Los encuentros organizados por ADM han sido una vez más una plataforma de difusión de las principales líneas de acción que tiene el Gobierno. En este caso, la exposición del Ministro de Economía, Danilo Astori, señaló el camino trazado por el Poder Ejecutivo y sus prioridades.
Danilo Astori recordó que las inversiones privadas en Uruguay pasaron de US$ 301 millones en el período 2001 al 2007 a US$ 1.630 millones entre 2008 a 2014.
Introdujo así la principal noticia que marcó la agenda económica, el plan de inversiones para 2015-2019 que tiene previsto llegar a los US$ 12.000 millones. Astori despejó incógnitas diciendo que "Estamos en obra y queremos pisar fuerte. No estamos para quejarnos del contexto internacional".
Si bien la economía tiene un proceso de desaceleración en su crecimiento, se espera que en 2015 este sea de 2.6%, Astori dijo que "No estamos en crisis y el país sigue creciendo". Agregó Astori que el Gobierno trata de ser "prudente" y que ha lanzado un programa de inversiones "ambicioso pero posible".
Desde el punto de vista macroeconómico el Ministro señaló que la lucha contra la inflación sigue siendo un desvelo y que se buscará reducirla según las previsiones. Luchar contra la inflación "es la principal herramienta de la defensa del poder de compra", sostuvo.
El Ministro también se mostró favorable a realizar acuerdos de precios con los comerciantes. Recordó que ya hubo resultadospositivos con este mismo tipo de acuerdos durante el primer gobierno de Vázquez y luego con el gobierno de Mujica.
Intervención completa de Danilo Astori en ADM
(Versión publicada en el portal www.2121.org.uy)
No estamos en crisis sino que seguimos creciendo
En tiempos de repliegues e incertidumbres, comencemos por afirmar con toda claridad que no sólo no estamos en crisis sino que seguimos creciendo. A un ritmo menor, pero buscando los caminos de la recuperación de niveles más altos y posibles, como los que registró el Uruguay en los últimos años.
Sabemos ser prudentes y hemos sentido y conquistado confianza. Por ello, podemos y debemos ahora ser audaces. Es que el peor riesgo de un gobierno no es equivocarse sino flotar, dejándose llevar por la corriente y, lo que sería mucho peor, la autocomplacencia.
Audacia es asumir que vivimos un tiempo de fricciones y transición, y que ello debe iluminar la percepción de indicios negativos, que en modo alguno oscurecen las innegables fortalezas que el país ha construido, como la diversificación, la diferenciación y la solidez financiera.
Audacia es convencernos de que esta realidad no hay que administrarla o gestionarla. Hay que seguir cambiándola. Tenemos las fortalezas, las capacidades y las herramientas para lograrlo. Pero mucho más aun: tenemos las instituciones requeridas.
Naturalmente, los puntos de partida radican en los lineamientos estratégicos y la necesaria flexibilidad para asegurar consistencia entre los mismos. Hablamos de crecimiento inclusivo, calidad y apertura.
La agenda de derechos es para nosotros condición del volumen, la composición y la calidad del crecimiento. En la base de su enriquecimiento está una cada vez más equitativa distribución de los frutos del crecimiento, por lo cual necesitamos políticas públicas que aseguren esa distribución -que no se alcanza por generación espontánea- y también el imprescindible crecimiento, que es consecuencia de un solo camino genuino: la inversión, y -en particular- aquella que marca rumbos, asociándose a la transformación del país y su estrategia de calidad y apertura. Y estos rasgos deberán estar presentes en el trabajo de los que diseñan los proyectos, los que aportan los recursos y los que ejecutan.
Audacia responsable es innovar en nuestro apego a estos lineamientos estratégicos, precisamente para confirmarlos, para cuidarlos, para hacerlos cada vez más sólidos. Es que en una época de fricciones, de transición entre una etapa en la que algunas actividades reciben impactos negativos, hacia otra en la que estas dificultades serán superadas recorriendo caminos diferentes o alternativos, se necesita vencer resistencias a los cambios y asumir posturas flexibles en el diseño y la puesta en práctica de las herramientas de la política económica.
