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CAUSA ABIERTA

JUSTICIA

Identifican al asesino del joven en La Blanqueada

Identifican al asesino del joven en La Blanqueada

La Policía tendría identificado al autor del asesinato de un joven ultimado de un balazo durante el enfrentamiento de dos grupos que salieron de un local bailable de La Blanqueada. Sería cuestión de horas la captura del autor del mortal disparo, buscado por personal de la División Homicidios. Ayer, varios jóvenes fueron detenidos y tras ser interrogados en dependencias de la citada repartición policial recuperaron la libertad. Sin embargo, los investigadores lograron obtener una serie de elementos que habrían permitido identificar a quien mató a Marcelo Maximiliano Rosano Morales, de 20 años de edad. Se trataría de un mayor de edad que suele concurrir a ese local bailable.
Precisamente, en el interior del mismo se produjeron algunos roces y discusiones entre los integrantes de dos grupos. Pero allí la situación fue controlada y no pasó a mayores. Sin embargo, sobre la hora 6 de la mañana del pasado domingo, cuando todos salieron de ese establecimiento, volvieron a encontrarse próximo al cruce de Dámaso Antonio Larrañaga y Monte Caseros.
Allí se registraron incidentes y ambos grupos se trabaron en lucha hasta que se escuchó un disparo y Marcelo Rosano cayó gravemente herido. Fue trasladado al Hospital Filtro, donde se produjo su fallecimiento como consecuencia de un disparo en el tórax.
Cuando sus amigos se enteraron de su fallecimiento provocaron daños en el interior del citado nosocomio y en autos estacionados frente al mismo, lo que motivó que fueran detenidos y horas después liberados.
Funcionarios de la División Homicidios de la Dirección de Investigaciones lograron identificar a varios de los que participaron en esa reyerta. Ayer fueron indagados y los pesquisantes lograron obtener elementos para llegar a la identificación del presunto autor del asesinato.
María Morales, madre del joven fallecido, señaló que su hijo era "un muchacho trabajador, que no bebía, no se drogaba, ni molestaba a los vecinos" Agregó que quiere justicia y saber quién fue el autor del crimen. "Lucharé hasta mis últimas fuerzas para dar con el asesino", señaló.
Por su parte, comerciantes de la zona donde se produjo el trágico enfrentamiento coincidieron en indicar que luego de terminar los bailes siempre hallan en los alrededores botellas rotas, drogas e incluso hasta navajas. Agregaron que la situación siempre es tensa cuando los jóvenes salen de ese local.

Uruguay insólito: dos hombres se emborracharon y tuvieron sexo en las vías del tren

Uruguay insólito: dos hombres se emborracharon y tuvieron sexo en las vías del tren

La Justicia de Paysandú procesó a dos hombres que fueron detenidos cuando realizaban actos reñidos con la moral, por atentado violento al pudor. Se conocieron y se amaron en la vía férrea, en pleno centro y a la luz del día, y ante la mirada atónita de vecinos. La policía sanducera detuvo ayer a dos sujetos que se encontraban en actitudes reñidas con la moral en la zona Este de la ciudad, tras lo cual la Justicia decidió procesarlos sin prisión por haber incurrido en un delito de atentado violento al pudor. Sobre las 8 de la mañana un llamado anónimo alertó sobre la presencia de dos individuos sin ropa que se encontraban en bulevar Artigas y Uruguay. Inmediatamente un móvil concurrió al lugar donde los efectivos avistaron a dos hombres desnudos que mantenían relaciones sexuales. La primera orden de los efectivos fue que se vistieran, luego, identificados los sujetos, fueron detenidos y conducidos hasta la comisaría. Se trataba de un hombre de 55 años identificado con las iniciales WHSC, poseedor de varios antecedentes penales, entre ellos por atentado violento al pudor, tentativa de rapiña, pederasta pasivo y apropiación de cosas pérdidas. En las primeras indagatorias, éste expresó no recordar nada ya que el amor le había producido "amnesia total". En tanto, el otro involucrado identificado como HAV, de 31 años, al ser entrevistado relató que conoció al otro hombre horas antes y a pocos metros de donde fueron hallados, y que posteriormente ingirieron bebidas alcohólicas. Luego de mantener un diálogo, decidieron por mutuo acuerdo mantener relaciones íntimas, por lo que se trasladaron hasta la vía donde el de 55 le practicó sexo oral.Tras tomarle declaración y luego de la audiencia judicial, el juez penal dispuso el procesamiento sin prisión de ambos por "un delito de atentado violento al pudor".

La esposa del ex secretario de Tabaré Vázquez se defiende por el caso de los banqueros corruptos

La esposa del ex secretario de Tabaré Vázquez se defiende por el caso de los banqueros corruptos

