El jefe de las Fuerza Armadas de Honduras, general Romeo Vásquez Velásquez, reapareció este martes ante la opinión pública haciendo un llamado al diálogo como única salida a la crisis institucional y negó que sea él quien gobierna al país.Vásquez compareció primero en la televisión local y luego sorprendió con una visita al hotel capitalino donde se encuentra alojada la mayor parte de la prensa internacional.Frente a los medios extranjeros el militar se declaró optimista sobre las posibilidades de un rápido arreglo, pero no dio mayores detalles sobre el diálogo que, según él, avanza por buen camino.También insistió en que el problema hondureño no fue causado por las Fuerzas Armadas y por lo tanto no son las Fuerzas Armadas las que lo pueden resolver."No fue idea de nosotros (deponer por la fuerza al presidente José Manuel Zelaya). Si no, yo sería el Jefe de Estado, y yo no soy el Jefe de Estado, sino un subordinado del poder civil", afirmó.Pero no todos en Honduras están de acuerdo con esta versión."Los que mandan son los militares. Aquí no pasa nada si no es por la mano de él (Vásquez Velásquez)", dijo David Romero, director de Radio Globo, emisora clausurada por orden del gobierno interino."Es cierto que el golpe de estado fue diseñado y preparado por la oligarquía del país, que ellos (las Fuerzas Armadas) sólo atendieron al llamado de la oligarquía, pero hoy por hoy las decisiones electorales pasan por las manos de los militares", le dijo Romero a BBC Mundo.Y, para el director de Radio Globo, no hay que perder de vista que el actual Estado Mayor de las Fuerzas Armadas habría sido educado bajo la doctrina anticomunista y entrenado para la represión.Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) organización fundada hace 28 años para denunciar y documentar los abusos de los derechos humanos cometidos bajo la dictadura militar, encuentra semejanzas y diferencias entre ayer y hoy."La diferencia es que son nuevas víctimas. Pero son los mismos victimarios, sólo que con más impunidad y con mayor conocimiento de cómo hacer sus cosas", afirmó en conversación con BBC Mundo."En los '80 la represión se inició con los líderes, para desarticular. Ahorita está dirigida a los miembros (del Frente de Resistencia en contra del Golpe de Estado) para intimidar", afirmó.Según el COFADEH, las 41 personas que actualmente enfrentan acusaciones de haber atentado en contra de la seguridad del estado, no son sino presos políticos.Y la organización también ha documentado 12 casos de muertes recientes de simpatizantes del Frente de Resistencia que la policía atribuye a accidentes o violencia común, pero que Oliva no duda en calificar de "asesinatos políticos disfrazados" (algo que las autoridades niegan tajantemente).El resurgimiento de algunas figuras asociadas a los gobiernos militares de hace tres décadas, seguramente contribuye a esa percepción."Ese hombre (el presidente interino Roberto Micheletti) ha desempolvado todo lo feo de los '80. En su gabinete están los mismos políticos, empresarios y militares del pasado, ahora con mucho más poder y, por supuesto, con gran impunidad", dijo Oliva.Como ejemplos, la coordinadora del COFADEH mencionó al propio canciller del gobierno interino, Carlos López Contreras, al actual director de migración, Nelson Willy Mejia, y el director de tránsito, Napoleón Nasar.Los dos últimos, afirma Oliva, eran miembros del tristemente célebre Batallón 3-16, que se habría encargado del secuestro, desaparición y tortura de los sospechosos de subversión.Y a dicha unidad de inteligencia también pertenecía Billy Joya Amendola, quien ahora maneja un perfil mucho más bajo que en los primeros días del golpe, cuando era una presencia inevitable en las pantallas de televisión y figuraba como asesor presidencial.En el gabinete del presidente interino, sin embargo, también hay numerosos cuadros políticos y empresariales sin mayor vinculación con los regímenes militares de hace tres décadas.E incluso figuras que se caracterizaron por tener una posición claramente crítica de esos regímenes, como el Comisionado para el Diálogo Nacional, German Leitzelar.El claro apoyo del sector privado, por su parte, se hace evidente en el trabajo de la Unión Cívica Democrática (UCD), que se presenta como una coalición de más de 80 grupos, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, y que no ha escatimado esfuerzos en hacer oír su "lado de la historia", especialmente a nivel internacional."No somos una organización pro Micheletti, sino pro democracia", le dijo a BBC Mundo Daniel O'Connor, quien actúa como enlace entre la UCD y la prensa extranjera."Reconocemos que la hondureña es una sociedad imperfecta, con un gobierno imperfecto, con una constitución imperfecta y también queremos ver cambios, pero dentro del marco de la legalidad", afirmó.Para O'Connor, la destitución forzosa de Zelaya se dio de manera legal, pero no así su salida de Honduras, "y eso ha sido una fuente de dolor de cabeza para Honduras".Pero la organización considera que la solución no pasa por el regreso del mandatario depuesto al poder, sino por la celebración de elecciones libres y justas.A favor de esta idea han convocado a numerosas "marchas blancas" -en las que incluso ha participado el presidente interino Micheletti -así como misiones a Washington, para hacer cabildeo tanto entre congresistas, como representantes de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.También está la abundancia de recursos desplegados por la UCD, que incluso contribuye con la alimentación de los efectivos del ejército desplegados por Tegucigalpa.Son evidentes los detalles, como la instalación de un centro permanente de atención a la prensa internacional en un lujoso hotel de la capital, cosa que les ha valido acusaciones de ser un instrumento de la oligarquía que algunos afirman es la verdadera fuerza detrás de lo sucedido el 28 de junio.O'Connor afirma, sin embargo, que la organización representa a tres millones de hondureños y se mantiene con contribuciones de ciudadanos y empresas de todos los tamaños."La UCD no es la que está a cargo del gobierno. Si lo estuviera, las cosas serían muy diferentes", concluyó.
