JUSTICIA

Corrupción: proveedores de la Armada fugados ya están en Israel

Gustavo Trocki, el mayor proveedor de la Armada junto a su hermano Daniel, investigado por la Justicia, se habría fugado el pasado martes 3 de agosto por Carmelo. Por quince minutos perdió el avión hacia Israel y se tomó otro hacia EEUU. Los hermanos Trocki son tres, Gustavo, Daniel y Jorge. Dos de ellos eran proveedores de la Armada, Gustavo y Daniel y estaban vinculados en las falsas compras que acaban de ser descubiertas, el tercero no. La jueza de crimen organizado, Graciela Gatti investiga al menos una de sus empresas por ser proveedores de la Armada en la falsa compra de la grúa y la máquina para probar motores. Ambos hermanos eran representantes de la empresa estadounidense Boston Whaler. Según la información divulgada en primer término por El Observador y seguida por La República, en la mañana del miércoles, el jardinero de la casa de Gustavo, en Plácido Ellauri 3382, cerca del Montevideo Shopping, llegó como siempre a buscar sus herramientas de trabajo, pero al no encontrar a nadie en la casa se fue, informó el portal Montevideo.com. Tampoco encontró a nadie el hombre que lleva a pasear los perros, un ovejero y un labrador que quedaron en Montevideo y ladraban en la vivienda. Sin embargo, hasta el viernes 6 de agosto la esposa de Gustavo Trocki aún atendía su tienda en Pocitos y sus tres hijos jugaban en la zona.
Gustavo Trocki también posee una vivienda en Punta del Este en la calle Sarandí sin número, manzana 6, que era propiedad de su padre.
Los hermanos Trocki habían ganado una licitación para proveer lanchas a la Armada para ser utilizadas en la misión de paz en Haití. La Justicia también está investigando esta licitación para establecer si los Trocki tenían algún tipo de privilegio ante la Armada.
En la noche del lunes 2 de agosto fue detenido el capitán Alvaro Bacqué por estafa en la Armada, y el martes el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, presentó una denuncia penal. Al mismo tiempo, el mismo martes, Rosadilla concurrió al Parlamento para explicar las actuaciones sobre el caso.
El capitán Bacqué detenido, permanecía incomunicado en la sede del Comando General de la Armada, donde revistaba en la División Financiero Contable del Ministerio. El oficial de la Armada fue responsabilizado por "una maniobra con vales de combustible".
La Justicia se aprestaba en los días siguientes a profundizar las investigaciones por la "compra fantasma" por U$S 600.000 de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores para la Armada. Los materiales "adquiridos" fueron pagados pero no aparecen en su lugar de destino, el Dique Nacional.
Los abogados de los oficiales "indagados" por las maniobras irregulares pudieron acceder al expediente e interiorizarse de los hechos investigados por la jueza especializada en crimen organizado de 1er Turno, Graciela Gatti, y la fiscal Mónica Ferrero.
Ya estaban previstos careos entre el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, y del ex jefe del Estado Mayor de la Armada y hoy jefe de Flota, contralmirante Manuel Burgos. Fernández Maggio ya había declarado el sábado 31 de julio y dijo haber sido "burlado" en su buena fe por los autores de la maniobra.
El capitán de navío Gerardo Feble, agregado militar en Brasilia (Brasil) hasta ser relevado por el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, por sus "implicancias" en las "compras fantasmas", afirmó que entre 2003 y 2004 se habrían recibido al menos 6 importaciones de materiales que no estaban dentro de las previsiones de la Armada.
Fue entonces que el martes 3 de agosto, Gustavo Trocki fue informado por un allegado que debía irse del país junto a sus hermanos y las respectivas familias. Fue así que salió de Montevideo a las 00.15 horas para llegar a Carmelo alrededor de las 4 de la mañana y arribar a Tigre, en Argentina, cerca de las 7 de la mañana del miércoles 4, a través de la empresa Cacciola.
Gustavo Trocki llegó a Ezeiza 15 minutos después que el vuelo hacia Israel había despegado por lo que decidió, sin vacilar, tomar un avión hacia los Estados Unidos para allí hacer una conexión y poder llegar a Israel.
El viernes 6 desaparecieron los otros dos hermanos de Gustavo Trocki junto a sus respectivas familias. Varios de ellos se resistían a partir, incluso Jorge que nada tenía que ver con las maniobras con la Armada, pero finalmente fueron convencidos que su partida era imprescindible. El 7 de agosto, a través del mismo puerto, se fue del país otro contingente de familiares de los Trocki.
El Estado aún mantenía una deuda de U$S 5 millones con los hermanos Gustavo y Daniel Trocki. Las casas, los autos, los perros y casi todas las pertenencias de las familias de los fugados están ahora a disposición de lo que decida la Justicia.
Los hermanos Trocki utilizaban una cuenta en el banco Hapoalim, de Nueva York, el cual posee una filial en la calle Soriano y Florida, adonde solían girar el dinero por las ventas a la Armada. Actualmente los hermanos Trocki y sus familias se encuentran en Israel.

"Asesino de Craigslist" se suicidó en su celda en EEUU

El estudiante de medicina Philip Markoff, preso en Boston por el asesinato de una mujer que contactó a través de la red online Craigslist, se suicidó en su celda, anunció este domingo la policía. Markoff, de 24 años, "fue hallado inerte y declarado muerto a las 10H17" locales del domingo (14H17 GMT), indicó en un comunicado conjunto la fiscalía y la policía del condado de Suffolk (Massachusetts, noreste).
"Se trata aparentemente de un suicidio", precisan las autoridades, agregando que una investigación de rutina está en curso. "Markoff estaba solo en su celda y todas las pruebas recabadas hasta el momento indican que se quitó la vida".
El joven se encontraba detenido desde el año pasado a la espera de su juicio, inculpado por el asesinato de la prostituta Julissa Brisman, de 25 años, el 14 de abril de 2009.
El caso del llamado "Asesino de Craigslist" fue seguido con interés por la prensa de Estados Unidos desde que Brisman fue hallada muerta en su habitación del hotel Boston Marriott.
El estudiante fue inculpado de haber matado a Brisman golpeándola con una pistola en la cabeza antes de dispararle tres balas en el pecho.
La mujer ofrecía masajes eróticos en el popular sitio web de avisos clasificados Craigslist, donde se publicitan desde muebles y casas en venta hasta servicios de babysitting.
Markoff también había sido inculpado por el robo de otra mujer, en un hecho separado. Según los fiscales había robado 800 dólares y tarjetas de crédito a la bailarina exótica Trisha Leffler, el 10 de abril en otra habitación de hotel. La mujer, de 29 años, también anunciaba sus servicios en Craiglist.
Pesaban contra Markoff cargos de homicidio, robo a mano armada, secuestro, asalto a mano armada y posesión ilegal de armas de fuego.
El joven se había declarado inocente y desde entonces estaba preso a la espera del juicio previsto en 2011.
Markoff había sido arrestado luego de que la policía divulgara imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del hotel donde ocurrió el crimen, lo cual generó pistas y condujo finalmente a su detención.
En el momento de ser detenido Markoff estaba comprometido con su novia Megan McAllister, que rompió con el presunto asesino tras visitarlo en la cárcel. El sábado se hubiese cumplido el primer aniversario de la boda.

Dos ex cancilleres de Uruguay en furioso duelo dialéctico para ver quién favoreció a banqueros corruptos