"Los periodistas del semanario 'Brecha' faltan a la verdad cuando afirman que beneficié a mi cliente, contador Juan Domingo Ratti, al promover, apenas fue derogado el art. 76 de la Ley 2.230, la clausura de su causa", afirmó a LA REPUBLICA la ex fiscal Cecilia Salom, actual pareja del ex canciller Gonzalo Fernández. Los colegas de "Brecha" en su última edición volvieron a enfocar sus baterías contra el secretario de la Presidencia de la República durante la administración del Dr. Tabaré Vázquez, el reconocido penalista Gonzalo Fernández, esta vez acusándolo de implicancias por la defensa que su pareja, la Dra. Salom, hiciera de un alto funcionario del Banco de Montevideo vinculado a la familia Peirano, el Cr. Ratti.En la portada dedicada en su totalidad al Dr. Gonzalo Fernández y a su pareja, la Dra. Cecilia Salom, el semanario ubica la foto del penalista cubriendo toda la tapa, con un título sugestivo y de gran tamaño que dice "La implicancia", seguido de un subtítulo complementario: "Cecilia Salhon (su apellido real es Salom), penalista y pareja de Fernández, pidió la clausura del expediente poco después de que el ex canciller dijera que la derogación del dichoso artículo 76 no afectaba el caso (de los Peirano)".La tesis de los periodistas parece clara: el Dr. Gonzalo Fernández promovió la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 de 1896 para beneficiar a los Peirano y a un cliente de su pareja, el Cr. Ratti.La primera parte ya quedó aclarada en la Cámara de Senadores, cuando el penalista probó haber sido él quien impidió que en aquel momento se derogara el artículo 76, cuya eliminación estaba incluida en el proyecto que el ministro de Economía, Danilo Astori, había redactado para aprobar la nueva ley de concursos y quiebras. En esa oportunidad el Dr. Fernández explicó que gracias a él, el artículo no se derogó y que si en ese momento éste se derogaba, los hermanos Peirano saldrían favorecidos porque estaban procesados y aún presos precisamente por el delito de fraude del artículo cuya derogación se proponía. También explicó que una vez, con los Peirano en libertad por gestiones de la OEA, y acusados por un delito mucho más grave, que es el de insolvencia societaria fraudulenta, la eliminación de ese artículo en nada incidía en su situación procesal y así lo trasmitió en una consulta telefónica solicitada por un legislador blanco, posición que sigue manteniendo y que es compartida por la jueza de la causa y del propio fiscal. Complementó su exposición en el Senado diciendo que tampoco cambió de posición ante lo que consideró un error jurídico del Tribunal de Apelaciones, augurando que si es promovida la casación en la Suprema Corte, ésta revocará el fallo de archivo de la causa. En la Cámara alta también quedó claro que no había promovido ante el senador Abreu la derogación del artículo 76, ni le había pedido ningún favor ni gauchada al respecto, tal como lo reconoció el propio senador. Sin embargo el nuevo elemento que aportaron los periodistas, al que calificaron de "hallazgo", fue que la pareja del Dr. Fernández se había aprovechado inmediatamente de la derogación del artículo 76 para pedir el archivo de la causa de su cliente, el Cr. Juan Domingo Ratti, vinculado a los Peirano y a la quiebra del Banco Montevideo.La voz de la pareja de Gonzalo Fernández, la ex  fiscal Dra. Cecilia SalomA los efectos de informar a los lectores sobre la posición de la defensora del Cr. Ratti, nos comunicamos con la penalista Cecilia Salom.La primera pregunta giró en torno a si efectivamente el estudio jurídico del Dr. Gonzalo Fernández defendía al Cr. Ratti, uno de los implicados en el caso Peirano.Su respuesta fue negativa y la explicó: "El estudio del Dr. Gonzalo Fernández no defiende al Cr. Ratti. Al contador Ratti lo defiendo yo. En ese estudio existen clientes compartidos y clientes personales de cada uno de los integrantes de nuestro estudio jurídico. Hay muchos estudios en Montevideo, yo diría la mayoría, donde existe separación de intereses, así como hay otros en que todos los casos son compartidos. No es nuestro caso y no vamos a modificar esa política, que viene de muchísimos años atrás, porque a personas ajenas al estudio se les ocurra".Pasando al tema de fondo de si efectivamente ella había pedido la clausura del caso de su cliente inmediatamente después de que fuera derogado el artículo 76, aprovechándose de esa derogación, que no promovió su pareja ­ésta entendía que no afectaba la causa en estos momentos­, la ex fiscal aclaró: "Es una verdad a medias, que implica una mentira, ya que descontextualiza y distorsiona mis intenciones y también la secuencia y cronología de los hechos y fue realizada con intención de alejarse de la verdad material.Yo no promoví ninguna clausura del expediente, ni de los Peirano, ni siquiera de mi cliente. No salí en cuanto se derogó la norma a pedir ninguna clausura, precisamente porque estaba en desacuerdo con que el caso se clausurara. Para mí, la clausura no iba a salir porque mi cliente era acusado de un delito mayor, cual es el de insolvencia societaria fraudulenta, y los intentos del resto de los procesados, los hermanos Peirano, y los señores Guadalupe y San Cristóbal, lo único que lograrían sería alargar el proceso, porque nadie podía suponer que el Tribunal de Apelaciones se equivocara y procediera a la clausura de autos. Mi cliente es una persona que ronda los 90 años y busca probar su inocencia. El alargue de este proceso no lo favorece en esta carrera contra el tiempo. Quiere vivir para ver una sentencia absolutoria o por lo menos de primera instancia porque aún no hay ni fallo de primera instancia. La estrategia de los hermanos Peirano, la de Guadalupe y San Cristóbal, era contradictoria con la mía. Mi estrategia no era pedir la clausura sino pedir la gracia, la clemencia soberana. Mi cliente es un primario absoluto con una edad muy avanzada, que reúne los requisitos de la gracia. Mi posición era no pedir clausura alguna. Y tanto es así que la jueza Gatti al dar vista a todos los defensores del caso, incluido a mí, yo decido no evacuar la vista, no presentarme, dejar vencer los plazos, no para perjudicar a mi cliente, a quien debo defender por mi juramento ético, sino para beneficiarlo no alargando el proceso. Los periodistas de 'Brecha', si se hubieran tomado la molestia de mirar bien el expediente y no leerlo con prejuicios y ánimo preconcebido de perjudicarme, se habrían dado cuenta de que fui la única de todos los abogados defensores que no evacué la vista y por lo tanto no apelé en ese momento, como lo hicieron los defensores de los Peirano, Guadalupe y San Cristóbal. Es cierto, sí, que mi cliente, ilusionado porque los demás procesados se presentaban, me pidió que yo también lo hiciera. Finalmente lo hice pero fuera de plazo, en una simple carilla de adhesión y la jueza me tuvo por no presentada y yo siguiendo mi estrategia procesal no recurrí, fui la única que no recurrí. Estos son los hechos reales. No me aproveché en ningún momento de la derogación del artículo 76, que para mí lo único que va a conseguir es alargar el proceso. Y eso ocurrirá si la Suprema Corte casa, revocando la decisión del Tribunal de Apelaciones. La acusación de que soy objeto es falsa. Miraron deliberadamente del expediente un árbol, olvidando el bosque, descontextualizaron la información y mi intencionalidad, y me presentaron como que sostenía una posición contraria a la que yo efectivamente tenía y no dijeron en ningún momento que me presenté fuera de plazo, que me dieron por no presentada y que fui la única que no apelé. Y tan es así que al único que no nombra el Tribunal de Apelaciones es a mi cliente y sí, nombra a los Peirano, a Guadalupe y a San Cristóbal. El Tribunal al único que no notifica su decisión de clausurar es a mi cliente, precisamente porque fuimos los únicos que no promovimos esa clausura, y eso los periodistas lo ocultaron deliberadamente". Le preguntamos a la Dra. Salom también sobre la afirmación de "Brecha" de que era falso que en el expediente se hubiera concretado un cambio de carátula, modificando el delito de fraude del artículo 76 por el de "insolvencia societaria fraudulenta", cambio que convierte en estéril la derogación del artículo 76 de la añeja Ley 2.230.Nos contesta sin dudar: "Las carátulas no se modifican sino al final, cuando hay sentencia. Un expediente puede comenzar caratulado como hurto y en el devenir del proceso se transforma la sentencia en rapiña y es ahí cuando se cambia la carátula; no tiene ninguna importancia el acto administrativo de modificación de carátula, lo que importa es la acusación fiscal. Lo que determina la carátula, aunque ésta no se cambie, es la acusación fiscal, es la sentencia, y si esta cambia el hurto en rapiña, lo que vale es la rapiña aunque en la carátula del expediente siga figurando la palabra hurto. Incluso hay casos en que la sentencia dice rapiña y el expediente sigue denominándose hurto por razones administrativas. La carátula carece de importancia, lo importante es la acusación fiscal y el fallo correspondiente. Y en este caso la carátula real es la de "insolvencia societaria fraudulenta" y no la de fraude del artículo 76, aunque en el expediente figure otra cosa."Finalmente le inquirimos sobre las razones que tuvo en no informar al Frente Amplio que estaba defendiendo al Cr. Juan Domingo Ratti.Ahí la Dra. Salom elevó la voz: "Fui asesora del diputado Gustavo Bernini y del Partido Socialista y por ende del Frente Amplio y para ello tuve que renunciar después de unos meses de ese asesoramiento a mi cargo de fiscal adjunta. Asesorar a un legislador o a un partido no me obliga a informarles también de mis propios asuntos legales, a quién defiendo y a quién no, aunque era público y notorio que yo defendía al Cr. Ratti y nunca había ocultado tal defensa. Pero además, ¿qué buscan con esta persecución y distorsión de los hechos? Buscan lesionar a mi pareja y me involucran a mí en sus posiciones jurídicas y políticas. Gonzalo es un brillante jurista y tiene sus ideas propias. Algunas las comparto y otras no. Hemos discrepado en cuestiones jurídicas y en estrategias de defensa. ¿Qué tiene que ver él con mi defensa del Cr. Ratti? No soy un apéndice del Dr. Gonzalo Fernández. Soy una abogada que tiene una extensa trayectoria profesional, soy docente universitaria y exijo que se me respete por mí misma y no por interpósita persona. Toda esta campaña contra el Dr. Gonzalo Fernández está plagada de misoginia y discriminaciones, faltándome a mí la consideración y el respeto como un ser humano que soy, con valores independientes de los que tenga mi pareja. Y todo este ataque se realiza por la única circunstancia de ser la pareja de Gonzalo Fernández. Es indigno e injusto", culminó diciendo la ex fiscal, visiblemente indignada.Culminadas las declaraciones de la Dra. Salom, LA REPUBLICA intentó comunicarse con los dos periodistas de "Brecha", Samuel Blixen y Walter Pernas. En el domicilio del primero se dejó el mensaje y se obtuvo una comunicación telefónica entre nuestro director, Federico Fasano, y Walter Pernas, periodista que también trabaja en la radio que dirige Fasano, la 1410 AM LIBRE. Pernas, ante el ofrecimiento de Fasano de que apareciera en la misma edición la posición de ambos periodistas, le comunicó que el Consejo de Redacción de "Brecha" había decidido que se contestará el próximo viernes en el propio semanario.

8 meses, 8 horas, 8 minutos...

8 meses, 8 horas, 8 minutos...

