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Salen de prisión dos indígenas mexicanas acusadas de secuestrar a policías

Salen de prisión dos indígenas mexicanas acusadas de secuestrar a policías

Las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, encarceladas en México desde 2006 por haber supuestamente secuestrado a seis policías, salieron hoy de una prisión en el central estado de Querétaro después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara su liberación. Alberta, de 31 años, y Teresa, de 26, salieron visiblemente emocionadas de la prisión de San José el Alto, en la que estuvieron desde hace casi cuatro años después de que fueron condenadas a 21 años de cárcel cada una por el delito de secuestro de funcionarios públicos.
Este miércoles, la Primera Sala de la SCJN, compuesta por cinco magistrados, decidió su excarcelación inmediata "porque no son responsables" de los delitos que les imputaron y giró un telegrama al juzgador para que quedaran libres.
"Sí se hizo justicia", dijo Teresa al salir de prisión, mientras Alberta aseguró que después hablarán a la prensa.
Sus defensores han programado para el jueves una rueda de prensa en Ciudad de México.
A las dos se les había acusado de secuestrar a seis policías federales, por lo que en 2006 fueron condenadas a 21 años de cárcel. A Alcántara, además, se le señaló de posesión de cocaína, aunque por ese delito no se le sentenció.
Una tercera indígena, Jacinta Francisco Marcial, fue liberada el año pasado después de que un juez reabriera el caso y la Fiscalía retirara los cargos por presiones de organismos de derechos humanos.
Uno de los abogados de las indígenas, Leopoldo Maldonado, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo a Efe que la resolución de hoy era "un primer paso hacia la justicia integral" en México.
Señaló que debería haber un resarcimiento de daños, no sólo "económicos" sino "psicológicos", y que era necesario "de manera simbólica que el Estado reconozca que se equivocó".
Además, Maldonado señaló que en México es necesario que "a través de leyes se establezcan garantías de no repetición" de este tipo de casos, en los que acaban en la cárcel falsos culpables.
"Aquí lo más preocupante es que la institución encargada de procurar justicia, la Fiscalía, fabrica las pruebas. Y esas las valida un juez", sentenció.
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró en un comunicado que finalmente "se ha hecho justicia" en un caso que nuevamente ha destapado las carencias del sistema jurídico mexicano.
Las indígenas fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 por el presunto secuestro de seis agentes federales durante un operativo policial en busca de droga y artículos piratas en una población del central estado de Querétaro.
Según las indígenas, los agentes llegaron a la comunidad de Santiago Mexquititlán vestidos de civil, sin identificación, desmontaron de manera violenta unos puestos de venta y se incautaron de la mercancía.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), tres de las indígenas que trabajaban allí retuvieron durante varias horas y por la fuerza a los policías, por lo que se les acusó de secuestro.
En marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana se apropió del caso después de estimar el argumento de Alcántara y González, cuya defensa denunció irregularidades en la sentencia.
En México, con 107 millones de habitantes, hay unos trece millones de indígenas, en su mayoría en condiciones de pobreza y marginación.

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