El senador Sergio Abreu planteará el próximo martes en la Cámara alta una cuestión de fueros contra el doctor Gonzalo Fernández por haberlo tratado de mentiroso por la clausura de la causa contra los hermanos Peirano. Al respecto Fernández se preguntó "¿Cómo va a plantear una cuestión de fueros si yo no le hice ninguna imputación sobre su actividad parlamentaria y solamente le dije que faltaba a la verdad, al afirmar que yo le había pedido que presentara y apoyara en el Parlamento la derogación del artículo 76 de la ley 2230?", afirmó el ex canciller en un reportaje que le hizo La República. El jurista abundó en detalles sobre la conversación en la cual se basa el senador Abreu, al afirmar que el doctor Fernández le había pedido la "gauchada" de eliminar el artículo 76 de la vieja ley de 1893, cuya derogación sirvió de base al Tribunal de Apelaciones para decretar la clausura de la causa contra los hermanos Peirano. Al respecto el ex canciller fue explícito: "El doctor Abreu era un asiduo visitante de la Cancillería. Cada 2 meses aproximadamente en su condición de integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado me pedía audiencia para interiorizarse de los temas que estaban en la agenda. Dada esa frecuencia en el Ministerio lo denominábamos risueñamente como "canciller in pectore". A la salida siempre lo esperaban periodistas para hacer declaraciones sobre esa entrevista, al punto tal que tuve que pedirle que si quería hablar conmigo no se trajera todas las veces a los periodistas para buscar notoriedad. La entrevista en la que él afirma que yo le pedí la derogación del artículo 76, ocurrió hace 2 años, un artículo que yo mismo le había dicho a Astori cuando se presentó el proyecto, mucho tiempo atrás, que no debía ser derogado porque los Peirano estaban presos y procesados precisamente por ese artículo y su derogación implicaba la inexistencia del delito en ese momento y en esa causa. Abreu vino como hacía siempre a mi despacho y hablamos no me acuerdo si sobre el Mercosur o Unasur o temas por el estilo y ya al retirarse en pleno saludo me comentó que estaba muy contento con el trabajo realizado en el proyecto de ley sobre reorganización empresarial y declaración del concurso judicial. Hablamos a lo sumo un minuto sobre el tema y yo le advertí que miraran con mucha atención el tema de las derogaciones contenidas en ese proyecto porque era un tema de gran complejidad jurídica y de articulación de numerosas normas. Y tan es así que basta con que cualquier ciudadano baje de Internet el artículo 256 de la ley 18.387 aprobada y verá decenas de párrafos de múltiples derogaciones que si no se ponía mucha atención sobre ellas podían cometerse muy fácilmente errores de técnica legislativa. Mi comentario duró un minuto. No le pedí en modo alguno que impulsara la derogación del polémico artículo 76 de la 2230, ni ningún otro artículo de esa ley ni de ninguna ley de nuestro derecho positivo. El senador Abreu falta a la verdad cuando afirma lo contrario para eludir su responsabilidad en la presentación del proyecto de su autoría de sólo dos artículos, uno de los cuales deroga a texto expreso el artículo 76 de la 2230. Esta es la verdad e ignoro por qué motivos el senador Abreu afirma que yo le pedí que me hiciera el favor de derogar ese texto, aparentemente para favorecer a los Peirano. Al respecto quiero hacer dos precisiones. La primera es que esa derogación, que yo no impulsé, en el momento en que la presentó Abreu, no favorecía a los Peirano porque ya estaban libres por gestiones de la OEA y porque ya estaban acusados de un nuevo delito con penas más severas como es el de insolvencia societaria fraudulenta. Sí, favorecía a los Peirano si esa derogación se hubiera aprobado cuando los banqueros estaban presos solamente por el delito establecido en el artículo 76 de la 2230 y por eso fue que me opuse a esa derogación y llamé a Astori para decirle que debían sacar del proyecto esa derogación porque si no los encausados, que estaban presos, quedarían sin delito y en libertad. Astori me agradeció la observación y esa derogación se eliminó del proyecto concursal que finalmente se aprobó. La segunda precisión en que en todo momento fui coherente. Cuando el entonces diputado blanco, Alvaro Lorenzo me preguntó sobre la incidencia de la derogación del artículo 76, cuando ya los Peirano estaban libres y les imputaban un delito más grave que el establecido en ese artículo, le di mi opinión, que sigo manteniendo, que esa derogación no implicaba la inocencia de los encausados ni el archivo de la causa. Es la misma opinión que sostiene la jueza que denegó la clausura de los procedimientos y de la propia fiscal. El hecho de que un Tribunal de Apelaciones se haya equivocado y decretara la clausura de los procedimientos penales, no modifica mi opinión. Creo que se trata de un error del Tribunal y también creo que si la fiscal pide la casación de la Suprema Corte, ésta probablemente revoque ese fallo y el juicio contra los Peirano por un delito más grave que el del artículo 76, como es el de insolvencia societaria fraudulenta, proseguirá su curso. La tercera precisión sobre este punto, es que si yo hubiera querido que se derogara, ahora sí, el artículo 76 de la 2230, no se lo hubiera pedido a un legislador del partido adversario sino a los de mi partido. Pero lo cierto es que no se lo pedí a nadie, ni a Abreu, ni a los legisladores de mi partido, porque estaba en otros menesteres y no era mi responsabilidad. Cuando fue mi responsabilidad siendo secretario de la presidencia, actué y pedí que no se eliminara el artículo 76 de esa ley porque traería consecuencias inmediatas en la causa penal contra los Peirano".

Víctimas de abusos de sacerdotes recurren al Tribunal de Estrasburgo

Algunas víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación del derecho de acceso a la justicia en Bélgica, se informó hoy. El recurso de urgencia fue anunciado por el abogado de las víctimas, Walter Van Steenbrugge, en declaraciones que publican hoy varios diarios belgas. La decisión se tomó después de que una sala de supervisión de la fiscalía de Bruselas decidió el viernes que los registros realizados a finales de junio en la sede del arzobispado de Malinas-Bruselas y en la catedral de Malinas fueron irregulares.
La investigación intentaba discernir si miembros de la jerarquía católica habían protegido a religiosos autores de abusos sexuales.
La fiscalía no anunció esa decisión porque el juez de instrucción, Wim de Troy, pidió confidencialidad, pero el abogado del cardenal Godfried Danneels -arzobispo hasta enero pasado- se apresuró a convocar una rueda de prensa para anunciar que la resolución consideraba irregulares los registros, por lo que confiaba en que el caso fuera archivado.
"El que no podamos conocer el contenido de la decisión demuestra una arrogancia inédita. La justicia escupe sobre las víctimas, que tienen derecho a la información", afirma el abogado Van Steenbrugge en sus declaraciones.
El recurso ante el Tribunal de Estrasburgo se debe a que la legislación europea "estipula que tenemos derecho a un juez. Nos han quitado ese derecho y por ello pido la condena del Estado belga, que debe velar para que se respeten los derechos de las víctimas".
Según explicó ayer el abogado del cardenal Danneels, los registros "fueron demasiado generales y sobrepasaron la competencia del juez de instrucción".
A finales de junio, agentes de policía y funcionarios judiciales examinaron durante horas la sede del Arzobispado de Malinas-Bruselas, la catedral de Sint-Rombouts y la vivienda de Danneels en busca de posibles documentos incriminatorios de ocultación de pederastia.
El registro del Arzobispado, la mayor circunscripción administrativa de la Iglesia Católica belga, se realizó de forma simultánea a una reunión de la Conferencia Episcopal nacional, a la que asistía el nuncio apostólico.
Los responsables eclesiásticos fueron retenidos durante horas mientras se llevaba a cabo la investigación, algo que el actual arzobispo, Andre-Joseph Léonard, consideró "un poco excesivo".
Por otro lado, los investigadores abrieron parcialmente dos tumbas de antiguos cardenales situadas en la catedral, y se incautaron del ordenador personal de Danneels.
El Vaticano protestó a Bélgica y manifestó su "indignación" y "estupor" por la forma en la que se llevaron a cabo las pesquisas.
Este último escándalo de pederastia en la Iglesia belga salió a la luz el pasado mes de abril cuando el obispo de la diócesis de Brujas, Roger Vangheluwe, fue cesado por el Papa en abril tras haber reconocido haber abusado sexualmente de un menor cuando era sacerdote.
La víctima era su sobrino, y la pasada semana la prensa belga publicó que Vangheluwe había pagado a la familia para que no le denunciara mientras los hechos no hubieran prescrito.

Nueva ley para arreglar zafarrancho que dejó sin antecedentes penales a banqueros corruptos en Uruguay

