Cinco personas presuntamente implicadas en la muerte de un menor han sido detenidas en el suroeste de Nepal, informó Reuters, citando fuentes policiales.
El cadáver de un niño de 10 años con la garganta cortada fue hallado en la población de Kudiya, en la frontera con la India.
El padre del menor ha confesado estar implicado en el asesinato, cometido por un hechicero local durante una especie de rito de exorcismo.
RT
Un hombre de 22 años fue procesado sin prisión en Canelones por el delito de violencia doméstica luego de rociar con alcohol a su pareja y la casa en la que vivían para comenzar un incendio. La Policía de la Jurisdicción 16ª de Suárez llegó justo a tiempo y detuvo al hombre.
La mujer, de 36 años, vivía con el procesado desde hacía seis meses y ya había intentado separarse. Manifestó que su pareja es consumidor de estupefacientes al igual que ella, y en varias ocasiones se puso violento pasando de amenazas a golpes.
El día viernes, la pareja tuvo una discusión que pasado un rato se transformó en agresiones de parte del hombre. Ella se defendió golpeándolo en la cara con un objeto y él reaccionó golpeándola nuevamente, al tiempo que la roció con alcohol y comenzó a hacer lo mismo con la casa.
Respondiendo a un llamado telefónico, la Policía llegó en el momento en que el hombre rociaba la casa con alcohol y lo detuvo, evitando la tragedia. Fue conducido a la Unidad especializada en Violencia Doméstica de Pando y de ahí al Juzgado Letrado de la misma ciudad, donde se dispuso el procesamiento sin prisión.
Ante los hechos de público conocimiento que llevaron al procesamiento sin prisión de la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, el Directorio de INAU considera necesario declarar:
Su fuerte preocupación y compromiso en garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial y no comercial a lo largo y ancho de nuestro país para dar cumplimiento a los marcos normativos y competencias atribuidas a la institución en estos temas.
Su profundo rechazo a las distintas expresiones de explotación sexual comercial y no comercial entendiendo por ella lo previsto en la Ley 17.815, que la configura como toda forma de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, dejando claramente estipulado que el consentimiento nunca puede ser una excusa.
Lamenta que en este proceso que se inicia a partir de la denuncia realizada por la Dirección Departamental de INAU y que fuera trabajada interinstitucionalmente al igual que en otras anteriores, no se encontraran a los verdaderos responsables del delito de explotación sexual, que son todos aquellos que reconocen haber retribuido con dinero o por otros medios a las niñas y adolescentes a cambio de sexo.
Que acata en todos sus términos la resolución judicial y que llevará a cabo los procedimientos administrativos correspondientes pero que al mismo tiempo respalda el trabajo cotidiano, responsable y abnegado de los y las funcionarias del Instituto que día a día atienden en distintas modalidades y programas a más de 3.861 niñas, niños y adolescentes en el Departamento.
De manera especial quiere reconocer el esfuerzo realizado por la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, dado que vienen realizando junto a todo el equipo de trabajo un esfuerzo importante para dar respuesta y avanzar en un problema extremadamente complejo y que requiere para su combate y erradicación de múltiples actores institucionales y sociales y muy especialmente de toda la ciudadanía, entendiendo que el principal problema lo configuran aquellos que abusan de la vulnerabilidad social, económica y cultural de las niñas y adolescentes.
Asimismo se compromete a redoblar esfuerzos en la prevención, protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes que sufren explotación sexual y por lo tanto se propone revisar y analizar lo actuado hasta el momento, así como definir y acordar nuevas estrategias, mecanismos y protocolos de trabajo y continuar profundizando en la formación y capacitación del personal.
Por el caso de explotación sexual de dos adolescente en Rivera, la Justicia procesó sin prisión este jueves a la directora departamental del INAU, a la directora del hogar donde estaban internadas las dos adolescentes y la mujer que tenía la tutela de una de ellas.
Las dos jerarcas del INAU fueron procesadas por faltar a los deberes correspondientes a su condición de funcionarias públicas.
La mujer que cuidaba de una de las adolescentes fue procesada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía de Corte plantearán al gobierno aplicar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) primero en Montevideo y Canelones y luego en forma gradual en el resto del país como forma de organizar mejor la implementación y alivianar su peso presupuestal.
