En Suecia está prohibido comprar servicios sexuales, pero no venderlos. En Holanda, la prostitución se considera un trabajo con derecho a Seguridad Social. En Dinamarca, las meretrices pagan impuestos, pero no tienen derecho a subsidio por enfermedad ni a prestación por desempleo. En España, la prostitución no está autorizada, pero tampoco prohibida, y las trabajadoras del sexo viven en un limbo de alegalidad: la regulación se limita a la "preservación del orden público" y a castigar los delitos contra la libertad sexual o el aprovechamiento de situaciones de debilidad. Los intentos por ordenar o abolir esta práctica han fracasado en España. En abril de 2007, una comisión parlamentaria alegaba la imposibilidad de hacerlo porque "prostitución y tráfico de personas son fenómenos ligados y relacionados que no pueden separarse". El debate no es único de España. Tampoco lo es la situación de alegalidad en la que viven las prostitutas. Sin embargo, en otros países donde hasta el momento se abstenían de legalizar o prohibir soplan vientos de cambio. Reino Unido e Italia, por ejemplo, ultiman medidas para disuadir a los clientes y terminar con la prostitución. O al menos, como en el caso italiano, ocultarla.
En España, las políticas no van más allá de unas cuantas ordenanzas municipales que sancionan el ejercicio de la prostitución en la calle, y de varias campañas publicitarias que, con el mensaje Tu dinero hace mucho daño. Porque tú pagas existe la prostitución, se han difundido en Madrid o Valencia.
No se sabe cuántas personas ejercen la prostitución en España. No hay estudios. Tampoco cifras. Sin embargo, aunque reconoce que no existen datos fiables, el Gobierno asegura que una inmensa mayoría de ellas lo hacen forzadas. "Según estimaciones policiales, aproximadamente el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en los clubes de alterne, carretera, saunas, etcétera, son extranjeras y la mayoría de ellas son traficadas", asegura la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, por correo electrónico.
Este dato, unido a las conclusiones de la comisión parlamentaria, llevó el pasado diciembre a aprobar un plan integral contra la trata de seres humanos para su explotación sexual. Con él, sostiene el Gobierno, se protegerá a las prostitutas que denuncien a sus explotadores. A éstos se les aplicarán medidas como el decomiso exprés de todos sus bienes.
Este plan, dotado con 44 millones de euros, es un paso importante para algunos que creen que la gran mayoría de las prostitutas lo hace a la fuerza y hace falta un modelo como el sueco, que prohíba pagar por el sexo. "Legalizar la prostitución sería una barbaridad. Supondría un sello de garantía para los explotadores de mujeres y niños", sostiene Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). Esta organización ayuda a las trabajadoras del sexo que son explotadas a salir de la prostitución, las asesora legalmente y las apoya para que encuentren otros trabajos.
Otras voces, sin embargo, apuntan que el plan contra la trata está bien, pero que no es más que "una forma de mirar hacia otro lado". "De no tomar ninguna decisión". Es la visión de Hetaira, un colectivo que lucha por los derechos de las prostitutas. Para esta asociación, el Gobierno se ha sacado las cifras "de la manga". Sostienen que para la mayoría de las que la ejercen, la prostitución es un trabajo voluntario. Creen, además, que con la regulación se frenaría la explotación que sufren algunas mujeres. "La prostitución forzada se ampara en la ilegalidad que ahora mismo existe en este trabajo. Habría que regular los sectores de la economía sumergida susceptibles de la explotación de la inmigración", sostiene Cristina Garaizábal, portavoz de Hetaira, un colectivo que lucha por los derechos de las prostitutas.