 Los restos del Gran Leandro Gómez fueron robados, hace 8 meses, del Museo de la Defensa, en Paysandú. 8 meses después ni la policía ni la Justicia, habían avanzado un paso.
 Un tiempo después del hecho, recibí un extraño llamado: "soy Daniel y se donde están los restos robados del Gral. Leandro Gómez".
 La persona me había elegido a mí, entre los 50 colegas del diario. Nunca supe por qué. El Director de La República Federico Fasano al ser enterado, dispuso que mi colega Marcelo Falca se hiciera cargo del caso, porque estar yo asignado a otra área periodística.
 Falca inició los contactos -manteniéndome informado- para conseguir la devolución de los restos y si era posible encontrar al autor del hecho.
 Se logró que quien tenía los restos entregara parte de ellos y se dio noticia de eso, concurriendo, ante la Justicia en Paysandú el Director Fasano y el periodista Falca entregando todo al Juez de la causa.
 Luego todo resultó más largo, difícil, y ahora vemos que también peligroso.
 En investigación periodística de este caso, estuvimos a punto de morir, a manos de la policía uruguaya, que nos confundió con delincuentes.
 La Republica hizo lo que no pudo ni la Justicia, ni la Policía, pero sufrimos las consecuencias. Fuimos apresados, aislados, presionados e interrogados por policías de inteligencia, con quienes creíamos tener una coordinación.
 La Republica estuvo pasándoles toda la información para ubicar al autor del hurto de los restos del Gral. Leandro Gómez, aunque no de la fuente periodística que fue respetada hasta las ultimas consecuencias.
 La Republica informó a la Justicia y a la Policía de como se avanzaba, en la ubicación de los restos y del posible autor del robo, de nada valió.
 Al parecer ni la Justicia ni la Policía pudieron hacer nada -durante 8 meses- para hacer lo que hicieron finalmente, 2 periodistas en 8 horas, luego de llegar solos, a la ciudad de Paysandú.
 En esos 8 meses se mantuvo siempre informada a la policía y a la Justicia de los avances del caso, ya que al ser un delito, no se debe ocultar información.
  Los periodistas de La Republica, pasamos a ser delincuentes detenidos por orden del Juez Penal de Paysandú, aunque siempre estuvimos nombrados hasta en los celulares revelados para que Inteligencia pudiera saber que hacíamos y donde estábamos.
Se logró la recuperación de los restos del Gral Leandro Gómez y la captura de quien los tenía, pero en circunstancias inusuales como ya relataré.
 Mi compañero Marcelo Falca y yo, Albérico Barrios, fuimos rodeados por 7 hombres de la inteligencia policial, en plena ruta 3, cuando en la última escena de esta investigación periodística in situ, estábamos a punto de recuperar los restos históricos del héroe de la Defensa de Paysandú.
 Todo el día estuvimos haciendo los contactos en Paysandú -seguidos por Inteligencia policial- y cuando cerca de las 5 de la tarde (8 horas después de llegar) nos acercamos al auto donde estaba el tenedor de los restos buscados, nos cercaron, nos apuntaron con sus armas automáticas, nos gritaron, nos cachearon, nos revisaron, y nos llevaron incomunicados, a Investigaciones de Paysandú.
 Nadie nos informó por qué, para qué, o con qué motivo éramos detenidos.
El jerarca a cargo no se presentó ni identificó, hasta horas después y solo ante el pedido mío.
 Al llegar a Investigaciones de Paysandú fuimos aislados completamente.
 En lugares separados mi compañero Falca y yo, tuvimos que entregar todas nuestras pertenencias, y cuando digo todo incluyo algo insólito, mi prótesis dental.
 En la oscuridad y el silencio de nuestra reclusión pensábamos... ¿qué hicimos? Nadie nos respondía nada. "Están incomunicados nos decían".
Nadie se apersonó a informar cual era nuestra situación.
 Yo soy sano aún -a pesar de mis 58 años- pero Falca varios años más joven, tiene algunos problemas de salud. Nadie nos dio alimento por más de 24 horas, por lo que una persona diabética por ejemplo en esas circunstancias, de aislamiento y falta de alimentos, puede morir.
 El reconocimiento médico de rutina fue un desastre. Nos llevaron a las 4 de la mañana a Salud Pública de Paysandú. Sin comer, sin higienizarnos, separados y muertos de frío y hambre donde estaba una persona que parecía ser doctora.
Sin presentarse ni tener cartel a la vista, -ni siquiera usaba tunica sino una ropas más propia de una salida de fin de semana- me preguntó fríamente sin acercase ¿le pasa algo?.
 Me quedé sin saber que decirle y me ordenó levantarme el buzo y mostrarle parte del pecho y espalda, inmediatamente sin acercarse ni auscultarme me dijo esta bien, váyase.
 La policía tenía los restos robados de Leandro Gómez pero el Juez no levantó la incomunicación.
 Estuvimos -sólo con agua- en un lugar inhóspito, sucio y allí pasamos la primera noche de invierno, sentados en una silla, sin comida ni calor, durante más de 24 horas. Nosotros que somos públicamente conocidos, registrados e
Identificados como periodistas ya que ambos teníamos en nuestro poder el carné correspondiente del diario La Republica, igualmente en 8 minutos pasamos de ser, de periodistas en misión, a ser acusados de varios delitos.
 Estuvimos más de 24 horas incomunicados, aislados del mundo, mantenidos solo con agua, sin alimentos, ni higiene por orden del Juez de Paysandú.
 Sin ninguna explicación de la situación legal en la que estábamos, finalmente, fuimos llevados como delincuentes al Juzgado de Paysandú.
 Allí fuimos introducidos por la puerta de los delincuentes y metidos en un lugar separados el uno del otro, con un guardia en la puerta.
 Hubo otros detalles como los excesos cometidos contra los demás involucrados, pero al parecer el centro de la acusación era contra el que tenia los huesos y los 2 periodistas que lo habían encontrado.
 La estancia en el Juzgado de Paysandú estuvo plagada de errores de todo tipo.
Estos errores -incluyendo la propia disposición de las dependencias del edificio de la sede judicial.
 Se violó el aislamiento de los detenidos, que pasan conducidos por la policía -rumbo al despacho del Juez- por frente la gente, testigos, y prensa, algo inadmisible e inaceptable de acuerdo a las disposiciones vigente en Uruguay.
 Este solo hecho, pueden anular todo el procedimiento, especialmente en el caso de los demás involucrados lateralmente en el caso a quienes se condujo a la vista rompiendo la reserva de su identidad.
 La excusa era la falta de espacio, en la ínfima sala de audiencias habitual.
 La audiencia judicial tuvo uno de los errores más comunes en la Justicia del Uruguay. Nadie le informa al detenido indagado o testigo, quien es quien allí. Los únicos que hicieron lo correcto fueron los 2 abogados asignados por La Republica, y el Fiscal Dr. Rivas.
Ellos 3 se presentaron y a su manera informaron lo que sabían, que era poco.
 El Juez entró en la mitad del interrogatorio por el funcionario receptor. Con las manos en los bolsillos apenas murmuró un buenas tardes...luego empezó las preguntas sin decir quien era. En su escritorio no había ni un misero cartel, indicando el nombre del Magistrado.
La bandera uruguaya que debe estar en la sala, lucia arrinconada y casi invisible contra una ventana, como avergonzada.
El interrogatorio fue caótico con preguntas del Fiscal, de la Defensora Pública, de los abogados de particular confianza de La Republica que nos defendían y hasta el propio receptor judicial al ver que las autoridades preguntaban en círculos, intercaló algunas preguntas aclaratorias.
 Tuve que preguntarle al Juez si conocía las circunstancias de aislamiento que la policía nos había impuesto, sin comida, abrigo o higiene además de incomunicación. El Juez admitió "No fui informado de eso".
La cabeza no sabe lo que hizo su mano derecha.
 Luego de 40 horas fuimos declarados sin culpa ni responsabilidad alguna los 2 periodistas y se proceso por 2 delitos (estafa y encubrimiento) al tenedor de los restos del Gral. Gómez, que le fueron incautados antes de que los entregara a los periodistas de La Republica.
 El Fiscal Rivas -en una vista que le entregó al Juez-, expresaba que no encontraba delito alguno en el accionar periodístico, y por tanto no pedía el procesamiento tal como parecía buscarlo el Juez.

Montevideo salvaje: un joven muerto de un disparo a la salida de un baile

Montevideo salvaje: un joven muerto de un disparo a la salida de un baile

Un joven de 20 años murió de un disparo de arma de fuego poco después de haber salido de un boliche bailable. La Jefatura de Policía de Montevideo informó que alrededor de las seis de la mañana de hoy domingo se originó una trifulca protagonizada por varios muchachos a la salida de un boliche que terminó en el asesinato de Marcelo Maximiliano Rosano Morales, de 20 años. El joven fue alcanzado por una proyectil en la intersección de Dámaso Antonio Larrañaga y Monte Caseros luego de salir de un boliche bailable de la zona. Según las primeras investigaciones de la policía, el hecho se produjo en medio de un enfrentamiento entre bandas, momento en que otro joven extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos de arma de fuego. Uno de ellos terminó con la vida de Rosano. El herido fue trasladado al hospital Filtro, donde finalmente falleció. Los médicos dijeron que la causa de la muerte fue “herida de arma de fuego en hemitorax sin orificio de salida”.

¿Hay en Uruguay un joven preso por un crimen que no cometió?

¿Hay en Uruguay un joven preso por un crimen que no cometió?

Amigos y compañeros de trabajo declararon ayer que Rodrigo B.B. no estaba en Piriápolis la noche que Natalia Martínez desapareció. El juez Gabriel Ohanian también interrogó a uno de los oficiales que actuó en la investigación del caso.
"Todos queremos conocer la verdad, pero hay que dejar trabajar al juez. Nosotros estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido y creemos que conocer la verdad va a ser beneficioso para él", dijo el abogado defensor del procesado, Jorge Barrera, al cabo de la audiencia en la sede judicial de la ciudad de Maldonado.
Al principio de la extensa audiencia el magistrado había interrogado a un oficial de la Dirección de Investigaciones fernandina. El acusado había sostenido que confesó haber dado muerte a Natalia Martínez debido a las presiones a que fue sometido por parte de los policías que lo interrogaron.
No obstante, el oficial ratificó en sus declaraciones lo que ya estaba asentado en actas y no surgieron elementos que avalaran los dichos del procesado. El miércoles había sido interrogado en el mismo sentido el director de Investigaciones.
Luego declaró otra serie de testigos aportados por la defensa de Rodrigo B.B., cuyos testimonios apuntaron a desvincularlo del lugar de los hechos.
En tal sentido declaró el jefe de la empresa donde Rodrigo estaba empleado, quien con los documentos a la vista demostró que el joven había trabajado los días 18 y 19 de enero de 2007, en el horario habitual de 9.30 a 19.30 horas. También aseguró que Rodrigo había ido a su casamiento el día 20 de enero, pocas horas después de la desaparición de Natalia.
Reforzaron estos testimonios cuatro amigos de Rodrigo, vinculados al tuning de autos -una actividad a la que el joven es aficionado-, y una persona que habló por teléfono con él ese día.
El abogado defensor se mostró confiado en que quedaría demostrado en algún momento la inocencia de Rodrigo B.B.
"En la medida que haya un inocente preso, hay un culpable impune, así que todos esperamos que esto se aclare", señaló Jorge Barrera.
El juez penal Gabriel Ohanian volverá a retomar el caso el próximo 2 de septiembre, luego de esa audiencia tanto la fiscalía como la defensa del acusado podrán pedir nuevas pruebas o que se cite a nuevos testigos en un plazo no mayor a una semana.

Ex comandante y otros 3 oficiales de la Marina de Guerra de Uruguay procesados por corrupción a escala

Ex comandante y otros 3 oficiales de la Marina de Guerra de Uruguay procesados por corrupción a escala

La jueza en crimen organizado, Graciela Gatti, envió a prisión al ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio por el delito de fraude. Además los marinos Pablo Da Costa y Gerardo Feble también fueron procesados por este mismo delito, en tanto Danilo Damonte, ex responsable de Presupuesto Naval, fue procesado sin prisión. Al mismo tiempo, el ex director de Aprovisionamiento Alberto Márquez fue absuelto. Su abogado defensor, Carlos Bustamante, dijo a radio El Espectador que su cliente fue "engañado". Durante la audiencia de ayer jueves, los abogados de Fernández Maggio, Amadeo Otatti y Mario Spangenberg, presentaron un escrito en el que plantearon que su cliente no incurrió en engaño ya que, según dicen, el ex comandante no conocía la maniobra, por lo cual no le puede ser imputado el delito de "fraude". Además, ayer, al salir del juzgado para el crimen organizado, Fernández Maggio dijo a los periodistas presentes: "No he engañado a nadie, ni me quedé con un peso". Por otra parte, los encargados de la defensa de Feble, integrada por los abogados Gustavo Bordes y Gastón Cháves, aportaron documentación que evidenciaría que el oficial naval actuó por órdenes superiores. En esos documentos surgieron los nombres de, al menos, otros cuatro marinos, a quienes la jueza Gatti decidió interrogar antes de tomar resolución.
La fiscal Mónica Ferrero sostuvo que a lo largo de la investigación se probó "con holgura" la existencia de compras ficticias, y que para eso los oficiales llevaron a cabo un accionar "mancomunado".