El nuevo CPP, que entrará en vigencia en febrero de 2017, implanta un sistema procesal oral, público y acusatorio (donde la tarea de dirigir las investigaciones quedará en manos de los fiscales) con lo que se busca agilizar el trámite de los juicios.
Desde hace varios meses la SCJ y la Fiscalía de Corte trabajan en tres comisiones que analizan la mejor forma de poner en marcha el futuro CPP. Las partes llegaron a la conclusión de que lo más conveniente es que el nuevo sistema se empiece a aplicar primero en Montevideo y Canelones porque es donde "hay más recursos y el impacto sería mejor", explicó a El Observador el ministro del máximo organismo judicial, Ricardo Pérez Manrique.
El magistrado informó que en función de esa definición, la SCJ pidió el miércoles una reunión al presidente Tabaré Vázquez con el objetivo de plantearle la postura del Poder Judicial y de la Fiscalía de Corte respecto la implementación gradual del nuevo CPP que fue aprobado por el Parlamento en setiembre del año pasado luego de casi cuatro años de análisis.
Para comenzar a aplicar el sistema procesal en forma gradual se requiere una ley que así lo disponga, razón por la que es vital el respaldo del gobierno y del sistema político en general.
Prisión: criterio único
La idea de aplicar el nuevo sistema por etapas había generado en su momento advertencias de inconstitucionalidad ya que el próximo CPP también acota los casos donde se puede disponer la prisión preventiva (que podrá usarse en casos graves y situaciones especiales) por lo que se generaría una situación de desigualdad ya que una persona que cometa un delito en un departamento sí podría ser enviada a la cárcel y otro individuo imputado en otro lugar no.
Para salvar ese escollo, la SCJ y la Fiscalía de Corte acordaron que de aceptarse la aplicación gradual del CPP el modelo procesal oral, público y acusatorio se aplicará en principio solo en Montevideo y Canelones pero los criterios referidos a la prisión preventiva, la libertad anticipada y la excarcelación provisional serán los que plantea la nueva regulación desde el comienzo en todo el país, explicó Pérez Manrique,
"En principio, la Corte y la Fiscalía de Corte estuvimos de acuerdo en que con eso se superarían las objeciones de inconstitucionalidad", dijo a El Observador el fiscal de Corte, Jorge Díaz.
El responsable del Ministerio Público y Fiscal, que originalmente se había pronunciado en contra de la aplicación gradual del CPP, remarcó de todos modos que "la última palabra" al respecto la tendrá el Parlamento ya que se requeriría una ley.
Costo de US$ 40 millones
La aplicación del nuevo Código del Proceso Penal implicará una importante inversión de parte del Estado. Estimaciones iniciales indican será necesario disponer de unos US$ 40 millones.
Continúa detenido un hombre por el caso del homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez, asesinada en el balneario Valizas a fines de 2014.
La jueza tiene tiempo hasta la hora 13.00 para determinar si lo procesa o si lo deja en libertad. Mientras tanto se aguardan los resultados de ADN para cotejar con la sangre hallada en la mochila de Lola.
Subrayado señaló que el hombre mintió ante la Justicia y eso es lo que lo compromete. En una oportunidad, cuando lo interrogaron sobre si había estado en las playas de Rocha a fines de diciembre el respondió que no.
Pero la Policía pudo comprobar que esa versión era falsa. El 30 de diciembre de 2014 fue registrado en un control policial de rutina en el que el hombre aportó un nombre falso.
Otro de los asuntos en los que se comprobó dio respuestas que faltaron a la verdad fue sobre dónde se había hospedado durante su estancia en Rocha.
Dijo que estuvo 15 días en casa la casa de una joven de 23 años. La chica fue citada a declarar, admitió que lo conociía pero aseguró que no lo hospedó en su casa.
Una corte de apelaciones de Santiago de Chile empezó este miércoles los interrogatorios a siete exmilitares involucrados en la quema de dos jóvenes en julio de 1986 en medio de unas protestas contra el gobierno del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El conocido como "caso quemados" fue reabierto luego de que Fernando Guzmán, entonces recluta, contara en noviembre pasado nuevos detalles sobre cómo se produjo el crimen.
El juez Mario Carroza ordenó el martes la captura de siete exoficiales para que respondan por el ataque contra Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, conocido como "caso quemados".
