JUSTICIA

Colombia estremecida: hacendados presos por 500 asesinatos y finaciamiento de paramilitares

Investigación señala que son responsables de 500 asesinatos y desplazamientos en Urabá. El comerciante Juan Guillermo González Moreno y el hacendado Andrés Vargas Montoya encabezan lista de capturas. La mañana del 6 de julio de 1997 varios habitantes de Dabeiba (Antioquia) vieron estupefactos cómo "los hombres de la camioneta Blazer azul" golpeaban en el cráneo, con un bate de beisbol, al dirigente de la Unión Patriótica John Freddy López Sierra y se lo llevaban inconsciente.
Días después, el cadáver fue hallado en el Cañón de la Llorona, con varios impactos de arma de fuego.
Esa fue la primera vez que se escuchó en el pueblo que el terrateniente y hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya estaba aliado con los 'paras' que habían entrado al Urabá antioqueño y asesinado a López Sierra.
Trece años después del crimen -denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, y tras cuatro de investigación por parte de la Policía, el hacendado fue capturado este martes en su finca de Dabeiba.
Lo señalan de ser el determinador del homicidio del dirigente político y de al menos 200 asesinatos más.
El mismo día fue capturado en su casa de Apartadó el palmicultor y comerciante Juan Guillermo González Moreno. Este es señalado de ser el responsable del secuestro de cuatro líderes campesinos de Riosucio (Chocó), en el 2003, el desplazamiento de 350 personas de la comunidad de paz Nueva Esperanza, y de la desaparición de por lo menos un centenar de campesinos y pobladores afrodescendientes del Urabá chocoano.
La Fiscalía ordenó sus capturas basada en el seguimiento que por años les hizo un grupo especial de la Dijín, el primero contra dirigentes de la palma y hacendados de Antioquia y Chocó, que entre 1994 y 2006, promovieron y financiaron a los grupos paramilitares de la región, según denuncias de víctimas y de organismos internacionales.
Los seguimientos
La investigación arrojó un listado de 19 implicados, entre autores materiales e intelectuales de crímenes cometidos por el bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas. Ayer habían sido capturados 10.
Además de González Moreno y Vanegas Montoya, figura el hacendado de Urabá Jesús Emilio Rueda, de 76 años, quien según las indagaciones, le entregó al 'frente Pavarandó' de las autodefensas un listado con los nombres de 200 campesinos para que fueran ajusticiados por ser supuestos colaboradores de las Farc.
También fueron capturados seis paramilitares que trabajaron para Freddy Rendón, alias 'el Alemán' y que se desmovilizaron en el 2006.
Sin embargo, retomaron sus actividades ilícitas con la banda emergente de Daniel Rendón, 'don Mario', hermano del 'Alemán'.
El miedo entre las víctimas
En diálogo con EL TIEMPO, el dueño de una tienda de Apartadó señaló que "al señor Juan Guillermo siempre lo han conocido como un hombre prestante de la región, incluso, cuando llegaba a las fincas uniformado".
Uno de los investigadores del caso recogió las versiones de los campesinos que cuentan cómo González Moreno hacía reuniones en la finca del 'Alemán', a las que asistía de camuflado.
"Las comunidades de la cuenca de Jiguamiandó y Domingodó en el Chocó y el Urabá antioqueño lo identifican como socio de una firma palmicultora y dueño de miles de hectáreas de tierra", señala el investigador.
Y agrega que también vivían con el temor de verlo por las veredas y calles de Apartadó, sabiendo quién era y qué había hecho.
El auspicio de personas prestantes a los 'paras' siempre fue secreto a voces, según los pobladores. En abril del 2008, el CTI capturó al empresario bananero Raúl Hasbún, señalado de ser el enlace entre la multinacional Chiquita Brands y las Auc.
Estos son los hacendados capturados
Juan Guillermo González Moreno. Conocido como un importante hacendado y empresario de una firma palmicultora. Es sindicado de concierto para delinquir, secuestro simple y agravado, porte ilegal de armas y tortura.
Carlos Andrés Vanegas Montoya. Su padre fue asesinado por las Farc y heredó grandes extensiones de tierras. Es investigado por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, homicidio agravado y tortura.
Jesús Emilio Rueda. Hasta el pasado martes se paseaba por las calles de Dabeiba todas las tardes. Es reconocido como un hacendado de Urabá. Tiene cargos por homicidio agravado, tortura, concierto para delinquir y otros.
Meses de horror en Dabeiba
Entre el 12 de mayo y el 17 de julio de 1997, los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas de las Auc incursionaron en Dabeiba (Antioquia), y su zona rural, dejando varios muertos a su paso.
El 6 de julio fueron asesinados, además del dirigente de la UP John Fredy López Sierra, los campesinos Carlos Pinzón Úsuga, Rodrigo Londoño David y otras dos personas más, cuyas identidades aún se desconocen. Una de las víctimas era locutor de la emisora Radio Ciudad Dabeiba.
Ese día, según los reportes oficiales, también dieron muerte a un hombre, a quien sacaron violentamente de la plaza de mercado.
En la misma fecha ocurrió el asesinato de un conductor llamado Rodrigo. Esta arremetida provocó un desplazamiento masivo. Según la Policía y la Fiscalía, los nombres de estas personas, y por los menos 300 más, fueron suministrados a los 'paras' por hacendados de la región.
Un caso en la Corte Interamericana
El 7 de julio del 2003, paramilitares del 'frente Pavarandó' incursionaron en la Comunidad de Paz de Nueva Esperanza, ubicada en el corregimiento Sapayá de Riosucio (Chocó).
A su paso secuestraron a cuatro personas: Devis Jiménez Díaz, Lizandro Martínez, Cristóbal Blandón Borja y José Pacheco Paternina, integrantes de esa comunidad afrodescendiente, y generaron el desplazamiento de al menos 350 personas. Por este hecho -según las nuevas pesquizas- es señalado el hacendado Juan Guillermo González, como autor intelectual.
La Fiscalía General de la Nación capturó en el 2008 a Freddy Manco Torres, alias 'el Indio', como supuesto coautor. Pero luego 'El Indio' fue dejado en libertad por el juez quinto penal municipal, Luis Eduardo Beltrán Farías, al resolver un habeas corpus, que también favoreció a Camilo Torres, alias 'Fritanga', y a Felipe Sierra.
Los crímenes contra esta población y otras comunidades afrodescendientes del Urabá chocoano han sido asociados a casos de expropiación de tierras y a la disputa de la zona entre los grupos armados ilegales que las utilizan para moverse y traficar con drogas y armas.
'Hay varias investigaciones en curso'
El director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez Calle, le dijo a EL TIEMPO que en la investigación fueron clave la persistencia para poder compilar los datos y las pruebas que llevaron a la Fiscalía emitir las órdenes de captura.
"El proceso está motivado en derrotar la impunidad", dijo.
El grupo de la Dijín inició su trabajo a finales del 2005 y tuvo que recolectar los testimonios y las denuncias de campesinos que interpusieron desde 1996 ante organismos de derechos humanos y la Fiscalía.
Ahora empieza una segunda etapa del proceso, según el general Ramírez. "Hay varias investigaciones en curso con la Fiscalía General. Estamos esperando que, como en este caso, encontremos a los responsables", concluyó el oficial. (El Tiempo)

