JUSTICIA

Médico es culpable de la muerte de Michael Jackson

La Policía de Los Ángeles (EE.UU.) finalizó oficialmente su investigación sobre la muerte de Michael Jackson y presentará próximamente ante la fiscalía sus conclusiones, en las que atribuyen al doctor Conrad Murray responsabilidad penal en el fallecimiento del "rey del pop", informó este viernes la web de famosos TMZ.
Fuentes de ese portal de internet, que el 25 de junio dio a conocer el inesperado deceso del artista, aseguraron que Murray, médico personal de Jackson, se enfrentará a cargos por la muerte del cantante, "probablemente por homicidio involuntario".
Las autoridades angelinas dieron cierre a la investigación a finales de diciembre y llevarán el caso en cuestión de semanas al fiscal del distrito que será el encargado de preparar la acusación ante los tribunales.
Según la web, la demora en la presentación de las conclusiones del trabajo policial ante la fiscalía se debe a problemas de agenda de los responsables que tienen previsto acudir a la cita.
Así mismo, TMZ indicó que los agentes hallaron suficientes evidencias para que Murray enfrente cargos por la muerte de Jackson, aunque será "complicado" que se demuestre su culpabilidad porque "no rompió ninguna ley suministrando Propofol a Jackson".
Murray había sido el médico personal del "rey del pop" durante los últimos años de vida del artista y admitió en los interrogatorios con la policía que había inyectado a Jackson Propofol, un potente calmante de uso hospitalario, para ayudarle a conciliar el sueño.
El doctor afirmó que intentaba retirar esa medicación al cantante que, según explicó, era consumidor de ese fuerte anestésico.
Tras el fallecimiento de Jackson, Murray se convirtió en el centro de las investigaciones de un caso calificado de homicidio, aunque hasta la fecha no se han presentado cargos formalmente en su contra.
Jackson murió el 25 de junio de 2009 víctima, según el informe forense, de una intoxicación aguda de medicamentos, especialmente Propofol.

Ex novio de Susana Giménez otra vez ante la justicia

El empresario y ex novio de Susana Giménez Jorge Rama fue detenido ayer por la Policía y declaró durante varias horas ante el juez penal de 2º Turno, en el marco de una investigación de un caso por cheques sin fondo, aunque posteriormente fue dejado en libertad.
En la pasada jornada efectivos del departamento de Delitos Económicos, orden judicial mediante, procedieron a la detención del mediático empresario y luego de procesarlo en la Jefatura de Policía capitalina, lo trasladaron al despacho del juez penal de 2º Turno, doctor Pedro Salazar.
En la sede judicial de la calle Bartolomé Mitre se dio cita al abogado defensor de Rama doctor Juan Fagundez; horas más tarde, ambos salían de la sede, el empresario en un móvil policial rumbo a la Jefatura, donde se le devolvieron sus efectos personales y se retiró sin realizar declaraciones.
Por su parte el abogado defensor dijo que había sido citado para comparecer por un caso que entre otros episodios investigan una serie de maniobras con cheques sin fondo, pero que al no existir elementos que lo vinculara con el mismo fue dejado en libertad sin perjuicio por el juez de la causa.
Nuevamente la ex pareja de una de las principales divas televisivas de Argentina se ve envuelto en episodios judiciales, aunque en este caso no fue por un hecho callejero como ocurriera días pasados, sino que en este caso fue detenido por la Policía tras orden expresa de un juez penal. Vale mencionar que el caso se continúa investigando y que no se descarta una nueva comparecencia judicial del empresario.

Orden de captura contra militares golpistas de Honduras

El Ministerio Público (MP) de Honduras ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas por la expulsión del país del depuesto presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y ha solicitado la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, ha confirmado que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
El fiscal ha precisado que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".
Expatriación y abuso de poder
Salgado ha explicado que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" del Estado y que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.
La CSJ deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema como parte de un proceso incoado por la Fiscalía contra el depuesto mandatario por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
El general dice que se someterá a la Justicia
El general Vázquez ha declarado a medios locales desde San Pedro Sula, al norte del país, donde realiza una visita de trabajo, que desconoce la acción del MP pero que está dispuesto a presentarse ante la justicia.
"Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez.
También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
Micheletti se enfrenta a EE.UU.
La acción contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.
Kelly se ha reunido con el presidente depuesto, Manuel Zelaya, el de facto, Roberto Micheletti, y el electo, Porfirio Lobo.
Lobo ha declarado a Radio América que, según Kelly, Estados Unidos quiere que Micheletti deje la presidencia ya y quede "la mesa limpia" de conflictividad a más tardar el próximo día 15 para permitir al nuevo Gobierno reconstruir las relaciones con la comunidad internacional, afectadas por el golpe de Estado del 28 de junio.
Sin embargo, Micheletti quiere continuar hasta que se produzca la investidura de Lobo, a final de mes, y ha acusado a los estadounidenses de tratar de imponer su ley.
En este sentido, Zelaya ha recalcado que los Estados Unidos "no tienen la fuerza" necesaria para sacar del cargo a Micheletti.
"Lo que vemos en el panorama es que Estados Unidos está pidiendo la salida del señor Micheletti; sin embargo, no tienen la fuerza para ejecutar esa resolución", ha declarado Zelaya a su emisora próxima, Radio Globo.
"Estados Unidos está luchando porque Micheletti salga de la presidencia antes de la toma de posesión (del mandatario electo, Porfirio Lobo, el 27 de enero); sin embargo, él se ha encaprichado, se ha negado y les ha dicho que ya está subido en el caballo, con las espuelas puestas y con el freno, y de allí no lo baja absolutamente nadie", ha comentado.
Para resumir la situación ha recordado "aquel dicho que dice: 'cría cuervos y te sacarán los ojos'".

