La Gestapo en Uruguay

Escribe Carlos Lemos
"Causa Abierta" se agravió en un editorial titulado "Gobierno de izquierda de Uruguay crea la Gestapo en Punta del Este" al enterarse por un informe de El País sobre la expulsión de uruguayos "indeseables" de la más importante ciudad balnearia del país. Hoy el matutino vuelve a informar sobre el tema al realizarle una extensa nota a la jueza del departamento de Maldonado.
Veamos que dicen El País y la jueza.
"Las normas vigentes amparan a la jueza Adriana Graziuso de Maldonado para retirar a personas con antecedentes, sin trabajo ni residencia fija. También, a aquellos que aún libres, confiesan que van al departamento a delinquir." El diario no aclara si retirar significa lo mismo que expulsar.
A continuación El País señala "En 2008, el gobierno promovió un nuevo código de procedimiento policial que ahora, junto con disposiciones del Código Penal, permiten a la magistrada reprimir hurtos, rapiñas y venta de estupefacientes en las zonas balnearias del departamento." "Causa Abierta" no entiende muy bien esta parte. Seguramente se quiere expresar que la señora jueza, por supuesto, está habilitada para juzgar y penalizar todos esos delitos, y más y, en lo posible prevenirlos con un adecuado apoyo de la policía, su auxiliar.
A renglón seguido El País hace una afirmación temeraria: "Por eso, a confesión de parte, ella está actuando". Faltó decir que la jueza se afilia a la tesis de "relevo de prueba".
Graziuso contó a El País que durante la temporada de verano e incluso los meses previos, llegan a Maldonado gran cantidad de personas con antecedentes penales y causas abiertas que, incluso, confiesan su propósito delictivo. "Se concentran personas con antecedentes penales judiciales y causas abiertas, no residentes en el departamento, que en la temporada veraniega se instalan en Punta del Este y en Piriápolis, sin trabajo ni vivienda en la zona. Muchos de ellos confiesan, al ser procesados por algún ilícito que cometen aquí, que su objetivo era delinquir. En mi experiencia como jueza letrada de Chuy, que abarcaba una extensa zona balnearia desde Punta del Diablo hasta la barra del Chuy, ocurría lo mismo". Y El País agrega la magistrada recordó que es posible la intervención de personas en la vía pública por parte de las autoridades judiciales.
"La autoridad policial en el marco de la ley 18.315 llamada `Ley de Procedimiento Policial` del 5 de julio de 2008, tiene el deber de observar y prevenir como forma de impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones. Para ello, tratándose de personas que se encuentran deambulando, sin trabajo, ocupando y viviendo en espacios públicos como playas, plazas, parques y explanadas, se les pide identificación", relató la jueza.
Partamos de la premisa de que la Policía hace bien en pedirles cédulas de identidad. Pero, qué delito cometieron?
En muchos casos, Graziuso explicó que "gran cantidad de esas personas carecen de documento, gran parte de las veces ex profeso para que se dificulte su identificación, máxime teniéndose presente que se trata de personas que no son conocidas por la policía local, por lo que de conformidad al artículo 43 o el artículo 360 numeral 6 del Código Penal, se los conduce a la seccional policial para identificarlos correctamente, dando cuenta al juez competente, penal o de faltas en lo correspondiente", indicó.
Supongamos que está bien. Que son "NN". Pero después que se comprueba que son ciudadanos uruguayos. ¿Qué pasa entonces?
También Graziuso sostuvo que hay sustento legal para impedir la ocupación de espacios públicos. "A quienes ocupan inmuebles públicos se les intima a no continuar haciéndolo por orden judicial conforme a los artículos 354 del Código Penal o en su caso los artículos 358 y 359 inciso 2 del Código Penal. Hay casos de personas que han sido excarceladas provisionalmente o procesadas sin prisión, donde en la caución juratoria de la excarcelación se han comprometido a no ausentarse de su lugar de residencia sin conocimiento del juez, cosa que no han cumplido, por lo que se informa al magistrado de su causa de esa violación de la caución juratoria", enfatizó.
Si hay violación de caución juratoria es lógico que la justicia actúe, pero no queda claro si el sustento legal impide la ocupación de espacios públicos o inmuebles públicos. No es lo mismo acampar en un terreno fiscal que ocupar, por ejemplo, las oficinas de la Intendencia de Maldonado.
La jueza explicó que en esta situación se han registrado casos de hurtos, rapiñas y venta de estupefacientes como los delitos predominantes en que incurren estas personas en la temporada veraniega.
Debe haber casos, claro.
Dice El País: tampoco las acciones que se adoptan violan la libre circulación por el territorio nacional y agrega la jueza: "Muchas de estas personas tienen restringida en los hechos esa libertad de circulación en las respectivas cauciones juratorias que han firmado prometiendo cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez de su causa al decretar su excarcelación provisional. A nadie se le prohíbe estar en el lugar", sino que sólo se cumple con los deberes de identificación, y actuación en caso que se encuentren cometiendo delitos, faltas o infracciones.
Tiene razón, a nadie debe prohibirse la libre circulación por el territorio uruguayo, entonces por qué expulsó al menor de 17 años, oriundo de Bella Unión? ¿Acaso para que no molestara a los turistas de los cruceros?
Graziuso concluye su alegato diciendo que esta problemática fue analizada por autoridades nacionales y locales con las principales instituciones empresariales de Punta del Este y el resto del departamento. Estos sectores coincidieron que la cantidad de personas mayores con antecedentes judiciales sin trabajo y sin lugar para residir en la zona "ha aumentado significativamente. Hay gente que oculta al juez su paradero e identidad para poder delinquir. Hay gente que pide ir a la cárcel para tener comida y donde vivir. Hay personas que se acercan a los juzgados pidiendo ayuda para poder regresar a sus lugares de origen.
A ellos se los deriva a la defensoría pública del Poder Judicial o al Patronato del Excarcelado y del Liberado, institución que en muchos casos les ha proporcionado comida y pasajes de ómnibus para su regreso a sus departamentos de origen. No pocas personas sin ingresos de ningún tipo, residencia u ocupación en Maldonado, se acercan a los juzgados del departamento para preguntar cómo pueden ir presos a la cárcel de Las Rosas para así poder alimentarse y tener un techo para vivir, aunque sea en la cárcel. En este caso también son derivados a las instituciones sociales de apoyo.
Esta es una situación que pinta por sí sola la situación en que se encuentran estas personas que no dudan en confesar sus propósitos delictivos para explicar su presencia en Maldonado.
La jueza parece estar respaldada por las "fuerzas vivas" de Maldonado, es decir los promotores turísticos, por lo cual hace la "limpieza" necesaria en el balneario de Punta del Este como lo hizo en Rocha. Es toda una especialista. Toda la perorata social anteriormente reseñada por la magistrada no es novedad alguna porque sucede lo mismo a lo largo y ancho del país desde hace muchos años. ¿Qué pasaría si todos los jueces hicieran lo mismo? Desde Montevideo partirían decenas de ómnibus con uruguayos "problemáticos" rumbo a Maldonado y Rocha. De Canelones hacia Colonia. De Rivera a Treinta y Tres. Por segunda vez "Causa Abierta" alerta: "no expulsen a uruguayos de ninguna parte del territorio nacional".