Es un día de actividad intensa en la confitería. Fabián se mueve de una punta a otra. Saca del horno una enorme fuente y corta en trozos la tarta de fiambre aún caliente. Decora con granas de colores la torta bañada en merengue.
A su alrededor, todos tienen alguna tarea: armar paquetes con los bocaditos, controlar las milanesas que se están cocinando, lavar lo que ya no se usa. Al lado, en otro local, Antonio y Arturo atienden a los pocos clientes que se atreven a desafiar la lluvia para ir hasta el almacén. A una cuadra de allí, Julio y sus empleados arreglan una de las máquinas con las que hacen bloques de cemento, mientras piensan en un menú alternativo para el almuerzo: el día no está bueno para un asado.
Podría tratarse de la rutina cotidiana de un pueblo cualquiera. Sólo los alambrados perimetrales dan cuenta de que todo esto ocurre dentro de una cárcel. Y ése es el objetivo que se busca en el penal uruguayo de Punta de Rieles, en las afueras de esta capital: que el lugar se parezca menos a una prisión y más a la vida en libertad.
Inspirada en este modelo, la Asociación Pensamiento Penal, una ONG argentina dirigida por el juez Mario Juliano, e integrada por otros magistrados, fiscales, defensores oficiales, letrados particulares, funcionarios judiciales, profesores universitarios y estudiantes de Derecho, elaboró una propuesta de ideas fuerza para generar un cambio en el sistema penitenciario del país.
El proyecto, que será presentado en el Congreso el 4 de junio, prevé la pacificación de la vida carcelaria, teniendo como eje el traspaso de los establecimientos penitenciarios a la órbita del Ministerio de Cultura. También proponen promover la autogestión de las cárceles, fomentando alternativas laborales, culturales y económicas para los presos.
En la Argentina, hay unas 64.000 personas detenidas. Si bien existen algunas experiencias de intervención civil positiva en las prisiones, organismos de Derechos Humanos denuncian constantemente situaciones de hacinamiento, torturas y falta de atención médica, entre otras cuestiones.
En Uruguay, un duro informe sobre los penales de ese país, presentado en 2009 por el relator de la ONU Manfred Nowak, promovió un consenso de las diferentes fuerzas políticas del país vecino, que derivó en la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el objetivo de reformar el sistema penitenciario. Hoy, la mayoría de las cárceles uruguayas están bajo la órbita de esta institución. En total, hay 9900 presos en todo el país.
Un penal diferente
Por fuera, Punta de Rieles se parece a otras prisiones: está rodeada de alambrados y hay agentes vigilando el perímetro con sus fusiles. Pero dentro de la cárcel los guardias fueron reemplazados por unos 200 operadores penitenciarios, en su mayoría mujeres, que no portan armas y tienen una formación más orientada al trabajo social, la psicología y los derechos humanos.
"Queremos construir ciudadanía, humanizar los penales", dice Luis Parodi, actual director de Punta de Rieles. Este penal aloja a unos 500 presos. En algunos aspectos, funciona como un pueblo. La confitería, el almacén social, la bloquera, una peluquería, una rotisería, una casa de tatuajes y una huerta son algunos de los proyectos creados por los detenidos que se distribuyen sobre las callecitas de tierra del predio, donde, en un día normal, los presos circulan casi sin restricciones, siempre dentro del perímetro.
Las celdas, que son para cuatro o seis personas, sólo se usan para dormir y algunas barracas permanecen abiertas las 24 horas. A su vez, se proyecta que haya lugares individuales para que los detenidos puedan tener un espacio de privacidad.
"Es como un barrio privado, ¿no?", bromea Denis, que atiende a los clientes por la ventanilla de la panadería. El lugar es humilde, pero con el esfuerzo de los propios presos fue mejorando.
En un día de visita, los familiares compran en la puerta de la cárcel tickets para que el preso pueda hacer compras en los comercios del penal. La plata que pagan por cada ticket es depositada en la cuenta del preso dueño del emprendimiento. El monto de dinero que los presos o sus familiares pueden invertir en los tickets internos no puede superar los 1500 pesos uruguayos mensuales (aproximadamente unos 500 pesos argentinos). El sistema fue inventado por Fabián, uno de los internos, dueño de la confitería. Con mucho esfuerzo, Fabián logró armar un pequeño local fuera de la cárcel, que abrirá cuando salga en libertad.
El dinero que ingresa le pertenece al emprendedor, y sólo se les descuenta un canon variable de hasta el 20% por el consumo de electricidad y agua, y el uso del terreno.
El 80% de los emprendimientos dentro de Punta de Rieles es de los presos. También hay detenidos que trabajan para el Estado y cobran un peculio. En el área educativa, un espacio llamado Inclusión Digital fomenta que los detenidos accedan a Internet, con algunos filtros.
Para que puedan mantener los lazos familiares, a gran parte de los presos que trabajan se les permite el uso de celulares. También se autoriza que las esposas de algunos presos se queden a dormir con ellos los fines de semana.
En uno de los edificios del predio funciona la radio del "pueblo". "A este lugar lo cuidamos entre todos los que trabajamos acá", dice Darío, locutor y cantante del penal. Y agrega: "Es un espacio de libertad".
Informe de La Nación