Polanski pide que se le dicte sentencia pero sin su presencia

Los abogados de Roman Polanski solicitaron ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles que el cineasta pueda recibir su sentencia sin estar presente ante el tribunal, según informó la prensa local.
El juez que preside el caso, Peter Espinoza, accedió a celebrar una vista el próximo 22 enero con el fin de evaluar la propuesta de la defensa del director, lo que podría suponer el cierre del proceso abierto en su contra desde 1978 por abusos sexuales contra una menor.
Polanski, de 76 años, fue denunciado por violación a una niña de 13 años después de una sesión fotográfica en Los Ángeles y huyó a Francia, desde donde no puede ser extraditado, para evitar un juicio en Estados Unidos.
El pasado septiembre, la Policía suiza detuvo a Polanski, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Suiza a la espera de saber si será finalmente enviado a Estados Unidos, algo que sus abogados intentan impedir.
La nueva propuesta de la defensa llegó avalada con una carta firmada el 26 de diciembre por Polanski en la que éste solicitó al magistrado que pusiera fin al proceso.
"Pido que la sentencia sea pronunciada en mi ausencia", dijo el director, ganador de un Óscar por "The Pianist" (2002).
Los abogados de Polanski se aferraron así a la posibilidad mencionada por la 2ª Corte de Apelaciones del distrito de Los Ángeles en su pronunciamiento del pasado 21 de diciembre sobre este caso.
En esa ocasión, los magistrados rechazaron que se desestimase la causa contra Polanski tal y como pedía su defensa, pero abrieron la puerta a que Espinoza dictase sentencia sin la necesidad de que el cineasta estuviera de cuerpo presente en la sala.
Polanski ha intentado conseguir la anulación del caso en su contra aludiendo a fallos procesales. Sus abogados sostienen que el documental "Roman Polanski: Wanted and Desired" (2008) mostró una presunta falta de profesionalidad de los implicados en el caso y arrojó dudas sobre la validez del procesamiento del director de cine.

Un elegante "bipolar": en Montevideo empresario, en Punta del Este ladrón

Se supo más del empresario montevideano, de 38 años que, afincado transitoriamente en Punta del Este, pretendía dar importantes golpes durante la temporada veraniega. La Policía del balneario La Barra le arruinó sus planes aunque por su gran habilidad y resistencia a declarar, sólo fue procesado sin prisión. Años atrás fue detenido en la misma zona pero no se pudo probar fehacientemente que había sido el autor del robo a una casa y aquella vez "zafó".
El hombre, de iniciales JORC, pareciera ser un empresario relativamente exitoso, porque sería propietario de un restaurante de Pocitos, zona de la capital donde fijó residencia permanente. Amante de las motos, es también disc jockey e incursionó a lo largo del tiempo en otros rubros.
Ahora, alquilaba un apartamento en la Parada 16 de Punta del Este, desde donde hace unos días viajó hacia La Barra, pertrechado con una importante cantidad de herramientas de calidad, y elementos capaces de hacer saltar la más sofisticada de las cajas fuertes.
Pero el hombre, que se desplazaba en una moderna camioneta Toyota Hilux, negra y con vidrios polarizados (propiedad de su madre), había tenido otras incursiones en la década pasada. La Policía recuerda cuando lo detuvieron a la salida de una casa, luego de dar varias vueltas tripulando otro moderno vehículo, aquella vez un Mitsubishi.
En aquella ocasión, uno de esos policías, vio en las cercanías de la estación de servicio de La Barra, a un joven que daba varias vueltas a la manzana hasta que detuvo su moderno coche frente a una casa; golpeó palmas algunas veces y como nadie contestaba, ingresó. Allí fue que el policía "saltó" de donde estaba y en segundos estuvo junto al desconocido, que le dijo al uniformado que andaba buscando una casa para alquilar cuando en realidad sus intenciones serían otras. A pesar de que rato después apareció una persona denunciando que su casa había sido robada, ubicada justo detrás de donde el "empresario" había golpeado palmas, no se le pudo probar la autoría del hecho.
Ahora, fue atrapado como lo consignó ayer LA REPUBLICA, poco después de saltar del piso superior de una finca de La Barra. Bien parecido, con aspecto juvenil, físico muy cuidado y marcado por algunos tatuajes, esta vez no pudo zafar aunque le salió barato; fue procesado solamente sin prisión por tentativa de hurto.

