JUSTICIA

Chile: eludió condena por 22 años usando identidad falsa

El hombre había cometido un delito en Puerto Montt en 1987 y desde entonces vivió bajo otro nombre e incluso redujo su edad. El Tribunal de Garantía de Temuco dispuso que un hombre que durante 22 años ocupó una identidad falsa para evitar una condena en su contra, deberá cumplir con 61 días de presidio efectivo.
Luis Sepúlveda Merino, de 45 años, había sido condenado en Puerto Montt hace más de dos décadas, pero luego comenzó a vivir no sólo bajo el falso nombre de Ricardo Vargas Zúñiga, sino que además rebajándose su edad a 39 años.
El hombre fue capturado por la Policía de Investigaciones por un hurto simple en la capital de La Araucanía. Luego de ser atrapado, la policía detectó que el hombre poseía antecedentes por posesión ilegal de armas de fuego, estafas y otros ilícitos.
Además se rastreó que en 1987 quebró una condena en Puerto Montt y mantenía vigente una orden de detención. (El Mercurio)

Argentina: destituyen a una jueza sin decoro

El Jurado de Enjuiciamiento de magistrados porteño destituyó este mediodía a la jueza Rosa Parrilli por "mal desempeño", en el final del juicio político que se le abrió tras el escándalo por los insultos y palabras discriminatorias a dos empleadas de tránsito.
La primera destitución de un magistrado en la historia de la Justicia porteña, que nació a fines de los años 90, se consumó por ocho votos contra uno. Parrilli fue defendida por sus abogados con el argumento de que estaba "irritable" debido a una medicación que tomaba contra un estado depresivo, pero no consiguió evitar la destitución.
El argumento central para dictar la medida, según voceros judiciales, fue la "ostentación que hizo de su cargo" el 15 de septiembre pasado, cuando insultó a dos empleadas de tránsito en la playa de estacionamiento de infractores del Obelisco, a donde fue a retirar su auto que había sido removido por mal estacionamiento.
El fiscal Gabriel Vega había pedido ayer la destitución de Parrilli por considerar que cometió mal desempeño de sus funciones al actuar con abuso de poder y tener una conducta que "afectó gravemente el decoro".
El día que fue a retirar su auto, Parrilli -hasta ahora titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad- , les gritó a las empleadas María Iratí Albe y Rocío Gómez son "todas morochas, ni una rubia contratan". También lanzó que "ganan 1.200 pesos para joder a la gente", las calificó de "tontitas" y las amenazó con encarcelarlas, lo que quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar.
"No tengo nada para festejar porque nunca es bueno que un magistrado sea destituido", dijo el fiscal Vega. "De esto celebro que el Poder Judicial de la ciudad con su juventud haya logrado mostrar maduramente que puede desarrollar un proceso con toda transparencia y cumplir con lo que establece la Constitución. Destaco que frente a un problema de este tipo funcionaron las instituciones", sostuvo.
La defensa de Parrilli había alegado que el hecho se produjo porque estaba tomando medicamentos contra la depresión y que no atravesaba un buen momento, por lo que pidió licencia en su cargo.
Parrilli podrá apelar al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad la sentencia, sólo si considera que hubo arbitrariedad manifiesta en el juicio, pero no por su destitución.
De tal suerte, la jueza ya no pertenece al Poder Judicial de la Ciudad, pero no tendrá inconvenientes para ejercer la abogacía como profesión en el futuro.
A la jueza también se le inició una denuncia penal por discriminación y amenazas en la que el juez penal de la ciudad Norberto Circo le concedió una probation, por la que durante un año no podrá conducir y deberá hacer tareas comunitarias en Cáritas, además de indemnizar con 5 mil pesos a las dos empleadas agredidas, Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe.

Cuatro detenidos por la terrible venganza en México

Las autoridades mexicanas arrestaron a cuatro hombres en relación con el asesinato de los familiares de un infante de marina fallecido durante la operación en la que cayó uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
Según fuentes del estado de Tabasco, ninguno de los detenidos es autor material de la masacre en la que perdieron la vida la madre del marino Melquisedet Angulo Córdova y otros tres familiares.
La Procuraduría General de Justicia de Tabasco dijo que los arrestados tienen vínculos con grupo de Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo.
Según el Procurador General de Tabasco, Rafael González, ya están identificando a los autores materiales y se espera muy pronto lograr su captura.
González aseveró que la masacre fue orquestada por Los Zetas y dijo que policías también podrían estar involucrados, aunque no dio detalles.
La madre, dos hermanos y una tía de Angulo Córdova fueron asesinados el pasado lunes, casi una semana después de la muerte de Beltrán Leyva, alias el Jefe de jefes.
El pasado 16 de diciembre el infante de marina participó en una operación en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, en la que Beltrán Leyva resultó abatido.
Angulo Córdova fue enterrado en Tabasco en una ceremonia en la que recibió los honores de sus compañeros de armas.
La matanza de los familiares del marino conmocionó a México, y como dice el periodista de la BBC Nicolás Rocha, la dimensión de la tragedia hizo que las autoridades actuaran con rapidez en la investigación del crimen. Ahora muchos mexicanos -añade- esperan que continúen también con rapidez las detenciones.

