Muestra de desinterés: Seis de cada 10 padres separados no pagan la pensión a sus hijos o lo hacen ocasionalmente. La situación se agrava en los niveles socioeconómicos más bajos. En los más adinerados la cifra igual supera el 40%. Que la madre no deja ver a sus hijos o la distancia física no sirven como excusas.
Hay una ex y un ex. Hay dos hijas que apenas conocieron a su padre. Hay una madre que esperó 32 años para que su esposo firmara el divorcio. Un hombre judío devenido en pastor evangelista. Una mujer de 60 y pico que en tres décadas jamás recibió la colaboración, siquiera económica, de su exmarido. Es la historia de una familia uruguaya.
Poco después de "la tablita", aquella política de paridad cambiaria que implementó la dictadura en 1982, el señor A y la señora E optaron por emigrar a Israel junto a sus dos hijas. Pero la adaptación fue más difícil de lo planeado. El hombre de la casa extrañaba su pago y llegó a gastar todos los ahorros en viajes sucesivos a Uruguay hasta que, peleas mediante, armó un bolso y retornó definitivamente.
Pasaron los días y el señor A seguía sin dar pistas de su paradero. Tampoco lo hizo meses más tarde. Al principio la mujer se interesó poco y nada: ¿qué hombre deja plantadas a su pareja y a sus hijas de cinco y tres años? Pero la necesidad de recibir, al menos, la pensión correspondiente llevó a que la señora E quisiera saber un poco más.
En el Uruguay actual, seis de cada 10 padres que no conviven con sus hijos, no realizan los aportes económicos correspondientes o lo hacen "ocasionalmente". Sin ir a casos extremos como la historia del señor A y la señora E, el 41,2% de los progenitores divorciados o separados no paga la pensión. Y entre quienes nunca convivieron con su hijo, la cifra aumenta al 62,6%.
El porcentaje de padres que no pagan la pensión sube cuando fueron las mujeres tienen menos años de estudio, menos poder adquisitivo y fueron madres adolescentes. A la inversa, en los sectores más ricos es donde esta conducta está menos extendida. Solo el 32,7% de los niños de niveles socioeconómicos bajos que no conviven con su padre reciben regularmente el aporte económico que les corresponde, detalla la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis), cuyo informe final fue publicado en diciembre y recoge El País.
"Que ella no me deja ver a los nenes no es una excusa para dejar de pagar lo que corresponde", aclara María Eugenia Cal, especialista en derecho de familia de Ferrere Abogados. "Los niños siempre tienen necesidades y lo único que se puede poner a estudio es una imposibilidad real que tenga el sujeto obligado".
La ley no prevé qué porcentaje de sus ingresos es el que el padre no corresidente debe aportar a su hijo. "Hay estándares que varían según cantidad de hijos, sus edades, el tipo de crianza y el salario del padre", explica Cal. Para un solo hijo ronda el 20%. Eso sí: la normativa establece que no puede retenerse más del 50% de los ingresos.
En el caso de los hijos más chicos suele suceder que pasen a vivir con su madre; de ahí que sea el padre quien deba pagar la pensión. "Pero la ley no diferencia por sexo: le corresponde a quien no correside", dice Cal. Y de no cumplirse, son los abuelos quienes deben hacer el aporte, y en casos más extremos, los tíos (obligados subsidiarios).
La distancia física no es una "excusa" para no pagar la pensión. "La inmediatez de un giro bancario hace que los aportes se realicen bajo las misma condiciones", explica la abogada.
El aporte económico es un ingrediente más —nada menor— de la responsabilidad que el padre tiene con su hijo. Aun así, la Endis señala que un tercio de los niños uruguayos que no corresiden con su progenitor "no tiene contacto alguno con su padre". Nuevamente, en los sectores más pobres la cifra es mayor: 37,8% frente al 27,4% de sectores "no pobres".
No es un escenario nuevo en Israel, en Uruguay o en la China. Los demógrafos coinciden en que en las últimas décadas los divorcios y las separaciones son más frecuentes, aunque la práctica sea más antigua que cuando José Batlle y Ordóñez ordenó su aceptación legal. Así lo constata la encuesta mencionada. Uno de cada cuatro niños uruguayos menores de cuatro años no vive con sus dos padres en el hogar. Y en el caso de los sectores más pobres, un tercio convive solo con su madre. Los psicólogos entienden que esa distancia puede traer consecuencias en el desarrollo emocional de los pequeños.
La señora E supo por unos familiares que el señor A estaba, efectivamente, en Uruguay. Por entonces no existía el celular ni internet, pero los hechos bastaban para dar por terminado aquel amor.
El tiempo confirmó que era necesario rubricar el divorcio. Esa era la única manera de que la señora E se despojara del señor A y rehiciera su vida. El detalle: en Israel rige el casamiento judío y, por la ley rabínica, el divorcio debe ser incondicional, voluntario y aceptado por ambas partes. El problema: el hombre estaba a al menos 13.000 kilómetros, se desconocía su dirección, su trabajo y su teléfono.
Fue entonces que se activó un plan detectivesco. La señora E pasó a figurar como "mujer abandonada" —en hebreo "aguná", que literalmente significa "encadenada". Ella no estaba en situación de calle, pero no tenía casa propia ni el dinero suficiente para una crianza digna de sus hijas. El segundo problema: en Israel, a una persona casada le es más difícil conseguir protección social y el divorcio le permite el cobro de las pensiones.
Ya cansada, la señora E solicitó ayuda del rabinato. Sacerdotes israelíes en conexión con sus pares uruguayos fueron en busca del "desaparecido". Hubo revisión de guías telefónicas, solicitud de documentación en las comunidades y entrevistas con familiares. Un allegado advirtió que hacía cinco años le había perdido el rastro al señor A y que, creía, se había convertido al cristianismo, siendo hoy un pastor evangelista.
Cuando lo encontraron, años más tarde en Lavalleja, el señor A no quería hablar. En uno de sus reportes, el entonces rabino de la Comunidad Israelita del Uruguay, Mordejai Maarabi, aconsejaba ir a buscar al hombre en compañía de la Policía. Otros colegas suyos, que le sucedieron en el cargo, dejaron el caso en el olvido. Hasta que la tarea le fue encomendada al gran rabino —así se llama al sacerdote que ostenta una mayor jerarquía— de Argentina, Gabriel Davidovich.
"Lo contacté y me dijo que estaba dispuesto a hablarlo pero no por teléfono", recuerda el rabino argentino, quien prefirió no ahondar en detalles. Davidovich se tomó un auto para ir a un bar en Minas, el lugar acordado para el encuentro. El rabino debía entrevistarse con alguien que no sabía quién era, a quien no podía juzgar ni destratar. "El único objetivo era que firmara el divorcio".
Después de varios años, la señora E llevó el caso a juicio para poder reclamar una indemnización. Como el señor A nunca se presentó, ella pasó a recibir el apoyo estatal mínimo: 1.500 shekels por cada hija o, lo que es lo mismo, $ 11.400 cada mes. En Israel, cuando los hijos no reciben la pensión de su padre, es el Estado el que se hace cargo. Una vez que se localiza al hombre "desaparecido", este debe reintegrar lo adeudado.
Una vez que el señor A se encontró con el rabino Davidovich, acordó firmar el divorcio siempre y cuando se lo exonerara de pagar la deuda contraída con el Estado. Ella aceptó y el gobierno también.
Recién hace cuatro meses, 32 años después de que comenzara esta historia, se selló el divorcio. Hay dos hijas que cerraron el vínculo con su padre, aunque no perdonarán el abandono afectivo y material. Y hay una madre que es libre otra vez.
