La Justicia procesó ayer a seis hinchas de Nacional por delitos de receptación ocurridos durante los festejos posteriores al clásico del domingo. El juez penal Nelson Dos Santos tomó declaración ayer a doce de los 52 detenidos antes y después del partido. Según el magistrado, se trata de "menores relativos y primarios", por lo que se los procesó sin prisión.
Como medida sustitutiva se les impuso 100 horas de trabajo comunitario y se les prohibió la concurrencia a espectáculos por seis meses. Los días que juegue Nacional deberán presentarse dos horas antes en la seccional policial de su barrio y permanecer durante las dos horas posteriores. De los 52 detenidos, ni uno solo fue detenido dentro del Estadio Centenario, donde comenzaron los disturbios.
La jueza penal Fanny Canessa fue la magistrada de turno que siguió, minuto a minuto, lo que ocurría en el Estadio Centenario. Según ella misma relató a El País, se pasó la tarde y noche del domingo haciendo llamas para saber qué era lo que estaba sucediendo y recién en la noche le confirmaron que no tenía jurisdicción en los desmanes porque estos ocurrieron fuera del Estadio.
"Me dijeron que había policías que tenían lesiones sin ninguna importancia. Dicho así por el propio coracero", explicó Canessa. Ayer se pudo saber que los agentes lesionados leves eran cuatro, heridos durante los disturbios en la Tribuna Amsterdam con la hinchada de Peñarol
"¿Pero todo lo que pasó y todo lo que yo vi?", se preguntó la jueza. Si bien los detenidos fueron consecuencia de disturbios fuera del Estadio, la violencia comenzó antes, cuando estaba por finalizar el partido y a minutos de que Nacional se proclamara campeón.
La Dirección de Inteligencia y Operaciones Tácticas se encuentra todavía analizando las pruebas recabadas durante el encuentro y luego solicitada a los medios de comunicación.
"Hasta las 12 de la noche (del domingo) no había personas detenidas. Cerré el turno sin ningún detenido ni nadie identificado", confirmó Canessa. Aseguró, además, que a última hora del domingo le dijeron en el Ministerio del Interior que se estaban recogiendo las filmaciones para investigar con mayor profundidad.
La vidriera del local de TA-TA fue destrozada el domingo en medio de los festejos.
Según la información oficial del Ministerio del Interior, el Grupo GEO que se encontraba en el centro de Montevideo detuvo a ocho personas por generar disturbios en la vía pública, seis de ellos fueron detenidos en 18 de Julio y Minas y otros dos en la Plaza Independencia.
El personal de la Unidad de Respuesta de la Jefatura de Policía de Montevideo —con apoyo de personal policial de Salto y Paysandú, INAU y policías eventuales de la Intendencia— detuvo a 35 personas también en el centro. Los detenidos antes del encuentro fueron 17, entre los que se encuentran dos menores, y un mayor por hurto.
Durante los festejos fueron detenidas otras 35 personas. De estos, 17 fueron detenidos por desorden, tres por haber agredido a policías, diez por ser posibles autores del hurto a un supermercado céntrico, dos por apedrea a buses, y tres menores.
La violencia en el fútbol ha provocado un duro cruce entre la Justicia y la Policía. Mientras los jueces exigen pruebas al Ministerio del Interior para poder procesar a los detenidos, los policías se quejan de que los violentos quedan libres.
El Ministerio del Interior había prometido que antes de que Tabaré Vázquez asumiera la Presidencia, el pasado 1° de marzo, se instrumentarían las cámaras de reconocimiento facial, dado que sin estos dispositivos es difícil reconocer a los violentos.
El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, ha cuestionado la actuación de los jueces penales, que no procesan a los hinchas violentos que detiene la Policía luego de cada incidente en los estadios. Ricardo Míguez, juez penal y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El País que para procesar los jueces precisan pruebas.
Inteligencia Policial lleva adelante desde hace dos años una investigación sobre la interna de las barras bravas y logró identificar a unos 400 hinchas considerados problemáticos, la mayoría de ellos aficionados a Nacional y Peñarol. Según fuentes policiales, cada hinchada tiene un "núcleo duro" de medio centenar de parciales violentos que lideran las respectivas barras bravas.
Una investigación llevada adelante por el juez penal Homero Da Costa descubrió que hay dirigentes relacionados con tráfico de drogas y armas, e incluso había llegado a obtener pruebas sobre la participación de funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por la salida de ómnibus con barrabravas hacia el exterior. Pero ante la filtración de información sobre las pruebas obtenidas, "se volvió a fojas cero", dijo una fuente del caso judicial.
Con un mes de diferencia, los clásicos entre Nacional y Peñarol dejaron 91 detenidos. A los 52 del domingo se suman los 39 detenidos el 17 de mayo luego también de un partido clásico. En esa oportunidad hubo cinco menores implicados. Los controles de identidad aleatorios antes de los partidos, el dispositivo policial y las cámaras parecen no ser suficientes para detener la violencia.
Los desmanes que llevaron a la suspensión del partido fueron noticia en los medios internacionales que, en muchas ocasiones, dieron mayor trascendencia a la violencia que al resultado.
"Festejo empañado, sin dudas, a pesar de la alegría del bando nacionalista", concluyó Olé de Argentina. Mientras que Globoesporte de Brasil tituló: "La hinchada de Peñarol protagonizó escenas lamentables al tirar asientos a la policía".
"Así no da ganas de festejar. Gobierno, AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), dirigentes deben asumir responsabilidad. ¡Basta de no se puede!", escribió en la red social Twitter el senador blanco Luis Lacalle Pou. Hincha de Nacional, Lacalle Pou recordó que en agosto de 2013 viajó con el entonces presidente del Congreso Nacional de Intendentes, Armando Castaingdebat, a Inglaterra. "A reunirnos con los que aplicaron el plan exitoso. Lo planteamos acá. ¡Propuestas!", exigió en la red social. La idea del viaje fue recoger experiencias e información para tratar de aplicar esos mecanismos en Uruguay, no solo en los espectáculos deportivos sino en la seguridad pública en general.
El senador colorado e hincha de Wanderers, Pedro Bordaberry, criticó que el Parlamento no discutiera una propuesta para erradicar la violencia en el deporte. "Mientras tanto en el Parlamento también duerme este proyecto de ley que no se trata", escribió en Twitter. El proyecto fue presentado por el propio Bordaberry el pasado mes de marzo y tiene como antecedente el presentado en la anterior legislatura por el diputado por Soriano, José Amy, en marzo de 2013. Bordaberry propuso que se regule la entrada a una cancha, teniendo información de cada uno de los hinchas y decidiendo en base al historial si se puede ingresar o no. El proyecto aún no fue tratado por la comisión.
