La abertura, de más de un kilómetro y medio, crece con cada explosión y se devora lentamente esta sombría capital provincial andina. La mina a cielo abierto de zinc y plomo, que funciona desde hace medio siglo, lanza un polvo que cubre las casas. La tierra está tan contaminada que las comunidades indígenas surgidas en las afueras de la ciudad ya no pueden cultivar papas ni lechuga. Las canillas dejan correr agua seis horas en una buena semana. El 80% del agua disponible va a la mina.
A medida que el gobierno incrementa la explotación de las vastas reservas de minerales y petróleo, comunidades como la de Cerro de Pasco viven en carne propia el conflicto entre la contaminación ambiental y el empleo, el cual genera violentas protestas _algunas de ellas mortales_ desde los Andes hasta el Amazonas.
Algunos sectores afirman que la ciudad de 70.000 habitantes, uno de los primeros complejos mineros industriales del Perú, simboliza 100 años de extracción sin regulación, de desperdicios tóxicos y de toma ilegal de tierras.
"He visto cómo la mina se traga la ciudad", afirma la legisladora de Cerro de Pasco Gloria Ramos, de 54 años, mientras observa el vacío desde una roca en lo que queda de su ciudad. "Ha habido un gran éxodo, pero los pobres siguen aquí".
A fines de 2008, las autoridades municipales concedieron al dueño de la mina, la Compañía Minera Volcan, otras 11,33 hectáreas de tierra, incluida la plaza central y su iglesia colonial, que fue reconstruida en 1748 luego de un terremoto. La empresa había amenazado con cerrar la mina de no recibir esas tierras, dejando sin trabajo a 4.000 personas.
Por esa misma época, el Congreso había aprobado un proyecto que disponía el traslado de los habitantes de Cerro Pasco a otro sitio, pues el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos había determinado que la tierra, el agua y las casas estaban saturadas con niveles tóxicos de plomo.
Nueve de cada 10 niños tienen niveles altos de uno de 14 metales pesados, incluidos plomo, cadmio y arsénico, según el Centro.
Ha pasado más de un año y el gobierno del presidente Alan García no ha dicho nada sobre los 500 millones de dólares que se necesitan, de acuerdo con el gobernador regional. Las autoridades dicen que los estudios técnicos tomarán tres años y que la construcción de otra ciudad otros 10 más.
"Esto está afectando nuestra salud, especialmente la de las mujeres y niños", dijo Ramos. "No podemos seguir viviendo en estas condiciones".
La minería representa el 60% de las exportaciones peruanas y es lo que impulsó un crecimiento anual del 6,7% entre 2002 y 2008. Perú piensa seguir apostando a los minerales en los años venideros.
El Congreso dio hace poco a la fundidora estadounidense Doe Run otros dos años y medio para reducir las emisiones tóxicas en sus plantas de La Oroya, una localidad vecina. Dejó que la empresa no cumpliese con un segundo plazo para reducir la emisiones, pero evitó la pérdida de 3.500 empleos.
La compañía había acordado limpiar la ciudad, considerada una de las más contaminadas del mundo, cuando compró la planta al estado en 1997.
Más de un centenar de comunidades pelean con empresas mineras y petrolíferas en torno a la contaminación y el uso de tierras y agua, de acuerdo con el defensor del pueblo. Cuando asumió García en 2006 había solo 14 conflictos de este tipo.
En junio del año pasado, los enfrentamientos entre las autoridades e indios awajun que bloqueaban una carretera en la Amazonia dejaron 33 personas muertas. Los manifestantes trataban de impedir que la empresa canadiense Dorato Resources buscase oro en sus tierras de caza. También resistían disposiciones del gobierno que daban a empresas mineras y petroleras acceso a tierras comunitarias.
El gobierno expulsó hace poco a Dorato de las tierras de los awajun para demostrar que piensa regular la actividad minera. No obstante, sigue siendo acusado de hacer a un lado la protección al medio ambiente para atraer inversiones extranjeras. La semana pasada, seis menores murieron en enfrentamientos en torno a la explotación de grandes extensiones de la Amazonía en busca de oro.