Violencia y orgías en los 'countries' argentinos, jaulas de oro para ricos

Desde la ventana de su chalet de estilo normando, dotado de una pequeña pista de equitación y de piscina, Joaquín vigila a uno de los guardias que custodian el barrio donde reside desde 1998. ¿Por qué el guardia mira constantemente hacia su casa, y qué es lo que anota en su libreta? Parece absurdo que el inquilino de un country, como se denomina en Argentina a los exclusivos barrios cerrados, deba preocuparse de la persona contratada para velar por su seguridad.Pero desde que se acrecentó la ola de robos violentos en los paradisíacos enclaves del contorno de Buenos Aires, los residentes no se fían ni de su propia sombra. Es tal la sensación de inseguridad, que Joaquín (seudónimo) sólo acepta charlar con el periodista a condición de que no mencione el nombre del country. Convenimos en llamarlo El Bosque y en ubicarlo al norte de la capital, que es la zona donde se encuentra el 67% de las urbanizaciones de esa clase.Luego de calmar los nervios con una copa de coñac, Joaquín nos cuenta que se mudó a El Bosque en busca de un espacio verde donde sus hijos pudieran jugar en la calle sin temor a los secuestros que son el pan de cada día en Buenos Aires y donde él pudiera escribir sus libros, lejos del bullicio de la gran ciudad."Los primeros años fueron idílicos: dejábamos la puerta abierta y las llaves dentro del auto. Así hasta que en 2005 entraron unos encapuchados, nos amordazaron pistola en mano y desvalijaron la casa. Al ver que se multiplicaban los robos, decidí poner en venta la propiedad y regresar a nuestros apartamentos en la capital", relata Joaquín.La vida en los plácidos suburbios es un continuo sobresalto. En lo que va de 2010 ha habido 24 robos a mano armada en los 500 'countries' que rodean a Buenos Aires; un 20% más de los que se registraron en el primer trimestre de 2009. Como consecuencia de este fenómeno, las consultas a profesionales, por trastornos de ansiedad o estrés, aumentaron en un 40%.En los años 90, cuando comenzó la migración hacia las afueras de la urbe, era impensable que alguien penetrara los muros, dotados de cámaras de vigilancia, y burlara a los guardias privados que patrullan el contorno y que controlan que ningún extraño entrase, sin la invitación de uno de los socios.Cuando nadie se fía de nadieDesde 2001, el dispositivo se volvió poco fiable, por decir lo mínimo. En cinco de los robos se comprobó que uno o más de los vigilantes era cómplice de los ladrones y en dos casos los propios inquilinos habían alquilado sus casas a las bandas, que las utilizaron como observatorio para espiar a los residentes."La verdad es que nos sentimos como rehenes de los guardias. A dos de mis amigos los atracaron en la entrada del barrio, un día después de que despidiéramos a la agencia que supuestamente nos protegía", cuenta otro vecino de El Bosque.Ocurre a veces, que los propios residentes son los autores de los sucesos que aparecen en la página roja de la prensa. Tal es el caso de María Marta García Belsunce, del country El Carmel, en cuyo asesinato se sospecha que estuvo involucrado su marido. O el de Nora Dalmasso, estrangulada, presuntamente durante una orgía, en el barrio de Villa Golf."En las comunidades cerradas, como en las sectas, se exacerban las pasiones. Igual que en las películas ambientadas en los suburbios ricos de Estados Unidos, el ocio y la abundancia producen una sobrecarga de erotismo, de celos y de envidia", sostiene Rebeca Lutz, psicóloga social de la Universidad de Buenos Aires.Vivir dentro de una jaula de oro puede ser contraproducente sobre todo para los jóvenes. Alfredo, socio del country Newman, se queja de los actos de vandalismo juvenil."El encierro los mortifica y los aburre. Para combatir el tedio roban, destruyen la propiedad pública, manejan a toda velocidad o se emborrachan. Estoy pensando que era mejor cuando vivíamos en la congestionada Buenos Aires y teníamos que ir a buscar a los chicos a la escuela, que quedaban lejos", comenta otro residente del Newman. (El Mundo)

Australia procesará a responsables de barco chino que derramó petróleo

Las autoridades australianas anunciaron que formularán cargos contra los responsables del barco chino que encalló en la Gran Barrera de Coral y derramó petróleo. El ministro de Transporte, Anthony Albanese, dijo que la embarcación se encontraba claramente en una ruta no permitida y que reclamará compensación por el derrame.
La nave china, el "Shen Neng 1", que transportaba 950 toneladas de crudo, quedó varado el domingo pasado a 70 kilómetros de la costa de la isla Great Keppel al chocar con un arrecife. El barco se había desviado de su trayecto y había entrado en la reserva marina.
Durante el accidente, uno de los tanques del buque con 150 toneladas de crudo pesado fue perforado y virtió cerca de dos toneladas de su carga, según las estimaciones de los aviones que sobrevolaron la zona.
"Está claro que el barco transitaba una ruta ilegal", dijo Albanese tras sobrevolar el barco encallado.
"El gobierno australiano se asegurará de que toda la fuerza de la ley caiga sobre los responsables" afirmó, y garantizó que los culpables deberán pagar una compensación por los gastos que implica limpiar la mancha de petróleo.
Los equipos de salvamento empezaron hace días a extraer el combustible del "Shen Neng 1" y se dispusieron botes inflables alrededor para contener posibles derrames.
MV Mimosa
En otro caso, un surcoreano y dos vietnamitas que tripulaban un buque que también tomó un atajo por la Gran Barrera de Coral fueron detenidos este fin de semana por transitar una ruta no autorizada.
Según la policía australiana, el barco - llamado "MV Mimosa" - viajaba por una ruta marítima desconocida, no avisó a la Guardia Costera y tampoco respondió a los intentos de ésta por contactar con el capitán.
Los asiáticos serán interrogados este lunes y, de ser declarados culpables, podrían tener que pagar una multa de US$205.000.
A raíz de estos incidentes ha salido a la luz el hecho de que los buques de carga suelen tomar atajos ilegales a través de la Gran Barrera. Éstos suponen un ahorro considerable de tiempo y dinero para llegar a China antes.
Nick Bryant, corresponsal de la BBC en Sidney, explica que los medios locales denominan a este atajo "reef rat run", traducido literalmente como "carrera de rata por el arrecife".
La Gran Barrera de Coral es el sistema de arrecifes más grande del mundo y se extiende por más de 2.500 kilómetros. Es considerada el organismo vivo más grande de la Tierra y muchos creen que el cambio climático está amenazando su existencia.

El juez argentino que nació en un conventillo está malhumorado

El juez Alejandro Sudera, quien reveló que nació en un conventillo de La Boca, cuestionó el proyecto que trata de implementar el diputado oficialista Alejandro Rossi, porque en la actualidad la mayoría de los jueces "son hijos de laburantes". En ese sentido, Sudera explicó que "son muy pocos los magistrados provenientes de la clase alta de la sociedad" al tiempo que afirmó que señaló que le "resultó chocante" el comentario que realizó la primera vez el hermano del presidente del bloque de diputados kirchnerista.
"En este debate le atrasa bastante el reloj a los que que iniciaron este tipo de declaraciones", precisó Sudera en declaraciones a Radio 10, en alusión al proyecto de Alejandro Rossi, quien promueve  investigar la vida de los jueces y sus orígenes sociales.
El juez, que se desempeñó en el conflicto gremial de los aeronavegantes, precisó que después de haber vivido en un conventillo se mudó junto a su familia a la localidad bonaerense de Boulogne y añadió que estudió "siempre en la escuela pública".
"La Justicia es el reflejo de la sociedad de la que forma parte. Hay hijos de taxistas, de obreros, de terratenientes, y también de lo que era la oligarquía, pero son muy pocos", concluyó.
 