¿Qué modelo es el más adecuado? ¿Se hará algo por la regulación o por la abolición? "No estamos ahora en ese debate. Ahora la prioridad es detener a los mafiosos que explotan a las mujeres, y que ellas se sientan protegidas", dice la ministra Bibiana Aído. La titular de Igualdad explica que el plan es un instrumento de lucha contra la esclavitud de mujeres en nuestro país. Con él, asegura, España cumple con las recomendaciones de la ONU y el Consejo de Europa. El plan sitúa a España, dice, "como un país comprometido en la lucha contra una cuestión deleznable como ésta".
Mientras sigue la discusión y la situación de las prostitutas empeora -mucho más ahora con la crisis económica-, otros países hacen balance. Es el caso de Suecia. Su ley contra la compra de servicios sexuales cumple ahora 10 años. Pagar por sexo es un delito en ese país y la policía persigue a los clientes de las prostitutas. La normativa sanciona al comprador con penas de cárcel y multas. Hasta el momento y desde 1999 han sido denunciadas 1.800 personas por vulnerar la ley que prohíbe la compra de sexo. Hasta 2007, un total de 619 han sido condenadas. Sin embargo, ninguno ha sido condenado a penas de privación de libertad.
"La ley contra la compra de servicios sexuales supuso un avance enorme para la sociedad sueca. Desde entonces son muchos los ciudadanos que han tomado conciencia de la explotación a la que se veían sometidas las mujeres prostitutas. Es un gran paso para la igualdad y seguimos trabajando en ello", asegura la ministra de Igualdad e Integración de Inmigrantes, Nyamko Sabuni. En una encuesta realizada en 2008 sobre la legislación sueca contra la prostitución, el 70,6% de los entrevistados se manifestó a favor de seguir con la normativa vigente.
Y es que, tras la aprobación de la ley se produjo una desaparición casi total de la prostitución callejera en las grandes ciudades de Suecia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la prostitución ha vuelto, aunque en menor dimensión. Se calcula que en torno a un 30% menos que hace 10 años.
Es decir, las prostitutas están fuera de las calles, pero el modelo abolicionista no ha conseguido terminar con el comercio sexual. Ahora se hace de manera más oculta. Se disimula más a los ojos de la sociedad. Los expertos apuntan a que ahora la mayor parte se pacta por Internet y a través de la telefonía móvil. También ha aumentado el turismo sexual a países donde la prostitución está permitida, como Dinamarca, que además cuenta con el punto a favor de la cercanía.
Un reciente informe del Consejo Nacional de Sanidad de Suecia aseguraba que no se puede afirmar que la ley haya hecho disminuir el número de prostitutas. Algo para muchos imposible. "Lo que ha hecho la ley es aumentar los riesgos de violencia contra las trabajadoras del sexo. Ha hecho que trabajar con seguridad sea muy difícil", argumenta la Asociación de Trabajadoras del Sexo de Suecia. Desde esta organización sostienen que el abolicionismo promueve una mayor destreza de las redes de trata de seres humanos y de los proxenetas. Creen que la normativa ha expulsado a la prostitución hacia un mundo mucho más opaco a la vigilancia policial. "Las prostitutas están más desamparadas", alegan.
Sin embargo, según fuentes policiales, la ley parece funcionar como una barrera que dificulta que las redes de proxenetas operen. La policía sostiene que en Suecia hay unas mil mujeres extranjeras explotadas sexualmente, frente a las 15.000 de Finlandia. En ese país se presentó una propuesta de imitar la ley del país vecino, que sin embargo no prosperó.
Pero aunque Suecia fue el primer país en prohibir la compra de sexo, ahora no es el único. Noruega aplica desde el 1 de enero de este año una ley como la sueca; se penaliza también la compra de servicios sexuales en otros países. Una forma de perseguir el turismo sexual.
El modelo contrario es el holandés. Allí, desde 2000, hay una ley que regula la prostitución como un trabajo. Esta normativa legalizó los burdeles y obliga a sus propietarios a pagar impuestos y la Seguridad Social de las prostitutas. Las trabajadoras del sexo necesitan, además, una autorización municipal para ejercer.