Ex secretario de la Presidencia de Vázquez denunciado por "conspiración" para favorecer a su esposa y banqueros corruptos

Ex secretario de la Presidencia de Vázquez denunciado por "conspiración" para favorecer a su esposa y banqueros corruptos

El abogado Gustavo Salle presentó en el juzgado de segundo turno del crimen organizado una denuncia contra el ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a quien indica como aparente “articulador” de una “conspiración” que desencadenó en la clausura del caso de los hermanos Peirano Basso. “Ponemos en conocimiento de la sede los sucesivos hechos de carácter legislativo, judicial y profesional, que involucran a esos poderes y a Gonzalo Fernández”, dijo a Observa el profesional. La carpeta número 2/3768 de 2010 quedó en manos del fiscal Ricardo Percivale y del juez Jorge Díaz. Salle se apoya en un nuevo informe del semanario Brecha, donde se informa que la abogada Cecilia Salhon, pareja de Gonzalo Fernández e integrante de su estudio jurídico, solicitó la clausura del expediente Peirano Basso por la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, “días después de que su compañero asegurara que eso no podía ocurrir”. “Por todo esto presumo que hay intereses personales y tal vez económicos en la clausura del expediente”, aseguró Salle, quien además adjuntó a su denuncia diferentes notas publicadas en los medios de comunicación, de donde se desprende que, además, podrían estar implicados “diferentes funcionarios públicos”. Salle indicó también que le llama “poderosamente la atención” la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que clausuró la causa de los hermanos Peirano Basso. “La misma es frontalmente contradictoria con lo que establece el artículo 22 de la Constitución. Es una sentencia que constituye un verdadero sismo de conocimientos dogmáticos y constitucionales”. La denuncia del abogado comienza con la frase de un connotado banquero francés: “Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación, y ya no me importará quien gobierne”.
Finalmente, Salle recuerda las declaraciones de la ex senadora de la Vertiente Artiguista, Margarita Percovich, quien al referirse sobre el tema sostuvo que “no hay inocentes”. “El antónimo es ‘culpables’, por lo tanto deduzco que hay culpables”, concluyó Salle.
Gonzalo Fernández protagonizó esta semana un debate público en el Parlamento, con el senador blanco Sergio Abreu, por la autoría intelectual de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que permitió la clausura del caso. Abreu había dicho a Brecha que el ex canciller le había pedido una “gauchada”, y por eso redactó una ley que derogó el famoso artículo. Sin embargo, luego de un par de horas los dos involucrados concluyeron que se trató de una “sugerencia”.

La Marina de Guerra de Uruguay manejada como un boliche: un millón y medio de dólares en compras y ni una sola factura

La Marina de Guerra de Uruguay manejada como un boliche: un millón y medio de dólares en compras y ni una sola factura

No pasa un día sin que la opinión pública uruguaya reciba otra increíble información sobre lo que estuvo sucediendo en la Armada Nacional. El 55% de las compras que realizó la Armada Nacional entre 2006 y 2009 se hicieron sin facturar por un monto que superior a 1.500.000 dólares, según informó el ministro Rosadilla al Parlamento. En uno de los capítulos del informe de la Asesoría Letrada del Misterio de Defensa se concluye que más de la mitad de las compras de la Armada se hicieron sin emitir factura y otro restante se hizo en base a facturas proformas que se enmarcan dentro de la irregularidad, según consta en la versión de audio de la visita de Rosadilla al Parlamento. La falta de facturas que registren las supuestas compras entre los años 2006 y 2009. Por su parte, la Justicia investiga 16 compras ilícitas dentro de la fuerza naval, en las que recientemente se incluyeron dos nuevas licitaciones por un valor de 300.000 dólares. Los resultados de las investigaciones efectuadas en la fuerza naval fueron elevados por Rosadilla a la comisión de Defensa de Diputados, donde compareció el pasado miércoles para brindar detalles de las maniobras millonarias que involucran a altos cargos de la fuerza. En la investigación de 700 páginas que le entregó la Comandancia de la Armada a Rosadilla el pasado 12 de agosto queda al descubierto que casi 468.000 dólares de presuntas compras carecen de facturación. Sin embargo, una ampliación de la instrucción determinó que los procedimientos de compra sin facturar ascienden a 1.500.000 dólares, según consta en la versión de audio de la sesión de la comisión parlamentaria del pasado miércoles al que accedió Ultimas Noticias. Además de la inexistencia de facturas en gran cantidad de compras, un encargado contable de la Armada emitía notas en las que reconocía deudas del Comando. Lo hacía en representación de proveedores que no facturaban y en donde figuraban boletas de empresas extranjeras que fueron gestionadas por un agente local sobre el que Rosadilla prefirió no brindar detalles.
Dentro del informe que el contralmirante Leonardo Alonso elevó a Rosadilla, se llegó a 34 conclusiones que fueron leídas en forma textual a los legisladores. Allí se detalla la "compra fantasma" del banco de pruebas para motores y la grúa por un total de 600.000 dólares.
Los créditos para las compras y los memorandos técnicos están firmados por el capitán de fragata Gerardo Feble (ex encargado del Servicio de Aprovisionamiento de la Armada) y el capitán de navío Luis Moreira que se desempeñaba como corresponsable de la citada área.
Las proformas de las compras que se realizaron son falsas en ambos casos, "los números no coinciden con nada", explicó el ministro a los diputados y senadores presentes. Incluso mencionó que se llamó a una empresa argentina para cotejar los datos y se confirmó que nunca emitieron la proforma.
Según informó Rosadilla, el capitán Feble reconoció, en el interrogatorio interno al que fue sometido, que falsificó las proformas "para obtener fondos frescos que no estaban financiados dentro del presupuesto de la Armada".
Sin embargo, el proceso de compra "fue absolutamente irregular" ya que se hizo por modalidad de compra directa por excepción. En ese sentido, el informe concluyó que tanto Servicio de Aprovisionamiento (Serap) como el Servicio de Compras de la Armada (Secom) tienen responsabilidad cruzada por la información que manejaron.
Aún cabe establecer una serie de contradicciones entre los oficiales que participaron de alguna forma en las maniobras irregulares por la que se compraron artículos que nunca llegaron a destino y en las que se entregaron importantes sumas de dinero a proveedores que no existieron.
En uno de los gastos, "el señor X" no reconoció el gasto y no se pudo aclarar si hubo también falsificación de firma", explicó el ministro. Al tiempo que agregó que el pago de las compras de la grúa y el banco de prueba en cinco cheques se realizó en ventanilla del Secom, lo que configura otra irregularidad ya que se debe hacer por medio de un giro a la cuenta del proveedor.
Pero aún más grave resultó el pago de presuntas compras a proveedores que se realizaron "sin documentos personales" y a personas cuya cédula de identidad no figura en el Registro de Identificación Civil "o sea que no existen", añadió Rosadilla.
Para esclarecer los hechos confusos, Rosadilla señaló su intención de que el Ministerio de Defensa se haga cargo de una nueva investigación sobre las compras ficticias en la Armada.
En tanto, respecto a la maniobra realizada en la cuenta bancaria del Dresdner Bank en Alemania (donde se depositaban los fondos de Naciones Unidas) se determinó ampliar la información respecto al cierre de la misma en el año 2005, lo que se hará a través de una nota que cursará el Banco Central del Uruguay (BCU) a la unidad de contralor bancaria alemana para que se brinden detalles de los movimientos realizados en la cuenta.
Feble recibió “la totalidad del dinero”
El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, consignó que el capitán de navío Gerardo Feble fue quien recibió “la totalidad del dinero” por las “compras ficticias” realizadas con cinco cheques retirados del Servicio de Compras (Secom) de la cartera. En un informe presentado el miércoles en la Comisión de Defensa del Parlamento, indicó que “los cheques fueron cobrados en el Banco de la República (Brou) por el capitán de fragata Marcos Guimaraes, dos por el valor de $ 5 millones, y por el capitán de fragata Marcos Da Costa, uno por el valor de $ 2,5 millones y los dos restantes por el señor X, por un valor de $ 4.073.532".
Rosadilla adjudicó responsabilidad al Servicio de Aprovisionamiento (Serap), el Secom y la Contaduría del MDN por la falta de controles que permitió a los oficiales acceder a los cheques a través de la ventanilla. Los tres primeros, que correspondían a la compra falsa de motores, fueron cobrados en el Brou en enero de 2009 por Guimaraes, que era jefe de abastecimiento del Serap y por Da Costa, que se desempeñaba como segundo jefe del banco de pruebas.
Según el informe, "Da Costa entregó a Damonte el total de dinero cobrado en el Brou y ese mismo día Damonte se lo entregó al capitán de navío Feble. De las declaraciones, surge que Guimaraes acompañó a Da Costa al Brou a pedido de éste, lo cual indicaría que desconocía la maniobra y los detalles de la operación".
Los dos cheques restantes, correspondientes a la compra ficticia de una grúa, fueron cobrados en la sucursal Montevideo Shopping del Brou por una persona que Rosadilla denominó "señor X", por un total de $ 4.073.538. Esa persona, un ex funcionario del MDN retirado hace cinco años, dijo haber actuado "a pedido del capitán de fragata Da Costa, entregando el dinero al oficial antes mencionado en dependencias del Serap. Según este señor, acompañó al capitán Da Costa hasta el Comando de la Armada para que el capitán entregara el dinero al capitán de navío Gerardo Feble, hecho que manifestó no haber presenciado, y solo aguardó en un pasillo del Comando".
El Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa analizó el marco jurídico para aplicar sanciones a las empresas proveedoras de las Fuerzas Armadas respecto a las cuales se constataron irregularidades. Rosadilla señaló que se comunicará al registro de proveedores del Estado, en Tesorería de la Nación en el Ministerio de Economía, para que registre dichas sanciones.
En el marco de las investigaciones internas por irregularidades en la Armada, el Ministerio de Defensa solicitó al Tribunal de Cuentas que realice una auditoria en las agregadurías militares. También solicitó la medida para el Ejército, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), el Hospital Militar y la Dirección General del Ministerio.
El senador frenteamplista Rodolfo Nin Novoa preguntó en Comisión de Defensa al ministro Rosadilla si se detectó algún grado de parentesco entre los proveedores y algún oficial de las Fuerzas Armadas. El titular de Defensa dijo que “la Justicia es la que está haciendo esos vínculos. Nosotros, en realidad, cuando aparecen esas vinculaciones en la instrucción las aceptamos”. Fuentes legislativas indicaron sospechar de vínculos familiares.
El encargado de Despacho de la Armada Nacional, Hugo Viglietti, determinó el cierre de la Oficina de Presupuesto Naval (Opren), por la que pasaron las “compras fantasmas” denunciadas ante la Justicia. La oficina será sustituida por una unidad de contralor de ingresos y egresos financieros, para la cual entre hoy y la semana próxima se designará un encargado. La decisión fue comunicada ayer a todos los contraalmirantes de la Armada durante una visita que realizó a las 17 horas el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. El secretario de Estado se reunió en primer término a solas con Viglietti y luego con el resto de los contraalmirantes por espacio de tres horas. La nueva oficina de control interno contará con auditores que dependerán en forma directa del comandante de la Armada Nacional. Durante la reunión de ayer se informó de los quince relevos que se aplicarán en logística, administración y otras áreas sensibles de la fuerza de mar.