Un griego indignado demanda a empresa sueca por usar su cara en yogur turco

Un hombre griego presentó una demanda judicial a una empresa de lácteos sueca por valor de 50 millones de coronas (casi US$7 millones) por usar su cara en envases de yogur de estilo turco. Avisado por un amigo griego que estaba en Estocolmo, el involuntario modelo de grandes bigotes se descubrió a sí mismo impreso en los envases de yogur de estilo turco fabricado por la marca Lindahls Mejeri.
El amigo que lo alertó, Athanasios Varzanakos, le dijo a una radio sueca que cuando le dio la noticia su amigo –que vive en Delfos y cuyo nombre no trascendió- éste "se enojó y se preguntaba cómo era posible".
La empresa láctea señaló que obtuvo la foto de buena fe de un banco de imágenes.
Su director ejecutivo, Anders Lindahl, dijo que quedó estupefacto cuando el griego presentó una queja legal de 40 páginas en la que decía que la empresa había usado una imagen engañosa, dado que él no tiene nada que ver con Turquía.
"La sacamos de una agencia fotográfica, por lo que dimos por sentado que todo estaba en orden", dijo Lindahl a la agencia AFP.
A pesar de las acciones legales, la imagen del hombre, vestido con un traje típico de su país, sigue publicada en la página de internet de Lindahls Mejeri.
Las relaciones entre Grecia y Turquía a lo largo de la historia han sido difíciles y en algunos casos han llegado a las hostilidades.

Hallan cadáver de brasileña en pozo de lujoso hotel de Cancún, esposa de un productor estadounidense de TV

La hermana de la brasileña Mónica Burgos, esposa del productor de televisión estadounidense Bruce Beresfort y cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo séptico dentro de un lujoso hotel en Cancún, presentó hoy una denuncia penal por homicidio. Jeane Burgos, hermana de Mónica, presentó esta noche la denuncia por homicidio "en contra de quien resulte responsable" ante la Procuraduría (Fiscalía) General de Justicia del estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, en el Caribe mexicano.
"Por ahora no quiero hablar, esto algo muy complicado y muy difícil para nuestra familia", dijo Burgos a Efe durante su estancia en la Fiscalía, adonde llegó acompañada de un familiar y su abogado.
El cuerpo de la brasileña fue hallado en el lujoso hotel Moon Palace dentro de un pozo séptico, ubicado a unos 80 metros de la habitación que ocupaba la pareja, con marcas en el cuello y un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico.
Por su parte, Eduardo Amerena, defensor de Bruce Beresfort, se presentó esta misma tarde en las instalaciones de la Fiscalía para acreditarse y solicitar el expediente.
"Venimos a pedir informes del caso, es el primer acercamiento que tenemos con las autoridades", comentó a Efe.
Beresfort, quien mantiene el estatus de "presentado" ante las autoridades mexicanas, permanece en un hotel de Cancún bajo resguardo del consulado de Estados Unidos en esa ciudad y se le ha prohibido salir del país.
El fiscal estatal, Francisco Alor Quesada, explicó que la denuncia interpuesta hoy por familiares de la víctima se integrará al expediente donde está la primer denuncia que interpuso Beresfort por la desaparición de su esposa, junto con toda la información generada a partir de la localización del cuerpo.
Alor dijo que la familia de Mónica Burgos, a quien todavía se le realizan estudios forenses, debe gestionar con Bruce Beresfort la autorización para que se les entregue el cuerpo, pues según las leyes mexicanas es el único que puede autorizarlo.
Añadió que "según las leyes mexicanas, el esposo tiene la titularidad del cuerpo, tenemos que conciliar esos intereses y una vez que nosotros hayamos terminado con los análisis del cuerpo pues habrá una negociación entre los familiares donde no nos vamos a meter nosotros, tendremos que trabajar unos días más".
La situación legal del productor de televisión se mantiene sin cambios, dijo el fiscal, "hasta que tengamos la totalidad de las pruebas periciales y no haya cabos sueltos que compliquen el caso".
"No estamos buscando cómplices, ni de uno o de varios, esto sucede en un área estrictamente privada", destacó.
Al momento de su muerte Mónica Burgos tenía 42 años, según consta en el expediente era delgada, de 1,75 metros de estatura y Bruce Beresfort de 38 años, mide 1,80 metros y de complexión robusta.

Ejecutivos de France Telecom investigados por "acoso moral" por suicidios en cadena de empleados

La Fiscalía de París ha abierto una investigación judicial a France Telecom por "acoso moral" y por poner en peligro la vida de terceras personas tras el suicidio de 35 empleados del operador de telecomunicaciones francés, según reveló la emisora de radio francesa 'France Info'.
Tras la denuncia presentada por el sindicato francés SUD, un juez de instrucción se encargará de investigar la organización del trabajo en la compañía. La Justicia no se centrará en el mal funcionamiento o en posibles negligencias, sino en la organización del trabajo en su conjunto.
En concreto, el juez estudiará un sistema de gestión basado, según sus detractores, en el estrés y el acoso creado, lo que ha conducido a algunos trabajadores a la depresión o al suicidio.
La instrucción se ha iniciado a raíz de un informe de 82 páginas de un inspector de trabajo que incluye datos "abrumadores", como que los responsables de France Telecom se fijaron el objetivo de provocar la salida de 22.000 trabajadores del grupo, o las presiones que el personal sufrió por este objetivo.
En esta línea, el diario francés 'Le Parisien' señala que este informe confirma por tanto que el malestar y los suicidios de varios trabajadores están ligados a la política de reorganización y gestión adoptada desde 2006 por la compañía, y que los directivos estaban al tanto de estos problemas.
A este respecto, el informe recuerda especialmente las docenas de alertas emitidas por los médicos de la compañía y los mensajes alarmistas sobre la salud mental de una parte de los empleados. Informaciones, que según el documento al que tuvieron acceso los medios franceses, jamás se tuvieron en cuenta.
El sindicato SUD presentó el pasado 14 de diciembre una denuncia contra el ex presidente Didier Lombard y dos de los altos cargos de la empresa, principalmente por acoso moral, a la que ahora se van a añadir otros representantes de los trabajadores. El abogado del sindicato Jean-Paul Teissonnière destacó que este informe reconoce una nueva forma de delincuencia, centrada en el acoso y el estrés.
Asimismo, el delegado de SUD, Patrick Ackermann, se felicitó por esta "primera victoria" que, aunque no supone que finalmente haya acusaciones, demuestra que la Justicia "se lo está tomando en serio". Por su parte, la dirección de France Telecom rehusó hacer declaraciones sobre este asunto.