En casos como el de Cerro de Pasco, García apoyó a las empresas mineras, aduciendo que los avances tecnológicos hacen que la contaminación derivada de la minería sea "un tema del siglo pasado".
Durante cuatro siglos, la plata, el cobre, el zinc y el plomo extraídos de Cerro de Pasco, a más de 4.380 metros (14.300 pies) de altura, ayudaron a construir Lima y numerosas ciudades de Europa y América del Norte.
Llamada por los españoles "la Ciudad Real de las Minas", Cerro de Pasco atrajo mineros de todo el mundo y llegó a contar con nueve consulados, incluidos uno yugoslavo, uno austríaco, uno británico y uno estadounidense.
Expulsados los españoles, el 7 de diciembre de 1820 asumió el primer alcalde de la República del Perú en la plaza Chaupimarca del centro de la ciudad, la misma que ahora está siendo consumida por la mina.
La firma estadounidense Cerro de Pasco Corp. comenzó a comprar minas en 1902 y sus métodos industriales generaron una prosperidad repentina. Medio siglo después, en 1956, la empresa empezó a explotar minas de tajo abierto y a abrir el hueco, que fue agrandándose con el tiempo.
Las operaciones ya se comieron la mitad del centro original de la ciudad. La empresa estatal Centromin continuó expandiendo la gigantesca fosa tras la expropiación de la empresa en 1973. A partir de 1999 se hizo cargo Volcan.
"Nos enorgullece haberle dado tanto al país, pero nuestra ciudad no se benefició en nada", expresó Dimas Peña, de 50 años, quien encabeza un grupo de comerciantes y vendedores que se rebelaron contra la expansión. "¿Qué ganamos con toda esta explotación? Nos van a mandar a vivir a las colinas, donde no hay agua, ni luz ni servicios básicos".
Las topadoras todavía no llegaron a Chaupimarca, el último barrio colonial céntrico que queda, pero de todos modos parece que hubiera una guerra. En las casas de ladrillo hay fisuras profundas y en el aire hay un polvillo que quema los ojos.
Volcan ya compró la mayor parte de tres cuadras, en las que derribará las casas y comenzará a extraer zinc y plomo. A pocas cuadras, aunque lejos de la zona de demolición, se encuentra la oficina del alcalde Tito Valle.
De joven, Valle se fue de la comunidad rural de Uchumarca, a 19 kilómetros (12 millas) de Cerro de Pasco, para estudiar ingeniería mecánica en Lima. Volvió para trabajar con una de las principales firmas que operaban allí, Minera Atacocha. Posteriormente se dedicó a manejar la empresa de distribución de carne de su familia.
Dos semanas antes de que asumiera como alcalde en enero de 2007, su predecesor aprobó la expansión de las operaciones de Volcan, sin negociar compensación alguna. Valle anuló el acuerdo de inmediato y se pasó un año y medio negociando una compensación.
La mina deberá reconstruir la plaza, la iglesia y la infraestructura, en un proyecto que requerirá 10 millones de dólares, e invertir otros 10 millones en carreteras, agua y sistemas de desagüe para la ciudad.
Valle dice que no se puede frenar la expansión de la fosa.
"Nos guste o no, dependemos de esta industria", expresó.
La gente de la zona no tiene muchas alternativas al trabajo en las minas: cultivar para subsistir o vender cosas en las calles de Lima y vivir en barrios de emergencia.
Marilyn Huaman, de 24 años, dice que los nueve miembros de su familia viven de los 400 dólares que gana su padre en las minas. Su madre tiene un pequeño comercio en la casa. Todos duermen en la misma habitación.
"Nos quedamos por necesidad, porque los chicos tienen que estudiar", expresó Calzada, de 45 años, quien dijo que en su pueblo, Alcacocha, a una hora, no hay escuela secundaria.
Como tantas otras familias, los hijos de Calzada no se sometieron a análisis para determinar los niveles de plomo en sus organismos, el cual puede causar serios trastornos.
"¿Qué puedo hacer, si tenemos que quedarnos aquí?", preguntó.
