Faltaba poco para el mediodía en el colegio San Rafael de Lima. Mientras los alumnos recibían clases, un objeto redondo y pequeño cayó en el patio y fue detectado por los profesores. Había que evacuar de inmediato.
La policía cercó la zona y retiró el artefacto. Era una granada de guerra, pero llevaba el seguro puesto y por ello no explotó. No se trató de un hecho aislado. La escuela se ubica San Juan de Lurigancho, distrito donde unos 50 colegios han denunciado extorsiones en los últimos meses.
En este distrito, el más poblado del país -con 1,2 millones de habitantes- extorsionadores cobran dinero a propietarios de colegios particulares a cambio de dejarlos tranquilos.
"Los extorsionadores averiguan la cantidad de alumnos que tiene un colegio privado, hacen su cálculo y sobre eso aplican un cupo mensual para cada uno de los colegios. Este cupo es para dejarlos trabajar", dice a la AFP el alcalde Juan Navarro.
Uno de los colegios debió cerrar hace unas semanas luego de que sus dos vigilantes amanecieran muertos a balazos. La propietaria había recibido amenazas escritas. "Si no te comunicas a este número, a la próxima te vamos a dejar dos muertos", fue el mensaje de 'Los Malditos de Bayovar', banda que fue capturada el último viernes, y que, según la policía, planeaba ataques esta semana.
El director de otro colegio de la zona también fue asesinado luego de que abordó su auto y salió de la escuela. Tras esos acontecimientos, ahora la policía vigila las puertas de las escuelas del distrito.
"Nos ha dado pánico la inseguridad a la que están expuestos nuestros hijos", dijo la señora Justina, a la AFP, luego de dejar a sus dos hijos en una de las escuelas de la zona.
- Venta fraudulenta de terrenos -
Las imágenes de cámaras de seguridad con individuos que entran armados a robar a negocios se han hecho habituales en los noticieros televisivos peruanos.
Sin embargo, Perú no figura entre los países con las más altas tasas de homicidio de América Latina.
Según el informe más reciente de la ONU, correspondiente a 2013, la tasa de homicidios de Perú fue de 9,6 por cada 100.000 habitantes, un índice alto, pero lejos del escalofriante 90,4 por cada 100.000 habitantes de Honduras, o los de 53,7 por cada 100.000 de Venezuela, o de 25,2 de Brasil.
En Perú, el más importante productor mundial de coca, algunos de los crímenes están vinculados a ajustes de cuentas. A principios de abril, un lujoso auto fue emboscado, baleado y hasta le lanzaron bombas incendiarias. El hecho destapó un sonado caso de narcotráfico que aún se investiga.
En lo que respecta a San Juan de Lurigancho, el tema tiene su origen en la venta fraudulenta de terrenos, común durante la expansión del distrito, habitado en su mayoría por ciudadanos de clase baja y de clase media emergente.
"La municipalidad frenó el tráfico de terrenos, y al ver que no podían seguir con ese negocio, pasaron a extorsionar a colegios así como a pequeños empresarios", explicó el alcalde Navarro.
El propio alcalde es una víctima de las amenazas. Hace mes y medio, en el domicilio de sus padres dejaron cargas de dinamita que no explotaron.
- Militarizar la seguridad -
El municipio ha declarado en emergencia la seguridad ciudadana y ha planteado que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad, un pedido que el gobierno no acepta.
"Las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer una función policial. No se trata de tener un arma y disparar. Al primer muerto que haya de parte del Ejército, allí comienzan los problemas", ha dicho el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
"¿Cómo se le llama a aquel que coloca una bomba en la maratón de Boston, o a aquel que secuestra un avión. Aquí se está usando armamento de guerra. Esto es terrorismo?", dijo a la AFP un funcionario de un colegio de la zona, que prefiere el anonimato, por seguridad.
Al pedido para recurrir a las fuerzas armadas se han sumado otros distritos populosos tanto en la capital como en varias provincias del país. El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha planteado la posibilidad de entregar armamento no letal a los guardias municipales, para que apoyen a la policía.
En tanto, el gobierno ha pedido al Congreso facultades para legislar con celeridad en temas de seguridad ciudadana y luchar contra el crimen organizado. Pero, mientras se ponen de acuerdo, las amenazas siguen.
AFP