El 2 de julio de 1986, los oficiales de una patrulla militar detuvieron a Rojas y Quintana los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.
Tras apagar las llamas, los subieron a un vehículo y los dejaron abandonados en un camino a las afueras Santiago.
Rojas y Quintana lograron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital. La muchacha consiguió recuperarse después de un largo tratamiento, mientras que él falleció a causa de las heridas..
Quintana se sometió durante años a un proceso de recuperación en Canadá, pero su rostro y su cuerpo conservan las huellas de la agresión.
Pacto de silencio
El gobierno chileno fue obligado en 1999 por una corte a pagar US$470.000 en compensación a Quintana, quien está radicada en Canadá.
En 1987, durante su visita a Chile, el papa Juan Pablo II abrazó y consoló a Quintana.
En una entrevista con Radio Cooperativa de Chile este miércoles, Quintana agradeció a Guzmán por haber roto el pacto de silencio que ha impedido conocer más detalles de su caso.
Sin embargo, Quintana dijo que sus agresores, adolecentes como ella al momento de la agresión, dijo que eran también víctimas del gobierno militar que los amenazó para que mantuvieran la versión oficial.
En aquella oportunidad, el general Pinochet expresó dudas sobre la manera cómo se produjeron las quemaduras de ambos jóvenes.
El entonces jefe de Estado chileno sugirió que pudo haberse debido al estallido de algún material combustible que estuvieran transportando, dando a entender que podían estar involucrados en la fabricación de artefactos explosivos.
Dos mujeres declaran en el juzgado de Rocha este miércoles de tarde por el caso Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada a fines de diciembre de 2014 en el balneario Vaizas.
Además se espera el traslado al juzgado de un hombre detenido el martes en Montevideo por la Unidad de Hechos Complejos de la Policía.
Al menos una de las mujeres, que trabajó en Punta del Diablo en un emprendimiento gastronómico, se conoce con el hombre detenido, según pudo saber el corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto.
Se tomarán muestras de ADN de este hombre para cotejar con los restos de sangre hallados en la mochila que llevaba Lola al momento de desaparecer en la playa de Valizas, cerca de Aguas Dulces.
El detenido tiene antecedentes por atentado violento al pudor y fuentes del caso dijeron que cambió cuatro veces su declaración ante las autoridades.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió este miércoles al detenido y precisó que los antecedentes del detenido son por actos obscenos en playas de Montevideo.
Poco antes de las ocho de la noche de este martes dos delincuentes protagonizaron un copamiento en el supermercado situado en Rivera y Colombes.
Los maleantes llegaron en una moto y con los cascos puestos ingresaron armados al establecimiento y en primer lugar dominaron al guardia de seguridad y le quitaron su revólver.
Tras intimidar a empleados y clientes los desconocidos fueron derecho a las cajas de donde arramblaron con una suma oscilante en los 100 mil pesos.
Tras ello se dieron a la fuga en la moto.
Los atracadores quedaron filmados por las cámaras de seguridad del super.
El caso es investigado por el comando de la seccional 11a.
El ex jefe de la base aérea de Durazno fue procesado con prisión por la Justicia Militar por dos delitos: desobediencia y omisiones en el servicio.
Así lo informó el Supremo Tribunal Militar en un comunicado enviado a los medios este martes de tarde.
El comunicado:
“Por el presente, se comunica a los medios que con referencia al faltante de municiones de la Brigada Aérea II, ubicada en la ciudad de Durazno, en el día de la fecha, fue procesado con prisión por la Justicia Militar su ex Jefe, por la comisión de dos delitos militares, a saber: “Desobediencia” (Art. 37 num. 3° del Código Penal Militar) y “Omisiones en el Servicio” (Art. 47 lit. m del Código Penal Militar), prosiguiéndose con las actuaciones”.
La senadora Lucía Topolansky (MPP) declarará este martes en calidad de testigo en el marco de una causa que investiga la desaparición de un militante tupamaro que falleció por torturas y que en 1974 estuvo detenido en el mismo lugar que ella.
La jueza penal Dolores Sánchez citó a Topolansky dado que la senadora también se encontraba recluida en el Grupo de Artillería Nº 1 denominado "La Paloma", en el Cerro.
La magistrada confirmó a El Observador que la esposa del expresidente José Mujica declarará esa tarde a la hora 15 en el juzgado de Juan Carlos Gómez y Reconquista.