En Uruguay los represores viejos seguirán en la cárcel pese a la idea de Mujica

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, aseguró que el gobierno no tiene intención de elaborar un proyecto de ley con el objetivo de beneficiar con prisión domiciliaria a violadores de DDHH mayores de 70 años o que padezcan alguna enfermedad terminal. "No hay intenciones, sino declaraciones", aseguró ayer Breccia a LA REPUBLICA tras ser consultado al respecto. El jerarca, bajo cuya responsabilidad debería encontrarse la eventual redacción de una norma, aseguró que no está trabajando en el asunto y que le consta que tampoco lo está haciendo el prosecretario, Diego Cánepa. Breccia ya había aclarado el 16 de marzo ante una reunión con legisladores del MPP que las expresiones del presidente José Mujica sobre las excarcelaciones se referían a una posición "filosófica y personal" del mandatario, y que el gobierno no estaba manejando la posibilidad de redactar un proyecto de ley al respecto.
Otra fuente consultada explicó que no se trataba de enviar un proyecto de ley sino de "la grandeza de un ser humano sometido a las peores torturas y vejámenes durante 14 años, que al llegar al poder, como Mandela, privilegia la compasión sobre el justo y justiciero castigo".
El origen del debate
El presidente, José Mujica, le transmitió al líder nacionalista y senador Jorge Larrañaga su intención de beneficiar con prisión domiciliaria a aquellos represores y violadores a los Derechos Humanos durante la dictadura; hoy procesados y detenidos en la cárcel de Domingo Arena.
Fue en la oportunidad en que ambos mantuvieron una reunión, antes de la Semana de Turismo, en el edificio de la Torre Ejecutiva. Mujica le había concedido a Larrañaga una entrevista.
Larrañaga comentó a este diario que en aquel momento su respuesta al presidente fue: "Bueno...primero tenemos intenciones de ver el contenido de esas ideas".
El legislador nacionalista entiende que "no hay que cerrarse a absolutamente a nada" y que "estamos dispuestos a analizar esa posibilidad" que por el momento cuenta con el apoyo de algunos pocos dirigentes del Frente Amplio y, por el otro lado, con el visto bueno de toda la oposición. A saber, desde la izquierda, el propio José Mujica, su esposa y senadora Lucía Topolansky y la ex ministra de Defensa, la socialista Azucena Berrutti son los que ven la necesidad de recurrir a beneficios legales para los presos mayores de 70 años o portadores de enfermedades terminales. Los tres y a su tiempo dejaron entrever su negativa a que continúen en prisión "los viejos" en alusión a los ex represores. "Es casi una actitud de revancha" había agregado Berrutti sobre la prisión de los ex militares violadores de los Derechos Humanos.
Larrañaga aseguró anoche a este diario que "primero desearíamos conocer la iniciativa. En lo personal ­dijo- no me cierro a analizar la posibilidad (porque) antes que decir que ´no`, hay que analizarlo detenidamente".
La génesis de todo este panorama político y jurídico se dio un día equis, a principio del pasado mes de marzo.
Apenas asumidas las nuevas autoridades de este gobierno, el ministro del Interior Eduardo Bonomi solicitó la realización de un mapeo sobre la población carcelaria, a fin de saber con cuantos integrantes se contaba en la población carcelaria en general y cuantos de ello eran mayores de 70 años, entre otros ítem etários.
Bonomi estaba dando entonces los primeros pasos en la ya conocida reforma carcelaria que se ha visto en su implementación, por ejemplo, en los traslados concretados de las presas de la cárcel de la calle Cabildo.
El sondeo arrojó la novedad que entre los presos los mayores de 70 años apenas sobrepasan el par de decenas y que en base a la ley de humanización carcelaria, de esos 20 y pico muy pocos podrían beneficiarse con la prisión domiciliaria debido a la gravedad del delito cometido y que los tiene encarcelados.
Mujica recibió la información del relevamiento hecho por el Ministerio del Interior y algo no le terminaba de cerrar en los números. Allí sobrevino su idea de concederle nuevas herramientas jurídicas a la Justicia para que ésta determine si aplica o no el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad anticipada a los ex militares detenidos por atentado a la Constitución.
Ya hay antecedentes en la materia. El ex dictador Juan María Bordaberry goza de la prisión domiciliaria por razones de salud, desde hace más de un año.
"A mi me gustaría que (Juan María) Bordaberry estuviera preso, en una cárcel, pero las cosas están planteadas así" dijo anoche a este diario la diputada Susana Pereyra, del MPP.
La representante sentenció que "nadie de mi sector político está penando en analizar ninguna ley por la sencilla razón que no existe esa intención política". Sin embargo, implícitamente señaló que "no está en la cabeza de nadie del MPP manejar esa posibilidad".
Asamblea Uruguay es el sector que por el momento no se ha manifestado explícitamente "porque no existe ese proyecto y sobre hipótesis no nos manifestamos" subrayó la diputada de este sector, Daniela Payssé. "Además ­se preguntó- ¿cuando cambió el contexto jurídico para que exista tal posibilidad?" Aún así, la iniciativa del presidente Mujica ya tiene detractores por un lado y acompañadores por el otro.
Entre los que se encuentran en la segunda de las opciones, los acompañadores, está casi toda la oposición que observa desde su rincón el incipiente debate que se viene registrando en la izquierda.
El senador herrerista Gustavo Penadés señaló compartir la idea "del presidente Mujica y de la ex ministra Azucena Berrutti (aunque) sería bueno que el Frente Amplio cuente sus ideas. Sería una iniciativa de carácter humanitaria que no vemos con desagrado".
El también senador colorado Ope Pasquet comentó su disposición a acompañar una medida "que de soluciones de carácter humanitario (porque) cuando las personas superan cierta edad, las condiciones humanas deben imponerse".
Pasquet recordó que el entonces presidente José Batlle a principios del siglo XX abolió la pena de muerte "no miró nombre ni apellido de los que con esa decisión se iban a beneficiar".
Y agregó: "Mujica se honra proponiendo este tipo de medidas".
El también senador de Vamos Uruguay Germán Coutinho confesó estar "coincidiendo mucho con el presidente Mujica" y destacó la eventual iniciativa jurídica que no debe leerse como que está beneficiando a determinadas personas. Sería una ley que regiría para siempre y no en casos puntuales".

China ejecuta a tres japoneses por tráfico de drogas

Tres japoneses fueron ejecutados hoy en China por tráfico de drogas, un hecho que se produce tres días después de que otro ciudadano nipón fuera ajusticiado por el mismo delito, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Teruo Takeda y Katsuo Mori, ambos de 67 años, junto a Hironori Ukai, de 48, fueron ejecutados esta mañana en la provincia nororiental china de Liaoning, tras reunirse con sus familiares el día anterior.
Takeda fue acusado de comprar unos 5 kilos de metanfetaminas en China en junio de 2003 y de instruir a otros hombres, también de nacionalidad japonesa, para que sacasen los estupefacientes del país.
Según el comunicado emitido por el Tribunal Popular Supremo de China, Takeda fue detenido en junio del 2004 cuando negociaba la compra de 2,9 kilos de estimulantes con unos traficantes.
Por otro lado, Ukai fue capturado por la policía en septiembre de 2003 cuando intentó pasar los controles de seguridad del aeropuerto de Dalian, en la provincia de Liaoning, con 1,5 kilos de droga camuflada dentro de su ropa.
Mori, el tercer ajusticiado hoy, fue descubierto en julio de 2003 en el aeropuerto de Shenyang, también situado en la citada provincia, con 1,25 kilos de alucinógenos.
Aunque no hay información sobre el método de ejecución empleado, se piensa que los tres hombres fueron ajusticiados con inyección letal, ya que el pasado diciembre se prohibió en Liaoning el método de fusilamiento.
Desde la adopción de nuevas leyes penales en 1979, el fusilamiento era la única forma de ejecución en China, pero una modificación legal en 1996 autorizó el uso de inyección letal y la primera ejecución con este método se llevó a cabo en Kunming (sur del país) el 28 de marzo de 1997.
Las ejecuciones de los tres nipones, junto a la del pasado martes de Mitsunobu Akano, de 65 años, suponen las primeras penas capitales aplicadas a ciudadanos japoneses en China desde que ambos países normalizaron sus lazos diplomáticos en 1972.
"Todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, son tratados de igual forma a la hora de aplicar las leyes chinas, y el mantenimiento de la pena de muerte por parte de China en lo referente a los crímenes relacionados con las drogas ha ayudado a erradicar y prevenir ese tipo de delitos", dijo el tribunal en un comunicado.
La portavoz de turno de la cancillería china, Jiang Yu, reaccionó de manera similar ayer al ser preguntada en rueda de prensa por las ejecuciones, y contestó que "las autoridades judiciales de China tratarán los casos de acuerdo con la ley".
En Japón, el máximo castigo legal por tráfico de drogas es la cadena perpetua y no la pena de muerte, como en China, donde está considerado un delito grave.
Muy pocos ciudadanos extranjeros han sido ejecutados en China en las últimas décadas, aunque se conoce al menos otro caso de un japonés, Ruichi Yamaguchi, que en 1951 fue fusilado junto con el italiano Antonio Riva por supuestamente intentar asesinar al entonces líder chino, Mao Zedong, y a otros altos cargos del régimen comunista chino.
El régimen comunista modificó en el 2004 el sistema judicial chino obligando a que todas las penas de muerte fueran revisadas por el Tribunal Supremo (antes sólo bastaba con la confirmación de judicaturas locales), lo que ha conseguido un notable descenso de las ejecuciones.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la pena de muerte en el que criticaba especialmente a China por no revelar el número de personas que ejecuta anualmente.
En el 2008, AI documentó unas 1.700 ejecuciones, mientras que la Fundación Dui Hua eleva la cifra a más de 5.000.