La Gestapo de Punta del Este quedó sola

Las medidas preventivas de seguridad aplicadas en Punta del Este mediante la "expulsión" de personas con antecedentes, no tienen eco en Rocha ni Canelones, los otros dos departamentos de mayor movimiento turístico en el verano en Uruguay.
En el principal balneario de Maldonado, la Policía, en coordinación con la jueza penal Adriana Graziuso, comenzó a desplegar medidas que buscan preservar la tranquilidad en la península. Así, se intenta evitar la presencia de personas con antecedentes penales y que no tengan domicilio fijo.
La magistrada considera que está habilitada a disponer medidas de esas características en función de la Ley de Procedimiento Policial (que autoriza a los efectivos a requerir la documentación a cualquier persona que circule por la calle) y la Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, vigente desde 1941.
En base a esa normativa, Graziuso dispuso que un hombre con antecedentes debía retirarse de Punta del Este, a la vez que ordenó la internación en el INAU de un joven de 17 años. Ambos pedían con insistencia dinero a los turistas.
Sin embargo, el criterio aplicado por la magistrada -que es celebrado por los comerciantes de Punta del Este pero discutido a nivel jurídico por su dudosa legalidad- no se ha aplicado ni en Rocha ni en Canelones.
ROCHA. "Nosotros no hemos tenido necesidad de aplicar el procedimiento que se usa en Maldonado, porque por ahora nos está yendo muy bien en los operativos de prevención de delitos", indicó a El País el subjefe de Policía de Rocha, Celson Sosa. Señaló que la Jefatura conoce lo que ocurre en Maldonado solo por la información de prensa.
Mientras, el comisario de La Paloma, Raúl Silvera, dijo a El País que en su jurisdicción se evalúa "caso a caso" pero no existe "un criterio único como en Maldonado respecto a que si una persona tiene antecedentes debe ser expulsada por más que no haya hecho nada".
En tanto, el juez Vital Rodríguez, a cargo del juzgado letrado departamental de Rocha durante la Feria Judicial de este mes, informó que por el momento la Policía no le ha presentado ningún caso de esas características.
Por otro lado, en Rocha existe preocupación ante la posibilidad de que las personas que sean expulsadas de Punta del Este se trasladen a balnearios de la costa rochense, afectando así la seguridad en el departamento.
Si se constata que la medida adoptada en Maldonado perjudica a Rocha, "veremos qué hacemos", aseguró Sosa. En ese caso se buscará acuerdos con la Justicia para aplicar un mecanismo similar, dijo el subjefe de Policía.
CANELONES. La Costa de Oro también es una zona de intenso movimiento turístico durante el verano. El jefe de Policía de Canelones, Tabaré Gordiola, dijo que no se está aplicando el criterio que se usa en Maldonado, aunque declinó hacer más comentarios debido a que se trata de una medida que depende de la Justicia.
En tanto, el director de Seguridad de la Jefatura de Canelones, Ademar Cardozo, dijo que no hay una coordinación previa con los jueces, sino que se resolverá cuando se presente el primer caso que amerite un procedimiento de ese tipo.
Cardozo dijo a El País que la probabilidad de que se apliquen medidas de estas características "no es tan alta" como en Punta del Esta, porque esa es una zona de alto poder adquisitivo y, por ende, representa un atractivo mayor para quienes pretendan delinquir.
En tal sentido, el juez penal de la Ciudad de la Costa, Allen Denby, dijo a El País que esa zona de Canelones no es problemática durante la temporada de verano, ya que habitualmente los delincuentes optan por trasladarse a Maldonado o Rocha, porque son las zonas donde circula más dinero.
En diciembre, la Policía de Maldonado identificó un total de 28 personas que deambulaban sin domicilio fijo por Punta del Este. Esa cifra arroja un promedio de prácticamente una intervención policial diaria durante el último mes del año 2009, según datos que brindó días atrás el jefe de Policía de ese departamento, Eduardo Martínez, al ser consultado por El País.
De esas 28 personas, casi la mitad tenía antecedentes penales por delitos en otros departamentos. Además, sobre tres de ellos pesaban requerimientos judiciales y policiales por su vinculación en causas que todavía están en trámite.
Incluso, otros cuatro individuos se presentaron de forma voluntaria ante la Policía y solicitaron auxilio para regresar a sus lugares de origen, ya que no encontraron medios para subsistir en el principal balneario del Uruguay, explicó Martínez.
"Una cosa curiosa. Se trata de gente que estaba deambulando desde tiempo atrás por la zona. Por eso se presentaron en la comisaría para ver si de alguna forma no podíamos ayudarlos a volver a sus lugares de residencia. Es gente sin trabajo, sin residencia, ni nada. Le conseguimos los pasajes y se fueron", señaló el jefe de Policía de Maldonado.
Según Martínez, el criterio aplicado por las autoridades policiales en coordinación con la jueza penal Adriana Graziuso, provocó una caída en el número de delitos en Maldonado, principalmente los hurtos.
Policía que conozca el barrio
El futuro ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se pronunció a favor del sistema implementado en Maldonado, pero remarcó que se deben reforzar otros aspectos. "Tiene que ir acompañado de la existencia de una policía comunitaria que conozca realmente a fondo el medio en el que está actuando, como el antiguo guardia civil que conocía el barrio, los vecinos, lo que estaba haciendo el que estaba esperando en una esquina, porque conocía su actividad y denunciaba a quienes estaban esperando con otros fines", dijo en declaraciones que reprodujo el lunes el diario El Telégrafo de Paysandú.