Por ser legisladora, Topolansky tuvo la chance de brindar su declaración por escrito y no hacerlo de manera presencial, pero "optó" por concurrir al juzgado, indicó la jueza Sánchez.
La investigación judicial busca aclarar lo ocurrido con Eduardo Pérez Silveira, un integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) detenido en mayo de 1974. Pérez Silveira tenía 24 años de edad en el 74, y pasó por varios centros de reclusión hasta llegar a "La Paloma".
Allí Pérez Silveira fue torturado y producto de las heridas sufridas fue trasladado al Hospital Militar, donde falleció. Su cuerpo habría sido sepultado sin identificar en los tubulares del Cementerio del Norte.
La investigación realizada en su momento por la Comisión para la Paz concluyó: "(Pérez Silveira) fue llevado al Hospital Militar en estado de coma por las torturas recibidas y con graves problemas respiratorios a causa del estallido de una granada de gas que le fuera arrojada intencionalmente dentro de su celda".
En 1987 Topolansky declaró ante el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre lo ocurrido con Pérez Silveira en el Grupo de Artillería Nº 1: "En determinado momento mandan pintar uno de los calabozos: era donde había estado hasta ese momento este compañero, y lo pintaban para borrar todos los rastros.
El mayor (José) Gavazzo hace una recorrida por los calabozos acompañado de otro mayor, que era (Ernesto) Rama. Allí nos dice que el mayor Rama se va a encargar de seguir con el interrogatorio a nosotras y nos hace una aclaración amenazante: 'miren que aquí no murió nadie'. Esto nos confirmó lo que ya sospechábamos".
Por ahora la investigación a cargo de la jueza Sánchez se encuentra en presumario ya que no hay ningún militar acusado por el caso de Pérez Silveira.
Fuente El Observador
Un adolescente de 14 años que pasó la noche en un contenedor de basura de Maldonado fue internado el domingo en un hospital del departamento, tras haber caído a uno de los camiones trituradores que se encargan de la limpieza de residuos.
Cuando el camión volcó el contenido del contenedor en el triturador un operario observó la caída de una persona y paró la operativa, lo que evitó una tragedia.
Tras el incidente, INAU Maldonado informó que el menor pasará a residir en el hogar Amanecer del INAU. Había ingresado a dependencias de la institución en el departamento de Lavalleja en 2003.
Según informó FM Gente, el año pasado se retiró sin autorización pasando a vivir con su madre y hermanos en el asentamiento Benedetti, de Maldonado.
Ingresará al hogar Amanecer de INAU luego de ser dado de alta del hospital Pereira Rossell, donde se encuentra a cuidado de su madre y recuperándose de las lesiones.
De acuerdo a la información que recabó la emisora, presenta un deterioro importante debido a la "complejidad de su situación, salud mental y consumo abusivo de sustancias".
La madre fue indagada respecto a la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.
"La situación de calle es un tema complejo, está definida por el tiempo de permanencia en la calle y el tipo de actividad que se realiza en la calle; de repente, un adolescente o un niño puede tener un conflicto con su familia y esa noche pernoctar en la calle", dijo el director de INAU Maldonado, Diego Barboza, como posible explicación de la situación.
La adolescente de 13 años víctima de explotación sexual estaba en un hogar de acogida de INAU de Rivera donde tenía salidas no autorizadas, según informó a Subrayado la directora del instituto, Marisa Linder.
Tras su ingreso al hospital departamental se constató que está embarazada y contrajo una enfermedad de transmisión sexual. La menor se fugó del centro de salud y aún no ha podido ser ubicada.
La Jefatura de Policía de Rivera informó que la madre y el padrastro de la menor son sospechosos de explotar a la adolescente de 13 años. En estos momentos ambas personas están en Brasil.
En relación al caso, la justicia de Rivera citó a declarar a varios jerarcas departamentales de INAU.
La adolescente había ingresado a un hogar ya que estando con sus padres registraba una situación de vulnerabilidad.
INAU ordenó un informe de urgencia en relación al caso y analiza revisar y actualizar los protocolos de salidas no autorizadas de los hogares de acogida, que en algunos casos puntuales como este se vinculan con casos de explotación sexual.
