informativos reprodujeron de inmediato semejante noticia.

En pocas palabras, el equipo de profesionales afirma que uno de cada dos uruguayos quiere que la policía salga a matar a la calle a troche y moche, mientras los jueces miran impávidos.

Es decir que, para los investigadores la sociedad uruguaya le da carta abierta a la policía para que elimine al enemigo sin previo aviso y a los ciudadanos que se armen aún más y ayuden en el exterminio.

El estudio titulado “Victimización y justicia por mano propia en Uruguay” deja en evidencia “la sensación térmica de la población respecto a la delincuencia y a los servicios públicos de seguridad ciudadana.”

Las supuestas respuestas de la mitad de los uruguayos, dice el estudio, señalan que los uruguayos prefieren otorgarle atributos a la Policía por fuera de las herramientas legales.

En buen romance, según los académicos la única solución para abatir el problema de la seguridad, de acuerdo a la mitad de la población del país, es montar otro operativo “Cóndor”.

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias, aunque no se sabe de qué facultad de está hablando en virtud del conventillo creado por la Udelar, da un paso aún más gigante y asegura, de acuerdo a un ranking delirante que “Uruguay se encuentra en tercer lugar en la materia dentro del concierto de países latinoamericanos. Sólo en Nicaragua y Honduras -dos países con una delincuencia altamente violenta, tribal y organizada- hay mayor inclinación a estas opiniones”.

Máximo Rossi, Cecilia Chouhy y Fernando Borraz, son los autores del mamarracho. No explican el universo compulsado, no dan datos sobre la metodología de trabajo, no informan sobre la selección de la muestra, ni siquiera la tipología de la consulta.

En relación a la justicia por mano propia, los expertos afirman sin embages que Uruguay se encuentra en el puesto 12 de un ranking cuyas fuentes no son mencionadas..

Rossi, Chouhy y Borraz, no obstante, pretenden disimular el desaguisado con una pátina democrática que, supuestamente, tendríamos los uruguayos.

Y lo hacen así en sus conclusiones: “El trabajo señala el contraste entre las tradiciones uruguayas y los resultados. El país suele ubicarse en lugares de destaque en materia de institucionalidad, mantenimiento de la ley y control de la corrupción. Sin embargo, de las respuestas de los ciudadanos se deja entrever la disconformidad con los servicios de seguridad.”

En lo que refiere al menguado capítulo de conclusiones, se supone que requiere de un análisis objetivo de los resultados, así como interpretaciones de los autores de acuerdo al marco teórico utilizada en la investigación, que tampoco se conoce.

Por si fuera poco, se desconoce si el equipo de académicos responde a los lineamientos de la Facultad de Ciencias, de Ciencas Económicias, de Ciencias Sociales o a un financimiento otorgado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CESIC).

Ahora bien, en estos primeros días de enero la Udelar está prácticamente vacía y su errático rector, Rodrigo Arocena, seguramente veraneando en Punta del Este.

No obstante, solo resta esperar el reintegro de las autoridades de la Universidad de la República para que echen por tierra la barbaridad planteada por un pequeño equipo.

Ya existen cantidad de antecedentes en la materia. Generalmente, estos estudios lanzados a la opinión pública, sin ser convalidados por nadie, son anulados por improcedentes.

No hay que olvidar que el mayor bochorno sufrido por la universidad pública de nuestro país, literalmente fuera del rankig de las casas de estudio terciario del continente, lo sufrió la Facutad de Ingeniería que dio por perdidas la elecciones ganadas por Tabaré Vázquez.

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