Termina batalla legal de 5 años: Familia brasileña devuelve niño de 9 años a su padre de EEUU

Una familia brasileña devolvió el jueves a un niño de 9 años a su padre estadounidense en Brasil, con lo cual concluyó una batalla legal de cinco años por su custodia. El niño, Sean, fue llevado al Consulado de Estados Unidos en Río de Janeiro por su abuela materna y su padrastro, atravesando la puerta de entrada mientras decenas de periodistas y camarógrafos buscaban acercarse. Su padre estadounidense, David Goldman, lo esperaba en el interior.
Esto ocurrió dos días después de que la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó que se devolviera el menor a Goldman.
Sean lloró mientras sus familiares brasileños y el abogado de la familia intentaron superar una multitud de fotógrafos y camarógrafos apostados frente al Consulado de Estados Unidos. Algunos guardias tuvieron que desplazar con violencia a los periodistas.
El niño llevaba su equipaje y vestía una playera dorada con la bandera brasileña y debajo con los aros olímpicos.
El menor no articuló una sola palabra y fue llevado desde una furgoneta todo terreno negra de un lado de la calle hacia el otro.
Su abuela materna, Silvana Bianchi, dijo entre lágrimas que "este era un momento muy difícil".
Goldman, un estadounidense del estado de Nueva Jersey, obtuvo una gran victoria legal la noche del martes cuando un juez reiteró una decisión de una corte menor que ordenaba la devolución de Sean a su padre.
Se espera que padre e hijo regresen al hogar de Goldman en Nueva Jersey en las próximas horas.
La familia brasileña había anunciado el miércoles que retiraría todas sus objeciones legales a las decisiones de jueces que otorgaban la custodia a Goldman. Sin embargo, el padre del menor dijo en varias ocasiones que no se sentiría tranquilo hasta que hubiera abordado un avión que lo llevara de vuelta a Estados Unidos y con su hijo Sean a su lado.
La familia brasileña llevó al niño al consulado unos 25 minutos antes de las 9 de la mañana (1100 GMT) que era la fecha límite fijada por la corte para la entrega del menor a su padre.
El caso comenzó en el 2004 cuando la entonces esposa de Goldman, Bruna Bianchi, se llevó a Sean a Brasil, su país de origen, en lo que iban a ser unas vacaciones de dos semanas.
Sin embargo, la mujer se divorció de Goldman y se volvió a casar con un prominente abogado brasileño, pero falleció al dar a luz el año pasado.

Uruguay: un oficial y tres policías procesados por muerte de un enfermo

La justicia dictó el auto de procesamiento contra un oficial de la seccional 15a. de la Unión y tres agentes por la muerte de un hombre enfermo al que llevaron arrestado a la comisaría en lugar de trasladarlo a un centro asistencial. El magistrado les tipificó el delito de abuso de autoridad y el expediente quedó abierto pues se estima que la carátula puede ser agravada, incluso por el cargo de homicidio. En una nota anterior de "Causa Abierta" se anunciaba los procesamientos. El texto decía: La justicia se apresta a procesar a varios policías de la seccional 15a. de la Unión por la muerte de un detenido enfermo que debió ser llevado a un hospital y no a una dependencia policial. Según el dictámen del médico forense la muerte de Nelson Daniel Turelles Ferreira, de 34 años, se debió a "asfixia por sangre en los pulmones". El perito no descartó que podría ser un homicidio por los golpes visibles "a simple vista"
La víctima tenía un serio inconveniente de salud además de problemas psíquicos. Fue tratado por varias dolencias y operado de los riñones, por lo que debía someterse a un severo tratamiento. Los médicos le prohibieron consumir varias cosas, entre ellas bebidas alcohólicas. Sin embargo, aquél hacia caso omiso a la recomendación médica y en la mañana del domingo varias personas lo vieron en estado de ebriedad.
Cerca del mediodía del domingo verios vecinos observaron que Turelles corría y gritaba que "lo querían matar". En estado delirante entró por la fuerza en una casa de la calle Diego Velásquez, y la dueña llamó a la Policía. Efectivos de la seccional 15a. llegaron al lugar y procedieron a la detención del hombre que, al desacatarse, tuvo que ser reducido. Los vecinos se dieron cuenta y así lo dijeron que "el hombre estaba descompensado", no obstante lo cual los policías en lugar de llevarlo a un centro asistencial resolvieron conducirlo a la comisaría de avenida 8 de Ocubre, donde volvió a desacatarse. Nuevamente reducido (según la versión de los policías imputados) optaron por trasladarlo al hospital Pasteur ya que comenzó a sentirse mal. A los pocos minutos de ingresar al hospital de la calle Larravide Turelles falleció por paro cardiorrespiratorio, según el certificado de la doctora que lo asistió. Empero, el forense determinó que, a simple vista, el cuerpo presentaba hematomas producto de golpes. Esta afirmación motivó que el juez encargado de la causa, Dr. Alejandro Guido, ordenara una minuciosa investigación de lo sucedido.
Hay nueve policías detenidos, entre ellos un oficial ayudante que en ese momento estaba encargado del turno en la comisaría y, por lo tanto, era responsable del servicio. Los funcionarios niegan haberlo agredido, pero el dictamen forense señala que la muerte se produjo por asfixia como consecuencia de sangre en los pulmones. Fuentes consultadas por "Causa Abierta" señalaron que existen suficientes pruebas como para incriminar a los policías por la muerte de Turelles.