El Partido Socialista presentó a la bancada de senadores del Frente Amplio un proyecto interpretativo de la ley en que se amparó la Justicia para clausurar el proceso contra los hermanos Jorge, José y Dante Peirano y eliminar sus antecedentes. Según pudo saber Ultimas Noticias, el proyecto, que desde el jueves estudian los senadores frenteamplistas, fue elaborado por la socialista Mónica Xavier ante la “conmoción pública” que provocó la decisión del Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno de la semana pasada, que dictaminó la clausura del proceso y la eliminación de los antecedentes. El tribunal se expidió apoyado en el artículo 2º de la Ley 18.411, aprobada en noviembre de 2008 en el Parlamento, que derogó el artículo 76 de la Ley 2.230 de 1893, en base a la cual se envió a prisión a los hermanos Peirano. Ese artículo establecía que “los directores y administradores de sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirán la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para los quebrados fraudulentos”.
El proyecto de ley interpretativo que la senadora Xavier puso a consideración de sus compañeros de bancada el pasado jueves establece que la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 fue realizada con la finalidad de evitar que dos disposiciones (esa y la Ley 18.387 de octubre de 2008) contuvieran el castigo de las mismas conductas punibles.
Por lo tanto, el proyecto interpreta que la referida derogación no supone la eliminación de los antecedentes penales de las personas que hubiesen incurrido antes de la ley interpretada por actos de corrupción pública y privada.
De acuerdo a las fuentes consultadas por Ultimas Noticias, aunque la aprobación del proyecto de ley interpretativo no tendrá carácter retroactivo como para anular la resolución del Tribunal de Apelaciones, sí le será útil a la fiscal Raquel Rodríguez cuando presente un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, última instancia judicial para expedirse sobre el caso.
Tras el cierre del Banco Montevideo, Jorge y Dante Peirano fueron procesados el 8 de agosto de 2002 por asociación para delinquir y por el artículo 76 de la Ley 2.230. José Peirano también fue procesado el 8 de agosto de 2002 por asociación para delinquir y por insolvencia societaria fraudulenta.
El 26 de marzo de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno ratificó los procesamientos, pero revocó los delitos de asociación para delinquir, al tiempo que se les cambió la acusación en base a la Ley 2.230 por el de insolvencia societaria fraudulenta.
Los hermanos Peirano estuvieron presos hasta 2007, luego de cuatro años y medio de prisión sin sentencia de primera instancia.
La decisión del tribunal generó sorpresa en legisladores del oficialismo y la oposición, que afirman que no esperaban que la ley que se votó en 2008 tuviera como efecto la eliminación de los antecedentes de los Peirano.
El tema fue tratado el lunes pasado en la reunión semanal de la bancada de senadores del Frente Amplio, según informó ayer el semanario Brecha, que también consignó cuestionamientos de legisladores blancos.
El senador Sergio Abreu y el diputado Álvaro Alonso, ambos de Alianza Nacional, contaron cómo votaron en ambas cámaras legislativas un proyecto que no imaginaban el efecto que tendría. Además, manifestaron que la iniciativa de hacer la modificación legal había sido del entonces canciller Gonzalo Fernández, aunque quien presentó el proyecto de ley en el Senado de la República fue el propio Abreu.
Asimismo, el senador frenteamplista Héctor Tajam (MPP) declaró al semanario que se cometió un error al aprobar la derogación en 2008, al tiempo que la ex senadora Margarita Percovich (Vertiente Artiguista) dijo que “fue un operativo” y que “nadie es inocente”, lo que motivó un fuerte malestar en filas socialistas.

¿De quién, entonces, es la mano amable que dejó a los banqueros Peirano como bebés de pecho?

"Se trata de una gran mentira a varias puntas, de una conspiración que deforma la realidad", dijo anoche a LA REPUBLICA el conocido penalista Dr. Gonzalo Fernández, refiriéndose a las acusaciones que le formulan responsabilizándolo de la clausura de todos los procedimientos penales contra los banqueros José, Jorge y Dante Peirano. El secretario de la Presidencia del Dr. Tabaré Vázquez y canciller de la República del gobierno anterior fue enfático en sus declaraciones al diario oficialista LA REPUBLICA. "El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, titulado "Declaración judicial del concurso y reorganización empresarial" no contenía derogación alguna de los artículos de la ley 2230 del 2 de junio de 1893 por la cual se eliminaban los delitos de quiebra fraudulenta, fraude, simulación y violación de estatutos y violación de una ley de orden público", afirmó el Dr. González Fernández. "Es falso", -añadió el penalista- "que el gobierno del Dr.Vázquez haya propiciado la derogación de los delitos y las penas contenidos en la vieja ley de 1893, fue todo lo contrario, ya que el anteproyecto que venía del Ministerio de Economía, sí contenía esa derogación a la que se le atribuye la exculpación de los Peirano, y siendo yo secretario de la Presidencia aconsejé y se me hizo caso que se eliminara esa derogación porque en ese momento la aprobación de la ley, traería como consecuencia que los acusados fueran exculpados". Abundó el Dr. Gonzalo Fernández: "Y ello era así porque los hermanos Peirano estaban procesados y aun en prisión por los delitos contenidos en la ley que se pretendía derogar". "Mi posición fue aceptada" ­explicó el ex funcionario-" y al proyecto se le eliminaron los artículos que derogaban los delitos y penas de esa ley, y el proyecto del Poder Ejecutivo fue al Parlamento sin esa derogación".LA REPUBLICA le preguntó al ex canciller ,¿cómo entonces, el Parlamento derogó esos delitos?, respondiendo éste que eso ocurrió posteriormente a la aprobación de la ley remitida por el Poder Ejecutivo, a través de otro proyecto de ley presentado por el senador Sergio Abreu."Es totalmente falso que yo le haya pedido al senador Abreu que presentara ese proyecto de dos artículos derogando los delitos contenidos en la vieja ley de 1893, que sólo se había aplicado en 1965 cuando la quiebra del Banco Transatlántico, en 1971 con la quiebra del Banco Mercantil de la familia Peirano y más recientemente con la quiebra del Banco Montevideo dirigido también por esa familia", explicó el penalista desmintiendo la especie que afirmaba que él le había solicitado al senador Abreu que éste presentara esa derogación, a la cual se le atribuye la exculpación de los banqueros acusados. "Jamás le pedí nada al respecto al senador Abreu, lo único cierto es que un diputado cercano al senador, el en aquel entonces diputado nacionalista Alvaro Lorenzo, me consultó como abogado, si esa derogación de esos artículos influiría decisivamente en la exculpación", amplió el Dr. Fernández.Seguidamente aclaró que el le informó al entonces diputado Lorenzo, que su posición jurídica es que la derogación de esos artículos, sí, hubiera exculpado a los hermanos Peirano si la ley se hubiera aprobado cuando los procesados continuaban presos por el delito, pero que ahora que la carátula había cambiado y la acusación fiscal no se refería al delito que se pretendía derogar sino al de insolvencia societaria fraudulenta y considerando además que antes los Peirano estaban presos y ahora están libres, en su opinión esa derogación no implicaba ningún archivo del expediente y el proceso seguiría su curso no por el delito de la ley derogada sino por el delito de insolvencia fraudulenta. El penalista insistió al periodista de LA REPUBLICA: "Esa fue mi posición y sigue siendo la misma ahora, y también es la posición de la jueza de primera instancia que denegó el archivo de la causa y la del fiscal que también se negó a ello y el hecho de que el Tribunal de Apelaciones haya entendido lo contrario, no modifica mi opinión que no coincide con la del Tribunal y aún resta saber cuál es la posición de la Corte, que también puede coincidir con quiénes sostenemos que esa derogación no implica el archivo de la causa"."Queda claro entonces sobre este punto" ­resaltó el Dr. González Fernández- "que yo fui el que le dijo a Astori que el proyecto del Ministerio de Economía no debía contener la derogación de los delitos por los que fueron procesados los hermanos Peirano, y que jamás le pedí al senador Abreu, quien falta a la verdad, no sé con qué objetivo, que presentara un proyecto derogando esos delitos. Y también queda claro que mi posición es que esa derogación en este momento, no modificaba la situación procesal de los hermanos Peirano, aunque el Tribunal de Apelaciones haya clausurado erróneamente la causa, error este que espero sea corregido por la Suprema Corte si la fiscalía pide la casación".Interrogado por lo que el diputado Bernini calificara en el programa de Sonia Breccia en el Canal 5 como "linchamiento injusto de un medio de comunicación contra el Dr. Gonzalo Fernández", cuando fue precisamente el Dr. Fernández el que eliminó del proyecto del Ejecutivo la polémica derogación, el penalista informó a LA REPUBLICA que se "dirigirá a los responsables del semanario Brecha que lo acusó, a su propio partido, el Partido Socialista, y a las autoridades del Frente Amplio para que la verdad resplandezca y las calumnias exhiban su condición".

Capitán de Navío acusado de acoso laboral por tres mujeres, oficiales superiores de la Marina de Guerra de Uruguay

En medio del tembladeral que vive la Armada Nacional por los resonantes casos de corrupción que provocó, incluso, la renuncia del almirante del Arma, otro hecho de extrema gravedad pone en jaque a un Capitán de Navío que se encontraba en la misión de paz en Haití. Según datos recogidos por "Causa Abierta", el comando de la Armada ordenó el inmediato regreso del jerarca naval que ya volvió al país. Al parecer ya se habrían reunido pruebas suficientes sobre la presión laboral que ejercía sobre tres colegas, todas ellas mujeres, una de las cuales también es Capitán de Navío. Las denuncias de acoso laboral fueron presentadas antes que el oficial partiera hacia Haití, pero la investigación siguió su curso en el seno de la Armada, cuyo comando ordenó que el Capitán de Navío acusado volviera de inmediato a Uruguay. El hermetismo en torno al caso es absoluto y no se sabe si el oficial se encuentra arrestado o ha sido sancionado, empero se dijo a "Causa Abierta" que su situación es muy delicada, al punto que su carrera podría verse definitivamente truncada.

