Ante la denuncia presentada por el Centro de Propietarios de Taxis, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, dependencia del Ministerio de Economía, entendió que no hay razones para "prohibir o sancionar a Uber" desde una óptica de libre competencia. Los denunciantes, lejos de conseguir su objetivo, recogieron una serie de críticas hacia la forma en que funciona su negocio. Para el Gobierno, Uber no sólo puede competir con el taxi, sino que podría ayudar a hacer más "eficiente" el mercado.
El 12 de enero de este año, en medio de su ofensiva contra la aplicación, el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (Cpatu) presentó una denuncia contra Uber Technologies Uruguay S.A., sus choferes, socios y conductores, por "presunta comisión de prácticas anticompetitivas en el mercado de transporte privado de pasajeros en Montevideo". El 28 de marzo, Uber presentó descargos rechazando la totalidad de las imputaciones que se le formularon.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia emitió tres informes técnicos sobre el tema que "descartaron" que las conductas denunciadas por los propietarios de taxis configuren "violaciones a las disposiciones sobre libre competencia". El órgano desestimó ingresar en el análisis de cumplimientos fiscales o de seguridad social, así como la concesión de autorizaciones o permisos, por tratarse de una materia ajena a su competencia.
La Comisión precisa que al no existir una prohibición expresa de la actividad que desarrolla Uber, que básicamente es la de conectar a choferes con pasajeros mediante una plataforma tecnológica, se abocó a analizar "posibles conductas ilegales" en el marco de la ley 18.159, que tiene por objeto "fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados". En este sentido, el fallo señala que "no advirtió la comisión de ilegalidades" por parte de Uber.
"Al analizar los descargos y las pruebas adicionales, el informe técnico ratifica las conclusiones iniciales, entendiendo que la posible existencia de incumplimientos de la normativa fiscal, de seguridad social o de carácter municipal, pudiendo representar un elemento de competencia desleal, no es resorte de nuestra oficina el perseguir y sancionar sus incumplimientos. Conforme lo expuesto, se habrá de disponer el archivo de las actuaciones por falta de mérito para prohibir o sancionar las conductas denunciadas, en lo que hace a la normativa sobre libre concurrencia y las atribuciones de este órgano", sostiene el fallo al que accedió El País.
No obstante, sin perjuicio de lo anterior, la Comisión ingresó en el análisis del mercado de transporte privado de personas y encontró una serie de aspectos negativos vinculados, fundamentalmente, a las regulaciones que rigen al sistema de taxímetros. Puntualizó que "se advierte que en el mismo mercado los oferentes del servicio se encuentran en una situación dispar desde el punto de vista de la competencia. Coexisten, por un lado, el servicio de taxímetro, con una limitación a la entrada al mercado a través de permisos o licencias, que constituye la principal limitación para el ejercicio de la libre competencia y donde se verifica la fijación de tarifas máximas por parte de las autoridades públicas y, por otro, el servicio brindado por Uber, sin barreras a la entrada y con fijación libre de sus precios, lo cual puede generar una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado".
Incluso, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia planteó una serie de sugerencias a las autoridades que se disponen a regular a Uber. "Se entiende oportuno emitir una recomendación a las autoridades encargadas de reglamentar el mercado del transporte privado de pasajeros en el departamento de Montevideo en particular, y los mercados de servicios brindados mediante nuevas aplicaciones tecnológicas en general, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, en el sentido de que al proceder a legislar o regular las modificaciones que están a consideración en este momento, se procure diseñar un marco favorable a la competencia, que busque la igualdad de condiciones de las partes para competir, que no establezca requisitos injustificados ni barreras a la entrada que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado y que no resulte en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios".
Canelones comenzó a multar a choferes
Ayer, la Intendencia de Canelones, a cargo de Yamandú Orsi, detuvo a varios vehículos que trabajaban para Uber.
Según informó el director de Tránsito, Marcelo Metediera, se hicieron diversos controles de rutina para verificar si existen irregularidades en el tránsito, y así se detectaron choferes que trabajan para Uber. Se trata de la primera sanción a un conductor que traslada pasajeros a través de la aplicación que se impone fuera de los límites de Montevideo. La Intendencia de Canelones aplicará el decreto 69, que establece el retiro de las placas matrículas y una multa de 35 Unidades Reajustables (equivalentes a 31.766 pesos).
En Montevideo, la Intendencia ha dejado de multar a conductores y ha admitido las dificultades que tiene para ejercer el control que le reclaman los taximetristas.
El País supo que la aplicación sigue aumentando su plantel de choferes e incorporando nuevas prestaciones. Por ejemplo, cerró acuerdos con determinadas estaciones de servicio que le ofrecen un descuento de 5% a los conductores de Uber. Asimismo, se prepara para aceptar tarjetas de débito. Ya aceptaba prepagas, entre ellas la del Banco República.
En el Parlamento, en tanto, en las próximas semanas comenzará una ronda de consultas con actores vinculados a servicios que se brindan mediante desarrollos tecnológicos a efectos de analizar el proyecto de ley que pretende regular el nuevo mercado.