Actualmente el jerarca ocupa la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo, cargo para el que fue confirmado por el Senado hace pocas semanas.
Fernando Calloia había sido procesado sin prisión en abril del año pasado junto al exministro Fernando Lorenzo, por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos por el delito de abuso de funciones, por las irregularidades registradas en el otorgamiento del aval que el BROU concedió en 2012 a la empresa Cosmo para que participara en el remate de los aviones de Pluna.
El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue aprobado por mayoría de los ministros y tuvo el voto discorde del magistrado Felipe Hounie, informó a El Observador el vocero del máximo organismo judicial, Raúl Oxandabarat.
Calloia ocupa en la actualidad la presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Los imputados por el delito de abuso de funciones deben ser impedidos de ejercer cargos públicos entre dos a cuatro años, según dice el Código Penal. Sin embargo ello será determinado por la condena definitiva.
Sea como fuere, el Frente Amplio en el Senado se había comprometido a pedirle el cargo a Calloia si finalmente la Corte confirmaba su procesamiento, cosa que se confirmó esta tarde. Cuando se votó la venia del jerarca en el Senado, el senador Rafael Michelini anunció que de no ser favorable a Calloia el fallo de la Suprema Corte de Justicia – es decir que ratifique el procesamiento- el jerarca será removido del cargo de la CND. "Basta nuestra palabra", afirmó el senador del Frente Liber Seregni.
El procesamiento de Calloia, como el del exministro Lorenzo, fue confirmado a principios de abril de 2014. El fiscal Juan Gómez señaló al pedir el procesamiento de los jerarcas que existían cuatro interesados en gestionar el aval para participar del remate de los aviones y que, por lo tanto, tres fueron "perjudicados" en favor de uno (Cosmo). "No es concebible que (...) el ministro de Economía y el presidente del BROU interfieran propiciando una preferencia totalmente inaceptable e ilegítima, en relación a uno de los interesados en la subasta", dijo.
Hace tres semanas, Calloia asumió en la CND con el respaldo explícito del ministro de Economía Danilo Astori, y del expresidente José Mujica.
Los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa habían acusado al vicepresidente, Raúl Sendic, de "sobrefacturación monstruosa" durante su gestión en Ancap.
La Justicia archivó la denuncia realizada por Raúl Sendic, iniciada por difamación e injurias. Según informa Telemundo, los empresarios acusados se mostraron conformes.
Sendic y los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa habían ratificado en el Juzgado sus denuncias el pasado 25 de junio.
Pérez Morgan y Correa se negaron a retractarse, instancia prevista en la Ley 16.274 de Difamación e Injurias. "Nunca se quisieron retractar y dijeron que mantenían lo que habían dicho", señaló el abogado de Sendic, Gumer Pérez.
Los representantes de la empresa brasileña Serrana Bioenergía concurrieron en marzo de 2014 a la Comisión de Industria del Senado donde afirmaron que Alur pagó una "sobrefacturación monstruosa" para la construcción de la planta en Paysandú, para la cual se habían presentado y perdieron la licitación.
Según Gumer Pérez, los empresarios realizaron un raid mediático "para mancillar" la imagen personal y política de Sendic. Se dijo, apuntó, que el vicepresidente utilizó ese dinero para su campaña electoral, lo que "amplificó el efecto del delito".
En la denuncia, Sendic subraya que el proceso licitatorio se cumplió "con la más absoluta transparencia" y asegura que lo planteado por Pérez Morgan y Correa "es un relato absolutamente falso".
El vicepresidente acusó a estos empresarios de actuar "sin escrúpulos de especie alguna", y "sin medir las consecuencias" y la repercusión pública de sus dichos ante la Comisión de Industria del Senado.
Ocurrió esta mañana. Solo lograron llevar pertenencias de los clientes, fueron perseguidos por la policía y capturados.
Dos delincuentes que portaban armas largas y uno de ellos con máscara de fantasma intentaron robar dos locales de pagos de la red Abitab pero fueron capturados por la Policía.
El primer intento fue en el local de Andrés Lamas y General Flores. Como no lograron robar nada intentaron en otro Abitab de Luis Alberto de Herrera y San Martín; allí lograron robar a los clientes y huyeron.
Un vecino de la zona los vio cuando entraban al local y salió en busca de un patrullero por lo que se inició una persecución con intercambio de disparos.