Impactante vuelta de tuerca en el asesinato del cantante chileno Víctor Jara

Las balas que dieron muerte al cantante Víctor Jara hace 36 años no provinieron del fusil de un conscripto inculpado, el único procesado en el caso, según un informe balístico revelado hoy por el matutino El Mercurio. Jara, cuyo cuerpo fue exhumado hace unos meses para pericias, fue sepultado oficialmente a comienzos de mes. El cantante fue torturado y muerto por militares en el estadio Chile, donde fue confinado junto a miles de detenidos al día siguiente del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, según informes oficiales.
El ex recluta José Paredes Máquez, quien efectuaba en la época su servicio militar, fue acusado de haber disparado una ráfaga contra el cantante y director teatral comunista. Es el único procesado.
Un coronel a cargo del campo de detenidos murió hace un tiempo. Paredes, que tenía 19 años durante su conscripción, sostiene que fue obligado a dispararle a Jara pero que un oficial habría sido el autor de los disparos mortales.
El informe balístico de la Policía de Investigaciones (PDI) revelado en forma exclusiva por el matutino, señala que las lesiones del cantante no fueron causadas por el arma que usaba el recluta, sino corresponden a un arma semiautomática. Los disparos le fueron efectuados a quemarropa, por la espalda.
La AP llamó telefónicamente a las oficinas de la PDI para conocer el informe pero un funcionario que declinó identificarse dijo que no habría comentarios al respecto.
La pericia, según el diario, muestra que Víctor Jara recibió también impactos en otras partes del cuerpo.
El diario dice que el informe balístico fue entregado hace un mes al juez de la causa, Juan Manuel Fuentes. El ex recluta procesado se encuentra en libertad condicional.

Crimen en comisaría de Uruguay

La justicia se apresta a procesar a varios policías de la seccional 15a. de la Unión por la muerte de un detenido enfermo que debió ser llevado a un hospital y no a una dependencia policial. Según el dictámen del médico forense la muerte de Nelson Daniel Turelles Ferreira, de 34 años, se debió a "asfixia por sangre en los pulmones". El perito no descartó que podría ser un homicidio por los golpes visibles "a simple vista"
La víctima tenía un serio inconveniente de salud además de problemas psíquicos. Fue tratado por varias dolencias y operado de los riñones, por lo que debía someterse a un severo tratamiento. Los médicos le prohibieron consumir varias cosas, entre ellas bebidas alcohólicas. Sin embargo, aquél hacia caso omiso a la recomendación médica y en la mañana del domingo varias personas lo vieron en estado de ebriedad.
Cerca del mediodía del domingo verios vecinos observaron que Turelles corría y gritaba que "lo querían matar". En estado delirante entró por la fuerza en una casa de la calle Diego Velásquez, y la dueña llamó a la Policía. Efectivos de la seccional 15a. llegaron al lugar y procedieron a la detención del hombre que, al desacatarse, tuvo que ser reducido. Los vecinos se dieron cuenta y así lo dijeron que "el hombre estaba descompensado", no obstante lo cual los policías en lugar de llevarlo a un centro asistencial resolvieron conducirlo a la comisaría de avenida 8 de Ocubre, donde volvió a desacatarse. Nuevamente reducido (según la versión de los policías imputados) optaron por trasladarlo al hospital Pasteur ya que comenzó a sentirse mal. A los pocos minutos de ingresar al hospital de la calle Larravide Turelles falleció por paro cardiorrespiratorio, según el certificado de la doctora que lo asistió. Empero, el forense determinó que, a simple vista, el cuerpo presentaba hematomas producto de golpes. Esta afirmación motivó que el juez encargado de la causa, Dr. Alejandro Guido, ordenara una minuciosa investigación de lo sucedido.
Hay nueve policías detenidos, entre ellos un oficial ayudante que en ese momento estaba encargado del turno en la comisaría y, por lo tanto, era responsable del servicio. Los funcionarios niegan haberlo agredido, pero el dictamen forense señala que la muerte se produjo por asfixia como consecuencia de sangre en los pulmones. Fuentes consultadas por "Causa Abierta" señalaron que existen suficientes pruebas como para incriminar a los policías por la muerte de Turelles.

¡Bien por España!: Denuncian a Loterías por la utilización de menores en los sorteos

La Organización Impulsora de Discapacitados, que comercializa el Euroboleto del discapacitado, ha denunciado ante el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid al organismo de Loterías y Apuestas de Estado por utilizar a menores en sus sorteos, entre ellos, el extraordinario de Navidad celebrado ayer. La citada organización ha pedido al Defensor del Menor que intervenga por la participación de menores de entre 9 y 13 años, alumnos todos ellos del madrileño Colegio de San Ildefonso, en los sorteos para cantar los premios, al considerar "la posible vulneración de los derechos del niño".
Un portavoz de Loterías y Apuestas del estado indicó a EFE que en el organismo no se ha recibido ninguna comunicación oficial de la denuncia, y que por lo tanto "no tenemos nada que decir".
Tradicionalmente, desde que se celebran sorteos de lotería en España, los niños de San Ildefonso son los encargados de extraer de los bombos las bolas con los números y de cantar los premios.
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID), sin ánimo de lucro, da trabajo a unas 3.000 personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, y comercializa el Euroboleto del discapacitado a través de 150 oficinas repartidas por España.
En una nota, la OID denuncia, en concreto, que en el sorteo extraordinario celebrado ayer "se utilizaron y exhibieron públicamente 34 niños de entre 9 y 13 años de edad".
Niños que, según el jefe de los servicios jurídicos de la OID, Javier Vallejo, "no sólo cantan el Gordo de Navidad, ya celebrado, sino también el sorteo de El Niño, que se celebra cada 6 de enero, así como todas las semanas los sorteos de Lotería Nacional organizados los jueves y sábados del año".
La OID solicita al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid que informe si "se ha iniciado o se va a iniciar" por su parte "alguna actuación contra Loterías y Apuestas del Estado, por la utilización de menores para la celebración de un sorteo público y por la posible vulneración de los derechos del niño".

