La aplicación de la pena de muerte en EE.UU. se ha convertido en un desperdicio que está drenando los presupuestos de los estados donde rige el castigo, según un informe del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM) difundido hoy. Más aún, según el informe, la mayor parte de las autoridades policiales del país está convencida de que no ha logrado reducir la violencia criminal.
"Con tantos estados que gastan millones de dólares para mantener la pena de muerte, y casi nunca o muy pocas veces la aplican, el castigo se ha convertido en una forma muy onerosa de cadena perpetua", afirmó Richard Dieter, director del CIPM y autor del informe.
En muchos casos la espera de la ejecución puede prolongarse más de diez años y actualmente, según las cifras de CIPM, en los corredores de la muerte 3.297 convictos aguardan el momento de encontrarse con sus verdugos.
Dieter añadió que con los actuales déficits presupuestarios, la pena de muerte no puede eximirse de una revaluación, "junto al derroche de otros programas del Gobierno que no tienen ningún sentido".
El informe cita el caso de California, un estado que gasta 137 millones de dólares en la pena de muerte y no ha realizado una ejecución en casi cuatro años.
Añadió que en Florida, donde los tribunales han perdido un 10% de sus recursos fiscales, el estado gasta 51 millones de dólares al año en la pena de muerte.
La pena de muerte fue restablecida por el Tribunal Supremo de EE.UU. en 1976 y desde ese año han sido ejecutados 1.176 asesinos, 441 de ellos en el estado de Texas, según cifras del CIPM.
En los últimos años, 15 de los 50 estados la han derogado o suspendido ante denuncias de que se aplica de forma racista, se han cometido errores en los juicios o los acusados sin recursos han carecido de una defensa legal competente.
El castigo se aplica principalmente mediante una inyección letal, un método que también ha sido objeto de críticas.
Solamente este año las legislaturas de 11 estados debatieron proyectos para derogar el castigo.
Al anunciar la derogación este año, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, indicó que no podría vivir con su conciencia si llegara a saber que en su estado se había ejecutado a un inocente.
"La tendencia en los estados a reconsiderar la pena de muerte a la luz de la actual crisis económica posiblemente continúe", indicó el informe.
Como resultado, el apoyo a las ejecuciones que fue de más del 80% en 1976 se ha reducido y es de un nivel de alrededor de 60%, según las últimas encuestas.
Por otra parte, el informe consigna una consulta realizada entre jefes de Policía del país la cual señala que un 57% afirma que la pena de muerte no reduce los crímenes violentos porque sus autores en raras ocasiones consideran las consecuencias.
Añade que, aunque no se oponen en principio al castigo, menos de un 47% lo apoyaría si, en cambio, se aplicara cadena perpetua con una compensación para los familiares de las víctimas si la hubiera.
El sondeo se realizó entre 500 jefes policiales del país elegidos de forma aleatoria entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado.
Según el jefe de Policía del condado de West Orange, en el estado de Nueva Jersey, "la pena de muerte es un desperdicio colosal de dinero que tendría mejor uso si hubiera más agentes en la calle".
Añadió que el estado derrochó 250 millones de dólares en los últimos años sin lograr resultados positivos.
"La pena de muerte no es un factor disuasorio. La tasa de criminalidad en Nueva Jersey se redujo desde que el estado derogó la pena de muerte" hace dos años, añadió en declaraciones citadas por el CIPM.
Pero también hay quienes son partidarios de que se mantenga el castigo y argumentan que el concepto de "ojo por ojo" se basa en los valores religiosos del país.
Añaden que, efectivamente, la pena de muerte puede disuadir la violencia y salvar vidas.
Además, al efecto disuasorio se agrega una consecuencia adicional: el que es ejecutado nunca volverá a cometer un crimen, según manifiestan.
