Macri usa el "tarifazo" como relanzamiento político; diseña estrategia para "corregir errores y blindarse"

Ironías de la política argentina: justo cuando se habla de un retroceso de la "CEOcracia" y del avance de los políticos tradicionales en el gobierno macrista, es cuando mayor es el desafío para mostrar que realmente hay una impronta de cultura empresarial entre los funcionarios.

A fin de cuentas, el objetivo principal tras el cachetazo de la Corte Suprema por el tarifazo energético es demostrar "resiliencia", una de las palabras más utilizadas en la jerga del management y que significa algo así como tener capacidad para absorber los impactos negativos, readaptarse a la nueva situación y salir fortalecido de las crisis.

Curiosamente, quien demostró durante muchos años tener gran resiliencia fue alguien bien alejada de la cultura empresarial: Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta asombró a partidarios y rivales por sus dotes de recuperación en cada situación en la que parecía que había recibido un golpe ilevantable.

Desde la derrota en la pelea con los sojeros en 2008 hasta el colapso energético de su segundo mandato, desde la asfixia de dólares hasta las derrotas en elecciones legislativas, Fernández siempre se las ingenió para emerger de las crisis. A veces, incluso, con gestos espectaculares que contribuían a la confección del "relato", como la estatización de YPF.

Ahora, a su modo, el macrismo está intentando una estrategia de recuperación con una curiosa fórmula: marca diferencias de estilo respecto del kirchnersmo, aunque no necesariamente tuvo diferencias de fondo.

Esto quedó evidente el día del fallo de la Corte. Transformando su defecto en virtud, trató de mostrar su falta de cálculo político como una filosofía de apego a las instituciones republicanas. En vez de denunciar el accionar de un "partido judicial", Mauricio Macri dio la orden de no confrontar con los jueces y hasta se esbozó una autocrítica.

Esa declamación de "republicanismo" procura compensar el error político que llevó a que incluso aliados como Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y varios radicales se hayan mostrado críticos. De hecho, el gobierno había recibido muchas advertencias respecto del error de no convocar a las audiencias públicas.

Por otra parte, al mejor estilo cristinista, se tomó la decisión de apuntalar al funcionario más cuestionado, Juan José Aranguren. El ministro de Energía había recibido críticas hasta en la interna gubernamental, pero la nueva directiva es defenderlo, porque su eventual alejamiento es considerado una señal de debilidad política.

Esa ambigüedad se refleja también en el hecho de que ahora, mientras se sobreactúa un clima de normalidad, con nuevos anuncios de inversión pública y privada, se delinea una estrategia política para salvar lo que se pueda del "tarifazo".

El partido en las audiencias
La nueva línea del presidente argentino Mauricio Macri se expresó con claridad el fin de semana pasado, con el "timbreo" protagonizado por la plana mayor del gobierno. La conclusión fue, como dijo el diputado Eduardo Amadeo, que "el tarifazo no es una preocupación de la gente".

Pero evidentemente sí es una preocupación del gobierno, que ya lanzó su operativo de recuperación de la iniciativa política. Para empezar, con un refuerzo en la alianza con los gobernadores provinciales, incluidos los peronistas.

La lógica de los funcionarios es la de acotar los daños: según un informe del economista Nicolás Dujovne, el impacto fiscal por el freno al tarifazo –que hoy es de US$ 700 millones– podría ascender a US$ 1.500 millones si se hiciera extensivo el fallo judicial al sector comercial y llegaría hasta US$ 3.400 millones si también llegara a la electricidad.

Los funcionarios no han encontrado mejores socios que estos gobernadores a la hora de defender el ajuste tarifario. En el caso de las provincias petroleras, porque son los mandatarios quienes argumentan con más énfasis sobre la necesidad del "precio sostén" sin el cual sus finanzas provinciales pueden sufrir un severo daño.

Y en los demás, por una cuestión de billetera: en estos días, las cajas provinciales están recibiendo giros por US$ 1.600 millones, parte de las transferencias prometidas luego del acuerdo tejido por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Y, en paralelo, empezó la estrategia mediática para las audiencias públicas. Ahí reside uno de los mayores desafíos para el macrismo: si bien esa instancia es "no vinculante", queda en claro que ya no se tratará de un mero trámite.

Después de los amparos y del fallo de la Corte, está claro que se tratará de un evento que concitará toda la atención política y mediática, a tal punto que políticos de la oposición ya se están quejando de que la Usina del Arte, un complejo de espectáculos en el barrio de La Boca, resultará demasiado chico.

La estrategia oficial implica, por un lado, una suavización en sus aspiraciones de ajuste tarifario, de manera de no contradecir el mandato de la Corte sobre la "razonabilidad y proporcionalidad" de los aumentos.

Una de las alternativas a estudio implica que el nuevo cuadro tarifario tenga una segmentación regional y abandone la lógica de aumentos generales, con el tope del 400%. Esta salida sería más "política", y tendría en cuenta el recientemente difundido informe la Universidad de La Plata, que revela que bajo el sistema kirchnerista los hogares ricos recibieron dos veces y medio más subsidio que los pobres.

Por otra parte, el gobierno intenta que las empresas prestatarias de los servicios asuman un mayor protagonismo, de manera de "tercerizar" parte del costo político, al dejar que sean los propios proveedores de energía quienes expliciten sus dramáticas situaciones de insolvencia financiera.

Si pasa la prueba, puede quedar blindado de toda crítica política o legal y avanzar con su plan energético. Pero para eso debe aplicar una estrategia en la cual el margen de error es pequeño.
Sea con el estilo del "gobierno de CEO" o con el del kirchnerismo, su desafío es mostrar que también tiene "resiliencia".
El Observador