Uruguay: ni vicepresidente de la República ni director técnico

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno, revocó el fallo de primera instancia del Juzgado Civil de 11º Turno, que el 17 de diciembre de 2008 había hecho lugar a la medida cautelar de no innovar y había reconocido la habilitación provisoria para que Hugo De León pudiera seguir ejerciendo el título de entrenador de fútbol y lo autorizaba a ingresar por ende a dirigir dentro del campo de juego, y volvió a quedar inhabilitado para desempeñar esa tarea, de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Entrenador.
Un año y un día después de haber obtenido el fallo favorable, De León recibió la mala nueva la semana pasada, cuando se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones que hizo lugar a los dos recursos interpuestos por la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef), que son las que suscribieron el convenio que regula el ejercicio de la profesión en el ámbito de la AUF.
El fallo del Tribunal de Apelaciones deja muy mal parado a De León en el juicio por 4 millones y medio de dólares que le iniciara el año pasado a la AUF, por daños y perjuicios, bajo el argumento de que la decisión que le impedía dirigir desde dentro del campo de juego, le generó graves perjuicios económicos, porque fue el motivo por el cual el ex presidente Eugenio Figueredo no lo contrató para dirigir a la Selección, tras el alejamiento de Daniel Passarella. El reclamo sigue sustanciándose en la misma sede Civil (11º Turno) donde comparecerán testigos y se incorporarán pruebas al expediente solicitadas por ambas partes en el litigio.
El art. 5º del Estatuto del Entrenador
La resolución del Tribunal de Alzada no impide que Hugo De León ejerza la dirección técnica de fútbol, sino que no le reconoce el título obtenido en Brasil para ingresar a los campos de juego, porque viola el Estatuto del Entrenador que describe en forma clara, cuáles son los requisitos que deben cumplir los profesionales para realizar esa tarea en los torneos oficiales que organiza la AUF.
El artículo 5º del Estatuto del Entrenador dice que "sólo podrán ejercer la función de entrenador de fútbol en los diferentes clubes, en cualquiera de sus divisiones, las personas que al inscribirse en el Registro de Entrenadores cumplan con los siguientes requisitos: 1º) Presentar título de entrenador de fútbol expedido por la Comisión Nacional de Educación Física u otro organismo que las partes establezcan expresamente de común acuerdo; o 2º) Presentar título de entrenador de fútbol obtenido en el extranjero, y adjuntar; a) constancia de reválida expedida por la Comisión Nacional de Educación Física u otro organismo que las partes establezcan expresamente de común acuerdo o, b) constancia expedida por la asociación nacional (FIFA) respectiva que acredite el ejercicio de la profesión por un mínimo de tres años calendario en clubes de categoría profesional. En caso de incumplimiento de los requisitos exigidos, la AUF, a instancia de Audef, no habilitará el ingreso al campo de juego del infractor en caso de competencias oficiales".
Ante el tenor de este artículo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno, revocó el fallo de primera instancia y Hugo De León quedó inhabilitado para dirigir en los torneos de la AUF.
Hugo De León integró la fórmula del Partido Colorado junto a Pedro Bordaberry en las últimas elecciones que proclamó a José Mujica como el futuro presidente de Uruguay.

Uruguay: fiscales dicen que abogados penalistas confunden a la opinión pública y presionan a los jueces

La Asociación de Fiscales del Uruguay (AFU) reafirmó ayer su mayor apego al efectivo ejercicio del Derecho de Defensa, así como también a la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, como respuesta a la carta emitida por 83 abogados tras el procesamiento del reconocido abogado, Carlos Curbelo Tammaro.
La Comisión Directiva de AFU reconoce el derecho de los firmantes a expresar su parecer sobre la resolución, pero las consideraciones brindadas pueden confundir a la opinión pública e implicar eventualmente una presión indebida sobre los magistrados, señala la resolución.
Resolución de AFU
En relación a la carta pública firmada por 83 profesionales (principalmente abogados) sobre el caso de notoriedad del procesamiento de un abogado por delitos relativos a lavado de activos, la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del ministerio público y Fiscal expresa:
1. Reconoce el derecho de los firmantes a expresar su parecer sobre el enjuiciamiento mencionado, pero estima que sus consideraciones en esta oportunidad, pueden confundir a la opinión pública e implicar eventualmente una presión indebida sobre los magistrados, encargados de resolver los recursos planteados.
2. En lo atinente a lo establecido en el numeral 6 de la referida carta, que alude a la opinión de algún integrante del ministerio público, cabe establecer que la misma no estaba referida al caso concreto y que obviamente no es representativa del sentir del colectivo de esta Asociación.
3. En este marco, esta asociación reafirma su mayor apego al efectivo ejercicio del derecho de defensa, así como también a la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

Los Kirchner sobreseídos por la justicia en una causa por enriquecimiento

La presidenta argentina, Cristina Kirchner y su esposo, el ex mandadatario Néstor Kirchner, fueron sobreseídos por la justicia en una causa en la que se los investigaba por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública, informó este lunes una fuente judicial. El juez federal Norberto Oyarbide resolvió cerrar el caso en base a un dictamen del cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia que descartó irregularidades en la declaración jurada presentada por el matrimonio donde se detalla un crecimiento patrimonial del 158% en 2008.
Según la presentación, el patrimonio de la mandataria pasó en un año de 17,8 millones de pesos (4,6 millones de dólares) a 46 millones (12 millones de dólares), debido a ganancias por la venta de inmuebles en Santa Cruz (sur), la provincia natal del ex presidente y a jugosas tasas de interés cobradas por sus depósitos bancarios en esa provincia patagónica.
A su llegada al gobierno en 2003, los Kirchner habían declarado un patrimonio neto de 6,8 millones de pesos.
Antes que Oyarbide, dos jueces federales habían investigado el crecimiento patrimonial del matrimonio, pero no encontraron irregularidades en lo referido a los años 2005 y 2007.
El magistrado había solicitado un peritaje luego de que la Oficina Anticorrupción le presentara un informe en el que evaluó el incremento de 158% en el patrimonio de la presidente y su esposo, actual diputado nacional.
El ex presidente Kirchner (2003-2007) es investigado en otra causa por presunto desvío de fondos públicos durante la campaña electoral de 2005.
La Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez federal Sergio Torres seguir investigando tras considerar "prematura" la decisión del magistrado que había intentado archivar la causa.

