Juan María Bordaberry fue condenado a 30 años de penitenciaría por autoría de un delito de "atentado a la Constitución", como coautor de nueve delitos de "desaparición forzada" y dos delitos de "homicidio político". La resolución judicial señala que por su investidura Bordaberry "conocía la situación de vulneración de los derechos individuales de sus conciudadanos, por orden de qué agentes del Estado se ejecutaba y de qué forma y con qué finalidad se llevaba a cabo lo que resultó ser una práctica sistemática".
Asimismo, el expediente agrega que "no es creíble que ignorara que entre el período de mayo de 1972 hasta mayo de 1976 murieron 29 personas a consecuencia de las torturas", hecho que justificó como parte de la lucha contra la "subversión" por parte de las FFAA, según la jueza.
El escrito judicial continúa indicando que "el Uruguay, previo a la presidencia de Bordaberry ya presentaba un panorama sombrío. Se producían detenciones numerosas, se torturaba y se moría en la tortura. Las detenciones de cientos de personas, su alojamiento por meses en unidades militares y los abusos tortura física y psíquica a los que eran sometidos eran de público conocimiento".
La Jueza Mota concluye en su informe que "el enjuiciado conocía no sólo la condición preexistente a su asunción al cargo, sino también los hechos de conculcación de los derechos humanos que se sucedieron y multiplicaron durante su período de gobierno. Nada hace suponer, ni lo ha acreditado la defensa del enjuiciado, que le hubiera sido retaceada información de tal aspecto".
Finalmente, la justicia determinó que la prueba inequívoca de "atentado a la Constitución" es el decreto de disolución de las cámaras firmado por el propio Bordaberry.
"Se ha cumplido con la justicia y es la primera vez que un dictador es condenado. Se le comunicó que está condenado por atentado a la Constitución, que es la madre de todas las leyes", dijo a la prensa la abogada Hebe Martínez Burlé quien desde el 2002 patrocina esta causa.
"Sí lo ví. Estaba en silla de ruedas, pero hubiera sido bueno que se lo mostrara para determinar si está tan enfermo como se dice", agregó.
"Desde este momento, el señor Bordaberry debe ser tratado como condenado de delito de lesa nación", agregó.
Bordaberry, de 81 años, fue trasladado a la sede judicial en una ambulancia, en silla de ruedas y conectado a un balón de oxígeno por su precario estado de salud, que llevó a que la detención la esté cumpliendo en su domicilio, tras unas pocas semanas en la cárcel central de la jefatura de policía. Padece de insuficiencias respiratorias y enfisema pulmonar, entre otros males.
En la ambulancia con vidrios oscuros iban algunos de sus hijos, entre ellos Pedro, senador del partido Colorado. Bordaberry no se pudo ver en ningún momento, ni al entrar la ambulancia ni a su salida, en medio de fuertes medidas de seguridad de la policía antimotines y vallas metálicas que cortaron el tránsito vehicular.
Martínez Burlé dijo que "quedan instancias aún, y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia", descontando que se apelará la condena.
Martínez Burlé dijo, empero, que descontaba que no iba a revertirse la situación.
"Es la primera condena de un dictador y esto es emblemático" añadió.
Bordaberry, un rico hacendado conservador, había sido procesado con prisión preventiva en 2006.
Fue electo presidente en las elecciones de 1971, pero en junio de 1973 dió un golpe de estado que lo dejó al frente de un gobierno de facto apoyado en las Fuerzas Armadas. Estas mismas lo destituyeron en 1976, y el régimen militar se prolongó nueve años más, hasta 1985.
La pena de 30 años fue pedida por la fiscal Ana María Tellechea en agosto de 2009, y es la más severa que permite la legislación .
La condena de primera instancia había sido dictada el 10 de febrero por la jueza por pedido de la fiscal Ana María Tellechea y la del martes fue la formalización de la notificación, tras haber sido informados sus abogados defensores.
Los abogados defensores de Bordaberry solicitaron que la notificación le fuera efectuada en el domicilio por su estado de salud pero la jueza Motta se negó y debió comparecer ante el tribunal.
Bordaberry es uno de dos civiles procesados. El otro es su ex canciller Juan C. Blanco involucrado asimismo en causas de homicidios y desapariciones de personas y está preso en la cárcel central de la jefatura de policía.
Una decena de militares retirados están también procesados y en prisión por una cantidad de causas de violaciones a los derechos humanos durante la represión antisubversiva que derivó en el golpe de estado de 1973.