Como resultado, los dos ladrones resultaron atrapados y heridos: uno con un roce de bala en la ceja y el otro con un balazo en la pierna. El auto que habían utilizado para el robo, un Nissan blanco, había sido robado en Malvín el día anterior.
Foto: Paola Botti de Subrayado
La Justicia de Crimen Organizado investigó esos lazos pero archivó la causa en febrero de este año. La semana pasada, a la luz de nuevas publicaciones sobre el asunto, el juez Néstor Valetti reabrió la investigación para determinar si un campo en Lavalleja pertenece a la mafia liderada por el narco más buscado del planeta, informó el magistrado a El Observador.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye en la llamada "lista Clinton" a quienes considera narcotraficantes, lavadores de dinero y a sociedades anónimas manejadas por unos y otros.
El 21 de setiembre de 2011, OFAC incluyó en la lista Clinton a "una empresa de ganado de Uruguay, Genética del Sur SA".
El juez Valetti investigó esta sociedad anónima desde 2011 y colaboró con varios países en la indagatoria. Pero la causa fue archivada "sin perjuicio" de que se retome ante nuevos indicios el 19 de febrero de 2014, a pedido del fiscal Gilberto Rodríguez.
Tras la fuga del Chapo, su nexo con Uruguay volvió a ser mencionado por varios medios de prensa y nuevos indicios fueron publicados el miércoles pasado.
Desde noviembre de 2007, el presidente de Genética del Sur es Héctor Mario Cifuentes Villa, hermano del clan Cifuentes Villa –socio principal del Chapo en Colombia– como revelan documentos de la Dirección General de Registros a los que accedió El Observador.
Genética del Sur compró el 3 de julio de 2008 un campo de 289 hectáreas en el norte del departamento de Lavalleja. Los documentos revelan que la sociedad presidida por Cifuentes Villa pagó US$ 443 mil por el campo.
"A partir de publicaciones periodísticas ordené la reapertura y la profundización de la investigación", informó el juez Valetti.
Denuncia del Banco Central
Valetti aseguró que el expediente en Crimen Organizado se formó en 2011 a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. "La información no vino a iniciativa de EEUU, sino que fue una denuncia del Banco Central ante lo que salió en medios de prensa colombianos", expresó el juez que reabrió la causa.
La OFAC del Departamento del Tesoro de EEUU vinculó en 2011 a Genética del Sur y a otras 11 empresas con el clan Cifuentes Villa. El decreto firmado el 21 de setiembre de ese año expresa que los ciudadanos estadounidenses "tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales" con la sociedad uruguaya Genética del Sur y agrega que "cualquier activo que pueda tener (...) bajo jurisdicción estadounidense queda congelado".
La investigación de EEUU sobre el clan Cifuentes Villa reveló que la organización utilizaba rutas sofisticadas de narcotráfico para distribuir toneladas de cocaína desde Colombia a través de Centroamérica, para que finalmente fuera distribuida en México y Estados Unidos.
Del último eslabón de la cadena se encargaba el cartel de Sinaloa, dirigido por el Chapo.
"Durante años, los Cifuentes Villa fueron reconocidos en Antioquia (departamento del norte de Colombia con costa al mar Caribe) como prósperos empresarios de empresas agrícolas, comercialización de bienes, fabricación de alimentos, manejo inmobiliario, explotación de minerales y administración de parques temáticos, en países como Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil, España y EEUU", informó el diario colombiano El Espectador.
En agosto de 2011, Dolly Cifuentes Villa fue detenida por la Policía Nacional de Colombia por una solicitud de extradición que existía en su contra por parte de EEUU.
Luego de rechazar los cargos, Dolly se declaró culpable de asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que la droga iba a ser importada a EEUU.
El líder del clan, su hermano Jorge Milton Cifuentes Villa, se refugió entonces en una reserva indígena en el valle del Guaná, en el estado venezolano de Anzoátegui, donde entregó cinco vacas y cinco cerdos a una familia indígena para casarse con una de sus hijas de 19 años.
Pero las salidas cada tres días de Jorge Milton despertaron sospechas entre los pobladores.
La Policía de Venezuela, apoyada por fuerzas colombianas y por la DEA de EEUU, lo detuvo en noviembre de 2012.
