Un proyecto de ley presentado por el representante nacionalista Rodrigo Goñi aspira a resolver varios problemas en un solo movimiento, a través de las arcas del Estado. Según El Observador, el legislador sostiene que los artículos 68 y 70 de la Constitución uruguaya no se cumplen cabalmente, así que para reparar esa injusticia -ese descuido- el Estado debería otorgar subsidios de hasta 4 mil pesos a las familias que no superen los 40 mil pesos de ingresos mensuales.
La idea es que con esa plata los padres o tutores puedan elegir la educación que consideren más adecuada para sus hijos, sin verse limitados por la antipática costumbre de cobrar matrícula que caracteriza a las instituciones privadas con fines de lucro. Al fin y al cabo, la enseñanza es obligatoria y los padres o tutores tienen derecho a elegir la más conveniente para los menores a su cargo.
El inquieto legislador observa, por otra parte, en entrevista con el mencionado diario, que las instituciones educativas privadas no atraviesan un buen momento económico (recordemos que el colegio José Pedro Varela anunció el envío a seguro de paro de la totalidad de sus funcionarios, y no es el único que dice tener problemas), así que no les vendría mal una inyección de clientes.
Claro, no todo el mundo puede costear una educación privada para sus hijos, así que Goñi (que integra ese partido siempre dispuesto a pedir que se baje el costo del Estado) ofrece una solución win-win que promete dejar contentos a clientes y proveedores. Es que, si se quiere, se puede.
La idea de subsidiar la enseñanza privada para las familias que no pueden pagarla (que, justo es decirlo, fue mencionada por el propio Tabaré Vázquez antes de las elecciones que lo pusieron por segunda vez al frente del gobierno) se basa en la premisa de que la enseñanza pública es de peor calidad y logra peores resultados que su par privada.
Sin embargo, diversos estudios (incluyendo las famosas pruebas PISA) han mostrado que a igual contexto socioeconómico los alumnos de instituciones públicas obtienen resultados semejantes a los de las instituciones privadas, de modo tal que se puede inferir que lo que hace la diferencia no es la calidad de la educación sino, más brutalmente, la calidad de vida.
Claro, se me dirá que hay niños y adolescentes pobres que consiguen resultados aceptables (o buenos o excelentes) gracias a la abnegada labor de colegios privados gratuitos que les proporcionan desde el uniforme y los útiles hasta el almuerzo, sin descuidar un acompañamiento personalizado y constante. Y sí. Pero convengamos en que lo que esos colegios compensan no es tanto la enseñanza cuanto la vida. Lo que le ofrecen al niño o joven que tiene el privilegio de llegar hasta ellos es un parche a sus precarias condiciones de existencia, así como un invernadero y luces especiales proporcionan un microclima ventajoso a las plantas que no están en condiciones de sobrevivir a la intemperie.
El sociólogo francés François Dubet, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de su país, observa que hay un peligro grave en la idea, cada vez más extendida, de sustituir el reclamo de igualdad social por el de igualdad de oportunidades. Esta última premisa -la de la “igualdad de oportunidades”, muchas veces expresada, cuando se habla de educación o de infancia, como “garantizar iguales condiciones de partida”- supone una “meritocracia” según la cual los beneficios obtenidos en la vida por una persona están en relación directa con sus méritos, sus talentos y su esfuerzo.
Lo que esa premisa esconde, advierte Dubet, es que lleva a la conclusión de que ricos y pobres tienen lo que se merecen (los ricos, porque son mejores o se esforzaron más; los pobres porque son descuidados, holgazanes o atolondrados), al tiempo que soslaya las injusticias estructurales del sistema.
El siguiente estadio de ese razonamiento es “no veo por qué tengo que pagar yo para mantener a estos atorrantes”, y no hay que ser Einstein para advertir hasta qué punto estamos ya sumergidos en ese clima. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado, en Uruguay, la OPP daba a conocer un estudio según el cual casi la mitad de los uruguayos decía creer que los pobres “son pobres por flojos y carentes de voluntad”.