Piriápolis: cotejo de ADN puede liberar al único acusado de asesinar a Natalia

Un giro de 180 grados puede tener el caso del crimen de la joven Natalia en Piriápolis. El único individuo encarcelado por el homicidio de la joven aguarda tranquilo en la cárcel de Lavalleja y proclama su inocencia. Es que el examen de ADN que le practicaron fue negativo y sería una prueba fundamental para liberarlo pese a sus declaraciones que lo comprometieron y llevaron a la justicia a su procesamiento. La compleja investigación aún no ha terminado ni mucho menos. Desde hoy y hasta el 2 de setiembre habrá una intensa actividad judicial para avanzar con las investigaciones de la muerte de Natalia Martínez Bengoa. Hoy por la tarde están citadas por el juez cuatro personas. El juez penal Gabriel Ohanian, a cargo del juicio del joven acusado de haber ultimado a Natalia Martínez Bengoa, comenzará hoy con una serie de interrogatorios, indagatorias y diligencias de pruebas que se prolongará hasta el próximo 2 de setiembre. Para hoy viernes fueron citados por la Justicia a declarar como testigos el ex director del Instituto Técnico Forense, Guido Berro, el director de Investigaciones de Maldonado, comisario inspector César Álvez y la hermana de Natalia, Claudia Martínez.También comparecerá esta tarde un joven indagado, amigo de quien hoy está recluido en Colonia, a quien le retirarán una muestra orgánica para cotejar su ADN con los que figuran en el expediente.Este joven montevideano se encontraba detenido en dependencias del Departamento de Investigaciones cuando el ahora procesado aguardaba en la sala de espera para ser interrogado como testigo. Esa tarde, Rodrigo B.B. -procesado por homicidio- dijo al resto de los amigos citados a declarar que no hicieran referencia en ningún momento al caso de Natalia Martínez Bengoa.El comentario emitido por Rodrigo B.B. fue escuchado por una meretriz que aguardaba en la misma sala para ser atendida por personal de Orden Público de la Jefatura de Policía de Maldonado. Ella se lo comentó a los efectivos policiales que minutos más tarde la atendieron. Por esta razón Rodrigo B.B. fue detenido y luego interrogado durante el resto de la tarde, hasta que finalmente confesó la autoría del crimen, según confió la Policía.El joven amigo del imputado, identificado como M.S., será interrogado esta tarde.En tanto, Rodrigo B.B. será conducido el próximo lunes desde la cárcel departamental de Piedra de los Indios a la sede penal de 4º Turno de Maldonado, donde el médico forense le retirará una muestra para elaborar su perfil genético y luego compararlo con el registro de los datos del tejido extraído desde debajo de las uñas de la fallecida.El juez tiene intenciones de profundizar en la indagatoria y confirmar los datos que se encuentran descritos en el expediente, a los efectos de determinar si existen otras responsabilidades o bien el juicio, que se encuentra en la etapa de sumario, afecta sólo a quien resultara procesado el 10 de junio, tras la reconstrucción.El viernes 20 de agosto deberán comparecer los amigos del procesado que se encontraban con él en el Juzgado la tarde en que fue detenido mientras aguardaba en la entrada de la Dirección de Investigaciones de Maldonado.El ex médico forense Julio Macedo y la directora del Laboratorio de la Dirección Nacional de Policía Técnica, fueron citados como testigos para el 2 de setiembre próximo por el juez de la causa Ohanian.La presencia del ex director del ITF y reconocido forense, Guido Berro, fue solicitada por el juez no sólo por la autoridad académica que representa sino porque además integró la junta médica que tuvo a su cargo la autopsia de Natalia y que determinó que se trató de "una muerte violenta".Berro integró este equipo junto a los forenses Julio Macedo y Carlos Maggi.El juez quiere aclarar las dudas y preguntarle a Berro por qué se llegó a esta conclusión.No se descarta que Berro sea consultado sobre el estado en que se encontraba el cadáver de Natalia, si las muestras obtenidas en la escena del crimen son fiables o pudieron ser contaminadas o manipuladas por error y si se aplicó correctamente el protocolo que rige en este tipo de actividades.Berro podría ser consultado también sobre si la muestra de ADN obtenida del tejido hallado debajo de las uñas de la víctima pudo haber sido contaminada cuando fue descubierto el cuerpo o en su posterior proceso de laboratorio.Hasta el momento, el ADN obtenido debajo de las uñas de Natalia no coincide con ninguno de los obtenidos a lo largo de la instrucción del presumario, indicaron fuentes del caso.Más allá de las actuaciones en curso, a juicio de los investigadores el caso está claro y la culpabilidad apunta al ahora detenido en la cárcel de Colonia. Su confesión fue contundente y cerró con los indicios recolectados en el expediente antes de su detención. R.B.B. confesó que había encontrado a Natalia en la puerta del boliche "La Rinconada" y no en el interior. Durante la reconstrucción, marcó el lugar exacto donde ocurrió, coincidiendo con lo señalado por las amigas de Natalia y el librero. La confesión es válida porque tanto su testimonio como la reconstrucción no dejaron dudas según investigadores. También marcó el lugar exacto donde dejó el cadáver de Natalia en el bosque de pinos y médanos frente a Laguna del Sauce. No obstante, la defensa del joven encausado asegura que su cliente es inocente.

Una jerarca policial de Canelones presa por contratar a una falsa enfermera

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, dispuso ayer el procesamiento con prisión de una comisaria inspector del departamento de Canelones a quien se le imputó el delito de "fraude", ya que posibilitó el ingreso irregular de una mujer a la cárcel departamental para ocupar un cargo de enfermera, cuando en realidad no posee el título correspondiente para esa especialidad. Junto con la oficial -que hasta el año pasado se desempeñaba como jefa de Personal de la Jefatura- fue procesada pero sin prisión la mujer que obtuvo el puesto de auxiliar de enfermería, cuando en realidad es auxiliar de servicio. La información había sido adelantada anoche por Subrayado. En este caso, el juez Díaz y el fiscal Perciballe le imputaron el delito de "usurpación de título". Si bien la oficial de Policía niega haber incidido en la contratación, la mujer que se hizo pasar por enfermera afirmó que tenía una relación previa con la jerarca y que fue a través de ella que logró ingresar a la cárcel con el cargo de enfermera. La oficial hizo que la mujer concursara y como logró el puntaje más alto entre los postulantes, ingresó como enfermera, aún cuando la jerarca policial sabía que no contaba con la preparación necesaria para ese cargo. La maniobra por la contratación irregular, que tuvo lugar el año pasado, fue denunciada por el sindicato policial de Canelones ante el Comando de la Jefatura, que dio cuenta de los hechos al magistrado Díaz. El martes había siete policías indagados por esta contratación irregular, pero no fue posible probar su vinculación con el caso, por lo que fueron puestos en libertad, dijeron fuentes judiciales consultadas por El País. Agregaron que la investigación continuará con otras presuntas irregularidades denunciadas por el sindicato policial. Entre ellas, el alto número de habitantes de la localidad de San Ramón que ingresó a la Jefatura durante la gestión de la oficial procesada quien, precisamente, reside en esa ciudad de Canelones.

Secuestros exprés en Montevideo: tres mujeres y dos hombres a prisión; falta el "cerebro" de la banda