Necesitamos:
a) flexibilidad para apelar a modalidades de inversión que permitan superar las restricciones fiscales que hoy tiene el país;
b) flexibilidad para buscar caminos más ambiciosos de inserción internacional, trascendiendo los límites regionales y entender que el camino durable, estructural de la productividad, la eficiencia y la competitividad, no es otro que el conocimiento y la innovación. Sin embargo, de nada sirve mejorar la formación de nuestros trabajadores, promover la innovación en el aparato productivo, modernizar la infraestructura, si nuestra producción de bienes y de servicios no tiene acceso a los mercados en las mismas condiciones que nuestros competidores. En particular, quiero destacar que los uruguayos no podemos desconocer el dinamismo de los servicios asociados al desarrollo tecnológico en la actividad económica actual y, especialmente, del futuro. Porque ello es, también, desconocer nuestra propia realidad, esa que explota de audacia, emprendedurismo y creatividad en tantas áreas asociadas a la producción y la exportación de servicios globales. Conocer esta realidad, es evaluar permanentemente nuestras regulaciones, a los efectos de adaptarlas a las potencialidades del progreso tecnológico, y conocer también las regulaciones de nuestros competidores y de nuestros potenciales socios. Y, a partir de ese conocimiento, alcanzar acuerdos si resultan posibles y beneficiosos para el país;
c) flexibilidad para asumir con claridad y convicción que la defensa de las conquistas ya logradas en el mundo de la producción y el trabajo tiene que tener la misma jerarquía que la proyección de nuevos avances en esa materia, y que hoy la lucha contra las presiones inflacionarias adquiere la dimensión de un arma fundamental para lograrlo. La negociación colectiva es una gran oportunidad para alcanzar acuerdos entre trabajadores y empresarios que permitan mejorar las condiciones laborales y la capacidad productiva de las empresas.
Audacia responsable no es contemplar todos los reclamos presupuestales, dando un salto al vacío, sino definir prioridades claras que permitan los mayores niveles de eficiencia en la administración de los recursos disponibles, cumpliendo con el programa de gobierno por el que votó la ciudadanía. Los uruguayos conocemos el significado y las consecuencias de iniciar procesos que culminen con la insostenibilidad de las cuentas públicas: a la corta o a la larga ello conduce al ajuste fiscal en el peor sentido del concepto, esto es, recorte indiscriminado y desordenado del gasto corriente y las inversiones, acompañado de incrementos aluvionales de impuestos. Y siempre son los más débiles los que más sufren. Por eso es que debemos superar la lógica inercial aplicada al presupuesto, según la cual se asignan incrementos de gastos y recursos para financiar nuevos planes y programas que, sin solución de continuidad, se suman a los preexistentes sin evaluación ni mayor sentido del conjunto. Gobernar es definir prioridades, que surgen del diálogo entre las posibilidades y las restricciones que nacen de la realidad, de los compromisos incorporados en el proyecto político apoyado por la ciudadanía y de las necesidades siempre renovadas de la sociedad y el amplio abanico de organizaciones sociales.
Audacia responsable es presentar el plan de inversiones públicas más importante en la historia contemporánea del Uruguay, complementándolo con un gran aporte de origen privado, nacional y del exterior.
Es preciso destacar el papel a jugar por el Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (MTOP) y las empresas públicas. No es concebible un Uruguay con altos niveles de desarrollo sin empresas públicas potentes y eficientes, actuando en un escenario de coordinación de actividades e inversiones.