La niñera peruana que quiere escapar de la cadena perpetua en Texas

Ada Cuadros, la niñera peruana condenada en Texas a cadena perpetua por la muerte de un niño bajo su cuidado, encara este año con optimismo porque tendrá un nuevo juicio, lo que pocas veces ocurre en este estado. Ada Betty Cuadros Fernandez, de 31 años, se encuentra recluida en un penal estatal de máxima seguridad ubicado en Marlin (Texas), a 130 millas al sur de Dallas, mientras espera su traslado a la cárcel del condado Collin.
Cuadros fue sentenciada y condenada el 29 de septiembre de 2006 por un jurado del condado Collin (Texas) a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por la muerte causada por golpes en el cráneo de Kyle Lazarchik de 14 meses, ocurrida en octubre de 2005.
Pero la Quinta Sala de Apelaciones de Texas dejó el pasado mes de agosto sin efecto la condena y anuló por consiguiente el proceso judicial al citar irregularidades.
"El nuevo juicio será diferente, en primer lugar porque podré entender en inglés todo el proceso y esa es una gran diferencia para mí. También porque contaré con una defensa legal diferente a la del primer juicio", dijo Cuadros en entrevista con Efe.
Aunque Cuadros indicó que espera con ansias una segunda oportunidad que raramente otorga el estado de Texas, también confesó su temor a enfrentarse a lo que "podría convertirse en un infierno".
"No es fácil tener que recordar todo lo que tuve que ver y escuchar durante el primer juicio, pero soy una persona privada de su libertad acusada por algo que no he hecho", afirmó.
"No soy asesina y admito que hasta cierto punto sí he sido negligente, pero de ahí a que te digan que eres una asesina, es una gran diferencia", aseguró Cuadros.
Según Pamela Lakatos, una de sus abogados, la petición para la apelación se basó en cinco vicios judiciales ocurridos durante el juicio en 2006, pero la Quinta Sala de Apelaciones sólo aprobó dos, suficientes para anular la sentencia.
"Uno de ellos fue la desestimación del juez de que el experto en muebles de cocina diera su testimonio. El otro fue que la defensa interrogó a un experto que no era el que tomó las pruebas iniciales sobre las evidencias de ADN recolectadas", sostuvo Lakatos, quien estima que los costos legales de su defendida sobrepasan los 100.00 dólares.
Cuadros sostuvo que el nuevo juicio lo toma "con seriedad y con mucho optimismo ya que antes sólo pensaba en hacer mis labores en la prisión y no me importaba el futuro. Sin embargo, ahora tengo algo más a qué aferrarme".
Varias organizaciones no lucrativas recaudan fondos para cubrir la defensa legal de Cuadros, tanto en Estados Unidos como en Perú y España.
En Dallas, la "Fundación Ada Cuadros" ha organizado varios eventos con ese propósito, así como la organización Misión de Amparo y Protección Legal para los Peruanos en el Exterior.
En Madrid (España), la Federación de Asociaciones de Peruanos ha puesto en marcha la "Campaña de solidaridad por la justicia y libertad de Ada Cuadros".
El peruano Luis Miguel Rico, residente en España desde hace 15 años, es el encargado de la campaña y según comentó a Efe, la idea es organizar un "mega evento" en ese país para recolectar fondos.
"La familia de Cuadros necesita de nosotros, de los que creemos en que ella tuvo un proceso desigual por ser una inmigrante desprotegida en un país que no es el suyo", señaló Rico.
La difusión que este peruano le está dando a la causa ha logrado que varios medios de comunicación se interesen en dar a conocer el caso de Cuadros.
Se espera que el nuevo juicio a Ada Cuadros comience dentro de tres a seis meses.

Colombia: A prisión un paramilitar que asesinó a un indígena

La Fiscalía de Colombia ordenó hoy el ingreso en prisión de un ex jefe paramilitar acusado de asesinar a un indígena de la comunidad Motilón y desmembrar su cuerpo cerca de la frontera con Venezuela hace casi 10 años. El organismo judicial señaló en un comunicado que el ex paramilitar Edilfredo Esquivel Ruiz, conocido con el alias de "El Osito", "fue cobijado con medida de aseguramiento intramural" (prisión) por un fiscal de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
"Según lo establecido, el 28 de abril de 2000 el indígena Obed Dora Cebra salió del corregimiento (caserío) La Gabarra hacia el municipio de Tibú (Norte de Santander) y su cuerpo desmembrado fue hallado dos días más tarde", según el reporte de la Fiscalía.
El fiscal del caso sindicó a Esquivel Ruiz por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.
"El Osito" hizo parte del Bloque Catatumbo de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual tenía presencia en Tibú, La Gabarra y Puerto Santander, localidades fronterizas con Venezuela.
Las AUC desmovilizaron más de 31.000 combatientes en un proceso de negociación con el Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, entre 2003 y 2006.

Hoy, 22 años después, EE.UU. abre las puertas a portadores de VIH

Estados Unidos levantó una prohibición de 22 años que impedía el ingreso al país de personas portadoras del virus del sida. La medida entra en vigor este lunes 4 de enero. El presidente, Barack Obama, dijo que la medida no era compatible con la ambición del país de convertirse en el líder mundial en la lucha contra la enfermedad.
La prohibición fue impuesta a fines de los '80 en medio del temor mundial a una epidemia de sida, una decisión que colocaba a la enfermedad a la par de la lepra y la tuberculosis.
"Estados Unidos era uno de los 12 países, junto con Arabia Saudita y Libia, que excluía a las personas con esa condición", acota el corresponsal de la BBC en Washington Kevin Connolly.
El corresponsal destaca que el avance de los tratamientos y la mayor comprensión pública del sida se combinaron para crear una atmósfera que posibilite el levantamiento de la prohibición.
Los primeros pasos para revertir esta medida fueron tomados por el presidente George W. Bush en 2008.
Paso hacia la cumbre
Esto es visto por el presidente Obama como un paso necesario con miras a la cumbre internacional contra el sida a realizarse por primera vez en Estados Unidos en 2012, "lo que antes era imposible, ya que la prohibición habría impedido la asistencia de personas con esta condición", señala el corresponsal.
Rachel Tiven, lider del grupo Immigration Equality, le dijo a la BBC que el paso tomado debería haberse dado hace mucho tiempo atrás.
"La Conferencia Mundial sobre el Sida de 2012, a realizarse en Estados Unidos, estaba en peligro como consecuencia de estas restricciones. Ahora, es probable que siga adelante como estaba planificado", indicó.
En octubre, Obama había señalado que la prohibición estaba fundamentada en "el miedo más que en los hechos".
"Somos líderes mundiales cuando se trata de ayudar a combatir la epidemia del sida, pero somos uno de sólo una docena de países que todavía prohíben la entrada de personas con el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) a nuestro propio país", dijo en aquella oportunidad.

