Una feroz batalla que ya lleva dos años entre la presidenta de Argentina y el principal grupo de medios del país pasó de allanamientos impositivos y peleas por los derechos de transmisión de partidos de fútbol a desenterrar el pasado oscuro de la nación sudamericana.
Funcionarios dicen que la dueña del Grupo Clarín habría adoptado dos bebés robados a prisioneros políticos asesinados durante la dictadura militar entre 1976 y 1983 y la presidenta Cristina Fernández urgió a la justicia a investigar el caso.
Los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín y una de las mujeres más ricas del país, acusan a Fernández de usarlos como peones en su conflicto con la firma.
"Nos sentimos con miedo, angustiados, inseguros, perseguidos", dijeron Felipe Noble Herrera y su hermana Marcela, ambos de 34 años, en una declaración a un canal de televisión.
El conflicto, en el que Clarín denuncia al Gobierno de hostigamiento y la administración de Fernández acusa al grupo de medios de conspirar en su contra, ha desmejorado la tambaleante reputación de Argentina ante inversores.
También podría debilitar la intención del marido de Fernández, el ex presidente Néstor Kirchner, que gobernó entre el 2003 y el 2007, de regresar al poder el año próximo.
Los hermanos Noble Herrera dijeron que no creen ser hijos de prisioneros políticos desaparecidos, pero se resistieron a dar muestras de ADN para comparaciones generalizadas, alegando que podrían ser manipuladas políticamente.
Los Noble Herrera afirman además que la historia de su adopción está siendo usada para desacreditar a Clarín, uno de los mayores grupos de medios de América Latina, al asociar a su madre con la dictadura militar que asesinó a unas 30.000 personas, según cifras de organismos de derechos humanos.
Clarín , una compañía de 900 millones de dólares que cuenta con periódicos, televisión por cable y aire, emisoras de radio y servicios de internet, dio generalmente una favorable cobertura de prensa a Kirchner, antecesor de Fernández en la presidencia.
Pero en el 2008, el diario Clarín y los canales de televisión del grupo hicieron una cobertura crítica hacia el Gobierno durante una revuelta fiscal de agricultores que derivó en una gran crisis política de la cual nunca se recuperó la imagen positiva de la mandataria.
Desde el 2008, el Gobierno mandó a decenas de agentes impositivos a la sede de Clarín, trató de tomar su planta productora de papel para periódico, reformó una ley de medios para forzar al conglomerado a vender activos y nacionalizó el lucrativo negocio de transmisión de fútbol.
Carteles con ataques a periodistas del Grupo Clarín aparecieron recientemente en toda la capital argentina. Los Kirchner, quienes siempre fueron adversos a la prensa, niegan estar detrás de la campaña pero frecuentemente critican a los medios, especialmente a Clarín.
"Me parece que hay algunos colegas tuyos que tienen que inocularse la antirrábica", dijo Fernández a periodistas el miércoles. Más tarde ese día su marido gritó en un acto con gremialistas refiriéndose a Clarín: "¡Miente, miente!".
Conflictos entre gobiernos y medios son comunes en América Latina, pero el extremo al que llegó la batalla entre Clarín y los Kirchner es una muestra de las tensiones que existen en Argentina, donde inversores están cansados de la intervención oficial en los mercados y de las críticas del Gobierno.
"No despierta una gran confianza, contribuye a la enorme crisis de credibilidad de la Argentina", dijo Jorge Asís, autor de un libro sobre Clarín y ex diplomático crítico de ambos lados, para quien una batalla prolongada dañará las intenciones de Kirchner de apuntar nuevamente a la presidencia.
Los Kirchner nacionalizaron los fondos privados de pensiones, la mayor aerolínea del país y otros sectores, y durante sus gobiernos ha aumentado la intervención en los mercados financieros y de granos.
Ambos lados, Clarín y los Kirchner, han sido dañados por la batalla.
El precio de la acción de Clarín se desplomó a 12 pesos por unidad, la mitad de lo que valía a inicios del 2008, un desempeño inferior al principal índice accionario de Argentina, el MerVal , que alcanzó máximos históricos este año.
Editores y ejecutivos de Clarín dicen que se sienten acosados por las constantes investigaciones del Gobierno a la compañía. "Es un nivel de autoritarismo que quiere apagar cualquier crítica", dijo el director financiero del Grupo Clarín, Alejandro Urricelqui.
Los Kirchner, que afirman haber sido arrestados brevemente durante la dictadura, presentan la batalla como continuación de la división ideológica de la década de 1970, con Clarín como el enemigo capitalista asociado a violación de derechos humanos.
"Todo forma parte de un mismo origen (...) la estrategia del Grupo Clarín por todos lados es que no se aplique las leyes (...), que no salga la verdad", dijo Gabriel Mariotto, director del ente regulador de radiodifusión y uno de los autores de la nueva ley de medios.
Clarín fue beneficiado con negocios durante la dictadura, afirmó Mariotto a Reuters.
Críticos apuntan a que los Kirchner nunca hicieron estas acusaciones cuando la cobertura de Clarín les era favorable y afirman que la pareja está usando cínicamente los temas de derechos humanos contra Clarín.
"Los perseguidos se han vuelto perseguidores. No aprendieron nada del pasado", dijo la legisladora de la oposición Patricia Bullrich, del partido Coalición Cívica.
Herrera de Noble adoptó a Felipe y a Marcela en 1976, al principio de la dictadura. A finales de la década de 1970, cientos de hijos de prisioneros políticos argentinos fueron adoptados ilegalmente por familias con lazos a los militares.
Herrera de Noble, ahora de 84 años, fue brevemente detenida en el 2002 por acusaciones de falsificar papeles de adopción, pero nunca se presentaron cargos formales y los padres biológicos de los chicos permanecen desconocidos.
Asociaciones de derechos humanos pasaron décadas tratando de unir niños robados con sus familias biológicas. Las Abuelas de Plaza de Mayo, aliadas de Fernández, reclamaron para forzar a Marcela y Felipe a entregar muestras de ADN para la posible asociación con familias de víctimas de la dictadura.
"Nosotros queremos encontrar a nuestros nietos. Para las Abuelas, esta no es una pelea entre Gobierno y un medio (...) no es una cuestión política sino de derechos humanos", dijo la semana pasada Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, al canal estatal.