1) Y también hay que destacar el papel a jugar por el sector privado, sin el cual sería imposible lograr estas metas. Su participación relevante será una de las grandes novedades del período.
a) Uruguay tiene un marco jurídico moderno para regular procesos de este tipo:
i - establece un ciclo explícito para cada proyecto, generando espacio para estudios previos y un exhaustivo análisis de riesgos, que permite una distribución adecuada de los mismos entre Estado y sector privado, de acuerdo con sus capacidades al respecto;
ii - cada etapa es supervisada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MTOP, que verifican la pertinencia del proyecto;
iii - incluye herramientas para dar garantías a los acreedores financieros: cesión de contrato y prenda de flujos de la concesión. Ello estimula la participación de bancos, agencias multilaterales, fondos de inversión y previsionales;
iv - regla fiscal que establece un tope a los pagos firmes o contingentes que el Estado asuma, los que acumulados y medidos en términos de su valor presente neto, no podrán superar el 7 por ciento del producto bruto interno del año anterior. Al mismo tiempo, los compromisos anuales originados en estos contratos no podrán nunca exceder el 0,5 por ciento del producto bruto interno del año anterior;
v - mecanismo de solución de controversias que se encuentra a la vanguardia jurídica internacional, prestando especial atención a los eventos de extinción anticipada y su impacto en la ingeniería financiera de los proyectos;
vi - régimen de seguimiento y control con involucramiento de la institución pública que contrata e informes semestrales a la Unidad de PPP (proyectos público-privados) del MEF.
b) Se está estudiando esta norma, de manera de mejorar su operación en la práctica, habida cuenta de una evaluación realizada a estos efectos que tuvo en cuenta dos proyectos piloto: el recinto Punta Rieles y las rutas 21 y 24, así como opiniones del sector privado. Los principales objetivos que se persiguen son:
i - la especialización del MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la etapa de estudios previos;
ii - el establecimiento de plazos máximos para la elaboración de proyectos por parte de las instituciones sectoriales y para la aprobación de los estudios previos por parte de MEF y OPP. La experiencia en Reino Unido - con más de 800 proyectos firmados y 25 años de trayectoria - indica que el plazo medio entre la gestación de la idea y la iniciación de las obras es de entre 4 y 5 años;
iii - previo a la firma del contrato, el adjudicatario deberá presentar documentación relativa al cierre financiero, cuyo contenido se reglamenta;
iv - la intervención del MEF y la OPP en instancias cruciales, como la firma del contrato, modificaciones al mismo y la cesión de contratos;
v - el reconocimiento del MEF como institución focal en el área de la ingeniería financiera.
c) Como un formidable estímulo al desarrollo de estas experiencias, cabe señalar que el sector privado del Centro de Rehabilitación de Punta Rieles realizó exitosamente una emisión de obligaciones negociables por 717 millones de UI, en tanto la demanda fue de 1.080 millones. El plazo es de 24 años y 11 meses y la tasa de interés fija fue de 5,85 por ciento nominal anual. Un alto porcentaje de los interesados fueron inversores institucionales. Este es uno de los factores fundamentales para estimular la participación del sector privado: el respaldo financiero.
SOMOS UN PAÍS EN OBRA, QUE CREE Y CONFÍA EN SÍ MISMO
2) En pocas palabras, estamos en obra. Somos un país en obra y queremos mover fuerte. No estamos para quejarnos o lamentarnos por el impacto negativo de las condiciones internacionales. Estamos para encarar e ir para adelante. Y para ello convocamos a toda la sociedad. Los cambios no los hacemos los gobernantes. Los hacemos todos juntos. Algunos definiendo políticas, otros asumiendo conductas coherentes con aquellas y tomando iniciativas, sin esperar que las cosas caigan del cielo. La definición del rumbo no puede ser el resultado de los prejuicios, la defensa ciega del statu quo y la resistencia al cambio.
3) Tenemos un país que cree y confía en sí mismo, pero esto no es para siempre, sino el resultado de una batalla permanente, corrigiendo errores y mejorando constantemente, a todos los niveles. En definitiva, se trata de crear, de construir y, aunque nos equivoquemos, no dejar nunca de luchar por ser felices, sabiendo que este concepto sintetiza nuestros valores superiores, como la libertad, la justicia, la solidaridad, el altruismo y un indeclinable compromiso con la democracia.
UyPress
