El Ejército admite que el coronel Elmar Castiglioni pudo haber acumulado “mucha información” por su pasaje por la Dinacie pero si actuó como espía y en democracia es un hecho “grave” aunque sin relación alguna con el Ejército.
Altas fuentes militares aseguraron a La República que Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, tenía capacidad para analizar información pero dudan que fuera capaz de montar “un servicio de inteligencia paralelo”.
Las mismas fuentes señalan que el archivo militar incautado por la ministra Berrutti en el primer gobierno de Tabaré Vázquez es el más completo.
El pasado viernes, en la última edición del semanario Brecha, se informó acerca de una red de espionaje montada en Uruguay y que tenía como finalidad investigar, seguir y controlar las acciones de varios dirigentes políticos de máxima jerarquía, jueces y fiscales, dirigentes sindicales, militares, ministros y legisladores.
La información estaba contenida en documentos que fueron incautados en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni el año pasado, a los cuales accedió el semanario.
El llamado “archivo Castiglioni” está en poder de la justicia por orden de la jueza Beatriz Larreiu y del mismo se desprende que la inteligencia militar espió en plena democracia a figuras como Líber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti y su hijo Julio Luis, el contralmirante Eladio Moll, el coronel Pedro Montañez, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, el pastor Emilio Castro, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez, Leonardo Costa y Jorge Batlle. El artículo de Brecha señaló que “una parte importante del esquema de espionaje se apoyaba en un verdadero ejército de informantes e infiltrados”.
Esto se desprende de las carpetas y cuadernos con las listas de los espías y otras donde aparecen escuchas telefónicas en cintas y en DVD.
Brecha también informó que Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID), dos organismos militares involucrados en la represión ilegal durante la dictadura. El coronel Elmar Castiglioni fue el último o uno de los últimos jefes de la OCOA y su trabajo consistía básicamente en el análisis de información hasta 1984.
A partir de ese año, Castiglini no estuvo en el ámbito del Ejército salvo un breve período de algo más de un año en el Departamento 2 del Ejército. Luego, pasó a desempeñarse fuera del ámbito del Ejército en la DINACIE, la heredera del SID. Respecto a su personalidad, una de las fuentes consultadas lo señaló como un individuo con una “psicología medio especial” como “buscando la conspiración detrás de cada cosa”. “Incluso el hecho que armara un archivo paralelo en su domicilio marca que hay cierta patología mental ahí, porque a quien se le ocurre tener esas cosas en el propio domicilio”.
Otro informante del Ejército dijo estar convencido de que “el Ejército no tenía ya desde hace años la capacidad técnica para hacer algo tan fino, tan bien hecho como para que recién se descubra, 20 y poco años después, que se hacían seguimientos, infiltraciones; no lo creo, por lo menos el Ejército no”.
Por otra parte, dijo que la “prueba” de que el Ejército no está relacionado a estos hechos es que “Castiglioni muere un día en agosto del año pasado, y el allanamiento en su casa se hace como tres semanas después; en todo ese período ni un integrante del Ejército ni de la Dinacie se le ocurrió ir a la casa de Castiglioni a retirar las cajas. A nadie se le ocurrió. Lo que demuestra esto es que o nadie le dio valor a eso que él pudo tener o directamente nadie sabía que él estaba haciendo esa especie de servicio paralelo. Esa es la realidad”. Para esta fuente, esa sería “la prueba del 9 del deslinde entre el Ejércitoy Castiglioni”.
El informante agregó que en sus últimos años que Castiglioni estuvo en la Dinacie, antes del retiro en 2006, “pudo haber acumulado mucha información, haber fotocopiado fichas, etc. Pero en el Ejército, la verdad es que nunca se le dio pelota.
La información que él podía tener era información abierta o si había más delicada con informantes y todo, para el Ejército esa información no podía ser distinta ni superior o de mejor calidad que la que se secuestró de la Escuela de Inteligencia con la ministra Berrutti”. “Ahí secuestró todo el archivo completo y si Castiglioni tenía una copia de eso en su casa bueno será una copia porque la original la tienen”.
