El Gobierno chileno reaccionó hoy en medio de críticas por la lentitud en su respuesta al potente sismo del pasado sábado y empezó a enviar asistencia a las castigadas regiones del sur, dio luz verde a la ayuda internacional y reforzó la presencia militar tras los persistentes saqueos.
Dos días después del terremoto de 8,8 grados Richter, muchos municipios del país seguían sin agua potable ni electricidad y los afectados denunciaban que no habían recibido asistencia de las autoridades y los vecinos de algunas localidades incluso tuvieron que organizarse y armarse para protegerse de los saqueadores.
Este lunes comenzó el envío desde Santiago al sur de raciones alimenticias para ser distribuidas en numerosas localidades afectadas, incluida una barcaza con 60 toneladas de alimentos que zarpó para asistir a las poblaciones de la costa afectadas por movimiento telúrico y por el maremoto que le siguió. También comenzó a llegar al lugar de la tragedia maquinaria pesada para retirar los escombros dejados por el sismo, cuyo último balance oficial de víctimas arrojó un saldo de 723 fallecidos y 19 desaparecidos.
Además, el Gobierno abrió por fin formalmente la puerta a la ayuda mundial, al solicitar hoy a la ONU asistencia concreta para las víctimas. El embajador de Chile ante la ONU en Ginebra, Carlos Portales, señaló que su país necesita puentes móviles, teléfonos satélites, generadores eléctricos, tiendas de campaña, hospitales, equipos quirúrgicos y centros de diálisis.
Inmediatamente, países como Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Panamá comenzaron a movilizar y a enviar equipos médicos, hospitales de campaña o plantas de energía. En ciudades cono la capital, donde vive un tercio de los 17 millones de chilenos, mucha gente se reintegraba a sus puestos de trabajo tras las vacaciones del verano austral, mientras en otras los vecinos se preparaban para defender sus hogares de las turbas dedicadas al pillaje a la puesta del sol.
El miedo a los daños que podrían provocar nuevas réplicas del terremoto ha sido reemplazado por una creciente sensación de inseguridad por el vandalismo que está protagonizando un sector de la población. Durante el fin de semana, múltiples localidades sufrieron el caos provocado por saqueos en ciudades como Concepción, Constitución, Talcahuano, Chiguayante, Talca, Hualpén e incluso en algunos municipios de Santiago. Lo que en principio se justificó por la necesidad de hacerse con productos básicos, como agua y alimentos, se ha convertido en una constante sucesión de actos vandálicos y, tras los supermercados y comercios, le ha tocado el turno a las casas. Pero lo peor llega en la noche, pese al toque de queda impuesto en las dos regiones más castigadas por la catástrofe, Bío Bío y Maule, situadas a 300 y 500 kilómetros al sur de Santiago, respectivamente. "Sentimos disparos durante toda la noche, tuvimos que prender fogatas y cuidar nuestras cosas", dijo una pobladora de Chiguayante. Los vecinos agregaron que la presencia militar y policial en el sector "fue nula" durante la jornada.
En la noche del domingo al lunes, en Concepción, capital del Bío Bío, fueron detenidas 55 personas y una persona murió en las afueras de la localidad en un aparente enfrentamiento entre saqueadores y vecinos, aunque la policía aseguró que se habría tratado de una riña por motivos ajenos a la emergencia. Atemorizados, centenares de vecinos de la periferia de Concepción, la tercera ciudad de Chile y la más afectada por el terremoto, se han atrincherado frente a sus casas para defenderlas de los saqueos con palos, cuchillos e incluso escopetas. "Están llegando de San Pedro (una población vecina) para desvalijar y quemar nuestras casas. Tenemos que protegernos", afirmaban dos hombres con sendos palos en sus manos.
Todos ellos portan pañuelos o bolsas blancas atadas en el brazo, "para distinguir quiénes son los buenos y quiénes los malos", explicó un joven. Además, el saqueo y posterior incendio, al parecer intencional, de unos grandes almacenes y de un supermercado en el centro de Concepción provocó el derrumbe de ambas edificaciones.
La alcaldesa de esa ciudad, Jacqueline Van Rysselbergue, pidió el envio de la mayor cantidad de militares porque la situación se le está saliendo de las manos. También el mandatario electo de Chile, Sebastián Piñera, criticó al Gobierno por esta situación y exigió a la presidenta, Michelle Bachelet, que acabe con los saqueos y actos de pillaje. "Restablecer el orden público es una necesidad urgente e imperiosa y para eso hay que utilizar todos los medios a nuestra disposición", declaró Piñera, quien el 11 de marzo asumirá la jefatura de Estado.
"Lo ocurrido hoy día en Hualpén, Concepción y Talcahuano es simplemente inaceptable", señaló, en alusión a los numerosos actos de rapiña ocurridos. El Gobierno ordenó hoy aumentar de 4.000 a 6.500 el número de militares en las regiones del Maule y Bío Bío y ampliar hasta 16 horas el toque de queda para la noche en la provincia de Concepción, desde las 20.00 hasta las 12.00 horas. "El que se quiera imponer por sobre el Estado de derecho tendrá que sufrir las consecuencias", advirtió el ministro de Defensa, Francisco Vidal. En tanto, empezaron a llegar al país algunos dignatarios internacionales para expresar su solidaridad.
Hoy lo hicieron el gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió hacer "todo lo posible para que el pueblo de Chile sufra lo menos posible con esta catástrofe", y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza. Para mañana están previstas las llegadas de la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton; del presidente de Perú, Alan García, y del canciller boliviano, David Choquehuanca.
Y mientras se procura normalizar la conexión vial entre Santiago y el sur del país y se reabrían algunas minas de cobre (metal del que Chile es el primer productor mundial) en el área afectada, el aeropuerto de Santiago se prepara para restablecer de forma paulatina las salidas de vuelos nacionales e internacionales a partir del miércoles.