Uruguay: "Vamos a tener que construir una cárcel especial para estos corruptos", dijo un oficial sobre la mega investigación de contrabando

La Justicia Penal indagará a los responsables de un cambio de Montevideo presuntamente involucrado en la maniobra de contrabando hacia de Brasil mediante un free shop del Chuy, que derivó en el procesamiento con prisión de cinco personas.El juez penal Federico Álvarez Petraglia notificará hoy formalmente a las defensas la resolución de enjuiciamiento por "contrabando" y "asociación para delinquir", decisión que adoptó a última hora del viernes pasado a pedido del fiscal Diego Pérez. Además de los cinco procesamientos mencionados, hubo dos sin prisión.El director de Aduana, Ricardo Prato, dijo hoy a El Espectador que el contrabando requisado es recién "la primera etapa" de una investigación que también tiene en la mira a otros comercios del ramo."Es difícil de saber (cuánto falta de esta investigación) porque con las órdenes que nos ha dado el juez de separar bien claramente cuál es la mercadería que está en infracción de la mercadería que no está en infracción nos va a llevar unos días el hacer el inventario porque la orden original habría sido "decomisen todo". Eso se modificó durante el fin de semana y hay gente de Aduana y de la Dirección Nacional de Investigación de Información e Inteligencia que está trabajando en el separar vamos a decir el ganado de un lado y del otro apartarlo para poderlo poner en algún lugar seguro la mercadería que está claramente en infracción y se viene investigando con la documentación sobre el resto de la mercadería del free shop", explicó Ricardo Prato en el programa En Perspectiva. "Todavía estamos en la etapa primaria. Habremos trabajado un 10 o un 15% de lo que se sospecha que puede trabajarse", finalizó. "Causa Abierta" está en condiciones de adelantar que en los próximos días otros cambios y más profesionales serán sometidos a investigación. Un informante comentó "si seguimos tirando de esta piola de corrupción vamos a tener que construir una cárcel especial".

Uruguay: denuncia penal por omisión de asistencia contra los 100 médicos que abandonaron a los niños pobres