La diva argentina Susana Giménez en juzgado uruguayo por demanda contra medio de prensa

La diva argentina Susana Giménez comparecerá el lunes ante la jueza Civil Martha Alves, quien tramita la demanda que la conductora televisiva inició el año pasado contra la revista Caras y Caretas, dijo a El País su abogado, Pablo Correa. En los últimos días el defensor descartó la posibilidad de lograr un acuerdo con la parte demandada. Por eso su representada deberá prestar declaración en forma personal."Hemos intentado todos los medios de transacción, pero cuando está de por medio el honor de las personas se hace muy difícil", indicó Correa.La conductora argentina presentó la demanda por US$ 300 mil contra Caras y Caretas luego de que la revista la vinculara con una maniobra relacionada con el narcotráfico.

La ultraderecha sienta a Garzón en el banquillo por los crímenes de Franco

La ultraderecha superviviente de los casi 40 años de dictadura que atravesó España ha logrado enviar al banquillo al juez Baltasar Garzón. Los acusados se convierten así en acusadores de quien investigó los crímenes y desapariciones cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
La Falange Española de las JONS, el partido único durante la dictadura de Francisco Franco, es una de las tres organizaciones de extrema derecha que se querellaron contra él, acusándolo de prevaricación en esa investigación. Los otros dos son el autodenominado sindicato Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad. Aunque se presentaron por separado, el juez instructor agrupó las tres querellas en un causa.
A lo largo de los 20 años que Garzón lleva ejerciendo en la Audiencia Nacional española, contra él se han presentado más de 40 querellas. Y ninguna, hasta ahora, había sido admitida a trámite. "Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo mató al 98 por ciento de las víctimas que hemos exhumado", asegura sobre Falange Española de las JONS Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
El partido ultraderechista, por su parte, defiende que lo que pretende es salvaguardar su "honor" y el de las personas a las que Garzón imputó crímenes contra la humanidad. Según los querellantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación. En su procedimiento penal contra el franquismo, el magistrado acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país.
La querella inicial contra el magistrado la presentó Manos Limpias. Aunque se autodenomina sindicato, lo cierto es que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España. La organización ultraderechista está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha. Bernad, funcionario del ayuntamiento de Madrid, se ha querellado contra partidos nacionalistas, formaciones de izquierda y homosexuales. Y hasta contra el programa infantil de televisión Los Lunnis. Contra el juez Garzón ha presentado una veintena de querellas y demandas, todas rechazadas, excepto ésta, por la que el juez Luciano Varela mandará a su colega al banquillo.
Antes de conseguir ese "éxito", el otro logro de Bernad fue que el ex presidente del Parlamento regional del País Vasco Juan Maria Atutxa fuera condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de inhabilitación en cargo público y a pagar 18.000 euros de multa por negarse a disolver Socialista Abertzaleak, una formación heredera de la ilegalizada Batasuna. Libertad e Identidad, por su parte, es una asociación que defiende ideas xenófobas y ultracatólicas. Presidida por Julio Andrade Ruiz, sostiene incluso argumentos contrarios al Estado de Derecho.
La querella por la investigación de Garzón de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo fue la primera de las tres causas que el Tribunal Supremo admitió a trámite contra él y amenazan ahora la carrera del magistado.
El juez tiene también que enfrentarse, bajo acusación de prevaricación y cohecho, a una segunda causa por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York. A la vuelta de Estados Unidos, Garzón decidió no admitir a trámite una querella contra el presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín. Los querellantes son los abogados Antonio Panea y José Luis Montón. Panea era accionista y abogado de Banesto y no le sentó nada bien la compra de ese banco por el que preside Botín. Montón, por su parte, era amigo y abogado de otro ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, condenado a 10 años de cárcel por el caso Banesto, uno de los mayores escándalos bancarios del país que terminó con la intervención de la entidad por parte del Banco de España. Pérez Escolar fue condenado a 10 años de cárcel por ese caso y al salir de prisión se querelló multitud de veces contra Botín. Una de esas querellas fue archivada por Garzón. Tras la muerte de Pérez Escolar, Montón asumió la lucha de su amigo y cliente como propia.
La tercera de las investigaciones contra Garzón tiene que ver directamente con el caso Gürtel, la trama de corrupción que salpica al Partido Populardesde hace más de un año. En esta causa, en la que de nuevo se acusa al juez de prevaricar al ordenar escuchas en las conversaciones de los acusados en prisión con sus abogados, primero se querelló Ignacio Peláez, ex fiscal del tribunal en el que ejerce Garzón y abogado de uno de los implicados en el escándalo. Después lo hicieron los abogados José Antonio Choclán y Gonzalo Rodríguez-Mourullo en nombre de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama de corrupción, y de otro encarcelado. (DiariodeSevilla)

Una red de piratas chinos se infiltra en el ordenador del Dalai Lama

Una red de espionaje informático basada en China logró infiltrarse al parecer en los ordenadores de varios Estados y organizaciones, logrando acceso a documentos secretos del Ministerio de Defensa indio o la correspondencia del Dalai Lama, afirma un informe publicado el martes en Canadá. Según este informe de investigadores canadienses y estadounidenses, este espionaje informático a gran escala sería controlado por computadoras ubicadas casi exclusivamente en China, aunque nada permite concluir que Pekín esté directamente implicado.
Los 'hackers' pudieron haber penetrado en los servidores de decenas de Gobiernos y organizaciones, obteniendo acceso tanto a documentos secretos sobre el sistema de misiles de la India como solicitudes de visas, básicamente de canadienses que viajan al extranjero, indicaron los investigadores vinculados al Centro Munk de estudios internacionales de la universidad de Toronto.
Añadieron que también robaron unos 1.500 correos enviados desde la oficina del Dalai Lama, el jefe espiritual de los tibetanos en el exilio, entre enero y noviembre de 2009.
El mismo grupo de investigadores había detectado hace un año otra ola de espionaje informático, bautizada 'la red fantasma', también proveniente de China y que habría permitido infiltrarse en el contenido de las computadoras de las autoridades gubernamentales y de particulares en 103 países.

El creador de «Mujeres desesperadas», a juicio por violencia de género

La actriz Nicolette Sheridan ha demandado a Marc Cherry, creador de la serie de la ABC, en la que ella trabajó hasta 2009. La intérprete de Edie Britt alega que fue agredida durante un rodaje y que su despido fue improcedente, por lo que pide 20 millones de dólares (casi 15 millones de euros) como indemnización.En la demanda, Sheridan señala que Cherry le golpeó en la cabeza después de que ella le preguntara por un punto concreto de una secuencia. Además, acusa al creador de Mujeres desesperadas de maltrato psicológico hacia todo el equipo presionando a todos lo que estaban a su alrededor.En cuanto al despido improcedente, dijo que tras dar cuenta de la actitud de Cherry y de su agresión, éste comenzó una campaña con el fin de que ella abandonara la serie, como ocurrió finalmente.Su ficticia muerte -emitida en EEUU el 19 de abril de 2009- después de cinco temporadas como fuenet discordia en Wisteria Lane hizo perder a la intérprete una gran cantidad de dinero, pues ya tenía apalabradas dos temporadas más de Mujeres desesperadas con una generosa paga cada una.Por aquel entonces Sheridan ya se quejó de que su final en Mujeres desesperadas escondía motivos personales del creador de la serie y no respondía únicamente a los recortes de plantilla para reducir gastos en tiempos de crisis, tal y como esgrimió la productora.En la documentación presentada ayer por Sheridan ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, la actriz fue más allá en sus alegaciones y acusó a Cherry de golpearla un día en un rodaje y forzar su despido cuando ella notificó el incidente a la cadena ABCNi ABC ni Marc Cherry han querido hacer declaraciones al respecto.