Sin embargo, nueve años después de la ley holandesa algunos sostienen que siguen existiendo problemas de tráfico de mujeres y prostitución forzada. "En Holanda las mujeres y chicas que se prostituyen sufren regularmente amenazas, golpes, violaciones y amedrentamiento por parte de proxenetas y clientes", argumenta Heleen Mees. Esta abogada y economista -que sostiene que la prostitución es una forma de esclavitud y que nunca se hace voluntariamente- forma parte de un proyecto para reducir hasta erradicar los barrios rojos, las zonas de calles llenas de vitrinas y escaparates donde ellas ofrecen sus servicios.
"Es fácil darse cuenta de que hay personas que practican el sexo por otras razones distintas que las de la procreación. Por placer, por diversión o por otras razones. También hay personas que tienen más de un compañero sexual o que cambian de pareja cada noche. Pero, ¿qué sucede si un hombre o una mujer combinan esos factores? Que es una trabajadora o un trabajador del sexo", argumentan desde el sindicato de prostitutas Hilo Rojo.
Esta asociación sostiene que, a pesar de la ley, las mujeres no están del todo protegidas: dependen de que los empresarios les paguen la Seguridad Social. Además, dicen, los empresarios se resisten a pagar sus costes en impuestos y cotizaciones. Hilo Rojo cree que, a pesar de la regulación, la prostitución sigue siendo un trabajo "estigmatizado". El jueves, la organización cristiana Scharlaken Koord comenzó una campaña por todo el país para "ayudar" a las prostitutas a encontrar un "trabajo normal".
¿En qué espejo ha de mirarse España? Las opiniones siguen divididas. Sin embargo, todas creen que algo ha de cambiar. "Habría que plantear alternativas para las mujeres y planes de intervención para evitar que estuvieran explotadas", asegura Rocío Nieto, de Apramp. La presidenta de esta asociación considera que, excepto el Plan de Trata del Gobierno, el resto de acciones lo único que han hecho es empeorar la situación de las mujeres. "Con las ordenanzas que no permiten a las mujeres trabajar en las calles, la prostitución ha aumentado en los lugares invisibles: en los polígonos, en los clubes, en las barras americanas. Quitarlas de la calle no soluciona el problema, lo traslada. Las mujeres no han desaparecido, se han trasladado", dice.
Un punto que sí comparte Hetaira. "Han aumentado los niveles de acoso de las trabajadoras del sexo, de acoso policial", dice Cristina Garainzábal. Sin embargo, además de a las normativas municipales, la portavoz de Hetaira apunta hacia otro motivo: "Las mujeres que han decidido ganarse la vida con la prostitución están siendo invisibilizadas, olvidadas. Contra ellas están cargando las instituciones. Todo con la excusa de la lucha contra la trata". Garainzábal critica la política "inmovilista" del Gobierno. "Si realmente pensamos que todas las trabajadoras del sexo son víctimas de la trata no entiendo cómo no actúan de manera más eficaz. El problema es que no es cierto. Confundir ambas cosas minimiza el daño, el crimen de la prostitución forzada, y también niega los derechos de quienes están ejerciéndola voluntariamente", apunta. Su colectivo y otros critican que se ataque siempre a las prostitutas que ejercen en las calles y que, sin embargo, se cierre los ojos con los locales de alterne.
El Gobierno mantiene que su prioridad es terminar contra la trata de seres humanos. La ministra de Igualdad explica que, además del plan, que se aprobó el 12 de diciembre, se han puesto en marcha medidas de sensibilización, conocimiento y prevención. Campañas dirigidas a la población general, empresas de viajes, instituciones y organizadores de eventos. No piensan por ahora en hacer ninguna ley que regule o prohíba. De momento se centran en terminar con la trata de seres humanos. "La trata con fines de explotación sexual supone una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad afectando especialmente a mujeres y niñas en muchos lugares del mundo", sostiene Aído. Fuente El País de Madrid.
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