La renuncia masiva de casi 100 neonatólogos a los Centros de Terapia Intensiva (CTI) de los hospitales públicos de Montevideo, Tacuarembó, Salto y Minas despertó una ola de acciones legales en su contra.
El representante de los usuarios en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), Wilfredo López, dijo a Ultimas Noticias que se están ultimando los detalles para la presentación de una denuncia penal por omisión de asistencia y otra por abuso de funciones y defensa de la ley de competencia ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). "Pensamos realizar la denuncia mañana (hoy) en el juzgado de turno en lo penal. Como representante de los colectivos de usuarios estamos trabajando, porque creemos que hay necesidad de interponer alguna acción legal y nos estamos asesorando en ese sentido", dijo.
Por su parte, fuentes de Asse explicaron a este matutino que en el punto cinco del plan gremial de la Sociedad Uruguaya de Neonatología y Pediatría Intensiva (Sunpi) se convoca a los socios de la sociedad científica a realizar un "boicot a los usuarios de Asse". En ese sentido el documento expresa: "Se exhorta a los socios Sunpi a no realizar refuerzos de guardias, en Unidades de Cuidados Intensivos, pública o privada, que no hayan sido asignadas con anterioridad".
Destacaron las fuentes que ese punto del plan de renuncias "puede encuadrar en lo dispuesto en el Código Penal en el artículo 165. Allí se establece la omisión y consumación de los deberes del cargo por omisión de funciones, lo que podría configurar una omisión de asistencia. En ese sentido, el código prevé como pena la penitenciaría.
En tanto, Asse analiza la posibilidad de iniciar una demanda civil por el abuso del derecho a la huelga ejercido por los neonatólogos, que implica un perjuicio económico para el Estado.
La demanda civil será iniciada porque se considera que no hay discordancias de las cuestiones salariales en la propuesta que está siendo negociada por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). Además se entiende que la falta de neonatólogos repercute negativamente en materia financiera en Asse, que deberá contratar camas en los CTI privados para solucionar la falta de cobertura.
El valor de una cama en una unidad intensiva pediátrica le cuesta al Estado entre U$S 800 y U$S 1.000. "Si ese valor se multiplica por la cantidad de niños el gasto es de millones de pesos", señalaron.
Ultimas Noticias pudo saber que "es probable que si esto persiste desde el punto de vista económico esto ocasione un gasto innecesario para el Estado. Y en ese caso tendremos que resarcirnos de eso porque la culpa no es nuestra por lo que me parece un abuso de derecho a la huelga", según agregaron las fuentes.
En un comunicado emitido por el Espacio Participativo del Movimiento de Usuarios de Salud se califica a la medida adoptada por los neonatólogos como "impactante" y "alarmante para toda la sociedad. "Nuestros recién nacidos más pobres y gravemente enfermos son los agredidos por esta determinación inmoral. Pensemos que muchas especies consideradas inferiores protegen primordialmente a sus crías", señala.
El documento concluye diciendo: "El doctor Enrique Di Lucci (presidente de la Sunpi) y compañía, impulsores directos del abandono de los niños de Asse, para atenderlos a mayor precio en la vereda de enfrente; merecen sanción social y acciones legales que ya se procesan".
Aunque aún no se definió ninguna medida concreta, Asse analiza el traslado de médicos pertenecientes a la salud privada a las unidades de terapia intensiva públicas para evitar el traslado de los niños en grave estado. "No está descartado absolutamente nada, la esencialidad tampoco. Está todo arriba de la mesa, todas las medidas que podamos tomar para disminuir el daño que esto nos provoca", se indicó desde Asse.
SMU espera marcha atrás de los renunciantes
El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) aprobó la propuesta salarial que elaboró el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para destrabar el conflicto de los neonatólogos. Ahora se espera que la Sociedad de Neonatología y Pediatría Intensiva dé marcha atrás en sus planes de abandonar los CTI públicos el próximo 31 de diciembre, dijeron fuentes médicas a Ultimas Noticias.
En medio de fuertes críticas de las gremiales médicas y los miembros del directorio de Asse en cuanto a la decisión de los neonatólogos, el SMU presentó una propuesta que supone un incremento de los ingresos de los especialistas en un 42%. En contrapartida supone la firma del convenio funcional por la que se controlan las horas que se realizan en los servicios asistenciales.
Este lunes se celebrará una nueva reunión donde se buscará firmar el convenio y de esa forma desactivar las renuncias de unos cien neonatólogos intensivistas. El presidente de la Sociedad de Neonatología y Pediatría Intensiva (Sunpi) dijo a Ultimas Noticias que la firma del acuerdo funcional ya fue rechazada innumerables veces y no supone ningún esfuerzo extraordinario de parte del SMU explicó.
"Vamos a reunirnos en asamblea si nos dan una contrapropuesta y entonces ahí evaluaremos la situación", explicó Di Lucci. Por su parte el vicepresidente del SMU, Martín Fraschini, señaló que ante todo se exhortará este fin de semana a que se resguarde el derecho de los pacientes y se pedirá una reflexión acerca del alcance de las medidas adoptadas.
Sunpi pretende un aumento de salarios de 42%
La Sociedad de Neonatología y Pediatría Intensiva (Sunpi) pretende que los especialistas que trabajen en Salud Pública reciban un incremento salarial del 42%, equiparando sus ingresos al sector privado.
Los neonatólogos se declararon en conflicto el pasado 11 de noviembre luego de mantener conversaciones con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) por un período de diez meses. Ante lo que consideraron un desinterés de la problemática que los afecta por parte de las autoridades públicas el viernes 17 de diciembre enviaron los telegramas colacionados de renuncias a sus cargos.
El presidente de la Sunpi, Enrique di Lucci, denunció en reiteradas oportunidades las malas condiciones laborales en los CTI públicos. Según él, los médicos deben hacer guardias de tres días seguidos para cubrir las guardias en centros asistenciales del interior del país.
Durante una reunión con el directorio de Asse se acordó la conformación de una comisión mixta en conjunto con la Facultad de Medicina para solucionar la escasez de especialistas.

Uruguay: 10 empresarios detenidos por integrar red de contrabando en Free Shops de frontera con Brasil

La Justicia dispuso ayer la detención de una decena de empresarios y personas presuntamente involucrados en una mega red de contrabando de mercaderías hacia Uruguay, mediante la utilización de empresas importadoras y Free Shops apostados en la frontera con Brasil.
El juez Penal de 14º Turno, Federico Alvarez Petraglia dispuso sobre las primeras horas de la tarde varios allanamientos en Montevideo y la ciudad fronteriza de Chuy (Rocha), disponiéndose la detención de una decena de personas en ambas ciudades y la incautación de abundante prueba documental sobre la maniobra de presunción ilegal.
En este sentido, personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) detuvo en Montevideo a uno de los principales propietarios de Free Shop en Uruguay y su socio, así como a otros tres individuos (dos extranjeros), en el marco de una indagatoria por la cual se pretende dilucidar una supuesta red de contrabando de whisky y perfume, según indicaron fuentes judiciales en diálogo con LA REPUBLICA.
La investigación desarrollada con extrema cautela por la sede y el personal policial determinó la existencia de una organización tendiente al contrabando de mercadería hacia Uruguay, mediante la utilización de la infraestructura de los comercios de venta exclusiva para extranjeros apostados en Chuy. La indagatoria se extendió durante varios meses, señalaron las fuentes.
La investigación judicial contó con la colaboración de personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y de la Dirección General Impostiva (DGI), como forma de determinar el verdadero alcance de la maniobra. En este sentido, no se descarta la comisión de delitos de "defraudación tributaria", ante lo cual el fisco procedió a la clausura de varios Free Shop de la ciudad fronteriza, dijeron las fuentes.
"La ruta ilegal del whisky y el perfume comercializado en Uruguay era objeto de una intensa investigación desde hace varios meses. Las autoridades creen haber asestado un duro golpe a los principales responsables del ingreso ilegal al país por contrabando de estas dos mercaderías", señalaron las fuentes.
El juez Alvarez Petraglia fijó para hoy la audiencia de los principales indagados en la maniobra, entre los que se encuentra "uno de los mayores propietarios de Free Shop en Uruguay" y su socio. La instancia se desarrollará en el Centro de Instrucción Criminal (CIC), sobre las 8.00 horas.

