Eliminar la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de "parasitismo y corrupción" en la administración pública es el objetivo que persigue el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Para eso ordenó la realización de auditorías de gestión y la obligación de detallar las actividades deficitarias que desarrollan los entes.
La lupa está puesta sobre la gestión de las empresas públicas, que han tenido en los últimos cinco años un desempeño cuestionable. Los aportes que realizan a Rentas Generales cayeron lo equivalente a dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y en el caso de Ancap se registró un déficit histórico de US$ 324,1 millones durante el año 2014.
En la búsqueda de una mejor gestión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) elaboró un instructivo presupuestal que a partir de este año las empresas del Estado deberán seguir al pie de la letra. En el documento de 37 páginas al que accedió El País, se establece como prioridad la racionalización y coordinación de los servicios que se prestan a la población.
"Eficiencia en la gestión" es una de las frases que más se repiten en el instructivo que engloba una advertencia: poco puede lograrse si las empresas no modifican su visión del presupuesto como "mero tope" del gasto.
"Una función pública con independencia técnica, con medición de méritos que surgen de la evaluación del desempeño, con capacitación a fin de lograr un servicio público de calidad eliminando la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción", dice el instructivo bajo el subtítulo "Estrategia a Utilizar".
Según la OPP, el presupuesto debe ser un "instrumento" de control de responsabilidades en las decisiones que se tomen, tanto de parte del directorio como del personal técnico.
Un paso clave para no caer en números rojos es la identificación de las actividades que son deficitarias, señala la OPP. Dentro de este capítulo, las empresas deben detallar ingresos y costos. El apoyo de Rentas Generales o los subsidios que se reciben serán considerados "fundamentales" para evaluar la gestión de las empresas.
En base a esta información, los directorios podrán solicitar la eliminación de las tareas que no redunden en un beneficio económico. El objetivo es "obtener la rentabilidad suficiente como para sobrevivir".
Asumir esta realidad, implica que se establezcan "medidas correctivas" a partir de las rendiciones de cuenta que se entregan anualmente, como forma de evitar un desequilibrio financiero de las empresas.
En el marco del mayor control que se quiere ejercer sobre las empresas públicas, la OPP solicita que se revisen en forma permanente y se remitan dos veces al año a Presidencia de la República la información actualizada sobre los resultados económicos financieros, comparados con los de empresas privadas con las cuales se encuentran en competencia.
Además, el instructivo del gobierno establece que las empresas públicas no podrán desarrollar actividades que "no estén incluidas en sus presupuestos" o que "no generen ingresos suficientes para cubrir los gastos que ocasionen". Esto se deberá cumplir, salvo que existan motivos suficientes para justificar la pérdida de recursos financieros, que la empresa sea superavitaria, o que por decisión del Ejecutivo se otorgue un subsidio directo para determinada actividad.
De acuerdo al instructivo elaborado por OPP, la gestión se deberá medir en base a indicadores "que describan cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa".
Este informe debe contener datos sobre la atención de los clientes a través de indicadores como la exactitud de respuesta, la puntualidad, la velocidad de las reparaciones y la cordialidad en el trato con el consumidor. Otro capítulo tiene que detallar la actitud y motivación de los funcionarios mediante la medición de índices de ausentismo, enfermedad, rotación, abandono del trabajo, frecuencia de accidentes laborales y niveles salariales.
Todos estos indicadores son parte de los llamados "compromisos de gestión" que tendrán que asumir las empresas públicas en este quinquenio.
Cualquier desvío detectado debe ser también explicado. En todos los casos el no cumplimiento de las metas deberá justificarse, ya sea por "motivos exógenos" o "errores". La entrega de estas evaluaciones son consideradas como "absolutamente imprescindibles" para el cumplimiento del instructivo entregado a los entes.
Éxitos y fracasos.
"¿Por qué evaluar la gestión?". Es la pregunta que hace la OPP.
A diferencia de lo que sucede en la actividad privada, en el sector público no existe el bottom line, término utilizado para referirse a las ganancias y pérdidas de una empresa. En pocas palabras, en la gestión pública es más difícil juzgar el mal o buen desempeño.