La Justicia envió entre rejas a casi todos los integrantes de la peligrosa banda que consumó varios secuestros exprés contra parejas en las costas de Montevideo, aunque resta la captura de tres individuos ya identificados, uno de ellos considerado el cerebro del grupo delictivo apodado "el porteño". Menores fugados del Inau, delincuentes mayores y mujeres hacían la mezcla explosiva que puso en vilo a la sociedad. Las tres mujeres encarceladas, madre e hijas de 45,  26 y 18 años, eran las encargadas de custodiar a las víctimas durante las horas que duraban los golpes, a quienes les tipificaron el delito de complicidad en copamiento. Asismo, se resolvió la internación del menor de 15 años, detenido el martes junto a los anteriores, a quien se le inicia procedimiento en la ley penal juvenil en calidad de autor responsable de rapiña, copamiento en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de privación de libertad. Un delincuente que vivió cierto tiempo en Buenos Aires y tiene cierto acento "porteño" al hablar -acento que recordaron algunas víctimas luego- podría ser el cabecilla del grupo. O al menos quien trajo el "modelo exprés" y comenzó a reclutar a individuos capaces de cometer este tipo de delito. La mezcla de avezados delincuentes con delincuentes juveniles llamó la atención de los investigadores. De hecho, el primero de los procesados César Alejandro Ferreira Silva (37) contaba ya con varios antecedentes. Este hombre era dueño del rancho en Leandro Gómez y Pasaje A al que varias de las víctimas fueron conducidas en algún momento. El sitio era discretamente vigilado por los agentes de Hurtos y Rapiñas desde hacía algunos días, pero cuando la banda se enteró de que venían pisándoles los talones Ferreira Silva provocó el incendio que destruyó la modesta construcción a unas cinco cuadras de una unidad militar. De hecho, el incendio precipitó todo el operativo de detención ya que entonces los policías temieron que la gavilla intentara borrar rastros o pruebas claves para intentar eludirlos. Sin embargo, cuando Ferreira Silva fue interrogado en los despachos de la Brigada de Asaltos negó su participación en los hechos. Se limitó a reconocer que su rancho había sido utilizado en los secuestros exprés. De todos modos la jueza penal Mariana Motta halló suficientes elementos como para procesarlo como cómplice de un delito de secuestro en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de rapiña especialmente agravado. Entre este rancho y las viviendas ubicadas en la zona de Chacarita de los Padres la banda solía mantener a sus rehenes mientras se apoderaban del botín o directamente copaban sus casas. De todos modos, aún restan muchos elementos para dar por cerrado el caso, admiten los propios investigadores policiales. La pluriparticipación de varios de los integrantes de la banda, o la participación aislada de algunos de ellos, otros eventuales lugares de refugio utilizados por los delincuentes, así como probar que paralelamente a los secuestros exprés los mismos delincuentes cometieron otros atracos. Cabe recordar que algunas de las víctimas declararon más tarde que sus propios vehículos habían sido utilizados por los maleantes para cometer esos atracos.
Fuentes policiales consultadas por El País afirmaron que si bien varios de los detenidos aparecieron en diferentes zonas de Montevideo, se trata de la misma banda con la salvedad de que no en todos los casos actuaban los mismos, sino que se rotaban en cada hecho ilícito. "Se iban formando los grupos sobre la marcha", indicaron altas fuentes policiales, este hecho hizo más ardua la búsqueda de la peligros gavilla.
La madre del joven de 22 años que finalmente recuperó la libertad sobre la noche del miércoles vivió horas terribles desde que se enteró la noticia "por la televisión". Ana tiene 42 años y dijo haber pasado el día en un eterno "sueño terrible". Ella trabaja en la construcción y fue tal el impacto de ver descender a su hijo de la camioneta policial en el Juzgado que perdió el conocimiento, desvaneciéndose en la calle.
Tras una larga espera, Ana sólo repitió durante la tarde que su hijo "es inocente. Trabaja en la construcción, tiene una nena de año y medio y su esposa va a misa todas las semanas". Al momento en que su hijo descendió de la camioneta policial, alcanzó a tocarle la mano y pudo decirle al oído: "Confiá en Dios que todo va a salir bien. Vos sos inocente", le susurró.
Entrada la noche, Ana fue notificada por el abogado defensor de oficio de su hijo, Marcelo Duarte, que L.M.R. había recuperado la libertad. Con lágrimas en los ojos exclamó: "¡Les dije que mi hijo no tenía nada que ver, él es inocente!".
Allegados a una de las víctimas de los secuestros exprés mostraron a El País su conformidad con la captura de los implicados. Más allá de los procesados, un familiar de una de las personas secuestradas agradeció a la Policía por la labor y destacó el "profesionalismo y la seriedad" con la que -en primera instancia- Delitos Complejos y en el desenlace la Brigada de Asaltos trabajaron y llevaron el caso.
Otra de las víctimas consultadas por El País dijo que en ningún momento recibió llamada alguna de la Policía para hacer un reconocimiento de estas personas que fueron procesadas, aunque la noticia fue "tranquilizadora", confesó.
Como víctima del copamiento, dijo que vio las imágenes exhibidas por los medios televisivos y que "ninguno de ellos participó aquel día" en su hogar. Afirmó que las caras de los menores que la abordaron en su vivienda "parecen ser inolvidables", aunque confesó que a medida que pasan los días se convence que le tocó a su familia de "pura casualidad". "Fue fortuito", concluyó.
Indagan a un joven detenido
Un joven de 17 años fue detenido en la tarde de ayer por la Brigada de Asaltos en la zona del Cerro de Montevideo.
Según fuentes policiales, el menor tiene anotaciones por rapiña y en las declaraciones primarias se confiesa como uno de los autores de los primeros secuestros a una pareja de jóvenes.
En el día de hoy será conducido al Juzgado de Adolescentes. Según la Policía, dijo haber actuado con los procesados.
Un delito inédito en el país preocupa al gobierno
La seguidilla de casos comenzó el 3 de julio, aunque el 28 de junio se había registrado uno que seguía los mismos patrones. Desde el punto de vista legal no se considera correcto hablar de "secuestros exprés", toda vez que la figura del secuestro para el Código Penal uruguayo conlleva la privación de libertad con el fin de exigir un rescate. De hecho, se entiende que se trata de rapiñas seguidas de privación de libertad, aunque la misma figura podría caber también para el copamiento. Con un nombre u otro, la ola de secuestros exprés o su variante uruguaya comenzó a preocupar a las autoridades, particularmente al Ministerio del Interior. Ello movió al ministro Eduardo Bonomi a pedir colaboración a la OEA para hacer frente a estos casos. El organismo internacional respondió casi de inmediato con la designación de oficiales de la Policía de Colombia especializados en secuestros exprés, modalidad que cabe recordar se inició en este país y en México durante la década pasada. Estos oficiales, que OEA considera como los más calificados en el mundo en esta materia, vendrán a Uruguay a capacitar a oficiales de la Policía Nacional, en particular de Montevideo. El Ministerio del Interior procurará que este sea el germen de una unidad especializada en secuestros exprés que funcione en la órbita de la Jefatura de Policía de Montevideo, en cuyas manos estuvo la investigación de los casos recientes.

Asesino del repartidor de pizas de la Unión se negó a participar en la reconstrucción judicial

El menor sindicado como el autor del crimen de un delivery en la Unión hace un mes se negó ayer a participar en la reconstrucción del hecho que se realizaba a cargo de la jueza del caso. A pesar de la actitud del adolescente, la instancia continuó desarrollándose ante un importante marco de seguridad. El joven imputado de este crimen, que ocurrió en la noche del pasado 22 de julio, es conocido como "Ricardito" y tiene 17 años. Fue detenido por personal de la División Homicidios y tras comparecer ante la jueza de adolescentes María Teresa Larrosa, fue internado en una dependencia del Inau como autor de un delito de homicidio. Como informamos, el crimen ocurrió en el cruce de Aizpurúa y Ricaldoni y la víctima, Maximiliano Rosember Martínez, de 27 años de edad, era el delivery de la pizzería "Don Mateo", emplazada en Mateo Cabral y Escocia.
Esa noche, en el comercio se recibió una llamada por celular solicitando un pedido que debía ser entregado en una determinada casa situada en la calle Aizpurúa. Maximiliano se dirigió en su moto hacia ese lugar, pero al llegar no ubicó el número de la vivienda, por lo que llamó al comercio indicando que no hallaba el lugar. La encargada del comercio se comunicó con quien realizó la llamada, indicándole que el empleado no encontraba la dirección y éste le dijo a su madre que se asomara a la puerta de la casa, para que el delivery la viera. Aquella lo hizo, pero no había nadie. A todo esto, el trabajador se encontraba aún dando vueltas cuando se le acercaron dos sujetos y uno de ellos, con un revólver, lo amenazó, exigiéndole el dinero. Ante esto, reaccionó e intentó alejarse, pero el individuo le efectuó varios disparos y dos de los proyectiles lo alcanzaron en el tórax y un brazo. Fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció a poco de ingresar. De acuerdo al testimonio de los vecinos, horas antes observaron a dos jóvenes que se encontraban en una plaza de la zona donde estuvieron varias horas. Se presumió que estaban allí para cometer asaltos y justo sorprendieron al delivery.
Personal de la División Homicidios se hizo cargo de las investigaciones y luego de interrogar a varias personas y recabar otros elementos de prueba, llegó a la conclusión de que un menor a quien se vio en varias oportunidades en un asentamiento de la zona no sería ajeno a lo sucedido.
El adolescente, conocido como "Ricardito", fue ubicado por los investigadores y detenido, pero en primera instancia negó el cargo en su contra. Sin embargo, encontraron un testigo clave cuya versión fue fundamental para determinar que este menor fue el autor del crimen. Declaró ante la jueza de adolescentes, quien dispuso su internación en el Inau. Para la tarde de ayer, se dispuso que se realizara la reconstrucción del crimen, disponiéndose un operativo de seguridad, ya que el lugar se encuentra cerca de un asentamiento donde se cobijaba el imputado. "Ricardito" fue trasladado al lugar y descendió de la camioneta del Inau, pero se negó a llevar a cabo la instancia, argumentando que era inocente. A pesar de esto, la jueza igual llevó a cabo la recreación de lo que pasó esa trágica noche.. Esta instancia se desarrolló durante una hora y no se descarta que este menor vuelva ante la Justicia.