Genocida camboyano

El ex jefe del Estado del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya (1975-79), Jieu Samphan, fue acusado de genocidio por un juez del tribunal de Phnom Penh, auspiciado por la ONU, se indicó de fuentes oficiales este viernes. Jieu Samphan, de 78 años, quien se presenta como un intelectual patriota apartado del "núcleo dirigente" secreto de los Jemeres Rojos, fue informado de su acusación este viernes, dijo un portavoz del tribunal.
Fue "llevado ante el Tribunal y se le informó de los cargos contra él habían sido ampliados a la acusación de genocidio contra los vietnamitas y (la minoría musulmana) de los Chams", precisó.
En total, cerca de dos millones de personas, o sea una cuarta parte de la población de Camboya en la época, murieron bajo la tortura, de agotamiento o desnutrición.

El Papa aceptó la renuncia del obispo irlandés por el escándalo de corrupción de menores

El papa Benedicto XVI aceptó hoy la dimisión del obispo irlandés Donal Brendan Murray, que la presentó por su actuación en los casos de abusos sexuales cometidos contra menores por sacerdotes católicos en la archidiócesis de Dublín, informó el Vaticano. La dimisión fue aceptada en conformidad con el artículo 401/2 del Código de Derecho Canónico, que dice: "Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo".
Dónal Murray era hasta ahora obispo de Limerick (oeste de Irlanda).
Según el "Informe Murphy", que reveló los mecanismos seguidos durante décadas por la Iglesia Católica irlandesa para ocultar, en connivencia con el Estado, los citados abusos, Murray ignoró y oculto denuncias de abusos sexuales contra menores cuando era obispo auxiliar de Dublín.

Los abogados de Uruguay no quieren ir a la cárcel por lavar dinero del crimen organizado

Un grupo de 83 abogados -entre ellos varios muy destacados y de larga trayectoria en diversas materias- emitieron una declaración en la que alertan que el procesamiento con prisión del penalista Carlos Curbelo Tammaro implica "una inseguridad en el ejercicio libre de la profesión de abogado, absolutamente contraria a un Estado de Derecho y, por tanto, pasible de impugnarse por inconstitucionalidad".
La misiva es firmada, entre otros, por Gervasio Guillot, Gonzalo Aguirre, Gastón Cháves, Edison González Lapeyre, Eduardo Véscovi, Víctor Della Valle, Alejandro Balbi, Jorge Barrera, Miguel Semino, Pedro Montano y Hebe Martínez.
Curbelo Tammaro, que tiene más de 40 años de profesión, fue procesado con prisión a fines de noviembre por el juez penal Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez por los delitos de "lavado de activos" y "asistencia" para el lavado.
El juez y el fiscal concluyeron que el veterano abogado de 74 años participó directamente en procesos de compra y venta de propiedades que habían sido adquiridas con dinero proveniente del narcotráfico, concretamente de José Luis Suárez, a quien Curbelo Tammaro defendió tras su procesamiento en 2006 en el marco de la "Operación Campanita".
En la declaración, los abogados afirman que el procesamiento del penalista "causa gran preocupación en el gremio" porque provoca una "zona nebulosa en la que se incrimina a quien está ejerciendo la sagrada función de la defensa penal ante los Tribunales".
Y remarcan: "Hoy, un abogado está purgando una prisión preventiva por actos cumplidos en ejercicio de su profesión". Por otro lado, la misiva señala que a nivel judicial se ha cuestionado la figura del "colaborador" mediante la cual una persona implicada en un caso brinda información a cambio de no ser procesada. Esa modalidad de investigación se aplicó en el caso de Curbelo Tammaro.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia negó la prisión domiciliaria a Curbelo Tammaro. El lunes, el juez Álvarez Petraglia ya había denegado el pedido.
Los destacados juristas no ignoran, por supuesto, que los delitos de "lavado de activos" y "asistencia" para el lavado no sólo están vigentes, sino que, por primera vez en la historia de Uruguay se están poniendo en práctica , razón por la cual aquellos profesionales -como cualquier hijo de vecino- que sabiendo la procedencia de dineros sucios del narcotráfico u otra modalidad de crimen organizado, "colaboren" en enmascararla tendrán que responder ante la justicia y, seguramente, si existen pruebas, más abogados irán a prisión. El mundo ha cambiado, basta con hacer un breve repaso para enterarse de cuántos profesionales marchan por día entre rejas. Los dados están echados.

Se derrumbó el caso del arsenal en Uruguay: "Un huraño que armaba su propia guerra", dijo fiscal de crimen