Fujimori, preso hasta 2032

La sentencia impuesta al ex presidente peruano Alberto Fujimori por las matanzas de la Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, ocurridas en 1991 y 1992, además de dos casos de secuestro, finalmente puede considerarse firme. La primera sala penal transitoria de la Corte Suprema ha ratificado la condena a 25 años de prisión que había dictaminado la sala penal especial en año pasado. Fujimori, de 71 años y aquejado por varias enfermedades, deberá permanecer encarcelado hasta el 20 de febrero de 2032, aunque si aplica a beneficios penitenciarios podría salir siete años antes, en 2025. Aunque el ex mandatario tiene otras sentencias pendientes de ratificación, por casos de corrupción, estas son menores y la legislación peruana solamente exige que se cumpla la condena más larga. La sala penal transitoria, compuesta por cinco jueces supremos, ha ratificado por unanimidad la sentencia que le había impuesto el tribunal presidido por el también juez supremo César San Martín Castro el 7 de abril de 2009 en los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, mientras que en el delito de secuestro agravado hubo un voto discrepante. Esta decisión era importante, porque una ley peruana vigente prohibe el indulto y las gracias presidenciales para los condenados por secuestro. Con esto, en teoría quedan agotadas las instancias en las que la defensa de Fujimori podría seguir recurriendo la sentencia, pero su abogado, César Nakazaki, discrepa y asegura que continuará la batalla legal. "Todavía hay pan por rebanar, hay un hábeas corpus pendiente de resolución en primera instancia que podría causar la nulidad de la vista de la causa", ha anunciado hoy por la mañana, en declaraciones a la radio RPP.
Nakazaki ha insistido también en reclamar que la sentencia contra Fujimori tiene como finalidad destruir a su movimiento, que tiene a su hija Keiko como una de los candidatos con más fuerza de cara a los comicios presidenciales, que serán en 2011. "Desde hace mucho tiempo denunciamos que el poder judicial tiene una posición ideológica muy marcada en cuanto a denunciar la destrucción del fujimorismo a través de las condenas del presidente Fujimori, sobre todo en los temas de lucha contra la corrupción", dijo, y agregó que "este no es un caso estrictamente jurídico, es mediático y político, pero vamos a seguir luchando a través de todos los recursos legales hasta lograr la absolución".
Fujimori permanece preso en un ambiente acondicionado para él dentro del cuartel de la dirección de operaciones especiales de la policía, al lado de la sala donde fue juzgado. Los familiares de las víctimas de las dos matanzas, en las que fallecieron 25 personas, han celebrado la decisión de los jueces en una rueda de prensa.

En Bahamas un niño mata a cuchilladas a su primo por una computadora

Un niño de 13 años mató a cuchilladas a un primo adulto en medio de una discusión sobre el uso de una computadora, informó el domingo la Policía de las Bahamas.
El niño fue acusado de homicidio en primer grado en la capital de Nassau, por el asesinato de Cordero Newbold, de 26 años.
Un parte policial informó que el hombre murió a causas de las heridas de arma blanca. Un cuchillo ensangrentado fue hallado en la casa del barrio de Chester Close.
El sospechoso se presentó ante el juez y fue encerrado en centro juvenil. Deberá comparecer en un tribunal el 19 de enero.
El abogado del niño, Gregory Hilton, no contestó de inmediato una llamada telefónica hecha el domingo en busca de declaraciones. Las autoridades no revelaron su nombre debido a que es menor de edad.

Montevideo: angustioso rescate de 7 personas atrapadas en la azotea de un edificio

Un corto circuito provocó un incendio en un apartamento de un edificio del barrio Bolívar. Allí las llamas consumieron varios colchones y otros efectos, lo que generó un humo sumamente tóxico que fue inhalado por cuatro personas, dos de la cuales debieron ser internadas. El hecho sucedió en uno de los apartamentos del 3er. piso de un edificio ubicado en José Bonaparte 3284 casi José Pedro Varela, barrio Simón Bolívar, cuando eran apenas las 16.50 horas de la pasada jornada.
En el lugar se encontraban dos mujeres y dos jóvenes, que eran madre, dos hijos y la novia de uno de ellos, cuando uno de ellos empezó a sentir olor a humo, el cual provenía de una habitación que se usa como depósito. Al abrir la puerta vieron como las llamas consumían lo que había dentro: colchones, muebles y otros elementos, los que generaban una gran humareda.
El gas tóxico producido fue inhalado por las cuatro personas que ante tal situación optaron, en vez de bajar hacia la calle, refugiarse ­junto a otros 3 vecinos­ en la azotea del edificio, desde donde dieron aviso de lo sucedido a Bomberos y a la Policía.
A los pocos minutos arribó al lugar el móvil 870 de Radio Patrulla, dotación integrada por el agente Hernández, y las oficiales Acuña y Flores.
Estos, y a pesar de lo complicada que era la misión, no dudaron y subieron hasta los techos, donde se encontraron con las 7 personas que presas de los nervios no se animaban a bajar, aunque estos terminaron por convencerlos y llevarlos a un lugar seguro, la calle. Luego llegó una dotación de Bomberos, los que junto con un camión cisterna, sofocaron las llamas. Una primaria revisión del lugar indicaría que un corto circuito sería lo que desencadenó el incendio. Con relación a los intoxicados, la madre y uno de sus hijos fueron atendidos por personal médico y dados de alta en el lugar, mientras que el otro joven, Johan Paul Pomar, de 21 años, y Alexandra Maidana, de 16, fueron derivados al hospital Maciel y al sanatorio Casmu 2, respectivamente, con un diagnóstico de "intoxicación, sin riesgo de vida".

