La ciudad de Paysandú ayer era un volcán de indignación y hoy se preparan marchas en repudio por la muerte de una profesora y en reclamo de justicia con los menores que le quitaron la vida. El conocido infractor "El Maikol" cumplirá 18 años en un mes. El martes de noche arrebató la cartera a Romina Severo y en el forcejeo provocó que cayera de la moto que conducía y fuera arrollada por un ómnibus, que le ocasionó la muerte. "El Maikol" iba como acompañante, en la moto que era piloteada por otro menor, también de 17 años. Ambos permanecían anoche en el Juzgado Penal a la orden del juez Pablo Dalera. Allí habían llegado al mediodía, tras intensos operativos de policías que consiguieron su detención. Convocados por familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, más de 200 personas se apostaron en el exterior de la sede judicial, después de haber marchado desde el liceo 7. Momentos de tensión y angustia se vivieron a lo largo de la tarde. Carteles, gritos y aplausos reclamaron "justicia justa" y la modificación de las leyes, para que los menores no recuperen fácilmente la libertad y vuelvan a delinquir. Precisamente, "El Maikol" cuenta con un profuso historial de anotaciones policiales, la mayoría por delitos violentos como arrebatos a mano armada. Ha sido internado en dependencias de INAU, de donde se ha fugado en reiteradas ocasiones.
Su caso saltó a la fama el 8 de mayo de 2009, cuando sus padres fueron procesados por "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad". En esa oportunidad, había sido detenido cuando intentaba robar una carnicería, con otros dos menores.
En un fallo que abrió la polémica la jueza Blanca Rieiro resolvió procesar con prisión al padre de 42 años y a la madre de 38. El padre, según se supo más tarde, poseía además antecedentes penales por delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes, concretamente por delito de suministro.
Para entonces el adolescente arrastraba un amplio historial de evasiones de dependencias del INAU, tras ser internado por la comisión de delitos. Al argumentar su fallo contra los padres del menor, la jueza Rieiro señalaba que la actitud de estos implicaba "un riesgo no sólo para la sociedad sino para él mismo, porque sus padres nunca hicieron nada para sacarlo de esa situación".
Al ser consultada por las razones de su decisión la magistrada también aludió a cuestiones más generales y vinculadas a la seguridad pública. "Esto no debería suceder, pero estamos en un punto de la inseguridad y de la violencia que lo exigen", reflexionó entonces.
Y ayer, luego de la extensa audiencia judicial, Lilia Beatriz Silva, la madre de "El Maikol", volvió a ser procesada en relación con su hijo.
Su hijo y el otro adolescente fueron internados al ser hallados autores de un hecho comprendido en la ley penal como homicidio a título de dolo eventual. Más allá del fallo, las autoridades procuraban establecer si "El Maikol" se hallaba o no evadido de alguna dependencia de INAU antes de cometer el crimen.
Mientras corría la noticia de que los responsables del trágico hecho habían sido detenidos y tras las primeras horas de estupor, familiares, amigos y compañeros de Romina, organizaban una movilización, que incluyó una marcha desde el Liceo 7 hasta la sede penal, donde permanecieron por varias horas.
Una acción similar fue convocada para la jornada de hoy, esta vez organizada por docentes, alumnos y funcionarios de los liceos. Romina era profesora de literatura y adscripta, estaba casada y tenía tres hijas: dos de 6 y 4 años y una bebé de dos meses de edad.
La foto familiar ampliada era portada ayer por varios de los presentes. Entre ellos, su madre y su esposo. Visiblemente angustiados, recibían el saludo de conocidos y vecinos que se acercaron para manifestar su solidaridad.
La larga tarde registró momentos de tensión, rabia e indignación. La Policía debió intervenir cuando un joven señalado como "provocador", fue atacado a golpes de puño por algunos manifestantes.
Tampoco faltaron los gritos de "asesinos". Y quienes aguardaron en la puerta la salida de los menores, con piedras en las manos, solicitaban a la Policía que no les taparan la cara y permitieran "hacer justicia". De ese tenor fueron los diálogos que se registraron cuando el jefe de Policía, Roque Arámbula, se presentó en el sitio. Pacientemente, el jerarca escuchó y explicó pormenores legales.
El ánimo reinante hizo que la Policía desplegara un estricto operativo y cerrara las calles del Juzgado. Anoche, los menores permanecían en la sede y fuentes policiales dijeron a El País que sólo los trasladarían cuando se calmara la situación. Se temía que fueran víctimas de linchamiento por parte de la multitud indignada.
"No podemos más"
"Nada de esto va a devolverme a mi hija", dijo a El País Zulema Pérez, luego de hablar con el jefe de Policía. "Estoy acá por otras madres y otras hijas", agregó, "esto no va a terminar, cuando esta gente sale a la calle está dispuesta a todo, van a seguir matando".
"Lo que yo pido es que quienes pueden cambiar esto lo hagan, ellos son la cabeza, nosotros simples trabajadores que damos la plata, por favor que cambien lo necesario y dejen de cuidarlos, porque así nos están obligando a hacer algo feo", sostuvo. Pérez es enfermera y asegura estar "cansada de ver entrar al hospital gente quebrada y lastimada por este tipo de delitos". "Esto no puede seguir, no podemos vivir así, algo vamos a tener que hacer", expresó.
