Energía y seguridad han marcado la pauta del regateo bilateral ruso-ucraniano desde la disolución de la URSS, hace 19 años. El acuerdo ratificado ayer, por la Rada ucraniana en Kiev y la Duma rusa en Moscú, forma parte de esa serie. Que se trata de una construcción inestable, lo recordaron las escenas que rodearon a la votación en Kiev, con la oposición nacionalista ucraniana lanzando huevos y tres bombas de humo en el hemiciclo, el Presidente de la cámara, Volodomir Litvin, cubierto por los paraguas para protegerse de la gallinácea lluvia, y muchos diputados intercambiando argumentos con sus puños en narices y mandíbulas del adversario. Dio mucho para la televisión, pero quizá elude el dato principal: en Ucrania hasta las peleas políticas más crudas siempre han concluido, hasta ahora, con acuerdos y consensos razonables. Por esa y otras cualidades, la democracia ucraniana sigue superando al sistema ruso, heredero directo, ¿quien se acuerda? de un "presidencialismo" que disparó para imponerse con sus tanques contra el parlamento en el Moscú de 1993 con el aplauso de Occidente. Mientras en Kiev hay rotación en el poder, la ratificación de ayer es resultado de una mayoría electoralmente renovada en febrero, en Rusia se mantiene el mecanismo de presidentes que designan a sus sucesores, una diferencia crucial.
Lo de ayer fue la ratificación del acuerdo alcanzado el miércoles pasado en Jarkov (Ucrania) por los presidentes de Rusia y Ucrania, Dmitri Medvédev y Víctor Yanukóvich. El acuerdo permite prolongar 25 años, ampliables hasta el 2047, el arriendo de las bases militares rusas en Crimea, que albergan unos 50 barcos bastante cochambrosos y un personal de 20.000 marinos, técnicos y familiares. A cambio, Ucrania recibe, además de sumas considerables por el arriendo de las bases, un vital descuento del 30% en el precio del gas que Rusia le suministraba. En lugar de los 330 dólares por mil metros cúbicos, Ucrania pasará a pagar 230 dólares. El ahorro anual equivale a un 2,8% del PIB ucraniano.
Aunque Rusia tiene su armada más moderna, incluidos los submarinos estratégicos, en las bases del norte, en el Mar de Barents y el Mar Blanco, y el control de los estrechos por la OTAN convierte el Mar Negro en un lago compartido, su desaparición de Crimea tendría duras consecuencias.
El acuerdo ratificado toma el relevo del firmado en 1997 por los presidentes Boris Yeltsin y Leonid Kuchma, que habría expirado en 2017. Entonces el trato fue reconocimiento de integridad territorial e intereses económicos y energéticos de Ucrania, a cambio de seguridad de Rusia. Ucrania se comprometió a no implicarse en una arquitectura geopolítica anti rusa, como la que la OTAN le ha venido ofreciendo y que tiene un gran potencial desestabilizador.
La inestabilidad ucraniana tiene dos componentes. Uno parte del hecho de que Ucrania es una nación mixta y con el corazón partido en lo que respecta a su relación con Rusia y Europa. El otro tiene que ver con el aprovechamiento que de esa circunstancia practica la Europa euro-atlántica para complicarle la vida a Rusia, una operación a la que la mala calidad de la política moscovita también contribuyó sin desearlo. La mayoría de los ucranianos desean una integración en la Unión Europea, pero no quieren una Ucrania en la OTAN, que les condenaría a artificiales tensiones adicionales con Rusia.
Ucrania y Rusia comparten mil años de historia común, una confusa frontera lingüístico-cultural y una enorme dependencia económica mutua. Al mismo tiempo, la independencia recibida de la disolución de la URSS se concibe de forma muy diferente en el este y el oeste de Ucrania, donde hay regiones en las que el sentimiento anti ruso es muy vivo por razones históricas. No es ese el caso de Crimea, tierra de glorias militares rusas desde que el Imperio Ruso se anexionara allá al último Estado sucesor de Chingiz Jan, el janato de los tártaros de Crimea, que Catalina la Grande conquistó en 1783.
Los nombres de Sebastopol, cuya rada comparten las flotas ucranianas y rusa, algo admirable, y otras localidades de Crimea, son tierra rusa y están jalonadas de gestas militares rusas, desde el siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. La disolución de la URSS, propiciada por Boris Yeltsin, mantuvo intactos los mapas de las repúblicas soviéticas, y, según ellos, Crimea, que había sido caprichosamente transferida a Ucrania por Nikita Jruschov en 1954, formaba parte de Ucrania. Fue así como la disolución de 1991 convirtió en "ucranianos" a la población de Crimea, rusa castiza en un 75%.
En los últimos veinte años, los desequilibrios internos de Ucrania han venido siendo integrados en el juego euro-atlántico por desestabilizar a Rusia, con distintos matices en Washington, Berlín y Bruselas. Paralelamente cuando los "occidentalistas" han estado en el poder en Kiev han intentado integrarse en la OTAN y cancelar la presencia rusa en Crimea. Fue lo que ocurrió en la anterior legislatura, cuando el entonces presidente Viktor Yushenko, así como la ex primera ministra Yulia Timoshenko, querían cancelar el acuerdo de 1997 cuando expirara en 2017. La victoria electoral en febrero de Víctor Yanukóvich, que había sido desplazado del poder en la llamada "Revolución Naranja" de hace cinco años, cambió las cosas. La bronca de ayer en el parlamento refleja el descontento de los más nacionalistas, es decir pluralismo.
Para la postrada economía ucraniana el acuerdo es una buena noticia. Yanukovich lo ha presentado como algo puramente técnico y económico: "ayudará a nuestra economía y nos dará estabilidad", ha dicho. Para la económicamente castigada población un precio estable del gas sería un alivio.
También es un éxito para la política exterior rusa de Vladimir Putin. Moscú ha avanzado en poco tiempo mucho con Polonia y Ucrania. Con Bielorrusia, en cambio, las cosas van peor.