Uruguay: padre mata al hijo y niña mata al padre

En Montevideo, un hombre de iniciales AFA, de 48 años, ultimó de un disparo en el pecho a su hijo, Angel Joe Arriola, de 28, luego de una discusión provocada a partir de que el joven agrediera a su abuela. Esto sucedió en Samuel Laffone y camino de las Tropas, en la zona del Cerro.
La víctima fatal era un adicto a la destructiva pasta base hacía algo más de 3 años.
Esto lo había llevado a consumar en reiteradas oportunidades pequeños delitos y a tornarse una persona "muy agresiva, y eso que antes era un buen muchacho", aseguraron vecinos de la zona.
La violencia y los robos no eran sólo a desconocidos, sino que también los había cometido en contra de sus familiares.
La situación "insostenible", lo que afirmaron varios de sus parientes, finalizó en la mañana de ayer, sobre las 8.00 horas, cuando el joven adicto la emprendió a golpes contra una de sus abuelas. Esto provocó una fuerte discusión con su padre, lo que siguió con una pelea cuerpo a cuerpo en la cual el hombre para defenderse de los embates de su hijo optó por dispararle con un arma de fuego que tenía en su propiedad.
El homicida fue detenido sin oponer resistencia por efectivos de la Seccional 24ª, que luego de las indagatorias lo condujeron ante la jueza penal de 7º Turno. Tras declarar durante varias horas continúo aprehendido y hoy será nuevamente llevado por los uniformados para continuar siendo interrogado por la fiscal y la magistrada actuantes.
En tanto en Salto, una menor de 13 años de edad ultimó a balazos a su progenitor, cansada de los malos tratos y violencia física de la cual era objeto.
La adolescente está ahora a disposición judicial y se practican las pericias e interrogatorios para esclarecer el luctuoso insuceso ocurrido en la medianoche del miércoles en la localidad de Nueva Hespérides.
Eran las 23.50 del miércoles cuando los funcionarios policiales de la Seccional Tercera recibieron el aviso de que una persona se encontraba herida con arma de fuego en las inmediaciones del aeropuerto local de Nueva Hespérides.
Presurosos concurrieron al lugar los uniformados para encontrarse en una vivienda del citado paraje con el trágico cuadro. El hombre de iniciales LAM, de 54 años, acostumbraba a someter a su hija a violencia física desde que la menor cuenta con uso de razón.
Los malos tratos se incrementaban a medida que la niña iba creciendo y ello la llevó a tomar la trágica decisión de empuñar una escopeta y propinarle a su padre varios balazos que terminaron con su vida. La niña era una experta tiradora pues su padre le había enseñado de muy chica a practicar con armas de fuego, concretamente con un Magnun 357. Esa noche lo esperó detrás de un tanque armada con un rifle y lo mató de tres disparos en el pecho.

Autor de tiroteo en Finlandia eligió a sus víctimas

El sujeto que mató a cinco personas durante una ofensiva a tiros en la ciudad finlandesa de Espoo aparentemente escogió a sus víctimas de forma premeditada, anunció la policía el viernes.
Una investigación preliminar indicó que el método que usó Ibrahim Shkupolli para matar a sus víctimas no fue aleatorio y demostraba que el pistolero había planeado con antelación los asesinatos, dijo a los periodistas Esa Gronlund, de la Oficina Nacional de Investigación. La mayoría de víctimas murieron en un centro comercial de Espoo.
Shkupolli, de 43 años, un inmigrante albanés de Kosovo, se suicidó tras el ataque.
El investigador Henrik Niklander dijo que la policía está examinando la relación entre Shkupolli y las víctimas que mató en Espoo, una ciudad a pocas millas de la capital, Helsinki.
"El hecho de que todas las víctimas fueran empleados de la misma tienda, Prisma, parece indicar que no estamos lidiando con una coincidencia", dijo Niklander a The Associated Press.
la policía actuó con cautela previamente y fue reacia a especular si el asesino había disparado al azar en el centro comercial Sello, de Espoo, la segunda ciudad más grande de Finlandia, o si había escogido a sus víctimas.
Cuatro de los asesinados _ tres hombres y una mujer _ trabajaban en la tienda de comestibles Prisma cuando fueron abatidos a tiros. La quinta víctima es la ex novia de Shkupolli. La mujer había trabajado para la tienda aunque fue encontrada muerta en un apartamento cercano. La víctima había obtenido una orden de alejamiento contra Shkupolli, quien la acosó durante años.
Tras matar a sus víctimas, Shkupolli regresó a su casa y se suicidó. La policía encontró su cuerpo tras iniciar una búsqueda por toda la ciudad.
Shkupolli llegó a Finlandia en 1992, reportó el ministerio del Interior. El albanés solicitó la ciudadanía finlandesa pero fue rechazado debido a su pasado delictivo, el cual incluía asalto, infracciones de tráfico y un arresto en 2003 por llevar un arma sin licencia.
El asesino llevaba un arma sin licencia el jueves, lo que generó un intenso debate en el país tras dos tiroteos mortales en escuelas en los últimos dos años.

Jefe policial a prisión por caso de Sarah Jessica Parker

Un ex jefe policial de Ohio fue sentenciado a prisión por ingresar ilegalmente en la casa de la madre de alquiler que dio a luz a los mellizos de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick.
Barry Carpenter fue sentenciado el miércoles a dos años y ocho meses de prisión, tras ser hallado culpable de aceptar propiedad robada, robo mientras ocupaba un cargo público y falsificación de evidencia.
Carpenter fue absuelto del cargo de robo en morada, entre otros. Su abogado dijo que va a apelar.
El funcionario renunció hace dos semanas como jefe de policía de Martins Ferry, donde vivía la madre de alquiler empleada por la pareja de celebridades.
Carpenter y el jefe policial de la vecina Bridgeport, Chad Dojack, fueron acusados de asociación ilícita para robar objetos de la casa de la mujer a fin de tratar de venderlos a los paparazzi.
El juicio de Dojack comenzará el mes próximo.