Brasil impone millonaria sanción a Shell y a Basf por enfermar a trabajadores con sustancias tóxicas

Brasil impone millonaria sanción a Shell y a Basf por enfermar a trabajadores con sustancias tóxicas

La justicia brasileña condenó a las empresas Shell do Brasil y Basf a pagar tratamientos médicos e indemnizaciones que pueden ascender a 1.100 millones de reales (unos 628 millones de dólares) a ex trabajadores contaminados con sustancias tóxicas, informaron hoy fuentes judiciales. La sentencia, contra la cual cabe la apelación, fue proferida hoy por la jueza María Inés Correa de Cerqueira César, de la Segunda Sala del Trabajo de Paulinia, municipio del estado de Sao Paulo, en el que funcionó una fábrica de pesticidas entre 1977 y el 2002.La jueza ordenó que las empresas paguen los tratamientos médicos de todos los ex trabajadores de la planta, situada en el barrio Recanto dos Pássaros, así como de los hijos de los empleados o de colaboradores que nacieron durante o después del periodo en que tuvieron vínculo con la fábrica.Cada uno de los cobijados por la decisión judicial debe recibir 64.500 reales (unos 36.860 dólares) y las empresas deben pagar además una indemnización colectiva de 622,2 millones de reales (unos 355 millones de dólares) por daños morales, que debe ser depositada en el Fondo de Amparo al Trabajador, según un comunicado de la Procuraduría Regional del Trabajo de la 15ª Región.Según la jueza, citada en el comunicado, "las empresas deberán asumir, en total, con un costo aproximado de 1.100 millones de reales".Las dos empresas también tienen cinco días de plazo a partir de hoy para publicar en canales de televisión edictos de convocatoria a los trabajadores afectados por la contaminación y sus descendientes, y la Basf debe hacerlo además en dos diarios de gran circulación durante dos domingos.Según la Procuraduría Regional del Trabajo, más de un millar de trabajadores de la planta y centenares de familiares serán beneficiados con la sentencia.La fábrica fue instalada en 1977 por la Shell, que la vendió en 1994 a la Cyanamid, mientras que el pasivo de esta última fue adquirido en el 2002 por la Basf, que cerró la planta dos años después.Tras las primeras denuncias, estudios del suelo comprobaron la contaminación de las capas freáticas de la zona por sustancias altamente cancerígenas y cantidades significativas de cromo, vanadio y zinc.A decenas de ex empleados que fueron sometidos a exámenes médicos por haber trabajado en la planta se les diagnosticaron distintos tipos de cáncer, especialmente de próstata o de tiroides, enfermedades del aparato circulatorio, hepáticas e intestinales, además de alteraciones en la fertilidad e impotencia sexual, agregó el comunicado.

Condenan a 21 años de prisión al uruguayo que participó en el "robo del siglo" en Argentina

Condenan a 21 años de prisión al uruguayo que participó en el "robo del siglo" en Argentina

El uruguayo Mario Vitette Sellanes, oriundo del departamento de San José, admitió hoy haber sido parte del cinematográfico "robo del siglo" perpetrado en 2006 contra un banco de capital español en Argentina y pactó una condena unificada de 21 años y seis meses de cárcel, informaron fuentes judiciales. Vitette Sellanes reconoció ser el "hombre de traje gris" que los testigos del atraco identificaron como el líder de la banda que el 13 de enero de 2006 asaltó la sucursal de la localidad bonaerense de Acassusso del Banco Río, entidad controlada por el grupo español Santander.
Esta confesión le permitió al acusado llegar a un acuerdo con la querella y la fiscalía para recibir una condena de 14 años de prisión, que sumada a dos condenas previas por otros delitos se extendió a 21 años y siete meses de cárcel.
El acuerdo debe ser ahora homologado por el tribunal que juzga a Vitette.
En declaraciones a la prensa local, el abogado de Vitette Sellanes, Diego Storto, se mostró conforme con el acuerdo alcanzado, pues "la expectativa era una pena mayor".
Otros cuatro hombres acusados por el robo fueron condenados en mayo pasado a penas de entre 10 y 15 años de prisión.
El uruguayo se había negado hasta hoy a reconocer su participación en el hecho y en abril pasado hizo pública una canción de su autoría donde se relataba en tono poético el robo, aunque por entonces aclaró que ello no implicaba admitir su culpabilidad.
El robo tuvo ribetes cinematográficos ya que la banda lo perpetró sin hacer "un solo tiro" y escapándose por un túnel hacia un desagüe pluvial con un botín valorado en unos ocho millones de dólares.
"Sin armas ni rencores, en un barrio de ricachones, no es más que dinero, señores, sólo se llora por amores", dice el estribillo de la canción de Vitette, similar al mensaje que dejaron los ladrones antes de escapar.
Las cámaras de seguridad del banco registraron que cinco hombres entraron en la sucursal, se cubrieron los rostros, sacaron sus armas y tomaron como rehenes a las 23 personas que se encontraban en el lugar, entre empleados y clientes.
Mientras simulaban una negociación con la policía, los delincuentes saquearon 145 cajas de seguridad.

Uruguay excluye de la Ley de Caducidad otro caso de desaparecido en la dictadura

Uruguay excluye de la Ley de Caducidad otro caso de desaparecido en la dictadura

Las autoridades de Uruguay excluyeron de la Ley de Caducidad, que otorga impunidad a los crímenes de la dictadura militar (1973-1985), el caso del maestro Julio Castro, desaparecido durante el Gobierno de facto, informaron hoy fuentes oficiales. La medida, difundida a través de un comunicado en la página web de la Presidencia, es la tercera de estas características que toma el Ejecutivo uruguayo desde que Mujica, llegó al poder el 1 de marzo pasado. El Gobierno explicó que Castro "fue detenido el primero de agosto de 1977 y, según las investigaciones periodísticas, falleció el 3 de agosto debido a las heridas provocadas por los intensos interrogatorios". Castro, recuerda la Presidencia, fue "un prominente maestro" que centró sus esfuerzos en la educación rural y fundó el semanario Marcha, liderado por el periodista Carlos Quijano.
El boletín agrega que un periodista brasileño llamado Flavio Tavarez Freitas, que estuvo "detenido en el centro clandestino denominado 'La Casona' junto a Castro", asegura que el maestro uruguayo compartió el cautiverio con él.
"Probablemente el maestro Julio Castro falleció el 3 de agosto de 1977, a causa de las heridas provocadas por las torturas sufridas", agrega el texto.
A principios de julio pasado, las autoridades informaron de que el caso del hijo de Mary Elena Gil Rodríguez, un bebé desaparecido de un hospital de Montevideo durante aquella época, también quedaba excluido de la Ley de Caducidad, promulgada en 1986 y ratificada por los uruguayos en las urnas mediante un referendo en 1989 y 2009.
Gil Rodríguez tuvo a su hijo Roberto en el hospital Pereira Rossell el 14 de noviembre de 1973 y un día después le dijeron que el bebé había fallecido.
A poco de asumir la Presidencia, Mujica permitió también proseguir con la investigación del caso de Roberto Gomensoro Josman, un profesor de apoyo de la facultad de Agronomía y militante de la izquierda que desapareció en 1973.
Su cuerpo fue enterrado sin identificar en un cementerio de Tacuarembó, pero un forense que actuó en el caso guardó el cráneo y los restos pudieron ser identificados en 2000 por análisis genéticos.

Sepultan restos de uruguaya que estaba desaparecida en Chile

Sepultan restos de uruguaya que estaba desaparecida en Chile

Fueron sepultados el miércoles en un cementerio local los restos de la profesora Mónica Cristina Benaroyo Pencu, hallados en 2008 en un predio del ejército de Chile cerca de Arica, en el extremo norte de ese país, 35 años después de su muerte. Los restos de la profesora de filosofía, que no figuraba en las listas de detenidos-desaparecidos de la época de las dictaduras militares sudamericanas, fueron repatriados desde Chile luego que su identificación se logró mediante las huellas dactilares en la base de datos del Registro Civil de Santiago, donde había tramitado su documentación para permanecer en ese país.
Su cadáver apareció en el predio Pampa Chica decapitado, boca abajo, y en estado de momificación, dadas las condiciones climáticas del desierto, lo que preservó parcialmente sus huellas dactilares, señala el informe oficial.
Su caso no había sido presentado ante la organización de madres y familiares de desaparecidos en Uruguay, y fue denunciado recién durante el gobierno del presidente Jorge Batlle (2000-2005), quien formó una Comisión para la Paz para aclarar la situación de los desaparecidos durante la dictadura entre 1973 y 1985 y de casos similares del exterior.
La página de internet de la presidencia publicó el miércoles el caso de Mónica Cristina, hija de diplomáticos rumanos que se nacionalizó uruguaya en 1954 y abandonó el país en 1973 para alejarse de la dictadura que se había instalado en este país.
Viajó a Chile, donde, apenas tres meses después de radicarse cerca de Arica, se produjo el cruento golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet.
La secretaria de la comisión de seguimiento de la Comisión para la Paz, Soledad Cibils, viajó a Santiago para recibir los restos de Benaroyo entregados por el Instituto Médico Legal en presencia del embajador uruguayo, Santiago Carlos Pita, entre otras personas.
El embajador Pita informó que aplicados todos los procedimientos de identificación, que incluyeron el ADN nuclear y mitocondrial, se llegó a una "identificación de máximo grado de certidumbre".
En Chile se desarrolla un proceso judicial ante la "sospecha de criminalidad", dijo el informe.

