Un fiscal uruguayo que prefiere la política

La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal manifestó su "honda preocupación" por la reciente solicitud de prórroga del período de pase "en comisión" del fiscal Enrique Möller. Su aceptación "resentiría" el buen funcionamiento del servicio de Justicia. Möller se amparó en el artículo 13 de la Ley Nº 17.930, "Ley de Presupuesto", y pasó en comisión al Parlamento como "asesor jurídico" del diputado nacionalista Sergio Botana, además de comenzar a desempeñarse en la actividad privada, en el estudio ALS Abogados, del ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre.
La derogación del citado artículo implicó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) le otorgara plazo hasta el pasado 15 de febrero para decidir si renunciaría al Ministerio Público o retomaría sus funciones en la Fiscalía. Sin embargo, el legislador nacionalista solicitó una prórroga de 90 días para el pase "en comisión", lo cual implicó la molestia de Ammpf y la emisión de un duro comunicado.
Möller "haciendo uso de una prerrogativa legal (hoy derogada), desempeña funciones en el despacho de un legislador, ejerce la abogacía en forma particular, y a la vez continúa percibiendo su salario como magistrado fiscal". "En otras palabras: mientras el Estado le abona su salario como Fiscal Nacional, el doctor Möller actúa como contraparte de sus propios colegas", cuestiona el comunicado.
La actitud de Möller, por tanto, "se encuentra a toda luz reñida técnica y éticamente, con normas jurídicas y axiológicas que consagran los principios de independencia técnica e incompatibilidad de funciones, además del debido decoro que deben observar los Magistrados del Ministerio Público", agrega.
El gremio reclama, en este sentido, "por los intereses de sus asociados, doblemente perjudicados al cumplir subrogaciones y encargaturas que se dilatan a través de los años, a la vez que ven como se postergan los derechos al ascenso respecto de los colegas que legítimamente aspiran a desempeñar el cargo y la tarea que actualmente el doctor Möller no cumple".
"Pero fundamentalmente y en definitiva, la concesión de la prórroga mencionada, resentiría el buen funcionamiento del Servicio de Justicia, rehén de una situación de privilegio que debe culminar", dice la Ammpf, ante lo cual solicita "a las autoridades competentes, un pronto pronunciamiento en este sentido".
El ejercicio liberal de la profesión por parte de Möller en la órbita penal fue cuestionado anteriormente por el gremio de fiscales al constatarse que como abogado particular asumió la defensa de personas indagadas por delitos de "lavado de activos", cuando en su momento fue capacitado por el propio Estado para combatir estas modalidades delictivas.
Ahora Möller utilizaría dicha capacitación en detrimento de los intereses del Estado, alegan los fiscales. El hecho derivó en la intención de conformar un Tribunal de Honor en su contra, el cual no llegó a establecerse puesto que Möller renunció al gremio en octubre de 2008.
La Ley Nº 17.930
Ley Nº 17.930, en la que se basó Möller para pasar "en comisión", fue aprobada en 2005. El artículo 13 autorizó el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales a desempeñar tareas de asistencia directa al presidente de la República, vicepresidente, ministros, subsecretarios y legisladores nacionales.
La norma generó polémica al permitir que "durante el período del referido traslado, el funcionario quedará sometido al régimen de prohibiciones e incompatibilidades del organismo de destino, no aplicándosele las correspondientes del cargo de origen".
En el caso de los fiscales implicó la posibilidad de ejercer la abogacía en el ámbito privado e incluso litigar contra el Estado.