La Justicia argentina condena a ocho años de cárcel a un ex arzobispo por abuso sexual

Un ex arzobispo de Argentina fue condenado a ocho años de prisión por abuso sexual, delito agravado por su condición de sacerdote, informaron hoy fuentes judiciales. El abogado del ex arzobispo Edgardo Storni, Eduardo Jauchen, ya anunció que apelará la sentencia dictada por la jueza María Mascheroni, de la provincia de Santa Fe (noroeste), dijeron las fuentes.
Con esta condena la magistrada resolvió la única causa abierta que pesaba sobre quien fuera arzobispo de Santa Fe, capital de la provincia homónima, quien fue denunciado ante la justicia en 2002 por un seminarista que le acusó de haber abusado de él en 1992.
La denuncia contra Storni se conoció el año 2000, debido a la publicación del libro "Nuestra Santa Madre", de la periodista argentina Olga Wornat.
En septiembre de 2002, el entonces arzobispo de Santa Fe renunció a su cargo por orden del Vaticano y envió una carta al entonces papa, Juan Pablo II, en la que no reconocía "culpas" ni "acusaciones", según contó hoy Wornat a Radio Continental de Buenos Aires.
Tres meses después, Storni negó los cargos ante la Justicia y fue reemplazado por monseñor José María Arancedo.
Desde entonces se recluyó en una finca de la provincia de Córdoba (centro) y en 2003 fue procesado por el delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista.
En aquel dictamen, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra Storni al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.
"No puede ser que por sospechas, rumores o versiones unilaterales se condene a una persona. Nuestro sistema democrático y republicano trata de evitar este tipo de arbitrariedades", sostuvo hoy su abogado en declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam.
Jauchen dijo que Storni está por cumplir 74 años, por lo que aseguró que pedirá el beneficio de la prisión domiciliaria, que las leyes argentinas otorgan a los mayores de 70.

La justicia uruguaya le sacó la ropa a Giordano para su desfile en Punta del Este

La Justicia incautó ayer un cargamento de ropa, cuyo destino es el desfile que el reconocido estilista argentino Roberto Giordano tiene programado realizar en la ciudad de Punta del Este (Maldonado) el próximo domingo 3 de enero, ante la presunción de encontrarse en infracción aduanera.
El hecho comenzó el pasado lunes cuando una camioneta "Traffic" proveniente de Buenos Aires (Argentina), a través del puerto de Colonia, fue detenida en la Ruta 1, en el marco del programa de seguridad Colonia Verano.
Tras constatar que la camioneta se encontraba cargada de cajas, los oficiales preguntaron de qué se trataba. "Es la ropa para el desfile de Giordano", contestó el conductor, que viajaba con un empleado de la empresa del estilista. Sin embargo, los responsables no acreditaron ninguna documentación habilitando el ingreso de la mercadería, por lo cual la Policía procedió a la detención de las dos personas y la incautación de la mercadería.
La mercadería fue contabilizada y se determinó que el cargamento constaba de 40 bultos con aproximadamente 2.500 prendas de vestir, todas en presunta infracción aduanera. Muchas de las prendas lucían en sus paquetes el nombre de reconocidas modelos de la pasarela argentina.
Los efectivos comunicaron el hallazgo ante la jueza de Feria de Colonia, Sandra Mouzo, quien inició el trámite judicial y dispuso la incautación de la mercadería. En este sentido, la jueza Mouzo comunicó la incautación a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y procedió al interrogatorio de la receptora y el funcionario que realizaron el trámite de ingreso de la mercadería al país. Por su parte, la DNA inició una investigación administrativa para determinar porque "la irregularidad no fue detectada" por los funcionarios, indicaron otras fuentes consultadas.
"La investigación recién comenzó y se encuentra en etapa de reserva, lo único que se puede confirmar es que se trata de mercadería que ingresó al país sin documentación, aunque esto no significa la comisión de ningún ilícito, en atención de la normativa vigente", dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.
En este sentido, el decreto 674/80 del Ministerio de Turismo (aprobado en 1980) permite el ingreso de mercadería al Uruguay para utilizar en eventos de interés nacional, como el caso del desfile de Giordano, previo a lo cual debe solicitarse la autorización de la DNA, indicaron las fuentes.
El decreto permite el ingreso de la mercadería por 90 días, pero en el caso de las prendas incautadas la autorización del Ministerio de Turismo se extiende hasta el 5 de enero. Sin embargo, la empresa del estilista no habría procedido a declarar las prendas ante la DNA, trámite que se inició en la tarde ayer en procura de solucionar la "irregularidad", según pudo saber este medio. Los mismos consisten en elaborar un "detallado inventario de la totalidad de la mercadería" para obtener la autorización. La presentación de la documentación ante la Justicia implicaría la inmediata devolución de la mercadería o de lo contrario permanecerá incautada, dijeron las fuentes.
Otras fuentes consultadas por LA REPUBLICA, en tanto, destacaron el Operativo Colonia Verano, por el cual la Policía departamental realiza procedimientos sorpresa en las rutas del departamento los que permiten detectar este tipo de situaciones. "Es bueno que se incaute si no tiene documentación, sea de quién sea, porque después aparece la ropa en alguna tienda distorsionando el comercio local", señalaron.

