España no reconocerá la independencia de Kosovo, a pesar del dictamen de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Al menos, no a corto plazo. Entre otras razones, según fuentes diplomáticas, porque España aplica la llamada Doctrina Estrada, en recuerdo del diplomático mexicano que la formuló, según la cual no se reconocen países o Gobiernos sino que se establecen, o no, relaciones diplomáticas con ellos. Y el Gobierno no tiene intención, al menos por ahora, de abrir una embajada ni tampoco de acreditar a un embajador ante las autoridades de Pristina. En cualquier caso, la sentencia deja en una posición incómoda a España, uno de los cinco países de la UE que no han reconocido a la ex provincia serbia como Estado. La diplomacia española intervino incluso en las audiencias públicas de la corte de La Haya en apoyo de las tesis de Serbia. El pasado 8 de diciembre, la asesora legal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Concepción Escobar Hernández, defendió ante el tribunal de la ONU que "la declaración unilateral de independencia de Kosovo no es acorde con el derecho internacional".
La decisión de los jueces ha sorprendido en Madrid, donde se esperaba un fallo más "equilibrado", en el que se reconociera que la secesión fue ilegal, desde el punto de vista formal, aunque se abriera la puerta a una independencia de facto. De hecho España ha dado pasos para relacionarse, de manera informal, con las autoridades de Kosovo y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, participó la pasada primavera en una conferencia en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) en la que se sentaron representantes de Kosovo, junto a los de los demás países de la ex Yugoslavia, aunque en teoría lo hicieran a título personal.
Lo que ayer dejaron claro fuentes gubernamentales es que "Kosovo constituye un caso singular", ya que su independencia fue fruto de una operación de limpieza étnica y una guerra, por lo que "nadie puede tomarlo como modelo para situaciones que no son comparables", en alusión a los partidos independentistas en Cataluña o el País Vasco.
Convergència Democrática de Catalunya (CDC) se congratuló de la decisión de los jueces, que consideró "lógica", e instó al Gobierno a "reconocer definitivamente" al nuevo Estado, aunque agregó que las situaciones de Kosovo y Cataluña son "completamente diferentes".
El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Puigcercós, celebró la decisión. "El máximo órgano judicial de la ONU ha reconocido que la democracia está por encima del principio de integridad territorial", dijo Puigcercós.
La inquietud más inmediata es el impacto que la sentencia pueda tener sobre la estabilidad de los Balcanes y cuál sea la reacción de Serbia, un país al que Moratinos ha apadrinado en su acercamiento a la UE. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ordenó el año pasado la retirada de las tropas de Kosovo, lo que le valió duras críticas de EE UU y la OTAN, pero España aún mantiene un contingente de 150 soldados en Bosnia, donde están previstas elecciones después del verano. La posibilidad de que los serbios inicien el camino de la secesión en zonas de Bosnia y el propio Kosovo donde son mayoritarios puede reabrir un conflicto cuyas heridas aún no han cicatrizado.
Expertos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de La Moncloa analizaban hoy el dictamen, que en una primera lectura calificaron de "peculiar", ya que no dice que la independencia sea legal, sino que no es ilegal. Aunque recordaron que la opinión de los jueces no es vinculante, admitieron que "tendrá consecuencias". A la espera de un pronunciamiento público del Gobierno, se remitieron al de la UE, que hizo un llamamiento al diálogo y la cooperación entre Pristina y Belgrado.