Para asegurar la evaluación, los entes deberán dar explicaciones sobre las desviaciones que surjan del análisis de los resultados obtenidos y los esperados. Por ejemplo, un justificativo puede ser la mala comunicación, los procesos mal diseñados o el exceso de costos para mantener una estructura inadecuada.
La OPP entiende que es necesario analizar los resultados de las empresas públicas porque "se hace lo que se puede medir". Y si no se miden los resultados, "no se distinguen los éxitos de los fracasos".
Además, se indica que "si no se puede determinar el éxito, tampoco se lo puede premiar". Y si no se lo puede premiar, "se premia el fracaso". En consonancia, si no se puede visualizar el fracaso tampoco se puede corregirlo.
Las empresas públicas deberán formular planes de corto plazo para llevarlos adelante al término de un año, y prioridades de largo plazo, con una lapso de concreción en 5 a 7 años.
En este contexto, la OPP entiende que cuanto mayor sea el peso del nivel técnico en la toma de decisiones, menores serán los cambios que definan cada cinco años los nuevos directorios de las empresas públicas. El enfoque implica abandonar una visión "cortoplacista" por una "comprehensiva" de la gestión empresarial.
EMPRESAS EN EL OJO DE LA TORMENTA.
Déficit de Ancap.
En 2014, la pérdida final de la empresa pública llegó a US$ 324,1 millones. El pasivo total de Ancap aumentó 12,9% en el cierre de este año con respecto al anterior, el cual se debió fundamentalmente a la diferencia de cambio del dólar. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou analiza solicitar una comisión investigadora por el pago de 1.650.000 horas extras el año pasado.
El Antel Arena
El buque insignia de la administración de la ministra de Industria, Carolina Cosse, fue la construcción del Antel Arena. La obra que fue objetada por el Tribunal de Cuentas, también fue puesta en duda por el ministro de Economía Danilo Astori. La construcción del Antel Arena ya está en marcha y supone una inversión de al menos US$ 40 millones.
El agua de OSE.
Además de su mal olor y sabor, el agua de OSE en Maldonado estuvo en el centro de la polémica por lo encontrado. Las muestras obtenidas en la red de suministro —entre enero y marzo— revelaron la existencia de coliformes totales, heterotróficos y Escherichia coli por encima de los valores máximos permitidos en las normas de calidad del agua potable.
Escándalo en UTE
El relevo de los gerentes Óscar Ferreño (Generación) y Luis Margenat (Área Comercial) generó un revuelo a la interna de UTE. El directorio del ente votó dividido la designación de Daniel Larrosa como gerente de Generación. La designación de Larrosa —suplente a diputado por el MPP— fue promovida por el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y fue cuestionada por el sindicato.
LAS "CLAVES" DEL DOCUMENTO.
Una gestión con mayor eficiencia.
Para el fortalecimiento de las empresas públicas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto recomienda la adecuación de las estructuras administrativas y de los recursos humanos. Esto implica el fomento de la eficiencia en los procesos administrativos. Además, se plantea le necesidad de concretar una función pública con independencia técnica, con medición de méritos que surgen de la evaluación de desempeños de los funcionarios.
Revisarán áreas con déficit.
Por disposición del Poder Ejecutivo, a partir de este año las empresas deberán detallar las actividades que son deficitarias, así como la estimación de sus subsidios y financiamientos. Adicionalmente podrán solicitar al gobierno la eliminación de las actividades que consideren deficitarias, o bien promover un esquema de subsidios directos. Las empresas públicas deben perseguir como objetivo la obtención de una rentabilidad para sobrevivir.
El libre acceso a mercados.
El instructivo entregado a las empresas públicas establece la importancia de introducción de la disciplina competitiva mediante la aplicación de normas que aseguren la competencia y el libre acceso al mercado, así como la prohibición de acuerdos o prácticas concertadas que permitan el abuso de posiciones dominantes. Asimismo se busca regular los servicios como forma de proteger a los consumidores de posibles abusos.
Informar metas al gobierno.
Como parte del proceso de planificación de las empresas públicas, el Poder Ejecutivo entiende como necesario que las empresas remitan a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) los objetivos, estrategias, planes y metas de los entes. Se considera conveniente la existencia de un sistema fiable, accesible y oportuno de información sobre los resultados de las actividades que desarrollan las empresas públicas.