Desmantelan bandas perpetradoras de secuestros exprés en Montevideo

La jueza Mariana Motta procesó con prisión este martes a un hombre por los secuestros exprés que se registraron días atrás en Montevideo, y otros ocho permanecen detenidos, según informó Subrayado. El grupo de sospechosos, que está integrado por cuatro mujeres, volverá este miércoles a declarar ante la magistrado, que intenta determinar las responsabilidades en los delitos, principalmente cometidos en el mes de julio. La Brigada de Asaltos de la Jefatura de Policía de Montevideo fue la encargada de detener y enviar a la Justicia a los implicados. Las personas detenidas estarían involucradas en los cinco casos de secuestro (o rapiña con privación de libertad, como lo denominan las autoridades del Ministerio del Interior), que se realizaron en las zonas de Pocitos, Punta Carretas, Villa Biarritz y Punta Gorda. Por estos casos, cuerpos especializados de la Organización de Estados Americanos (OEA) ofreció al gobierno uruguayo el apoyo técnico para afrontar el fenómeno. Fuentes de la jefatura de policía de Montevideo confiaron a "Causa Abierta" que tienen firmes esperanzas de desmantelar a estos grupos delictivos en los próximos días y con ello darle tranquilidad a una población conmovida por este tipo de ataques nocturnos sobre todo en la zona de la costa de la capital.

La Marina de Guerra de Uruguay se fue a pique: renunció almirante, su sobrino procesado y atropellan más denuncias

El comandante en jefe de la Armada, Oscar Debali, puso su cargo a disposición del ministro de Defensa Luis Rosadilla, a raíz de las denuncias que involucran al arma y que, a última hora, salpicaron hasta a su propio entorno familiar. Debali comunicó anoche su decisión indeclinable a los almirantes, en una reunión que se llevó a cabo en la sede del Comando General de la Armada. El ministro de Defensa Luis Rosadilla dará a conocer hoy las novedades que, a juicio del secretario de Estado, significará "un antes y un después" en la agitada vida institucional de la Armada. A última hora de la tarde, la justicia procesó a un familiar directo del Comandante en Jefe por el delito de peculado (153 del Código Penal). Se trata del teniente de navío Ernesto Menafra, integrante de la Quinta División de Estado Mayor (Comunicaciones), sobrino de Debali. Para el Jefe de arma resultó como un torpedo debajo de la línea de la flotación que se suma a las cerca de 14 denuncias de graves irregularidades que afectan a la Armada. Para Debali, llegó el momento de dar un paso al costado, y así lo trasmitió anoche con voz firme al almirantazgo bajo su mando. Menafra, un reservista de la Armada, había ingresado al arma en 1994 y tres años después pasó a encargarse del área de la telefonía, donde permaneció hasta ahora. Allí, la justicia, comprobó una serie de maniobras delictivas.El ministro Rosadilla anunciará esta tarde "novedades muy importantes" en cuanto a los hechos que atañen a la Armada Nacional. "Habrá un antes y un después por lo que se de a conocer" contó a este diario. Además aclaró "no tener miedo" y que no es una persona "presionable". "No me asusto", dijo. Los hechos que han ocurrido en la Armada Nacional y que se vienen desentrañando tendrá esta tarde un episodio que el propio ministro de Defensa Nacional Luis Rosadilla calificó ante este diario como "un antes y un después". Hoy en el entorno de las 14 horas, Rosadilla dará a conocer "novedades importantísimas" vinculadas a la institución "Armada Nacional". "Es algo que no está intrínsicamente relacionado a las investigaciones en curso sino a algo más macro, mas institucional de la Armada" relató anoche a este diario el propio ministro de Defensa. El contenido de lo que se revelará hoy por la tarde era guardado ayer bajo el más estricto de los secretos pero, para Rosadilla, lo que se conocerá determinará "un antes y un después" en la vida de la institución, dijo. Anoche, el contenido de los anuncios llegó a oídos del Presidente José Mujica. "Yo le informé al presidente de las decisiones tomadas" relató Rosadilla "y también a toda la oposición política". Por la tarde de ayer el ministro se comunicó telefónicamente con los legisladores del gobierno y de la oposición vinculados a los temas de la Defensa Nacional. Algunos de esos legisladores comentaron a este diario que la intención del ministro "fue ponernos en sobre aviso de lo que mañana (por hoy) él dará a conocer". Rosadilla se negó a revelar parte siquiera del contenido de esos futuros anuncios "porque estaría interfiriendo en esos hechos" aunque dejó entrever que estarán "relacionados a la institución en general" y no a un hecho en particular de los ya conocidos en la Armada. "Yo laburo y asumo la responsabilidad de la acción. Laburo y no tengo miedo" sentenció el ministro que, consultado al respecto, dijo no ser "una persona presionable" y que "tampoco me asusto". Versiones y trascendidos llegadas en los últimos días señalaban que al ministro de Defensa le habrían llegado algunos mensajes anónimos con el claro e innegable cometido de que deje sin efecto ciertas investigaciones en curso, particularmente en la Armada. Rosadilla reiteró además que "vamos a llegar hasta donde sea. Si hay que investigar desde Latorre hasta acá, lo vamos a hacer". La trascendencia de lo que esta tarde se conocerá va de la mano del sigilo con que las autoridades ministeriales y del gobierno todo vienen manejando la información. A nivel político, el ministro Rosadilla recibió el anuncio de "total apoyo" del espectro legislativo luego de que los dirigentes conocieran el tenor de estas "importantes novedades". El presidente Mujica recibió al ministro a altas horas de la noche. "He vuelto al país hace algunas horas y estuve atando ciertos datos. Mañana (por hoy) en la mañana revisaré otro capítulo de esta información y por la tarde las daré a conocer. Son novedades muy importantes" relató Rosadilla a La República.La Justicia prosiguió ayer la indagatoria sobre las "compras fantasmas" en la Armada. Varios oficiales confrontaron sus testimonios ante las contradicciones existentes por su participación o conocimiento de las maniobras ilícitas. El expediente podría derivarse a la Fiscalía para su pronunciamiento.El ex comandante en Jefe de la Armada, vicealmirante (r) Juan Fernández Maggio, y el capitán de navío Gerardo Feble participaron ayer de un careo ante la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Graciela Gatti, como forma de contrastar las versiones contradictorias aportadas por ambos durante la indagatoria por las "compras fantasmas" efectuadas por el Comando General de la Armada en 2008."Sin comentarios", fueron las escuetas declaraciones de ambos oficiales al culminar la audiencia. Sin embargo, ambos oficiales habrían ratificado ante la jueza Gatti y la fiscal Mónica Ferrero sus declaraciones previas ante la Justicia, señalaron fuentes de la investigación consultadas por LA REPUBLICA. Fernández Maggio ratificó ayer haber sido "burlado" por los oficiales participes en la maniobra; mientras Feble reiteró que todas los mandos y jerarquías de la Armada estaban en conocimiento de las maniobras, las cuales no eran ocultas ni secretas, explicaron las fuentes.Asimismo, la jueza Gatti interrogó a los capitanes de navío Danilo Damonte (ex jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Naval) y Gustavo Mochetti (actual jefe de la Cuarta División del Estado Mayor -Logística- y ex responsable del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada) y al capitán de fragata Pablo Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval).En este sentido, los oficiales Mochetti y Damonte ratificaron las versiones aportadas previamente ante la jueza Gatti. Mochetti manifestó haber recibido una orden verbal de Damonte y un fax desde el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada para efectuar el pago por la compra de un banco para mantenimiento mecánico (banco de pruebas para motores), con un costo de 8.094.089,50 pesos (394.833 dólares con tipo de cambio a 20,50), mientras Damonte afirmó actuar bajo órdenes impartidas por sus mandos y negó haber obtenido un beneficio particular por la maniobra, señalaron las fuentes.Algunos abogados participes de la indagatoria estimaron "inminente" un pronunciamiento de la fiscal Mónica Ferrero, en torno al expediente por las "compras fantasma" en el Comando General de la Armada. "El expediente está prácticamente cerrado, puede faltar alguna diligencia, pero es inminente que sea enviado a la Fiscalía para su pronunciamiento", señaló uno de los letrados.En este sentido, la jueza Gatti recibió la semana pasada la investigación administrativa desarrollada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la actuación policial por las "compras fantasmas", lo cual sumado a los recientes careos harían "inminente" el pronunciamiento de la Fiscalía. "Allí se verá si los hechos ameritan una imputación penal o no", agregó el abogado.La indagatoria comenzó semanas atrás con una "denuncia anónima" arribada a la Justicia Especializada en Crimen Organizado, donde se alertaba sobre algunas irregularidades en las compras efectuadas por el Comando General de la Armada en 2008. La jueza Gatti dispuso entonces un allanamiento en el Serap y una inspección ocular en la División Logística -N4- dependiente del Estado Mayor de la Armada; la magistrada constató entonces que la grúa hidráulica y el banco de prueba para motores adquiridos en unos U$S 600.000 no se encontraban en su destino, el Dique Nacional. La investigación interna del MDN supuso el relevo de cuatro oficiales, entre ellos, el capitán de navío Gerardo Feble, agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia (Brasil). Sin embargo, las denuncias no se circunscribieron únicamente a las "compras fantasmas", sino que también implicaron maniobras irregulares con vales de nafta (como informara LA REPUBLICA los días 24 y 26 de julio), por las cuales fue procesado con prisión el capitán de navío Alvaro Bacqué. Bacqué fue enjuiciado por "fraude" Asimismo, fue enjuiciado un efectivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) por "revelación de secreto", tras alertar a los oficiales de la Armada sobre el inicio de la indagatoria en su contra.