Ataques con aviones no tripulados y los derechos humanos

Organizaciones defensoras de los derechos humanos no se convencen de los argumentos del gobierno de Estados Unidos para justificar legalmente los ataques con aviones no tripulados contra sospechosos de terrorismo. El asesor legal del Departamento de Estado (cancillería), Harold Koh, dijo días atrás en una conferencia que ese tipo de operaciones se realizaban en plena obediencia al derecho internacional.
"Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con Al Qaeda, así como con el (movimiento islamista) Talibán, en respuesta a los horribles actos (terroristas) del 11 de septiembre (de 2001 en Nueva York y Washington), y puede usar la fuerza de acuerdo con su derecho a autodefensa según las leyes internacionales", dijo.
"Los individuos que participan de esos grupos armados son beligerantes y, por tanto, objetivos legítimos", añadió, al hablar ante la Sociedad Estadounidense para el Derecho Internacional.
Además, insistió en que las prácticas estadounidenses respetaban "las leyes de guerra", que exigen limitar los ataques a objetivos militares y que el daño causado a civiles por esas operaciones no sea excesivo.
Comentaristas conservadores se mostraron satisfechos con las explicaciones de Koh, citando el "derecho a la defensa propia" como lo hacía el presidente George W. Bush (2001-2009). Pero activistas no quedaron convencidos.
"Nos alienta que la administración haya tratado tan en serio el aspecto legal que rodea a los ataques con aviones no tripulados", dijo Johathan Manes, de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés).
"Si bien éste era un importante y positivo primer paso, varios otros temas polémicos han quedado sin respuesta", añadió.
"Todavía no sabemos qué criterio usa el gobierno para determinar que un civil actúa como combatiente, y puede por tanto ser asesinado, y si hay algún límite geográfico en los que los ataques con aviones no tripulados pueden ser usados para matar a individuos", dijo a IPS.
"Realmente no dijo nada con lo que no estuviéramos de acuerdo", dijo Tom Malinowski, director en Washington de la organización Human Rights Watch (HRW), pero se quejó de la falta de detalles.
"Todavía queda sin responder la cuestión de hasta dónde se extiende el paradigma de la guerra al que se refiere. Se extiende más allá, por ejemplo, a áreas no gobernadas de Pakistán, Somalia y Yemen? Porque no sería bueno crear una teoría legal que pueda ser explotada por países como Rusia o China para matar a sus enemigos políticos en las calles de una ciudad extranjera", añadió.
El uso de aviones no tripulados se incrementó en forma significativa bajo el gobierno de Barack Obama. Son ampliamente reconocidos como el arma más efectiva en la campaña de Washington contra Al Qaeda y sus grupos aliados, especialmente en las áreas fronterizas del occidente pakistaní.
Durante el primer año de Obama en el cargo fueron realizados más ataques con estos aviones que en toda la administración de Bush.
Llevados a cabo por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los operativos habrían matado a "varios cientos" de combatientes de Al Qaeda y del Talibán en Pakistán desde que Obama asumió en enero de 2009, obligando a muchos de ellos a abandonar sus escondites y trasladarse a grandes ciudades, donde realizar ataques de precisión sin causar bajas civiles es mucho más difícil.
Pero estas operaciones, así como los ataques con misiles de crucero lanzados contra supuestos objetivos terroristas en Yemen y Somalia, han desatado críticas de algunos grupos de derechos humanos y expertos legales, en especial del reportero especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston.
El funcionario señaló que varios aspectos de las operaciones violan el derecho internacional.
Mientras, Malinowski señaló que estos aviones son una de las armas "menos problemáticas desde el punto de vista de protección de civiles", porque "pueden sostenerse en el aire sobre sus objetivos y observar si hay civiles presentes antes de lanzar una carga explosiva, y porque son capaces de cargar municiones relativamente pequeñas que pueden ser guiadas con precisión"
"La cuestión es legal: ¿Bajo qué circunstancias puede usted usar una fuerza letal? Nuestra opinión siempre ha sido de que debe ser limitada a zonas de activo conflicto armado donde no es posible realizar normales operaciones de arresto", añadió.
Otra cuestión es quién puede ser atacado. Washington insiste en que la fuerza letal puede ser usada bajo las leyes de la guerra contra aquellos que participan activamente de conflictos armados, pero emplea esa definición en forma muy amplia. Por ejemplo, incluye a aquellos que son miembros no combatientes o quienes incluso dan apoyo financiero a un grupo armado.
En la conferencia ante la Sociedad Estadounidense para el Derecho Internacional, Koh, uno de los más duros y abiertos oponentes a las estrategias legales del gobierno de Bush en su "guerra contra el terrorismo", reconoció algunas de esas preocupaciones, y señaló que su discurso no era la ocasión para dar una opinión legal detallada.
"Que un individuo particular sea tomado como objetivo en un lugar determinado dependerá de consideraciones específicas en cada caso, incluyendo las relacionadas con la inminencia de la amenaza y la soberanía de otros estados involucrados, así como la disposición y la capacidad de esos estados para eliminar la amenaza que supone ese objetivo", indicó.
* El blog de Jim Lobe sobre política exterior puede leerse en: http://www.ips.org/blog/jimlobe/ (IPS Noticias)