Fiscalía de Uruguay pide prisión para coronel por secuestro y desaparición forzada en Paraguay

Fiscalía de Uruguay pide prisión para coronel por secuestro y desaparición forzada en Paraguay

La fiscalía pidió el procesamiento con prisión del coronel (r) Carlos Calcagno, por secuestro y “desaparición forzada” de dos militantes del PVP en 1977 en Paraguay. La fiscal Mirtha Guianze pidió el procesamiento con prisión del jefe de Contrainformaciones del Ejército uruguayo durante la dictadura, por su participación en el secuestro de los militantes del PVP, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, en mayo de 1977. El pedido de procesamiento surge a partir de información obtenida en archivos de los servicios de inteligencia paraguayos, donde consta que Inzaurralde y Santana fueron detenidos en marzo de 1977 y enviados al Departamento de Investigaciones de la Policía donde fueron torturados. Su detención está documentada en el llamado "Archivo del Terror", donde consta un informe enviado por el jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguay, Alberto Cantero, donde señala "Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad", expresa Cantero. El mismo informe indica que quienes estuvieron a cargo del operativo fueron el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada, y el sargento Juan Carlos Camicha de Paraguay, los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino, y el mayor Carlos Calcagno, jefe de Contrainformaciones del Ejército uruguayo.
Otro documento oficial señala que Inzaurralde y Santana fueron entregados a Calcagno, y fueron trasladados en un avión de la armada argentina hacia Buenos Aires, para ser enviados a Uruguay.
Actualmente Calcagno se encuentra bajo arresto en la "Cárcel Especial para Militares", por un pedido de extradición solicitado por la justicia de Paraguay por la desaparición de un opositor al régimen militar del Stroessner. (UyPress)

Papelón en el Senado de Uruguay: nadie se hizo responsable de favorecer a banqueros corruptos

Papelón en el Senado de Uruguay: nadie se hizo responsable de favorecer a banqueros corruptos

Nadie se hizo responsable en el Senado de Uruguay de derogar un ley que favoreció a los banqueros que vaciaron bancos. El episodio que terminó con la clausura del caso Peirano mantiene puntos oscuros. Fernández fue el "autor intelectual" de la ley, concluyó Abreu. Pero el ex canciller dijo que el senador rectificó la posición al admitir que no hubo una "gauchada". Faltaban unos minutos para las diez de la mañana y todos los senadores estaban en sus sitios. La expectativa era grande. A esa hora ya se sabía que el ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, se encontraba en el Palacio Legislativo e iba a entrar a sala para responderle al senador Sergio Abreu, que se aprestaba para dar su versión sobre la derogación de un ar- tículo de la vieja ley 2.230 de liquidación de sociedades anónimas, que permitió que el Tribunal de Apelaciones clausurara el proceso contra los hermanos Peirano Basso. Fernández, que un rato más tarde admitiría que en 2008 le sugirió a Abreu que se derogara el artículo 76 de aquella ley, esperó en una salita que tiene el Frente Amplio en el ambulatorio, acompañado por legisladores socialistas. Ingresó en lugar de Daniel Martínez y, cuando tomó juramento, lo saludaron casi todos los legisladores. El primer senador blanco en estrecharle la mano fue el ex presidente Luis Alberto Lacalle, que estaba a unos metros. Fernández se sentó en la banca de Martínez, entre la frenteamplista Susana Dalmás y el nacionalista Carlos Moreira.
Desde las barras siguió el tema el secretario general socialista Eduardo "Lalo" Fernández y el ex director de Sepredi, José Luis Veiga (Alianza Progresista). También estaban en el sitio varios diputados socialistas (Julio Bango, Gustavo Bernini y Daisy Tourné) y el nuevoespacista Jorge Pozzi.
Abreu entró a último momento a sala, luego de la media hora previa, cuando Fernández ya estaba en su lugar. El senador blanco leyó casi toda su exposición, que duró 20 minutos. Las reglas previas informadas por el vicepresidente Danilo Astori para una cuestión de "fueros" como la planteada por Abreu eran que cada senador hablara una sola vez y por veinte minutos, sin prórroga.
VISIONES. "Quedó muy claro que no miento, que no mentí y que el doctor Gonzalo Fernández aceptó que fue quien sugirió la autoría de la ley aprobada por unanimidad en el Senado. Fue una sugerencia intelectual de un grado cinco en derecho penal, que transmitió su preocupación sobre la derogación", afirmó Abreu cerca del mediodía en conferencia de prensa y cuando todo ya había pasado
"El origen del proyecto de ley está ahí. No soy un legislador irresponsable ni le hago mandados a nadie ni gauchadas a nadie", aseguró Abreu, cuyas conclusiones sobre lo afirmado en el plenario son muy distintas a las de Fernández.
El periodista Samuel Blixen le preguntó a Abreu si "desmentía" sus declaraciones publicadas en Brecha respecto a que Fernández actuaba con conocimiento de causa y que la actitud del ex canciller "fue una carambola a tres banda con casín". Pero Abreu respondió: "El tema es que yo no hago gauchadas ni tampoco soy un transmisor de mandados".
Luego se paró y dio por terminada la conferencia. "Son interpretaciones que cada periodista hace", agregó Abreu ante una nueva pregunta. "¿Usted me lo dijo o no?", siguió Blixen. "Sí, sí, sí, obviamente, está claro", concluyó Abreu.
El Frente Amplio no presentó en sala una declaración de satisfacción sobre lo afirmado por Fernández, aunque el coordinador de bancada, Alberto Couriel, expresó que el tema estaba "claro" y destacó la "integridad, confianza y credibilidad del doctor Gonzalo Fernández".
Luego la bancada frenteamplista hizo pública una declaración política que indica que en ningún momento se votó "para mantener privilegios o beneficios a persona alguna".
Respecto a la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, el Frente Amplio aclaró que "no determinó la libertad de los procesados" ya que estaban en libertad hace más de un año. Tampoco se puede concluir que por eso "se borren los antecedentes en una causa", indicó el oficialismo. Se agregó que la clausura del proceso "no es una sentencia absolutoria ni una declaración de inocencia y no se extingue la anotación del antecedente judicial".
Esa clausura "tampoco confiere a los imputados derecho a promover reclamaciones contra el Estado", no "inhibe a los ahorristas a seguir acciones judiciales" ni impide "la extradición a terceros países", dice la declaración frenteamplista. La bancada decidió, además, no presentar un proyecto de ley interpretativo planteado por la senadora socialista Mónica Xavier.
En sala, Abreu golpeó la mesa y gritó: "Yo no le hago mandados ni gauchadas a nadie. Cuando aporto un proyecto de ley lo hago como legislador responsable y no por ligerezas". Dijo que no actuó "en forma impensada irreflexiva" y que Fernández no lo puede acusar "de mentir".
De todos modos, el senador dijo que la derogación del ar- tículo 76 no fue pensada para el caso Peirano: "No se habló (con Fernández) de un caso en particular. No lo hubiera admitido ni mis compañeros de bancada lo hubieran aceptado. El proyecto fue pensado para darle claridad jurídica al nuevo régimen penal en materia comercial".
Tras una breve introducción de la senadora Xavier (quien afirmó que "nadie podía prever la situación ocurrida por el fallo del Tribunal de Apelaciones"), Fernández puso sobre su mesa un recorte de la nota de Brecha del viernes pasado y dijo que se alegra de lo dicho por Abreu porque en ese semanario se afirma que "fue objeto de un engaño, una gauchada y una carambola a tres bandas". Pero ahora Abreu "rectifica esa versión y dice que yo solo le sugerí", afirmó Fernández.
Acto seguido admitió que en 2008 le sugirió a Abreu que derogara el artículo, dado que no afectaba la causa de los hermanos Peirano, que ya estaban en libertad y había una acusación fiscal de insolvencia societaria, un delito distinto al que se eliminaba en la ley.
Pero Fernández rechazó haber tenido "injerencia en la redacción del proyecto" ni ser el padre intelectual. También cuestionó la decisión del tribunal que clausuró la causa por "prejuzgar" al descartar la demanda acusatoria. "La posición de la fiscalía y del juez de primera instancia es distinta a la del tribunal. Las dos no pueden tener razón. Ahora hay que esperar que el proceso se dirima ante un eventual pronunciamiento de la Suprema Corte, sin presionar ni inmiscuirse en el tema", expresó Fernández.
Las dos visiones
Fernández: "Había que derogar artículo"
1. LEY DE CONCURSOS. "Mi primer contacto fue en 2006 como secretario de Presidencia", recordó Gonzalo Fernández. Y contó que le avisó al entonces ministro Danilo Astori que allí se derogaba el artículo 76 por el cual estaban procesados los hermanos Peirano. El artículo no se derogó.
2. LA REUNIÓN. El ex canciller admitió que hubo una reunión con Sergio Abreu, donde el senador le contó que se estaba por votar la ley de concursos: "Le sugerí que limara las incongruencias porque creía y sigo creyendo que al haber una demanda acusatoria por insolvencia societaria, el delito por el cual la persona fue procesada no cuenta. Si esa es la sugerencia que dice que formulé, es verdad".
3. DECISIÓN. "No hay dudas que había que proceder a la derogación del artículo", concluyó Fernández.
4. LA LLAMADA. No recuerda si llamó al diputado blanco Álvaro Lorenzo o si éste lo llamó. Pero sabe que la comunicación fue a pedido de Abreu. Le dijo por teléfono que la derogación "no afectaba la causa en trámite" porque se formuló una demanda por insolvencia. "No pretendo tener el patrimonio de la verdad, puedo haberme equivocado. Pero no estoy en solitario porque la fiscalía y el tribunal de primera instancia coinciden con eso", indicó.
"Si Abreu reconoce como lo ha hecho que yo no pedí una gauchada y que no hubo carambola a tres bandas, sino que formulé una sugerencia por incongruencias normativas, digo que es verdad".
Abreu: "No quisimos beneficiar a nadie"
1. LEY DE CONCURSOS. El senador Sergio Abreu fue miembro informante del proyecto de ley de declaración judicial de concursos, que venía del Poder Ejecutivo con 263 artículos. Abreu ignoraba que Gonzalo Fernández originalmente había advertido que no se derogara el artículo 76.
2. LA REUNIÓN. Abreu contó que en esa reunión en 2008 Fernández le hizo un comentario puntual sobre la necesidad de revisar el capítulo de las derogaciones planteadas en la ley. Dijo que "fue una sugerencia de un catedrático de derecho penal" para evitar la duplicación de figuras delictivas, que motivó la elaboración del proyecto derogatorio. "El proyecto no fue pensado ni para beneficiar ni para perjudicar a nadie en particular", explicó.
3. DECISIÓN. "Fernández estaba y está convencido que la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 es procedente por duplicar declaración de un delito. Sugirió e impulsó intelectualmente el proyecto de ley", concluyó Abreu.
4. LA LLAMADA. "Fernández llamó al diputado Álvaro Lorenzo a instancias mías y le dio seguridades para votar la ley. Yo volví a conversar por teléfono con Fernández. Me expresó que le había dado su punto de vista pero le dijo que podían resolver lo que quisieran", recordó Abreu.
Lilí Lerena, Isaac Alfie y el Twitter de Pedro
La viuda de Líber Seregni, Lilí Lerena, llamó el lunes al senador Sergio Abreu para darle el respaldo ante la polémica con el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández. "Hágalo público", le dijo Lerena, según contó Abreu.
El senador nacionalista también recibió el apoyo vía teléfono del ex senador colorado Isaac Alfie, quien -junto a los frenteamplistas Margarita Percovich y Rafael Michelini- había firmado en 2008 el proyecto que derogó el artículo 76 de la ley, que eliminó el delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano. Alfie le dio "todo el respaldo".
Mientras, el senador colorado Pedro Bordaberry siguió en silencio la sesión de ayer, pero relató lo que pasaba desde su cuenta de Twitter. "Me trajeron la declaración del Frente Amplio. Todo triste, muy triste. Yonofuismo absoluto declarado por los involucrados", escribió. Y luego le mandó saludos "a jorge w q me sigue" (por Jorge Larrañaga). El senador blanco le había escrito: "Te estoy siguiendo y vigilando ja ja".
Imagen del Parlamento queda "dañada"
El Partido Colorado se mantuvo por fuera de la controversia entre Sergio Abreu y Gonzalo Fernández. Pero el senador Ope Pasquet alertó que "el Parlamento sale muy mal de todo este asunto y su imagen queda dañada", dado que no cuenta con asesores que puedan prever hechos como el sucedido con la ley que habilitó la clausura del caso Peirano Basso. Habló de la "fragilidad" de los "soportes" técnicos.
"Puede decirse que el tribunal de apelaciones se equivoca. Puede decirse que así sea. Pero la sentencia está bien fundada y hay juristas que la comparten. Por eso no podía desestimarse que esa era una interpretación posible de la sanción de aquella ley", indicó Pasquet.
"Si cabía alguna posibilidad de clausura del proceso penal, nadie hubiera votado una ley así. Si se votó es porque no se consideró que esa posibilidad existía", dijo Pasquet, que pidió que el Parlamento se modernice. El Legislativo uruguayo está retrasado en el respaldo técnico en relación a otros parlamentos latinoamericanos, aseguró.