Un total de 50 testigos pasaron por el Juzgado especializado del Crimen Organizado de segundo turno para brindar datos que permitieran al juez Jorge Díaz y al fiscal Ricardo Perciballe armar un perfil social, profesional y hasta psicológico de Saúl Feldman que permitiera explicar cómo y por qué acumuló un arsenal de 704 armas y miles de municiones en una finca del barrio de Aires Puros.
Entre el 17 y el 23 de diciembre está previsto que declaren una decena de empresarios vinculados a Feldman a través de su actividad como asesor en el área forestal, entre ellos el presidente de la Cámara de Industria, Diego Balestra., informa Ultimas Noticias. Si de estas audiencias, que completan las 60 personas citadas por la sede judicial, no surgen nuevos datos que echen luz sobre la investigación, una vez que el juez le dé vista, el fiscal pedirá el archivo del caso. El objetivo de la Justicia con estas últimas citaciones es procurar una explicación del vínculo de los empresarios con Feldman, así como que brinden datos sobre su perfil y actividad económico-financiera que puedan ser útiles para la investigación. Según publicó semanas atrás El Observador, durante la década de 1990 Feldman asesoraba a particulares en materia forestal desde un estudio ubicado en Ciudad Vieja.
Perciballe explicó que una vez recabados estos últimos testimonios de empresarios, se pasará la documentación de todo lo actuado a una junta “en vías de formación” integrada por personal del Instituto Técnico Forense para que realice un “análisis retrospectivo” de Feldman. También resta la respuesta a los oficios enviados a Argentina para cotejar el origen de las armas incautadas.
“Hasta ahora lo único que tenemos es que se trataba de una persona huraña, sin amigos ni vínculos con la familia”, dijo Perciballe y acotó que “con los familiares más cercanos hacía 20 años que no se hablaba; apenas con un primo que dice que debió haber llevado una doble vida porque tenía oculto el tema de las armas”. Se sabe que Feldman manejaba un capital “importante”, pero que condice con su actividad económico-comercial.
El fiscal también señaló que de las pericias técnicas no surgió “ninguna llamada ni correo en las computadoras que permita establecer relación con personas u organizaciones” y que simplemente se trata de “una persona con bastante capital que se dedicó a atesorar armas, no se sabe con qué fin”. “Él armaba su propia guerra”, sostuvo Perciballe sobre Feldman y precisó que el informe de la junta buscará establecer si tenía una manía con las armas y el terrorismo. La Policía incautó de la casa de la calle Elba 4210 literatura extremista.
Para los magistrados, se trata de “un caso bien atípico”, para el que están descartadas todas las hipótesis que se manejaron en un principio respecto al tráfico de armas o el narcotráfico. Mientras, tanto la finca del barrio Aires Puros como el domicilio de Feldman en el balneario Shangrilá permanecen cerrados y sujetos a lo que dispongan sus herederos.
En tanto, sobre la indagatoria del accionar policial del 31 de octubre, en el cual fue abatido Feldman tras atrincherarse durante varias horas en su casa de Shangrilá, la Justicia no tiene más que investigar. El operativo fue cuestionado por el sindicato policial y analizado por la sede penal, ya que costó la vida del agente de Inteligencia Mario Morena.
Lo mismo sucede con el incendio de la finca de la calle Elba, que dejó al descubierto el arsenal. Para el magistrado y el fiscal, queda claro que el siniestro fue accidental y no voluntario, como aseveraron peritos de Bomberos en su comparecencia. Atrás quedan, pues, todas las hipótesis que ocuparon enormes espacios en la prensa de Uruguay; ni traficante de armas, ni terrorista, ni nada de todo lo que se manejó hasta políticamente.

Guerra mundial al tráfico de bebés: rescatan a otros 6 en Kuala Lumpur

Seis bebés fueron rescatados y al menos 15 personas detenidas durante una operación contra una red de tráfico de recién nacidos procedentes de inmigrantes ilegales en Malasia, informó hoy la Policía. Entre los arrestados en Kuala Lumpur se encuentra el presunto cabecilla del grupo, dos mujeres embarazadas y un matrimonio que compró a uno de los pequeños, además de los seis niños, cuatro niños y dos niñas, una de ellas de tan sólo dos semanas.
Según el jefe del departamento de investigación criminal de la Policía malasia, Bakri Zinin, la red de compraventa de bebés adquiría los recién nacidos a empleadas domésticas extranjeras sin papeles a las que convencía para no abortar.
Luego vendían a los bebés a parejas adineradas por entre 15.000 y 20.000 ringit (4.400-5.870 dólares), mucho menos de los entre 2.000 y 5.000 ringit que pagaban a las madres, la mayoría procedentes de Filipinas, Indonesia o Vietnam y tribus indígenas de Malasia.
Zinin indicó que la operación continúa abierta y que se busca a un doctor que falsificaba las partidas de nacimiento para los bebés en una consulta privada en el estado de Selangor, a la que acudían las embarazadas antes de dar a luz.
Malasia es uno de los mayores puntos de entrada en Asia para los inmigrantes ilegales y más de la mitad de sus trabajadores extranjeros se halla en situación irregular, sobre todo filipinos e indonesios en la isla de Borneo, según datos oficiales.
La legislación del país castiga el delito de tráfico de niños con una sentencia máxima de veinte años de prisión. La operación en Kuala Lumpur se da el mismo día en que las autoridades chinas rescataron a 21 bebés.

Ex director de la Juventus a la cárcel por "arreglar" partidos

El ex director de la Juventus Antonio Giraudo ha sido condenado a tres años en prisión por su participación en un escándalo de arreglo de partidos que estalló en 2006 en el fútbol italiano.
Giraudo, que ya había sido suspendido de las actividades futbolísticas por un tribunal deportivo en 2006, fue encontrado culpable de fraude deportivo y conspiración en un juicio penal vinculado al caso.
En 2006, la Juventus fue relegada a la segunda división italiana como consecuencia del escándalo, que implicaba a varios clubes que obtenían arbitrajes favorables para sus partidos.
Desde entonces, el club turinés ha regresado a la Serie A y vuelve a ser uno de los más potentes del país.
Giraudo, que seguramente no cumplirá su sentencia debido a los procesos de apelación y a un perdón por ofensas no violentas anterior a 2006, solicitó tener un juicio de rápido junto a varios árbitros implicados en el caso.
Por su parte, el ex director general de la "Juve" Luciano Moggi pidió un juicio normal, que se está celebrando ahora.
Los fiscales de Nápoles que habían pedido una sentencia de cinco años de cárcel para Giraudo, solicitaron un juicio penal después de las penas aplicadas por el tribunal deportivo.