Escándalo en el aeropuerto de Barajas: varios empleados detenidos por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional de tráfico de drogas, liderada por un empresario español, y ha detenido a 13 personas, entre las que se encuentran varios empleados del aeropuerto de Barajas, que se encargaban de recibir la cocaína que llegaba de la República Dominicana. El instituto armado ha explicado hoy que la organización financiaba la compra de la droga con la receptación y venta de mercancía que robaban a camioneros haciéndose pasar por policías, y que estaba liderada por el empresario español J.M.D.A, con negocios de restauración en Madrid y varias gasolineras en la comunidad de Castilla y León.
La droga era introducida a través del aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de República Dominicana en vuelos turísticos desde Punta Cana mediante "correos" humanos.
Este método fue utilizado en tres o cuatro ocasiones por semana y se estima que pudieron introducir más de 20 kilogramos de cocaína al mes por este sistema.
También se servían de la colaboración de varios trabajadores de una empresa de mantenimiento del aeropuerto que se encargaban de trasladar la droga hasta el exterior, desde el mismo lugar de desembarque de los pasajeros, por zonas habilitadas tan solo para empleados.
Una vez que aterrizaba el avión, los correos escondían la droga en los lugares previamente acordados, como papeleras, falsos techos, etc, situados antes de los controles policiales.
Posteriormente la recogían los trabajadores, que la ocultaban entre sus herramientas de trabajo o pertenencias personales para sacarla del recinto aeroportuario.
Para financiar la compra de la cocaína, la organización se dedicaba a la receptación, ocultación y posterior distribución de mercancía robada, principalmente a camioneros que transportaban productos informáticos y pequeños electrodomésticos, de fácil comercialización, a los que obligaban a detenerse haciéndose pasar por policías.
Una vez que los asaltantes tomaban el control de los camiones, los conductores eran abandonados en zonas deshabitadas y el camión trasladado hasta una nave de la organización para descargar la mercancía.
Posteriormente abandonaban el camión en algún punto alejado del lugar donde guardaban la mercancía.
Fruto de las investigaciones han sido detenidas 13 personas de diversas nacionalidades: un español, tres colombianos, seis dominicanos, un italiano, un argelino y un portugués.
Se han efectuado cinco registros en domicilios de Madrid y en una nave de un polígono industrial de Móstoles (Madrid), donde se ha recuperado gran cantidad de efectos robados, con un valor superior a los 100.000 euros.
Igualmente, los agentes se han incautado de más de 30.000 gramos de cocaína de gran pureza.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Evo Morales entrega mil casas a tribus "guerreras"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó hoy mil viviendas nuevas a las tribus "guerreras" de indígenas que habitan en los departamentos bolivianos andinos de Oruro (oeste) y Potosí (suroeste). El viceministro de Vivienda, José Roberto Ballesteros, explicó durante el acto de entrega de las viviendas que el número de beneficiarios alcanza a 5.400 habitantes de ocho "ayllus" (comunidades indígenas), guerreros situados en el municipio de Challapata, en Oruro, y en el de Uncía, en Potosí.
La inversión para la construcción de las viviendas y la instalación de servicios básicos y energía eléctrica asciende a 3,6 millones de dólares, financiados con recursos estatales y también con el aporte de los beneficiarios.
Las comunidades de los qaqachacas, jucumanis y laimes estuvieron enfrentadas durante décadas por disputas territoriales y por la situación de extrema pobreza de esa zona del altiplano del país.
Entre 2000 y 2001, los choques armados entre estos pueblos causaron 57 muertos, entre 1970 y 1990 las víctimas rebasaron el medio millar y se calcula que desde 1830 el número de bajas es de cerca de 10.000, según datos del Gobierno de Morales.
El proceso de desarme desarrollado a principios de esta década logró pacificar la zona, por lo que actualmente las comunidades "guerreras" son ahora conocidas como "Ayllus en Paz".
Morales afirmó hoy que no está de acuerdo con llamar "Ayllus en Paz" a esas tribus, puesto que considera que con ese denominativo, les han "amarrado las manos y los pies para no luchar" contra el "capitalismo
Sin embargo, aclaró que los "ayllus guerreros" no deben volver a luchar entre ellos, sino que deben pelear "por la vida, por la humanidad, haciendo respetar los derechos de la Madre Tierra".

Detienen en Paraguay a uno de los "narcos" brasileños más buscados

El brasileño Jarvis Chimenes "Pavao", uno de los narcotraficantes más buscados en la frontera paraguayo-brasileña, fue detenido esta madrugada en el noreste de Paraguay, informó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Chimenes "Pavao" fue apresado junto a otras cuatro personas, entre ellas el paraguayo Carlos Antonio Caballero, alias "Capilo", en la hacienda, "El Hotel", propiedad de éste último, situada en la zona de Yby-Yaú, en el departamento de Concepción, a 450 kilómetros al norte de Asunción.
El brasileño, presuntamente vinculado al cartel que dirige desde la cárcel su compatriota Luiz Fernando da Costa, alias "Fernandinho Beira-Mar" "fue sorprendido prácticamente en la cama, ya que se aprovechó el momento de la fuerte tormenta de esta madrugada", dijeron a Efe fuentes de la Senad.
Los detenidos, que serán trasladados por vía aérea a la base de la Senad, en Asunción, para ser puestos disposición de la Fiscalía, se encontraban a 35 kilómetros de la hacienda "4 Filhos", propiedad de "Pavao" y que es permanentemente vigilada por las autoridades antidrogas.
La operación concluyó sin disparar un solo tiro y las fuerzas antidroga se incautaron además de tres fusiles, pistolas, 10.000 dólares, 5.000 reales y 34 millones de guaraníes (unos 7.300 dólares), precisaron las mismas fuentes.
La hacienda "4 Filhos" ya había sido registrada en agosto de 2007 ante la presunción de que "Pavao" se encontraba oculto en el lugar, pero las autoridades, que se incautaron entonces de más de 100 kilos de cocaína, dijeron que el brasileño probablemente fue alertado.
"Pavao" figura entre los traficantes más buscados en el país junto a otros brasileños prófugos como Luiz Carlos Da Rocha, alias "Cabeza Branca", otro de los jefes de los grupos que operan en la frontera con Brasil, principalmente entre Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay, y Ponta Porá, en el sureño estado de Mato Grosso do Sul.
Según la prensa brasileña, Chimenes Pavao forma parte del cartel que "Beira-Mar" que aparentemente sigue controlando desde la cárcel de máxima seguridad de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul (Brasil), en donde cumple una condena por narcotráfico, homicidio y tráfico de armas, entre otros delitos.