La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le pedirá al gobierno un "acuerdo político" o que "se tenga en cuenta" que el dinero que la Justicia le retuvo al exvicepresidente de FIFA, Eugenio Figueredo, por más de US$ 10 millones, sea destinado a solucionar problemas de seguridad en el fútbol local.
Figueredo, también expresidente de la Conmebol, está en Cárcel Central procesado con prisión por estafa y lavado de activos, luego de que admitiera haber recibido coimas por parte de empresas para conceder derechos de televisación en diferentes campeonatos de fútbol.
El pasado viernes, Figueredo firmó un acuerdo con la Justicia uruguaya, donde se compromete a brindar más información sobre el caso, además de ceder propiedades que estén a su nombre a cambio de que las autoridades judiciales estudien rebajarle la pena, como máximo, hasta en un 50%.
El planteo de la AUF se conoció horas después de que se supiera el monto de las propiedades, cuentas, y pertenencias que tenía Figueredo: más de US$ 10 millones. Es la mayor recaudación que ha tenido la Junta Nacional de Drogas (JND) desde que se ocupa de incautar bienes que proceden de maniobras ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes o lavado de activos.
El dinero recaudado que es administrado por el Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de la JND, es usado para la "prevención del consumo de drogas, tratamiento, asistencia e inserción social de los usuarios", según indica la ley de reglamento del fondo de bienes decomisados de la Junta Nacional de Drogas en su artículo 26. También se especifica entre otros puntos que el dinero será vertido para "mejorar las actuaciones en prevención, investigación y represión de los delitos de tráfico de drogas y lavado".
Si bien en ninguna parte de la ley se especifica que el dinero ilícito proveniente del fútbol tiene que ser devuelto, la AUF "propondrá al presidente de la República, Tabaré Vázquez, al Ministerio del Interior y a la JND que parte del producido en los remates (por la subasta de las propiedades de Figueredo) vaya a solventar el gasto en seguridad que el propio Estado exige", según un escrito que llegó a El País desde la dirigencia del fútbol uruguayo.
En este sentido, el abogado y secretario general de la AUF, Alejandro Balbi, indicó en diálogo con El País que "todo el Uruguay sabe que se recuperaron más de US$ 10 millones para el Estado uruguayo, siendo el mayor procedimiento de incautación de bienes de la historia del país; ese dinero del que se apropió indebidamente Figueredo fue a través del fútbol, entonces ¿por qué ese dinero no vuelve al fútbol?".
Balbi señaló que a su entender no es necesario que "esa plata vuelva al fútbol para pagar los sueldos de los jugadores, pero ¿por qué el Estado que le está exigiendo a la AUF poner cámaras de seguridad que rondan los 6 millones de dólares no busca la manera de que los fondos salgan de lo que se decomisó?".
La idea de los dirigentes del fútbol es que en principio se pueda financiar el plan que quiere llevar adelante el Ministerio del Interior para los partidos de fútbol de alto riesgo. El mismo consta de cámaras de seguridad de alto costo que pueden detectar los rasgos faciales de las personas.
La idea del Ministerio del Interior con esta medida, es excluir de los escenarios deportivos a los hinchas violentos.
Balbi señaló que "no es descabellado pensar que la AUF, que está en una situación económica muy complicada, reciba algo de ese dinero proveniente de lo que retuvo la Justicia".
Por su parte, Leonardo Costa, abogado de la AUF y uno de los profesionales que redactó la ley 18.494, en la cual se enmarcó la cooperación de Figueredo con la Justicia, aseguró a El País que "los bienes decomisados en este caso no fueron fruto del narcotráfico sino de la corrupción, estafa y lavado de activos vinculados a actividades del fútbol, siendo los principales perjudicados los clubes uruguayos en particular y la AUF en general".
Por otra parte, "fruto de estas denuncias y de la investigación de la Justicia, junto con la colaboración de la AUF, ha hecho que el organismo rector del fútbol uruguayo no pueda obtener los dineros a cambio de la televisación de los partidos de fútbol por parte de la empresa Fullplay (a quien se le congelaron las cuentas bancarias por estar involucrada en las maniobras de coimas junto a Figueredo)", recordó Leonardo Costa, exprosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005).
El abogado de la AUF señaló que "parece razonable que parte del dinero incautado en virtud de la estafa al fútbol uruguayo vuelva al fútbol y colabore con las políticas publicas de seguridad".
Otros de los abogados consultados por El País fue Jorge Barrera, representante del Club Atlético Peñarol ante la AUF.
Barrera va en el mismo sentido que Balbi y Costa, y advirtió que "sí existen mecanismos jurídicos para reclamarle a la Justicia parte del dinero incautado".
El abogado señaló que él junto a su colega Víctor Della Valle en representación de siete clubes de fútbol y de la Mutual Uruguaya de Futbolistas fueron quienes denunciaron ante la Justicia "las irregularidades derivadas de los desvíos de fondos relacionados con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por esta causa es que se procesa a Figueredo, por lo tanto de esos más de US$ 10 millones sería oportuno que al menos el 50% sea destinado a la seguridad en el deporte, cumpliéndose legalmente con el principio general de que las víctimas tengan su resarcimiento cuando se demuestra el delito".
Incautación histórica para la JND.
En los últimos cinco años, los jueces de Crimen Organizado incautaron US$ 3,5 millones, una tercera parte de lo que la Justicia uruguaya le retuvo el viernes por la tarde a Eugenio Figueredo.
Para la Junta Nacional de Drogas, haber accedido a más de US$ 10 millones significó la mayor retención desde que se aprobó la ley 18.494.
Dentro del monto valuado, están considerados 13 inmuebles, entre casas y apartamentos.
