El ataque de un guardia de seguridad a un joven en las canteras del Parque Rodó reavivó el debate sobre los límites en los eventos nocturnos. INAU suspendió los permisos a los organizadores de la fiesta y la IMM estudia las habilitaciones.
Era domingo de madrugada y dos jóvenes caminaban en las afueras del local de El Faro, en las canteras del Parque Rodó, mientras en el lugar se celebraba una fiesta.
Lejos de la puerta de entrada, los jóvenes se cruzaron con el encargado de seguridad del evento y una subalterna.
El guardia los echó y ellos se resistieron porque, argumentaron, estaban esperando a un amigo. Hubo una discusión y ante la negativa de los jóvenes, el encargado golpeó a Gabriel, de 19 años. El joven cayó varios metros en las canteras y desapareció en la oscuridad de la noche.
Ni la guardia que acompañaba al encargado ni otros dos funcionarios de seguridad que trabajaban en el local y que supieron del episodio hicieron algo por ayudar a Gabriel, quien fue rescatado ya por la mañana del domingo e internado en estado grave tras el golpe y la caída. Según informó luego el Poder Judicial, el encargado no sólo ignoró la caída sino que además amenazó a los otros guardias: "Vos de acá no te moviste en toda la noche, no viste nada y recordá siempre que tenés familia".
El hombre está preso y los otros tres guardias procesados por omisión de asistencia. Gabriel, por su parte, está luchando por su vida y aún no se conocen las consecuencias que podría padecer.
Como resultado, el Inau informó a El País que suspenderá el permiso a la empresa que organizó la fiesta para futuros eventos con menores de 18 años. Será por un plazo indefinido.
"Después de un episodio de estas características, para nosotros el lugar no ofrece las garantías suficientes para la concurrencia de adolescentes", indicó Alejandra Pacheco, directora de Espectáculos Públicos de INAU.
Por otra parte, la Intendencia de Montevideo precisó que la empresa organizadora de los eventos cumple con todos los requerimientos, pero que su habilitación tiene como fecha de vencimiento el 11 de mayo.
Además, se destacó que no había irregularidades en el local, pero que se solicitó un informe interno para evaluar la situación a futuro y que se volverán a analizar las condiciones que ofrece el lugar para eventos públicos.
Hay 26.197 guardias registrados en la Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe), encargada de habilitar y controlar a las empresas de seguridad. Entre ellos se encuentran los que trabajan en locales bailables, aunque el organismo desconoce exactamente cuántos son.
De hecho, aunque muchos sostienen que su rol es mediar y evitar la violencia, la realidad es que ni las empresas que ofrecen estos servicios ni quienes las contratan tienen un mismo protocolo de acción frente a episodios imprevistos. Muchos hablan de falta de formación, irregularidades y complicaciones a la hora de trabajar en el rubro, pero pocos quieren que su nombre figure porque "el mercado es chico y los clientes son pocos". La seguridad de los boliches termina siendo, en definitiva, tierra de nadie.
Un empresario que trabajó durante más de dos décadas en seguridad de boliches y que prefirió no ser identificado, explicó que hay un "círculo vicioso" en el mundo de la seguridad de los locales bailables. Empresas de eventos dispuestas a invertir poco en seguridad, presupuesto escaso para formación del personal y sueldos bajos para los empleados provocan que la mayoría deje de trabajar en el ambiente en cuanto surge una oportunidad mejor. Esto hace que el negocio sea poco sostenible y que muchos opten por reducir la calidad del servicio.
Por lo general, se busca que los empleados de seguridad conozcan algo de artes marciales o defensa personal, tengan un físico robusto y que puedan contener conflictos y proteger las instalaciones. Sin embargo, sobre las habilidades que requiere el contacto con el público y la tolerancia a maltratos y horas de trabajo en un ambiente donde las personas tienen una conducta impredecible, muchas veces bajo el efecto de drogas o alcohol, todo se remite a una pericia psicológica anual requerida por las autoridades.
Se le pide a los guardias de seguridad un curso habilitado por Digefe, de 20 horas en el que se enseñan conceptos jurídicos referentes a la legítima defensa, además de reanimación y, en algunos casos, algo de defensa personal. Por otro lado, se pide que se presente un certificado de aptitud psíquica para realizar la tarea, emitido por un profesional habilitado.
Agustín Pose, presidente de la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad (Fudes), dirige una firma de seguridad donde además se imparten cursos de formación de guardias. Para los que trabajan en boliches, explicó, se hace más énfasis en lo que tiene que ver con la mediación de conflictos. En la pericia psicológica, la evaluación también es diferente a la del resto. Se estudia qué tan apta está la persona para el trato con el público.
"En mi empresa más de una vez se ha echado para atrás a alguien por no contar con los requisitos", dijo. Sin embargo, los procesos no son los mismos en todas las empresas y algunos de los involucrados manifestaron que en muchos lugares los cursos son iguales a los que se imparten para cualquier vigilante.
Hay reglas generales entre los que trabajan en el ambiente, como que, por ejemplo, cada 100 personas tiene que haber un guardia de seguridad, o que siempre que hay un conflicto debe haber más de dos guardias para apaciguar. Sin embargo, todo esto es relativo. Depende del lugar donde se realice la fiesta, la cantidad de personas que se prevén y las que realmente terminan yendo, y del bolsillo del que organiza la fiesta.
"Hay muchos empresarios que escatiman esfuerzos, contratan menos guardias de los que tienen que tener", explicó a El País Juan Carlos Vázquez, inspector general retirado y exdirector de Renaemse, nombre que solía tener la Digefe. Al no haber una norma que imponga límites o protocolos, esto queda a criterio de los organizadores y de la empresa que presta el servicio de seguridad.
Desde el Ministerio del Interior indicaron además que las irregularidades más comunes que encuentra la Digefe tienen que ver con empresas o personal que no está habilitado y servicios no declarados.