Por otro lado, indicó que “si hubo una actuación después de su retiro en 2006, yo buscaría para otro lado, no creo que hoy existan ni recursos ni materiales ni humanos para estar atendiendo esa actividad. No creo que en el Ejército ni en las Fuerzas Armadas haya hoy una estructura paralela”.
“Si hubo todas esas escuchas es un tema grave eso no cabe duda”, aseguró la fuente pero advirtió que si “este hombre si actuó, actuó totalmente independiente por su cuenta, independiente, del Ejército seguro y estoy convencido que tampoco actuó en coordinación con la Dinacie. Busquen por otro lado”.
Reacciones
Varias organizaciones políticas y sociales del país han reaccionado ante la confirmación de la red de espionaje militar que imperó en el país, por lo menos, hasta el año 2009.
Uno de los sindicatos señalados bajo el espionaje fue en aquellos años la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, UNTMRA. Esta organización sindical no descarta iniciar una denuncia penal al considerarse víctima de espionaje militar en años de democracia.
El secretario general del PITCNT e integrante de la UNTMRA Marcelo Abdala, calificó el hecho de “sumamente grave” y adelantó que reclamará a la Justicia poseer la información que involucra a su sindicato y que el extinto militar Castiglioni consiguió de forma ilegal.
A nivel de los partidos políticos, las reacciones fueron similares. El Diputado del partido Colorado Fernando Amado anunció su adhesión a la causa de las organizaciones investigadas
clandestinamente.
“Tiene mi voto” dijo Amado en un tweet de su cuenta personal. “No debería haber duda en que haya una reacción del Parlamento” sostuvo el legislador con relación al caso conocido, señalando que este tipo de evidencia “marca una violación de la institucionalidad y de la democracia y de la subordinación militar”.
Desde filas del partido Comunista del Uruguay, el dirigente Gerardo Núñez señaló la necesidad de impulsar una investigadora parlamentaria para “llegar al fondo de la verdad” en el asunto, posición similar a la anunciada por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig.
Precisamente, el PVP emitió en las últimas horas un comunicado de su comité central.
Allí, el órgano de conducción partidaria expresa su “alarma y preocupación” ante la información referida a la red de espionaje, “claramente ilegal y reñida con un estado democrático”, sostiene.
“Las organizaciones políticas que en el pasado autoritario que vivió nuestro país sufrieron las consecuencias de conductas criminales llevadas a cabo por el terrorismo estatal y la totalidad del sistema político y las instituciones del Estado deben tener en cuenta que esa actuación ilegal viola los derechos a la privacidad y la intimidad de las personas y que son inadmisibles en una sociedad democrática y el estado de derecho”.
Agrega que la utilización de los recursos de los uruguayos para “solventar la actuación ilegal de personal encubierto, de emplear las estructuras estatales para reunir información sobre organizaciones sociales y políticas que actúan en actividades amparadas en la constitución y la ley, es un nuevo elemento que debe ser incorporado cuando se discute la distribución de los recursos del país”.
El Partido por la Victoria del Pueblo resolvió impulsar a nivel parlamentario la instalación de una comisión investigadora sobre la actuación de los servicios de inteligencia, militares y policiales, en democracia; plantear el tema ante los distintos organismos del Frente Amplio; solicitar ante el Juzgado Penal de 7º Turno, copia de toda la información relativa al Partido por la victoria del Pueblo y sus integrantes que existan en dichos archivos y, finalmente, respaldar y acompañar aquellas otras iniciativas que a nivel político o social que contribuyan al levantamiento del secreto u ocultamiento de los archivos o documentos de personal informante infiltrado; y a resolver este tema de acuerdo a aquellos parámetros que profundicen la democracia y terminen con la impunidad.