LA CORTE DE COLOMBIA DIJO NO A LAS BASES MILITARES DE EEUU

LA CORTE DE COLOMBIA DIJO NO A LAS BASES MILITARES DE EEUU

La Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto este martes el polémico acuerdo de cooperación que se había suscrito con Estados Unidos el 30 de octubre de 2009 y que le permitía a este último país utilizar las instalaciones de siete bases militares. La suscripción de ese convenio generó grandes tensiones entre Colombia y los países de la región, como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Brasil. El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, explicó que el tribunal concluyó que, contrario a lo que siempre alegó el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, el convenio no era una simple extensión de los acuerdos militares que Colombia ha suscrito con EE.UU. desde 1952. González sostuvo que el convenio contiene "nuevas obligaciones", que, según la Corte, "exceden" lo que ya se había pactado y que, por esa razón, lo devuelve al presidente de la República.Eso significa, en otras palabras, que el uso de las siete bases, que es lo nuevo frente a los anteriores convenios militares, entre ellos el Plan Colombia, queda sin vigencia."No puede aplicarse""No puede aplicarse el acuerdo de 2009", declaró el magistrado González, luego de subrayar que la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del convenio, que fue demandado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización defensora de derechos humanos.Sin embargo, González precisó que los demás convenios militares siguen vigentes, entre ellos el Plan Colombia, gracias al cual 500 militares y 300 contratistas de Estados Unidos pueden permanecer en Colombia para operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla.El gobierno aceptó la decisión de la Corte y en un comunicado leído por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anunció que estudiará la decisión "a la luz de las normas del derecho internacional".Aún no se sabe si el gobierno, que asumió el pasado 7 de agosto, llevará el texto del convenio al Congreso para que lo ratifique, como lo dispone la Constitución de Colombia en materia de tratados internacionales.El presidente del Senado, Armando Benedetti, declaró que él siempre alegó que el convenio debió haber sido llevado al Congreso.Otro senador, Camilo Sánchez, del Partido Liberal, opinó que la decisión de la Corte no lo sorprende, porque "estaba cantada".No obstante que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene amplias mayorías en el Congreso, aún no se sabe si decide someter el texto a su consideración.En diálogo con BBC Mundo, el profesor Francisco Leal, un veterano experto en temas militares, señaló que "lo más sano para una democracia es que un tema de esta naturaleza sea debatido en el Congreso"."Es probable que el gobierno tenga las mayorías suficientes para aprobarlo, pero el debate público le da más claridad al tema", declaró Leal, profesor honorario de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes.Según Leal, que el Congreso intervenga en la aprobación del texto "le da la transparencia que el acuerdo no tuvo al comienzo".Colombia decidió hacer público el texto cuando surgió la polémica con los demás países, como una muestra de que no había nada oculto en la negociación.

Una mujer mata a sus 2 hijos y finge accidente en EEUU

Una mujer mata a sus 2 hijos y finge accidente en EEUU

Una madre de Carolina del Sur quien denunció que sus hijos se ahogaron al caer su vehículo a un río fue acusada el martes de homicidio tras indicar las autoridades que confesó haberlos sofocado y fingir luego el accidente. Shaquan Duley, de 29 años, dijo a los investigadores que estaba deprimida por los problemas económicos y su desempleo, dijo el alguacil del condado de Orangeburg Larry Williams. Agregó que Duley confesó haber matando a los chicos - Devean C. Duley. de 2 años, y Ja'van T. Duley, de 18 meses - con sus propias manos tras haber peleado con su madre por la forma en que criaba a los menores. "Creo que fue algo emocional", dijo Williams en una conferencia de prensa. "Creo que se presentó la oportunidad y reaccionó en esas condiciones para librarse de los niños". Las autoridades dijeron que no pudieron localizar al padre de los menores, que no vivía con la familia. Duley tiene además una hija de 5 años, que vive ahora con su abuela. La Patrulla de Caminos fue alertada hacia las 6:15 de la mañana del lunes que una mujer necesitaba ayuda para sacar a sus hijos del vehículo. Duley, que no tenía teléfono celular, había caminado por una carretera rural, donde pidió finalmente a un conductor que avisara a la Patrulla de Caminos. Horas después, las autoridades sacaron el sedán de Duley del río North Edisto, en Orangeburg, a unas 35 millas al sur de Columbia, la capital del estado. Ambos menores seguían atados a sus asientos con los cinturones de seguridad. Duley contó que sufrió un accidente y acudió en busca de ayuda. Empero, casi inmediatamente las autoridades comenzaron a tener sospechas porque no había marcas de frenado en la carretera ni indicios obvios de un choque. "Creímos que la historia que narró no estaba respaldada por los hechos", dijo Williams.
Tras un largo interrogatorio, la mujer acabó por confesar que había matado a sus hijos, añadió.

Corrupción en la Marina de Guerra de Uruguay: otros cinco oficiales, entre ellos ex comandante en jefe, irán a prisión

Corrupción en la Marina de Guerra de Uruguay: otros cinco oficiales, entre ellos ex comandante en jefe, irán a prisión

En la tarde de hoy, la fiscal del caso Mónica Ferrero entregó su dictamen a la jueza Graciela Gatti en el que solicita el procesamiento de cinco marinos.
Ferrero pidió que el ex comandante en jefe, Juan Fernández Maggio, fuera procesado por el delito de fraude. Los militares Pablo da Costa, Gerardo Feble, Alberto Márquez también se encuentran en este pedido de procesamiento. Además se pidió el procesamiento, pero sin prisión de Dario Dalmonte. Todos los indagados fueron citados al juzgado de crimen organizado para el próximo jueves al mediodía donde se espera el pronunciamiento de la jueza Gatti. Estos pedidos de procesamiento se enmarcan dentro de las investigaciones que se vienen llevando adelante por las compras fraudulentas realizada por la fuerza naval. Se presume que se realizaron compras fraguadas por un valor estimado de hasta US$ 7 millones. El comandante interino de la fuerza, Hugo Viglietti -quien asumió el cargo tras la renuncia de Óscar Debali- resolvió con el ministro Luis Rosadilla la separación del cargo de varios oficiales que ocupan puestos claves en el Comando. Rosadilla anunció días atrás que más allá de lo que establezca la Justicia, se tomarán "medidas ejemplarizantes" con los oficiales a nivel administrativo.

