El gobierno de Tabaré Vázquez esta dispuesto a iniciar una ronda de dialogo con la oposición para consensuar políticas de Estado en materia de seguridad.
El director de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP), Álvaro García, se comunicó con los lideres políticos para convocarlos a una reunión que aún no tiene fecha.
Tras el Consejo de ministros del último lunes, se le encomendó a García -uno de los hombres más cercanos al presidente- la tarea de reunir voluntades para este encuentro.
Se llevaría cabo en el marco del Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanidades, lo que el presidente llamo "Diálogo Social" durante la campaña electoral de 2014.
"Es un proceso de reflexión conjunta del país acerca de cómo han ido evolucionando los valores de la sociedad", explicó García, tras la reunión de gobierno.
En ese sentido, esta misma semana se decidió tomar una medida inédita: la desaparición del dinero en las transacciones en taxis y estaciones de servicio, principales fuentes de rapiña.
La muerte de dos taxistas en el último mes, a manos de rapiñeros, generaron polémica nuevamente sobre la calidad de la prevención en seguridad.
Ademas, otros casos impactantes fueron la muerte de un comerciante judío en Paysandú por el ataque de un presunto simpatizante de la Yihad, y la muerte de un hincha de Nacional por un enfrentamiento con hinchas de Peñarol en Villa García.
El objetivo es crer un proyecto de seguridad pública qu contemple las aspiraciones de todo el sistema.
En la última senana, sectores influyentes se sumaron a las críticas de la oposición.
Los colorados, a través de su líder Pedro Bordaberry, plantean legislar para limitar salidas transitorias y libertades anticiadas para reincidentes.
Los blancos tienen algunas discrepancias a partir de las posturas de sus líderes Luis Lacalle Pou y Jorge larrañaga. Éste último insiste en la necesidad de crear un cuerpo de policía militar qeue exteinda las funciones de la Guardia Republicana.
Los blancos quieren que todos los delitos relacionados con drogas sean inexcarcelables. Plantean penas de entre 4 y 15 años de prisiòn para quienes usen sus domicilios como "bocas" de pasta base.
Además plantean la necesidad de aumentar las penas para menores infractores que cometan delitos graves, y que el máximo de reclusión pase de 5 a 10 años.
En plena Semana Santa, el cardenal Daniel Sturla pidió al gobierno que "pasen a los hechos".
Otro testimonio fue el del actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien dijo que "no hay una política de seguridad" en Uruguay.
Semanas atrás, dos rapiñeros mataron su exesposa en la zona de Malvín. En posteriores intervenciones, Díaz habló de la pobre gestiòn de resultados entre la Policía y el Poder Judicial.
El jefe del ministerio público señaló además que el nuevo Código del Proceso Penal no resolverá los problemas de seguridad del país
Durante la forma de un convenio con OPP, mediante el cual habrá intercambio de información con al Fiscalia General de Corte, Díaz dijo que para que se ejecuta una política de seguridad es necesario afianzarla en cuator puntos: la prfevención, la conjuración del hecho (represión inmediata del hecho para cesar sus efectos), la investigación criminal y la persecución penal.
Para Díaz Poder Judicial y Policía no pueden actuar por separado por la existencia del pilar d ela independencia de poderes.
En el mundo, dijo el funcionario, esto ha cambiado, y se ha virado hacia regímenes acusatorios.
El diagnóstico de la Fiscalía señala que en en 2013 hubo unas 200.000 denuncias. De las mismas, 34.500 llegaorn al poder Judicial. esto significa el 18% de las denuncias presentadas.
A su vez, solo 9.100 dieron mérito a una imputaciòn penal. Esto es 4.5% de las 200.000 denuncias.
El gobierno ha defendido su proyecto haciendo cambios, mejorando salarios, poniendo énfasis en las estadísticas, la geolocalización de delitos y creando un cuerpo de 1.000 policias de tiempo completo a fines de 2015.
El Ministerio del Interior lanzó el concepto de "Nueva Policía" en los últimos meses, como parte de una mejora de un sistema represeivo que cada año procesa a más de 10.000 personas (datos de 2014) por la comisión de faltas y delitos.
Se trata de una cifra similar a la de los presos existentes en las cárceles del país, una de las tasas más altas del país.
El propio Bonomi dijo que esto se debe a la mayor proactividad de la Polciía, pero tambiñen al hecho de que cada vez hay más personas cometiendo delitos.
Durante la década pasada, los gobiernos frenteamplistas de Mujica intentaron imponer su proyecto de seguridad, incluso con la oposición de parte de la Policía.