Maldonado: la mató y prendió fuego "por amor"

Quedó aclarada la muerte de la joven Vanessa Edith Bessonart González, de 21 años, ocurrida el mediodía del pasado domingo en pleno centro de la ciudad de Maldonado. El asesino fue su marido del cual se encontraba separada, quien fue remitido a la cárcel por un delito de homicidio especialmente agravado. La joven fue encontrada sin vida y semi carbonizada en una habitación de su casa de la calle Treinta y Tres, entre Sarandí y 18 de Julio, poco después de la hora 13.00 del citado día. Al lugar acudió una dotación de Bomberos alertada por vecinos del barrio, porque salía humo desde algunas aberturas de la finca. Al llegar y no tener respuestas, los soldados del fuego violentaron la puerta principal de la casa, encontrando en una habitación el cuerpo de la joven, tendido en una cama boca arriba y semi quemado porque había tomado fuego el colchón y otros efectos.Inmediatamente tomó intervención la seccional policial 1ª, Policía Técnica y la Justicia, procediendo a un minucioso relevamiento de toda la casa. La joven estaba tendida presentando múltiples quemaduras en todo su cuerpo, aunque peritajes posteriores pudieron determinar que tenía marcas en el cuello, típicas de un estrangulamiento. La autopsia realizada horas más tarde, dejó al desnudo además el calvario que atravesó, ya que en sus pulmones se encontraron rastros de "hollín", lo que confirmó que no dejó de existir por el estrangulamiento, sino por las emanaciones de gas de los elementos que tomaron fuego en su habitación.El mismo domingo a media tarde, la Policía detuvo a su ex esposo (se habían casado en el mes de marzo), del cual se encontraba separada; un hombre de 28 años que hasta el lunes de la semana pasada estuvo alojado en la cárcel de Las Rosas (por delitos vinculados a la distribución de drogas) y desde entonces cumplía prisión domiciliaria.El viernes, la Policía había tenido que intervenir ante una discusión entre la joven y el hombre, aunque éste finalmente se fue de la casa prometiendo no molestarla más.Algunos testimonios recogidos por la Policía dieron cuenta que el sujeto había estado poco antes del mediodía del domingo en la casa de la joven muerta, por lo cual se transformó en el principal sospechoso, a pesar de que hasta la mañana de ayer negaba cualquier responsabilidad en el impactante hecho.Dentro de la habitación de la joven, entre otras cosas, se encontró una carta -de amor- enviada por un hombre la cual fue sometida a pericias caligráficas, al igual que otra serie de elementos que analizó tanto Policía Técnica de Maldonado como el Instituto Técnico Forense (ITF) en Montevideo.En la mañana de ayer fue detenido otro hombre en Montevideo y trasladado a Maldonado. Esta persona había mantenido algún tipo de relación con la joven en los últimos tiempos, pero finalmente quedó descartada su vinculación con el asesinato.Tras varias horas de evasivas, su esposo Sergio Daniel Santi Carro, de 28 años, terminó reconociendo que había ido a la casa de Vanessa Edith con intenciones de recomponer la relación. Como la chica se negaba rotundamente, comenzó una discusión que terminó cuando la tomó con fuerza del cuello hasta hacerla perder el conocimiento.Con total frialdad y pensando seguramente que estaba muerta, prendió fuego el colchón intentando borrar toda prueba y se fue rápidamente de la casa, poco después del mediodía del domingo.Ayer mismo, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, se realizó la reconstrucción del hecho, durante el cual el asesino dijo "la maté por amor".Sergio Daniel Santi Carro tenía en su haber del 11 de diciembre de 2006, un procesamiento por homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa, tras haber apuñalado a otro joven en la ciudad de Maldonado.El pasado 7 de mayo fue enviado nuevamente a la cárcel de Las Rosas por un delito previsto en el Artículo 31 del Decreto Ley 14.294, en la redacción dada por la Ley 17.016, en la modalidad de tenencia de estupefacientesEs vez fue detenido cuando tranquilamente paseaba por el centro de Maldonado con 53 lágrimas de pasta base. Fue tras una persecución cuando una patrulla de la seccional 1ª lo vio en actitud sospechosa en las calles Dr. Edye y Rincón.Los efectivos le dieron la voz de alto, pero lejos de acatar la orden, fugó raudamente en su bicicleta, tirando poco después un envoltorio que contenía la pasta base. Más adelante, en la calle 25 de Mayo, fue detenido, incautándosele una pistola de aire comprimido.

La SIP reprueba la solicitud de cárcel para periodista en Uruguay por difamación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tildó hoy de "grave retroceso para la libertad de prensa" en Uruguay la decisión de una fiscal que pidió 24 meses de cárcel para el periodista Álvaro Alfonso por el delito de difamación. En su decisión del pasado 2 de agosto, la fiscal Ana María Tellechea Reck solicitó la pena de prisión para Alfonso por un "delito de difamación en perjuicio de Carlos Alberto Tutzó López", ex legislador departamental por Montevideo del Partido Comunista de Uruguay (PCU), señaló la SIP. Asimismo, pidió en su dictamen la incautación de libro "Secretos del Partido Comunista" (2008), obra del citado periodista, en el que se cuenta que durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) Tutzó "colaboró" con los militares en la identificación de compañeros suyos mientras estuvo detenido. "Dictámenes de este tipo nos retrotraen a los peores tiempos que tuvo la libertad de prensa en nuestro continente, cuando las dictaduras hacían uso del secuestro y quema de libros como método de censura", dijo en un comunicado Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, con sede en Miami. Agregó que la fiscal contradice, además, "principios en contra de la despenalización de la crítica periodística que los legisladores uruguayos aprobaron el año pasado". Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó su sorpresa por el hecho de que "todavía haya fiscales pidiendo cárcel contra periodistas cuando en junio del año pasado fue sancionada una ley que despenalizaba los delitos de difamación e injurias, cuando se refiere a asuntos de interés y personas públicas, como es evidente en este caso".
Alfonso basó su información en fuentes militares de la época y en las "dudas" que, según dijo, persisten en el PCU respecto de la conducta de Tutzó López.
En su dictamen, además de pedir 24 meses de cárcel para el periodista, la fiscal sostuvo que el delito de que se le acusa "se continúa cometiendo a través del libro de autoría del encausado" y, por tanto, solicitó al juez del caso, Rolando Vomero, que "ordene la requisa de todos los libros publicados que contengan la alusión difamatoria referida".

La joven carbonizada en Maldonado: dos hombres son investigados por sospecha de crimen

Dos hombres serán interrogados este lunes por la Justicia de Maldonado en procura de aclarar la muerte de una joven de 21 años, ocurrida este domingo, en circunstancias que la Policía considera "dudosas". La joven fue encontrada carbonizada en su domicilio, en pleno centro de Maldonado, luego que pasado el mediodía los bomberos fueran alertados por algunos vecinos de la finca que de las ventanas de ésta partían densas columnas de humo.
Una vez que los soldados del fuego pudieron ingresar a la finca se encontraron con el cuerpo de la joven, posteriormente identificada como Vanesa Edith Bessonart González. Aunque aún se aguarda el resultado de las pericias efectuadas por Bomberos, efectivos de la policía de Maldonado no descartan que el fuego "se haya provocado de forma intencional" ya que la víctima presentaba signos de haber sido sometida a violencia física. De hecho, en la misma tarde noche de este domingo la Policía detuvo al esposo de la joven, de quien se encontraba separado, y que estaba procesado por la Justicia penal cumpliendo pena de prisión domiciliaria. También los efectivos de Maldonado ordenaron la detención de otro hombre, con quien la víctima mantuvo una relación afectiva reciente. Éste fue conducido en la mañana de este lunes a la capital fernandina desde la capital del país.