"El capo ya no lucía como el prestigioso empresario de saco y corbata que se movía por sitios exclusivos de Bogotá, Medellín y México y que lavó dinero del narcotráfico durante 25 años. Lucía barba y vestía jeans y camisa a cuadros. Aparentando ser agricultor", informó el diario colombiano El Tiempo.
EEUU mantiene la alerta sobre sociedades anónimas del clan, entre ellas, Genética del Sur, que fue presidida por Héctor Mario Cifuentes Villa (hermano de Jorge Milton y Dolly) hasta el 7 de diciembre de 2010. El campo en Lavalleja, de todas maneras, sigue siendo propiedad de esta sociedad anónima.
El juez Valetti busca determinar si se trató de una operación de lavado de dinero. Dicho en buen romance: el juez quiere saber si la sociedad compró el campo con dinero del narcotráfico.
Samantha Rivas, de 30 años, fue asesinada el miércoles a las 4 de la madrugada de un balazo en el tórax en la esquina de Bulevar Artigas y Francisco Vidiella.
El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en la vereda, frente a una heladería que tiene cámaras de seguridad.
El registro fílmico ayudó a la policía a identificar al presunto autor del crimen: se trata de un cliente de la trabajadora sexual trans.
Al saberse buscado por la policía, el sospechoso viajó a Brasil y cuando regresó al país fue detenido por detectives de la segunda zona operacional de la policía.
Se trata de un hombre de 36 años que se desempeña como comerciante, según informaron fuentes policiales.
Permanece detenido a disposición del Juzgado Penal de 15 Turno que deberá resolver sobre su situación para lo cual tiene plazo hasta este lunes.
Además de los elementos aportados por el video de seguridad de la heladería frente a la cual ocurrió el crimen, resultaron claves las arduas indagatorias a testigos realizadas por la Policía así como las pericias balísticas.
Foto del lugar del crimen enviada a Subrayado vía WhatsApp
El secuestro del empresario ocurrió el 11 de junio. Los delincuentes lo llevaron en una pequeña camioneta, amordazado, hasta una casa en el barrio Marconi.
Un vecino presenció lo ocurrido y alertó a la Policía, que de inmediato ubicó la casa, liberó al empresario y atrapó a varias personas.
En ese momento fue procesado un ciudadano de República Dominicana, y dos menores de edad fueron internados en hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) del INAU.
Este viernes 17 de julio fue detenido y procesado con prisión, también por secuestro, otro dominicano que se mantenía prófugo.
Según señala Subrayado, fue detenido en la Plaza Libertad esta tarde, después de hacer un seguimiento y rastreo de las comunicaciones de sus allegados.
Hay un tercer dominicano que había quedado en libertad por falta de pruebas, que volverá a declarar ante la jueza Julia Staricco en las próximas horas.
Y hay un cuarto dominicano que escapó de Uruguay pocos días después de que la Policía abortó el secuestro y detuvo a la banda de delincuentes. Por último, un uruguayo sigue prófugo y es buscado por la Policía.
FOTO: en esta camioneta fue secuestrado el empresario.
La Justicia de Crimen Organizado procesó a ocho policías y un civil por maniobras vinculadas a la reparación de automóviles y al consumo de combustible. Todas ocurrieron mientras funcionaba el Cuerpo de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) que fue cerrado por el ministro Eduardo Bonomi en 2011 por sospechas de corrupción.
El caso pasó a la justicia de Crimen Organizado donde estuvo varios años y ahora el juez Néstor Valetti dictó los procesamientos.
La maniobra, que asciende a varios millones de dólares, consistía en canjear los vales de nafta destinados a patrulleros por dinero en efectivo y artículos varios en estaciones de servicios, además del consumo indiscriminado de combustible.
Solo uno de los procesamientos fue con prisión: se trata de un subcomisario que era el segundo jefe de Cayma al cual se le tipificó un delito de abuso de funciones. Contaba con un antecedente penal.
Los otros policías fueron procesados sin prisión por delitos continuados de fraude: entre ellos, quien en su momento fue el director de Investigaciones del Ministerio del Interior. Se comprobó que este jerarca le entregaba vales de nafta a su yerno.
Otro de los procesados es el hermano de un ex jefe de policía, quien fue director de Cayma.
El empresario procesado es el dueño de una de las estaciones de servicio donde los efectivos canjeaban la nafta por dinero.