Juez Garzón en la hoguera

El reconocido juez español Baltasar Garzón está a la espera de que se resuelvan tres demandas judiciales en su contra, que podrían apartarlo de su cargo. En todas se lo acusa de prevaricación, que es dictar a sabiendas una resolución injusta. La querella más sonada fue interpuesta luego de que el juez de la Audiencia Nacional se declarara competente para investigar crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939), desconociendo la ley de octubre de 1977 que los amnistió al igual que a los perpetrados por la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y en los dos años de transición hacia la democracia.
Atendiendo a una demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el magistrado ordenó la apertura de 19 fosas comunes en distintas zonas del país, entre ellas una en la que está enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado por los franquistas el 19 de agosto de 1936 en su Granada natal.
Detrás de esta acusación contra Garzón están el ultraderechista Manos Limpias, autollamado sindicato pero de dudosa representatividad y no registrado como tal, y la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS.
El 26 de marzo, la Sala Penal del Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el magistrado contra la negativa del instructor Luciano Varela de archivar este procedimiento.
Luego se determinó que el instructor encargado de redactar la sentencia contra Garzón por esta causa será el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la ultraderechista Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).
Garzón también fue acusado por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea de recibir dinero por disposición de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y luego haber archivado una querella en su contra.
Esto ocurrió en 2005 cuando participó en unos cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York financiados por el banco.
A pesar de que está probado que Garzón no se quedó con el dinero, todavía está pendiente la resolución judicial al respecto. El juez fue llamado a declarar el 15 de este mes.
La tercera demanda es por las escuchas secretas que ordenó en el llamado "Caso Gürtel", referido a una red de corrupción que implica a varios altos cargos del centroderechista Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición.
El rechazo al procesamiento de Garzón por investigar los crímenes de la guerra civil es muy fuerte: desde el jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien destacó la lucha del juez contra el terrorismo, hasta dirigentes sindicales, de organizaciones civiles y colegas suyos.
Las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), emitieron un comunicado manifestando "públicamente su solidaridad en estas horas con el juez Garzón".
Todas las protestas se basan en que el Tribunal Supremo no respondió a ninguna de las peticiones hechas por Gonzalo Martínez-Fresneda, el abogado de Garzón, por ejemplo que se precisaran las acusaciones de prevaricación y vulneración de la intimidad.
Consultado por IPS, Garzón afirmó que la investigación de los crímenes durante la guerra civil debe realizarse pues no hay pruebas ni constancias de que decenas de miles de desaparecidos en esa época fueran puestos en libertad y que los crímenes no hayan prescripto.
El jurista aseguró que seguirá defendiendo la regularidad de sus actuaciones y su inocencia, que "es absoluta", asumiendo la difícil situación, aunque no sea de su agrado. Está dispuesto a defenderse, convencido de que ha cumplido con su obligación.
Ante la pregunta de si dictó alguna medida sabiendo que era injusta respondió categóricamente: "Como cualquier ser humano, puedo equivocarme, pero tenga la certeza de que nunca emitiría una sentencia o una orden sabiendo que es injusta. Eso sería ir claramente contra la ley".
Martínez-Fresneda, al reclamar que se deje sin efecto el auto de procesamiento de su defendido, pidió también que se tome declaración a personalidades jurídicas y expertos internacionales que hayan intervenido en procesos por crímenes contra la humanidad.
Entre otros propuso que se escuche a Carla del Ponte, ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, al juez chileno Juan Guzmán Tapia, quien procesó al fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990), y al miembro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Zaffaroni.
Ese alto tribual argentino declaró nulas e inconstitucionales las leyes de Punto Final de 1986 y de Obediencia Debida de 1987, que impedían juzgar a represores de la última dictadura que azotó a Argentina de 1976 a 1983 y que provocaron miles de muertos, torturados y desaparecidos.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también se pronunció contra el juzgamiento.
"Los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo la consejera jurídica principal para Europa de la CIJ, Róisin Pillay.
El llamado "juez estrella" se hizo conocido por procesar o hacer procesar a peligrosos delincuentes, como dos ex policías españoles condenados por intento de asesinato y secuestro de Segundo Marey, un ciudadano hispano-francés a quien confundieron con un integrante de la organización armada vasca ETA.
Pero el caso de mayor relieve internacional fue el que involucró a Pinochet (1915-2006), a quien ordenó detener por delitos de lesa humanidad el 16 de octubre de 1998 cuando se encontraba en Londres.
Después de más de 500 días detenido en la capital británica, Pinochet fue devuelto a Chile, donde nunca pudo ser condenado por los delitos de lesa humanidad y malversación de fondos fiscales que se le imputaban.
En el curso de este mes se sabrá si el Tribunal Supremo condena a Garzón por alguna de las querellas. Si así fuese, será apartado de su cargo e incluso dejará de percibir su sueldo, hasta que se pronuncie algún tribunal internacional, a donde el magistrado anticipó recurrirá. (IPS Noticias)

Conmoción en España: una niña murió desangrada y se sospecha que una compañera cubana le cortó una de las muñecas

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles que desentrañan la misteriosa muerte de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años vecina de la localidad toledana de Seseña cuyo cadáver fue encontrado por una patrulla de la Guardia Civil en un foso junto a una fábrica abandonada de yeso, cuatro días después de su desaparición. La autopsia practicada al cuerpo de la niña, ayer en el Anatómico de Toledo, reveló que Cristina murió desangrada a causa de varios cortes en una muñeca, lo que indica que sufrió una muerte violenta, indicaron fuentes cercanas a la investigación, que sigue bajo secreto de sumario. Por el momento, se desconoce cómo se produjo la herida, si fue con un arma blanca o tal vez en una caída.
La adolescente detenida por su presunta relación con la muerte de Cristina es una joven de 14 años y de origen cubano, compañera de clase de la víctima, que pasará hoy a disposición de la Fiscalía de Menores, que prevé solicitar al juez de Menores de Toledo el internamiento.
La Ley del Menor establece que a los mayores de 14 años y menores de 18 se les podrá aplicar una medida cautelar de internamiento por un tiempo máximo de tres meses prorrogable durante otros tres.
Según algunas alumnas del instituto Margarita Salas, al que ambas asistían, Cristina y la arrestada ya se habían peleado en otras ocasiones. La rivalidad entre ellas se perfila como un posible móvil del homicidio, ya que al parecer habían quedado la mañana de los hechos en la antigua yesera para pelearse.
La familia de Cristina no conocía a la menor detenida, hasta el momento, única acusada del crimen, y la última persona con la que la niña tuvo algún contacto. El rastreo de los movimientos del teléfono móvil de la víctima puso a los investigadores de la Guardia Civil sobre la pista de la presunta homicida. Cristina recibió una llamada suya desde el teléfono de su padre cuando se encontraba con su madre, Pilar, en el mercadillo de Seseña, que se celebra los martes. Así, en esa comunicación se citaron a las once de la mañana para dirimir sus diferencias. La madre de Cristina le advirtió de que no se retrasara en volver a casa, y le recordó que seguía castigada por las malas notas del último trimestre. Llegó la hora de comer, pero la joven no regresaba. A las cinco de la tarde, su padre, Francisco, acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar su desaparición. La niña no se había llevado ni dinero ni documentación, por lo que su padre siempre afirmó que no se había ido voluntariamente, sino que se encontraba «retenida» por alguien.
Los amigos de Cristina la describen como una joven de carácter fuerte y «mandona», aunque otras voces aseguran que algunos niños se burlaban de ella en el recreo y la empujaban. Los guardias civiles interrogaron a la principal sospechosa en tres ocasiones antes de la detención. La primera vez negó saber nada al respecto; en la segunda, admitió que se habían encontrado pero dijo que no se acordaba de nada, y finalmente, confesó que ambas se habían pegado y que Cristina se había caído y sufrido un mal golpe.
Todo apunta a que fue la propia joven la que condujo a los guardias civiles hasta el lugar donde apareció el cadáver, una cantera de yeso a las afueras de Seseña, donde suelen reunirse los adolescentes del municipio, que ya había sido rastreado con anterioridad. El cuerpo se encontraba en un hueco con forma de sifón invertido. En las próximidades localizaron pañuelos manchados de sangre y una diadema de la víctima.
Única implicada
Los investigadores no descartan que la joven detenida fuera la única implicada en la muerte. «Tal y como sucedieron los hechos no tiene por qué haber recibido ayuda; lo pudo hacer sola». Tras practicarle la autopsia, el cadáver de Cristina Martín fue trasladado ayer desde el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde se le realizó la autopsia, hasta el tanatorio de Seseña, localidad que vivió el primero de los dos días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento y donde hoy, a las 12.00 horas, se celebrará el funeral en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, hizo un llamamiento a la «prudencia» para que la gran asistencia que se espera al entierro de la niña «no desluzca» un acto que tiene que ser emotivo.

20 años de cárcel para el genial ladrón cibernético

El "hacker" de computadoras, Alberto González, fue encarcelado por 20 años en Estados Unidos por participar en el robo de datos de más de 130 millones de tarjetas de débito y crédito al tiempo que trabajaba para el servicio de seguridad de ese país. El caso ha sido descrito como el mayor y más costos0 ejemplo de cibercrimen en la historia estadounidense. González, de 28 años, se declaró culpable de tres casos de fraude durante su juicio en 2009 por los cuales fue sentenciado separadamente este jueves y viernes a dos condenas simultáneas de 20 años. Sus crímenes fueron de una audacia pasmosa, comenta el corresponsal de la BBC en Washington, Jack Izzard, y son la cruda ilustración de lo que puede suceder si detalles bancarios sensibles caen en las manos equivocadas. González empezó infiltrando los sistemas de pagos computarizados que manejan las transacciones de cientos de comercios en EE.UU.
"Curiosidad y adicción"
Utilizando únicamente su computadora portátil, sentado en una tienda, plácidamente descargaba los detalles de las tarjetas de los clientes.
Con este método robó la información de 135 millones de tarjetas con lo que pudo retirar hasta US$200 millones de cajeros automáticos.
Irónicamente, durante todo este tiempo, el "hacker" estaba empleado como informante por el servicio secreto de Estados Unidos. Cuando sus crímenes se descubrieron, sus empleadores pasaron a ser sus fiscales.
González, que utilizó el dinero para comprar autos de lujo, un apartamento y un anillo de diamantes para su novia, explicó que se había dejado llevar por su "curiosidad y adicción".
Como parte de una negociación con la justicia entregó un millón de dólares que tenía escondidos en el jardín de sus padres.
González pudo ser condenado porque vivía en Florida, donde el servicio secreto lo pudo investigar. Sin embargo, trabajaba con dos socios rusos que continúan prófugos.
"Es muy difícil para nuestros agentes ir al extranjero y ponerle las esposas a un cibercriminal", expresó Dan Clements, de la empresa de seguridad Card Corps.
Además de tratarse de crimen internacional, esta nueva forma de reobo de bancos fuerza a las empresas a librar una batalla constante contra los "hackers" para proteger la información sensible.
"Los criminales se están volviendo cada vez más listos", advirtió Grant Geyer de la firma de seguridad en línea Symantec. "Los muros se pueden hacer más altos pero, con nuevas técnicas, los criminales encontrarán maneras de pasarlas por encima, por debajo o alrededor".

