Primer round en tribunales entre Obama y la ley nazi de Arizona

El gobierno estadounidense de Barack Obama afronta este jueves una etapa decisiva en los tribunales que decidirán si la polémica ley de Arizona sobre inmigración usurpa o no la autoridad del gobierno federal sobre política inmigratoria y de seguridad.
La juez Susan Bolton escuchará los argumentos de una demanda federal presentada por el gobierno de EE.UU. contra el estado de Arizona para la entrada en vigor de la restrictiva ley que, según está previsto, debería entrar en vigor el próximo 29 de julio.
En la demanda, la Casa Blanca argumenta que los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden tener prevalencia sobre los códigos federales o la Constitución.
La ley autoriza a la policía estatal a solicitar documentación a quienes considere "razonablemente sospechosos" de estar en el país de manera ilegal, en lo que algunos consideran una autorización al uso de perfiles raciales, algo prohibido por las leyes estadounidenses que impiden la discriminación por raza u origen nacional.
Una orden preliminar para bloquear la ley
Tras la ola de críticas iniciales, el texto fue modificado para disipar las acusaciones de "ley racista" y ahora la policía solo podrá investigar el estado migratorio de un sospechoso si tiene un contacto legal por otra razón, como un control de tránsito.
El gobierno norteamericano ha pedido a la jueza una orden judicial preliminar que bloquee la ley mientras se realiza el juicio, asegurando que causaría un daño irreparable si entra en vigencia.
"Un fallo en cualquier dirección será, probablemente, una señal muy fuerte a cerca de cómo esta juez considera la alidez de la ley de Arizona y también a cerca de la fuerza de los argumentos de la administración Obama", ha señalado Carissa Hessick, profesora de Derecho en la Universidad Estatal de Arizona. Está en juego, añade, "si el gobierno tiene la plena autoridad sobre la política y el control de la inmigración. Va a ser un gran día".
Por su parte, el gobierno de Arizona presentó este martes una contrademanda argumentando que el cuidado de la frontera es también área de su competencia y que la nueva legislación sólo busca "complementar", y no usurpar, la acción federal, que considera deficiente.
Las opciones de la jueza
La ley SB 1070 fue promulgada en abril por la gobernadora republicana Janet Brewer, quien ha afirmado a través de un comunicado que confía en que "la corte rechazará el intento del presidente Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos por su fracaso en reforzar las leyes federales de inmigración".
Al justificar la adopción de la ley, la gobernadora Brewer ha asegurado que el gobierno federal no garantiza la vigilancia de la frontera entre su estado y México, por donde pasaría la mitad de los inmigrantes indocumentados que entran a EE.UU.
Después de escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Bolton podría ordenar que se suspenda la aplicación de la ley, en cuyo caso las autoridades estatales podrían apelar. Pero en el caso de que el tribunal estime que la Casa Blanca no demostró que haya riesgo de daños irreparables, permitiría que la ley entre en vigencia el 29 de julio, mientras se realiza el juicio de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad.
Además, también existe la posibilidad de que la jueza ordene la no aplicación de algunas partes de la ley, mientras que permita que el resto empiece a aplicarse. Eso equivaldría a autorizar a los estados a legislar en ciertos aspectos de la política migratoria, lo que supondría un punto de partida para que otros estados y ciudades establezcan también sus propias normas contra los indocumentados.
La inmigración, y particularmente qué hacer con los más de 11 millones de inmigrantes ilegales que trabajan en empleos precarios por todo EE.UU., es uno de los temas más controvertido de este año electoral.
Las encuestas de opinión han mostrado de forma insistente que la ley de Arizona cuenta con una sólida mayoría de los votantes estadounidenses, por lo que la oposición de Obama a la medida podría pasarle factura.