Los spots televisivos con candidatos saludando a la gente, las imágenes de banderas flameando y los jingles pegadizos pasarán a ser historia –al igual que los carteles callejeros– si prosperan los cambios a la ley de financiamiento de partidos políticos que impulsa el Frente Amplio.
La iniciativa redactada por la bancada de senadores de la coalición de izquierdas, a la que tuvo acceso El Observador, propone prohibir, durante las campañas electorales, la publicidad partidaria en todos los canales de televisión, cierta propaganda en lugares públicos y la financiación de actividades proselitistas a través de donaciones privadas.
Además, pretende que las sanciones a la violación de esas reglas no se restrinjan a las multas económicas sino que se le dé pase a la Justicia para que aplique los castigos correspondientes.
"Proponemos ser líderes en Latinoamérica, transformando a Uruguay en el primer país democrático de la región que privilegia la comunicación directa de los candidatos políticos con los electores por sobre las campañas mediáticas. Las dimensiones de nuestro país, su conectividad territorial, la caracterización sociodemográfica y la tradicional cultura política, democrática y republicana, legitiman explorar modalidades que jerarquicen los contenidos programáticos más que la estética y diseño de los mensajes publicitarios", dice el borrador de la propuesta frenteamplista.
La bancada de senadores del Frente Amplio instruyó a José Mujica, Rafael Michelini y Enrique Pintado para que acuerden con la oposición nuevas normas de la financiación de los partidos y formen una comisión especial que redacte las normas legislativas pertinentes. También la senadora y secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier, expresó su interés en participar de esta comisión.
En el escrito se proponen variantes para controlar el financiamiento partidario: dotar a la Corte Electoral de los recursos necesarios para crear un departamento de Auditoría; formar una nueva estructura estatal independiente que tenga ese objetivo; darle esas atribuciones al Tribunal de Cuentas, dotándolo de los recursos que requiera; o generar una coordinación entre la DGI, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral para que se encarguen de esa tarea.
Sea cual sea el camino elegido, desde la izquierda consideran que se deben diseñar nuevas y mayores exigencias para conocer de dónde se obtienen y cómo se gastan los recursos de los partidos políticos.
Desde el Frente Amplio recuerdan que debido a la falta de recursos y especificaciones legislativas, actualmente se actúa exclusivamente frente a denuncias realizadas y, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de partidos, solo se efectuó una denuncia que fue archivada.
La referencia tiene que ver con una protesta presentada por una organización civil que le apuntó a partidos supuestamente financiados por empresas que tenían contratos de obras con el Estado.
Empresas y narcotráfico
Los senadores del Frente Amplio recuerdan que en el mundo hay varios ejemplos de países que se vieron en problemas por los escasos controles sobre los partidos.
"Frente a la constatación de que en varios países del mundo, el financiamiento de los partidos, lamentablemente, ha sido utilizado para corromper el sistema democrático y deteriorar la indispensable institucionalidad republicana, proponemos impulsar la creación de un Observatorio Iberoamericano de financiamiento que promueva la transparencia del sistema democrático, con foco en la relación de los partidos políticos con el dinero, y muy especialmente el que pueda provenir de los centros de poder empresarial y del narcotráfico", propone la izquierda.
Este Observatorio "se nutriría y estaría en permanente coordinación con todas las agencias locales e internacionales que investigan este tema; ello incluye también a organismos internacionales, organizaciones civiles de alcance mundial, regional o local, universidades, fundaciones; asociaciones de periodistas y la Justicia".
El Frente Amplio insiste en "prohibir que las empresas privadas, nacionales, internacionales y concesionarias del Estado, puedan realizar donación o contribución alguna a los partidos políticos, tanto sea monetaria, de servicios o materiales, y anular también toda opción de hacer contribuciones o donaciones anónimas de cualquier tipo".
"Solo podrán realizar contribuciones a los partidos políticos los ciudadanos con afiliación partidaria documentada. Cada ciudadano podrá estar afiliado a una sola colectividad partidaria, pudiendo aportar al partido y/o a un sector integrante del mismo, un monto máximo anual a determinar", ofrece la propuesta del Frente, que también requiere que quienes ocupen cargos electivos y de confianza hagan públicas sus declaraciones juradas.
"Discrecionalidad tarifaria"
En los artículos del documento que refieren a la publicidad electoral, el Frente Amplio es drástico y propone prohibir durante las campañas políticas "la emisión de publicidad partidaria en todos los canales de TV abierta y por cable".
"En la última campaña política de octubre 2014, los partidos declararon haber gastado casi U$S 15 millones en un mes de publicidad televisiva. Este es el mayor gasto del quinquenio de todos los partidos, con fondos que no tienen, y parte de los cuales podrían volcarse a otras actividades que fortalezcan internamente a las organizaciones y su contacto con la comunidad. Para la publicidad en TV habitualmente se apela a contribuciones de privados, y los partidos se someten a la discrecionalidad tarifaria de los canales, vulnerándose criterios de equidad en el acceso a los medios de comunicación masivos", se advierte.
Como alternativa se propone que, durante la campaña, los canales concesionarios de las ondas del Estado cedan gratuitamente la misma cantidad de tiempo a todos los partidos políticos por igual, para que puedan difundir sus propuestas. "Esta medida favorecerá la realización de campañas en base a contenidos, promoverá la existencia de debates políticos interpartidarios televisivos, y la creación de nuevos programas periodísticos que pongan foco en la actividad política", prevén los redactores del escrito.
En ese sentido, también se propone "prohibir todo tipo de cartelería o anuncios políticos basados en tecnología audiovisual, en la vía pública, tanto en la red vial urbana, rutas nacionales, caminería departamental y rural".
"Además de ahorrar costos, se hace una contribución social disminuyendo la contaminación visual y colaborando con la seguridad vial, al eliminar distractores que potencialmente pueden generar siniestros de tránsito, una de las principales causas de muertes y lesiones graves en los jóvenes del Uruguay. Como contrapartida, proponemos ampliar y distribuir equitativamente el uso de los espacios públicos aptos para instalar puestos partidarios de difusión política en directo contacto con la gente. Tanto para brindar información, repartir listas, folletería o reproducir mensajes de los líderes políticos", dicen en el Frente Amplio.
La propuesta está abierta a modificaciones y será presentada al resto de los partidos políticos.
Cambios en los aportes públicos
En su propuesta sobre financiamiento de partidos políticos, el Frente Amplio también sugiere revisar el aporte público a las colectividades –que ahora se establecen según los votos obtenidos– y crear una "escuela de gobierno" en cada departamento cuyo objetivo será "la capacitación política y de la gestión ejecutiva y legislativa en los tres niveles de Gobierno (nacional, departamental y municipal)"
Los entes no podrán salir en televisión
En la propuesta de reforma que promueve el Frente Amplio también se prohíbe, durante la campaña electoral, cualquier publicidad televisiva de entes del Estado. "Solo se exceptuará aquella información que sea considerada de urgente necesidad e indispensable para la población, vinculada a los servicios que brindan y con previa autorización del Poder Ejecutivo", dice el escrito.