El problema con la canción de la igualdad de oportunidades (contra la igualdad a secas, o la justicia social) es que impulsa el acceso a bienes o servicios de consumo para todos sin hacer referencia a que el desigual reparto de bienes tiene que ver con una injusticia basal, inherente al sistema. La intención, podríamos decir, es buena: que todos, hasta los más pobres, puedan tener lo que desean (que en el capitalismo de mercado es “todo lo que existe”, desde bebidas carbonatadas hasta tratamientos de belleza) sin que la pobreza los limite.
Es una aspiración que suele ser enunciada como “que todos puedan arrancar del mismo punto” (un ejemplo paradigmático son las bellísimas camitas-cuna con ajuar completo que reparte el Mides), y supone que con ese empujón inicial -y, eventualmente, algún otro, si fuera necesario- el resto del camino será cuestión de habilidad y esfuerzo.
Es obvio que nadie podría oponerse (en todo caso, yo no me opongo, y no quiero que alguien entienda eso) a que los recién nacidos sean recibidos con un ajuar, una cuna y todo lo que puedan necesitar en un caso de emergencia. Al contrario, es una política pública que debe ser felicitada. Pero sería ingenuo creer que algo como la justicia o la equidad puede ser alcanzado a través del procedimiento de reparar, mediante acciones paliativas del Estado, las heridas violentas que el mercado y la indiferencia social causan en los que están del lado más vulnerable de la vida.
Una sociedad justa no es la que le suena los mocos a los pobres: es la que evita que la riqueza de los ricos condene a la pobreza a tantos pobres. Y si eso no se puede hacer por decreto, lo mínimo que se debe hacer, y que le corresponde, si no al gobierno, a la política, es plantearlo. Mostrar o exponer, con todas las letras, esa injusticia básica de la vida contemporánea.
No sin asombro he escuchado a funcionarios de gobierno hablar, por ejemplo, del “derecho al turismo”. No falta mucho, me temo, para que empecemos a oír a hablar del derecho al pan dulce o a las sandalias con plataforma. Para cada circunstancia singular y concreta de la vida -para cada artículo o bien de consumo- puede reivindicarse un derecho.
Y puede haber una gran verdad en eso de que nadie es menos que nadie y que todos podemos aspirar a pasarla bomba, pero poner en términos de derechos esas particularidades que el mercado ofrece es, además de un disparate, un camino sin retorno. Lo que antes era el universal derecho a la justicia y a la igualdad (y en esa definición todos entendíamos que cabía todo: la salud, la educación, la vivienda, la dignidad y hasta el pan dulce) se transforma, penosamente, en una lista de cosas que podemos exigir para no sentirnos unos pichiruchis.
Pero no hay inocencia en la ridícula bajada a tierra de lo universal a lo particular: ahora cada sector del comercio y la industria, cada segmento del mercado, cada góndola del súper puede reclamar ayuda para que lo que ofrece llegue a todo el mundo mediante la intervención del Estado, ya sea en forma de exoneraciones tributarias o en la más desvergonzada de prestaciones directas. Nada de exigir que todo el mundo tenga ingresos dignos, o que la enseñanza pública sea excelente, o que padres y madres puedan dedicar a sus familias un tiempo exento de la tensión que causa la precariedad.
Por cierto, el disparate incluye otra falacia y es la de creer (¿en serio alguien lo cree?) que los subsidiados van a ser iguales, en algún sentido, a los que no necesitan subsidio para tener lo mejor en todas partes. Como si tomar la misma cocacola nos hiciera iguales en algún sentido.
La triste verdad en todo esto es que el subsidio busca mejorar la situación de las empresas que venden servicios educativos, y punto. Y ya de paso colabora en la consolidación de la creencia en que todos podemos tener lo mejor, y si no lo tenemos es por nuestra propia culpa. Bien pensado, es ese, tal vez, el verdadero objetivo del asunto.
Soledad Platero, Caras y Caretas