130 legisladores, Gonzalo Fernández y los Peirano

130 legisladores, Gonzalo Fernández y los Peirano

La opinión pública se despertó luego del fallo judicial del Tribunal de Apelaciones con un cruce de de acusaciones y con sospechas de intrigas legales y políticas. El Tribunal de Apelaciones emitió la resolución número 433 del 29 de julio de 2010. En ella revocó la resolución número 1228. Como consecuencia se clausuraron los procedimientos penales contra Jorge, José y Dante Peirano. Los hermanos Peirano estaban "procesados imputados de un comportamiento adecuado a la figura delictiva legislada en el artículo 76 de la ley 2.230 y que la ley 18.411 por su artículo 2 derogó tal norma desincriminando asila conducta que el artículo 76 describía, en tal situación, siendo esta norma derogatoria más benigna de acuerdo a la normativa legal".
En el día de ayer, 12 de agosto de 2010, el semanario BRECHA publica una investigación periodística, realizada por Samuel Blixen y apunta sus baterías hacia el ex Canciller y ex Secretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Dr. Gonzalo Fernández.
En su tapa BRECHA dice: “La intervención de Gonzalo Fernández fue determinante para exculpar a los Peirano” y titula: “La gauchada”.
En la misma tapa BRECHA agrega tres líneas de texto que dicen:
    * “El entonces canciller aseguró a los parlamentarios que el artículo a derogar no afectaba ninguna causa abierta”
    * Sergio Abreu: “Una carambola a tres bandas con casín”
    * Margarita Percovich: “Fue un operativo , nadie es inocente”
También en el día de ayer el Dr. Gonzalo Fernández fue entrevistado por la periodista Sonia Brescia en Canal 5. Allí Fernández desmiente las acusaciones publicadas por el semanario BRECHA y dice: "Fui yo el que evitó que el PE derogara el delito que llevó a prisión a los Peirano, Sergio Abreu miente"
En una nota publicada hoy 13 de agosto de 2010, en el matutino La República, el Dr. Gonzalo Fernández dice: "Es falso que el gobierno del Dr. Vázquez haya propiciado la derogación de los delitos y las penas contenidos en la vieja ley de 1893, fue todo lo contrario, ya que el anteproyecto que venía del Ministerio de Economía, sí contenía esa derogación a la que se le atribuye la exculpación de los Peirano, y siendo yo secretario de la Presidencia aconsejé y se me hizo caso que se eliminara esa derogación porque en ese momento la aprobación de la ley, traería como consecuencia que los acusados fueran exculpados".
La ley votada en el parlamento, que deroga el artículo 76 de la ley 2.230, tiene la firma de los senadores Sergio Abreu del Partido Nacional, Isaac Alfie del partido Colorado y de Margarita Percovich y Rafael Michelini del Frente Amplio. En el Semanario BRECHA, página 2, se citan alguna declaraciones de los firmantes: “Fue una carambola a tres bandas con casín" (senador Sergio Abreu)."Nos engañaron " (ex senadora Margarita Percovich)."Nos estamos comiendo un garrón" (senador Rafael Michelini). "Con esto se desmorona la credibilidad del Parlamento " (senador Abreu). "Fue un operativo, nadie es inocente" (Margarita Percovich)."Todos fuimos usados" (senador Abreu).”
Gonzalo Fernández que es entrevistado por La República dice los siguiente: “Es totalmente falso que yo le haya pedido al senador Abreu que presentara ese proyecto de dos artículos derogando los delitos contenidos en la vieja ley de 1893, que sólo se había aplicado en 1965 cuando la quiebra del Banco Transatlántico, en 1971 con la quiebra del Banco Mercantil de la familia Peirano y más recientemente con la quiebra del Banco Montevideo dirigido también por esa familia"
A renglón seguido dice: "Jamás le pedí nada al respecto al senador Abreu, lo único cierto es que un diputado cercano al senador, el en aquel entonces diputado nacionalista Álvaro Lorenzo, me consultó como abogado, si esa derogación de esos artículos influiría decisivamente en la exculpación", amplió el Dr. Fernández.
Según BRECHA, luego que el 23 de octubre que la ley entró en vigencia el entonces Canciller de la República, el Dr. Gonzalo Fernández le manifestó al senador Sergio Abreu que se habían detectado algunas incongruencias en algunas disposiciones referidas a delitos penales que estaban vigentes y aquellas incorporadas en la nueva ley.
Fernández, según BRECHA y según Abreu le pidió a este que presentara modificaciones en un proyecto que solucionara esas incongruencias con  una nueva ley ampliatoria. Según lo relatado pro el senador Abreu a BRECHA este no quiso preguntarle por qué no lo hacía a través de su propia bancada. Dijo Abreu: “"entendí que se trataba de una gauchada y me bastaba el reconocido prestigio de Gonzalo como penalista".
El proyecto de ley se hizo y en él solo había dos artículos. El primero de ellos modificaba la fecha de entrada en vigencia de la ley aprobada un mes antes. El segundo derogaba los artículos 42 al 44 y el artículo 76 de la ley 2230.
El artículo 76 fue por el cual estaban procesados los hermanos Peirano. Dice el artículo derogado: “Los directores y administradores de sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para los quebrados fraudulentos ".
La derogación entró con las firmas de los senadores Abreu, Alfie, Michelini y Percovich. Según BRECHA y los senadores consultados, este proyecto del ley, tenía la aprobación del Dr. Fernández.
El proyecto de ley, ahora con media sanción, entró en diputados. Allí quien apreció con dudas y comenzó a realizar consultas fue el diputado Álvaro Lorenzo del Partido Nacional. Estas dudas fueron evacuadas por el senador Abreu de su partido y también por una consulta directa con Gonzalo Fernández.
El escenario político cambió radicalmente cuando el Tribunal de Apelaciones, integrado por los Doctores José Bonavota, Bernardette Minvielle y Eduardo Borges revocó la resolución número 1228.
Con esta resolución se clausuraron los procedimientos penales contra los Peirano. El artículo 76 era el único delito que se mantenía luego de las apelaciones de los abogados de los hermanos Peirano.
La versión del Dr. Gonzalo Fernández en “Sonia Entrevista” de Canal 5 en la noche de ayer y en el matutino La Republica de hoy es diferente de la relatada por BRECHA. Fernández le había dicho a Lorenzo, en la consulta realizada, que “ la derogación de los artículos, sí, hubiera exculpado a los hermanos Peirano y si la ley se hubiera aprobado cuando los procesados continuaban presos por el delito, pero que ahora que la carátula había cambiado y la acusación fiscal no se refería al delito que se pretendía derogar sino al de insolvencia societaria fraudulenta y considerando además que antes los Peirano estaban presos y ahora están libres, en su opinión esa derogación no implicaba ningún archivo del expediente y el proceso seguiría su curso no por el delito de la ley derogada sino por el delito de insolvencia fraudulenta”.
 El penalista insistió al periodista de LA REPUBLICA: "Esa fue mi posición y sigue siendo la misma ahora, y también es la posición de la jueza de primera instancia que denegó el archivo de la causa y la del fiscal que también se negó a ello y el hecho de que el Tribunal de Apelaciones haya entendido lo contrario, no modifica mi opinión que no coincide con la del Tribunal y aún resta saber cuál es la posición de la Corte, que también puede coincidir con quiénes sostenemos que esa derogación no implica el archivo de la causa".
Entre otras afirmaciones Fernández dijo:
"Yo nunca le pedí al senador Abreu que se propusiera derogar ese artículo"
"Abreu está faltando a la verdad"
"El error no estuvo en aprobar la ley sino en la sentencia que hizo al respecto del proceso de los hermanos Peirano el Tribunal de Apelaciones".
“Si la fiscal presenta un recurso de casación, no tengo dudas de que la Suprema Corte de Justicia subsanará el error de derecho y seguirá la causa"
Los antecedentes de los hermanos Peirano Basso tras la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 "no quedan limpios sino que pasan a ser clausurados. No es una absolución ni tampoco una sentencia de inocencia". (UyPress)

Un escándalo de corrupción en Uruguay con muchas preguntas

Un escándalo de corrupción en Uruguay con muchas preguntas

La Armada Nacional está sumergida en el mayor escándalo de su historia, lo que ha determinado, hasta ahora, la renuncia de su comandante en jefe, Contralmirante Oscar Debali, por la destitución y condena judicial de su sobrino acusado de traficar con tarjetas telefónicas. Una acusación y un delito menor.
Más graves son los delitos comprobados a varios oficiales. Acusados de realizar compras ficticias por varios cientos de miles de dólares por una grúa y un banco de prueba de motores por un valor de seiscientos mil dólares, totalmente falsas.
Otro oficial fue descubierto traficando vales de combustible por más de cinco millones de pesos (250 mil dólares) y ya está procesado con prisión por la jueza especializada en crimen organizado.
Estos expedientes han determinado suspensiones en sus cargos, pasajes a la justicia ordinaria con procesamientos y pasajes a la justicia militar; y se anuncian nuevas investigaciones por parte del ministro de Defensa Nacional Luis Rosadilla.
Y todo apunta a que habrá nuevas investigaciones. ¿Cómo comenzó todo? Por una denuncia anónima presentada ante la justicia civil ¿Quién presentó esa denuncia? Se manejan varias hipótesis.
¿Es parte de una disputa interna de la armada preparando la sucesión del nuevo comandante en jefe que debía producirse en el mes de febrero del 2011? Una pedrada algo desproporcionada.
¿Es una zancadilla de otra de las fuerzas armadas, en la permanente disputa que existe entre los uniformados y que en realidad se les fue de las manos? Es una posibilidad.
¿Es parte de la disputa interna que existe entre los sectores de poder de las Fuerzas Armadas?
Lo cierto es que entre periodistas y especialistas en la materia se tiene conocimiento de que el manejo financiero en el sector militar, en particular de los recursos derivados de las misiones militares de los Cascos Azules de las Naciones Unidas, hace mucho tiempo que es muy oscuro.
Son resabios impenetrables de la vieja época. El anterior gobierno de izquierda logró penetrar algo en los cuarteles, en el tema de los derechos humanos, realizando excavaciones y encontrando algunos cuerpos de desaparecidos y documentación.
Algunas cosas, pero no le hincó el diente al manejo financiero de estos recursos extra presupuestales que ahora comienzan a aflorar.
¿Cuanto sabían los mandos? ¿En que medida estaban involucrados? Es simplemente un tema de detalles, nadie con un mínimo de seriedad puede creer que esas maniobras reiteradas y de esos volúmenes se hacían bajo sus narices y a sus espaldas, en una estructura que se precia de ser vertical y de tener una férrea disciplina.
¿Hasta donde funcionará ahora la disciplina que logró mantener la pesada cortina de la "obediencia debida" para ocultar la mayor parte de la información de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura? ¿También funcionará en los casos de los manejos irregulares del dinero?
Seguiremos preguntándonos. (UyPress)