Es el ex subgerente de la telefónica estatal. Dice que llevó a la justicia casos de contrabando de llamadas, que involucraban a ex funcionarios y empresarios -incluso estadounidenses- que luego apoyaron la asonada. Clarín lo entrevistó en la cárcel. A la Penitenciaria Nacional, donde van a parar desde mareros hasta presos políticos, al norte de Tegucigalpa, en Támara, se llega por la carretera hacia la costa norte, que serpentea entre villas miseria de peligrosa fama, poblaciones que perdieron sus casas en el huracán Mitch de 1998 y, finalmente, cerros tapizados de bosques de pinos que de tan hermosos quitan el aliento.
La hermosura se termina en el penal. El sol aprieta y las moscas molestan en el ingreso a la cárcel, chata y despintada, donde familiares de los presos hacen fila para ingresar a ver a los detenidos. Es domingo, día de visita. La gente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, a la que acompaña Clarín, entra por un costado, sin demasiado trámite. La orden del comisario Ponce, de la policía hondureña, es tajante y no se negocia: no cámaras, no celulares. Se insiste. Nada. Se hacen llamados a superiores. Nada. Así, despojados de tecnología, se logra el ingreso.
Una verja precaria con un seguro de alambre se abre, y todos adentro. Se piden identificaciones, se anotan nombres en un libraco a modo de registro, se requisan bolsos, se retiran celulares y cámaras fotográficas y se entrega un pase de plástico gastado y viejo. Bienvenidos a la PN.
Un patio, con pastos crecidos y algunas mesas de material, se abre al frente. La mayoría de los presos están en sus pabellones. el El Módulo de Diagnóstico es un sector donde van a parar reos con ciertos privilegios (los mareros de la Mara 18 y de la MS están guardados en otra parte). Sí hay presos políticos hacinados en celdas pequeñas, repartidas entre pasillos angostos del pabellón. A los costados, contra las paredes, hay hornos a microondas, juegos de pinball, kioscos y una cocina, donde unas papas flotan en un tacho con agua. No parece una cárcel. Parece más bien un conventillo. O los pasillos descascarados de un hospital del Gran Buenos Aires.
Entrar a este pabellón tampoco implica demasiado control, un oficial en un escritorio en la entrada pide nombres, los anota y adentro. Otro patio, y los presos se excitan al paso de los visitantes. Se ríen, comentan, se ponen nerviosos, gritan, quieren reaccionar pero saben que no pueden. Se contienen.
La celda de Marcelo Chimirri, el ex subgerente de Hondutel (señalado como el hombre de poder en la empresa estatal hondureña de telecomunicaciones) y el único funcionario preso de la gestión de Manuel Zelaya, queda al final de uno de esos pasillos.
La suya es una celda minúscula, de dos metros por uno, donde se aprietan una heladera, un sillón que hará las veces de cama, y una suerte de mueble con un pequeño televisor encima. No hay teléfono ni computadora. Hay cable, sí.
"Estoy acusado de cohecho", explica Chimirri. "Soy compatriota suyo, de Lomas de Zamora", aclara. Cohecho es corrupción, por lo que le cabe entre 1 y 3 años de prisión. Se lo acusa de aceptar coimas de la empresa norteamericana LatinNode. Pero no tiene sentencia firme.
Sobrino de la primera dama, Xiomara Zelaya, Chimirri fue arrestado tres días después del golpe de Estado, del 28 de junio.
"Yo estaba recién operado, de una reducción de abdomen. Llegué con catéteres y pañales sangrantes. Mi abogado pidió que pasara mi convalecencia en un hospital, pero no me dejaron", se queja.
Chimirri viste un conjunto deportivo Nike, tiene abundante melena, es alto, está en sus cuarenta largos y lleva en la muñeca un reloj exuberante de color cobre. Parece un personaje de Good Fellows o un amigo de James Gandolfini, en los Soprano.
Chimirri explica que cuando llegó a Hondutel se encontró con que la empresa LatinNode, un carrier de minutos de telecomunicaciones, debía la friolera de 4,7 millones de dólares. "Yo denuncio esto en la fiscalía y corto inmediatamente el circuito", dice.
En total, Chimirri dice que descubrió 63 casos de "tráfico gris", esto es contrabando de comunicaciones telefónicas, en "el que estaban involucrados funcionarios y empresarios que financiaron el golpe de Estado". ¿Quiénes? Se guarda los nombres. Todo esto él dice haber denunciado.
Fue entonces cuando, según el hilo de su relato, Otto Reich -el ex vicesecretario de Estado para América Latina, devenido en lobbista de empresas norteamericanas- declara en Miami que Zelaya y su sobrino habrían recibido coimas de LatinNode.
"Metí el dedo en la llaga", dice Chimirri, y explica que, al denunciar los casos de "tráfico gris", en realidad trastocó los negocios de Otto Reich -un hombre del riñon neocon y del Departamento de Estado en la era Bush- y del venezolano Robert Carmona, (abogado del golpista Pedro Carmona durante la asonada en Venezuela de abril de 2002) de interferir las comunicaciones "de Chile a México desde Honduras".
"Yo soy la génesis del golpe de Estado", se define Chimirri. Llega un guardiacarcel e invita a esta enviada y al grupo de defensores de los derechos humanos a retirarse. Chimirri tiene prohibido hablar con la prensa. "Me tienen encerrado no me dejan hablar con nadie".No hay más aclaraciones...Queda la denuncia de una conspiración que va más allá de las fronteras de Honduras, a la hora de buscar las raíces y los motivos del golpe que dejó a Zelaya fuera del poder.
Desde el patio, Chimirri levanta una mano en alto y se despide. Se entregan los pases de plástico, viejos y gastados. Y se devuelven los celulares y las cámaras. Se abre una pequeña puerta, y esta enviada con el grupo de derechos humanos sale de la penitenciaria hacia el calor sofocante del mediodía.