Diamantes sangrientos: Mia Farrow sepulta a Naomi Campbell junto al genocida

La actriz Mia Farrow declaró el lunes ante el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) que la modelo Naomi Campbell, contrariamente a lo que dijo a la Corte, recibió en 1997 un "diamante enorme", que le había sido enviado por el entonces presidente liberiano Charles Taylor. "Dijo que la despertaron durante la noche hombres que golpeaban a la puerta. Los había mandado Charles Taylor y le dieron un diamante enorme", dijo Farrow durante el juicio a Taylor por crímenes de guerra en La Haya. Naomi Campbell había afirmado el 5 de agosto en La Haya ignorar quién le había obsequiado pequeños diamantes en bruto, que recibió en medio de la noche luego de una cena organizada por el ex presidente sudafricano Nelson Mandela en la que también participaron Mia Farrow y Taylor. La fiscalía desea probar que Charles Taylor, de 62 años, mintió al afirmar que nunca había poseído diamantes en bruto que le habrían dado los rebeldes sierraleoneses del Frente Revolucionario Unido (RUF). El ex presidente liberiano, cuyo juicio en el TESL comenzó en enero de 2008, es sospechoso de haber dirigido a los rebeldes del RUF en Sierra Leona, abasteciéndolos con armas y municiones a cambio de diamantes, durante la guerra civil en ese país, de 1991 a 2001, que dejó 120.000 muertos y miles de mutilados.

Corrupción en la Marina de Guerra de Uruguay: a prisión Capitán y Policía de Inteligencia por "dar aviso"

La Justicia procesó a un capitán de navío, responsable del área financiera del Ministerio de Defensa, y a un jerarca de Inteligencia policial, en el marco de tres casos que investiga en relación con el manejo irregular de fondos militares. El militar procesado con prisión había sido separado de su cargo la semana pasada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, al constatarse a nivel administrativo la maniobra con vales de nafta por un monto cercano a los $ 7.500.000. En abril y mayo de 2010, el oficial naval Álvaro Bacqué solicitó a Ancap, a través del Ministerio de Economía, un refuerzo de rubros para la Armada con el argumento de incrementar la dotación de combustible para la fuerza naval.
La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero, luego de investigar las características de la maniobra, procesaron al militar con prisión por el delito de "fraude". El oficial retiró 595 libretas para combustible en estaciones de Ancap. Cada libreta contiene 25 talones de $ 500. La suma total de los vales asciende a $ 7.437.500, poco más de US$ 370.000.
En la caja fuerte de la oficina del oficial, se encontraron 159 libretas de vales de combustible, por valor de $ 1.987.500. Pero el militar dijo que desconocía el destino de las restantes 436 libretas por valor de $ 5.450.000, o sea unos US$ 260.000.
En cuanto al faltante, el capitán Bacqué dijo que entregó esos vales a un oficial de la Armada que a su vez está siendo investigado por las "compras fantasmas". Sin embargo, tras un careo entre ambos, el segundo uniformado quedó desligado de los hechos, según dijeron fuentes del caso a El País.
Inicialmente, en su declaración alegó que el dinero iba a ser destinado a una guardería dependiente del Ministerio de Defensa.
El procesamiento del responsable financiero del Ministerio de Defensa, pone fin a una de las tres investigaciones en torno al manejo irregular de fondos militares a cargo de la jueza Gatti. Los otros dos expedientes indagan el sistema de compras ficticias y el uso indebido de fondos provenientes de Naciones Unidas.
En el caso de las "compras fantasmas", esta tarde, a partir de la hora 14.00, habrá una instancia clave: someterán a careo a los oficiales navales indagados por las adquisiciones falsas de una grúa y un banco de prueba para motores por un total de US$ 600.000, que se destinaron a otros gastos.
En conexión con este caso, informó anoche Canal 10, se produjo también el procesamiento de un jerarca de Inteligencia policial.
Este funcionario del Ministerio del Interior, según la información, había citado a su despacho a un Capitán de Navío para avisarle sobre la inminente investigacion judicial que se iba a realizar para aclarar la red de compras irregulares en la fuerza naval.
El marino, según Canal 10, informó a sus superiores y estos le ordenaron retirar documentación incriminatoria, pero ese mismo día llegaron los oficios judiciales solicitando la información, que finalmente fue preservada.
El funcionario policial fue procesado por el delito de "revelación de secreto".
dudas. A nivel judicial quedan dudas respecto al destino que se le dio al dinero de las "compras fantasmas", porque no existen comprobantes que avalen si esos gastos se hicieron o el dinero quedó en poder de alguno de los oficiales.
Los careos de hoy podrían aclarar las dudas que surgen de declaraciones contradictorias.
El capitán de navío Gerardo Feble, quien hasta septiembre de 2009 se desempeñó como jefe de la División Logística (N4) del Estado Mayor de la Armada, aseguró en el juzgado que el manejo investigado se hacía por "orden verbal" del ex comandante Juan Fernández Maggio y del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, Manuel Burgos.
Feble fue quien firmó la solicitud que permitió simular la compra de la grúa hidráulica.
Sus declaraciones difieren de las que brindó Fernández Maggio ante la sede penal. El ex comandante de la Armada negó que la decisión de realizar compras ficticias haya sido suya.
"La Armada tiene una organización vertical, en este caso (la decisión la toman) el jefe de Estado Mayor, contralmirante Burgos y el jefe de N-4 capitán Feble", dijo ante Gatti y Ferrero, según consta en el expediente judicial.
Adónde fue a parar el dinero
Distintos documentos enviados la semana pasada a la sede penal que encabeza la jueza Graciela Gatti por el jefe de la Armada, almirante Óscar Debali, a solicitud de la magistrada, alertan sobre el origen de los gastos con el "dinero fresco" obtenido por las compras ficticias.
El dinero reingresado ilegalmente a la Armada por las "compras fantasmas" de una grúa y un banco de prueba para motores, un total de $ 7.550.000, fue cobrado en el BROU por dos capitanes de fragata y un particular, proveedor de la Armada. Según declaró a la justicia el contralmirante Leonardo Alonso, que instruye la investigación interna, las declaraciones que tomó a los indagados indican que "el dinero, billete tras billete, ingresó" a la fuerza naval. Pero no ha recibido ningún comprobante que lo demuestre.
Desde enero a julio de 2009, la Armada informó a la jueza que se gastó en viajes US$ 24.958 (US$ 10.288 con una empresa y US$ 14.670 con otra); en viáticos para el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio US$ 2.980; US$ 28.000 a una confitería; US$ 40.600 por trabajos para la Aviación Naval; entre otros rubros.
Hay otros gastos en una pinturería, en una cerrajería, una barracas, en farmacias, en una tintorería, en el supermercado Tienda Inglesa, en el hotel La Capilla de Punta del Este, en una chivitería, en una pizzería, en talleres mecánicos y casas de repuestos para autos, en laboratorios, en el pago de horas extras a dos personas, en trabajos de trofeos y plaquetas para homenajes, en repuestos para computadoras, en una casa de vinos, en una despensa, en una granja y en una casa de aire acondicionado.

Una joven muere en trágico accidente en Carrasco

Una joven de 22 años murió como consecuencia de las graves heridas sufridas al ser víctima de un accidente cuando viajaba como acompañante en una moto. Cerca de la once de la noche de ayer sábado, por la calle Bolonia se desplazaba la moto Yumbo, piloteada por Robert Erik Martínez Gómez, de 25 años, llevando como acompañante a Natalia Andrea Zunino Díaz, de 22. Al llegar al cruce con Mariano Uriarte, la moto entró en colisión con un auto VW Gol que circulaba por Uriarte y era conducido por un joven de 18 años. A su vez, el auto chocó contra un Renault que se encontraba estacionado a su derecha. Al lugar acudieron efectivos de la seccional 14a. y dos ambulancias, asistiendo al conductor de la moto que sufrió fractura de pierna izquierda. Los médicos sólo pudieron limitarse a certificar el deceso de la desdichada muchacha. También llegó al sitio del siniestro el juez penal de 10o. turno quien dispuso que el conductor del auto permanezca detenido e incomunicado y que en la jornada de hoy sea llevado a su despacho.    

Cruel enfrentamiento en Montevideo: adolescente balea a otro en el ano y en el pene

Dos jóvenes de 17 y 16 años se enfrentaron en el barrio Castelar y uno de ellos terminó baleado de gravedad. Ambos, con antecedentes por diversos delitos y fugados del Inau, se encontraron en la esquina de Juan Alvarez Cortes y Acosta y Lara. Al parecer el mayor de ellos quiso rapiñarlo y el otro le quitó el arma de fuego y lo baleó a quemarropa en distinas partes del cuerpo. El joven herido fue trasladado a un nosoconio privado donde lo operaron. En la institución médica se informó que se le habían suturado el recto y los intestinos y que sería intervenido nuevamente para extraerle una bala alojada en el pene. A las cuatro de la mañana de hoy el heridor llegó hasta la casa de un familiar y luego optó por entregarse en la seccional 26a. de Paso Carrasco. Policías de la seccional 14a., donde ocurrió el hecho, fueron a buscarlo y ahora aguarda la resolución del juez de Adolescentes. El menor detenido dijo que había tirado el arma a las aguas del arroyo Carrasco.