La justicia brasileña condenó a padre y madrastra por el caso del crimen de la niña que conmocionó al país

Un jurado popular condenó hoy al padre y la madrastra por el asesinato de la niña Isabella Nardoni, un crimen que conmocionó a Brasil en 2008 y cuyo juicio concitó desde el lunes la atención de los medios y la población brasileña. El juez Mauricio Fossen leyó la sentencia contra los reos después que el jurado integrado por siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, se reunió y votó tras los cinco días de intensos debates en que se desarrolló el esperado juicio. Cientos de personas que acompañaron día y noche el juicio, con sólo unos pocos dentro de la sala del tribunal, celebraron y vitorearon en las afueras del Foro de Santana, en Sao Paulo, la sentencia leída por el juez.
Cuando los primeros cuatro jurados sufragaron contra los acusados el resto de la votación se suspendió, pues la legislación brasileña contempla para este tipo de situaciones la mayoría simple.
El padre de la menor, Alexandre Nardoni, deberá cumplir una pena de 31 años, un mes y diez días por homicidio triplemente calificado contra menor de catorce años y agravado por parentesco familiar, más ocho meses adicionales por fraude procesal al querer modificar la escena del crimen y que podrá cumplir en régimen semiabierto.
La madrastra, Anna Carolina Jatobá, fue condenada a 26 años y ocho meses de reclusión y ocho meses en régimen semiabierto por los mismos delitos.
La menor, entonces con cinco años, fue encontrada muerta el 29 de marzo de 2008 en el jardín del conjunto de apartamentos donde su padre vivía con su segunda esposa y los otros dos hijos de la pareja.
Isabella vivía con su madre, Ana Carolina de Oliveira, pero solía pasar fines de semana con su padre, la madrastra y los hermanos.
Según la versión de Nardoni, quien es abogado, y Jatobá, el crimen fue cometido por un desconocido poco después de que el grupo familiar regresó a casa de una fiesta.
El desconocido, del que nunca se encontraron sus rastros, habría penetrado con la intención de robar en el apartamento en el que vivía la familia y empujado a la niña desde la ventana del sexto piso mientras Nardoni y su mujer bajaban al garaje del edificio a recoger a los otros dos menores, que se habían dormido en el carro.
Sin embargo, las investigaciones apuntaron que se trató de un crimen cometido por el padre y la madrastra por celos de la mujer con la menor, como declaró la noche del lunes, en el primer día del juicio, la madre de Isabella, la primera testigo en comparecer.
Los comisarios del caso y peritos legistas apuntaron que Isabella fue agredida dentro del automóvil y después estrangulada en el apartamento por su madrastra y entonces el padre, que la creyó muerta, decidió lanzarla por la ventana para simular así el ataque cometido por una tercera persona.
De Oliveira afirmó que su ex marido era un hombre violento, que incluso la llegó a amenazar de muerte por discrepancias en el momento de escoger la escuela en la que estudiaba la menor.
Las pruebas técnicas que constataron rastros de sangre dentro del automóvil familiar y en los pasillos del apartamento.
Los dos reos regresarán a cárceles separadas en el municipio de Tremembé, a 147 kilómetros de Sao Paulo y donde están recluidos desde abril de 2008.
En esos presidios también se encuentran otros acusados y condenados de crímenes que ganaron notoriedad en los medios y cuya seguridad personal estaría en riesgo en otros centros carcelarios.
La segunda condena de ambos, en régimen semiabierto, sólo podrá ser cumplida después de culminar la primera sentencia.
La defensa anunció de inmediato que presentará un recurso de apelación al fallo judicial.

Legionarios de Cristo admiten abusos sexuales de su fundador Marcial Maciel

La congregación mexicana de los Legionarios de Cristo reconoció el viernes que su fundador, Marcial Maciel, abusó durante años de seminaristas y que tuvo tres hijos, por lo que piden perdón a todas las víctimas. En un comunicado, afirman que "habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fueran falsas o infundadas", pero no ha sido así por lo que "no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal". "Estamos profundamente consternados y tenemos que reconocer que son ciertas las acusaciones contra el padre Maciel, entre las que se incluían abusos sexuales a seminaristas menores", dice el comunicado. Reconoció que el sacerdote mexicano tuvo una hija "de una relación estable y prolongada" con una mujer, "y otros graves comportamientos".
Además, tuvo otros dos hijos con dos mujeres diferentes, agregó.
"Condenamos estos actos contrarios al deber cristiano, religioso y sacerdotal de la vida del padre Maciel y afirmamos que no corresponden a lo que nos esforzamos con vivir en la Legión.
"Expresamos una vez más nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que han sido dañadas por las acciones de nuestro fundador", dijo el comunicado, en el que también se pidió "perdón" a todas aquellas personas que le acusaron en el pasado "y no fueron creídas o no se supo escuchar porque en aquel momento no podíamos imaginar esos comportamientos".
"Aceptamos con dolor que ante la gravedad de sus falta, no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal", concluyen en la nota, donde se comprometen a "ofrecer seguridad" a los menores en sus instituciones.
La congregación reconoce que les ha costado mucho "asimilar (los) hechos reprobables" de su vida.
El fundador de los Legionarios de Cristo murió en 2008 apartado del ejercicio de la vida religiosa. El 19 de mayo de 2006, el Papa Benedicto XVI le había ordenado que se abstuviera de ejercer el sacerdocio públicamente y llevara una vida de oración y penitencia.
A raíz de las denuncias de abusos sexuales de sus antiguos seminaristas, Maciel renunció al liderato de la orden en 2004, después de negar los hechos durante décadas.
Fundada por Maciel en 1941, la orden tiene 800 sacerdotes y 2.500 seminaristas en más de 20 países de todo el mundo y cuenta con una de las principales universidades pontificias en Roma.

A 15 años de cárcel condenan a un uruguayo por crimen de hincha en Argentina

Un hombre de nacionalidad uruguaya, hincha del argentino San Lorenzo, fue condenado por la justicia argentina a 15  años de prisión por el crimen de un simpatizante de Vélez Sarsfield en 2008, informó este jueves una fuente judicial.
Se trata de Marcelo Javier Aliandre (29 años), a quien el Tribunal Oral en lo Criminal 27 de la capital argentina consideró autor del homicidio de Emanuel Álvarez (20), en el barrio porteño de Bajo Flores.
El joven fue asesinado el 15 de marzo de 2008, cuando viajaba en un bus a la cancha de San Lorenzo y recibió un disparo que entró por una de las ventanillas del vehículo.
Álvarez fue trasladado a un hospital herido de extrema gravedad y murió de un paro cardiorrespiratorio.
El homicida había sido detenido en febrero de 2009 en Paysandú, Uruguay, y extraditado a Argentina.