Tras cuatro horas de debate, los docentes de Secundaria establecieron que en caso de que la jueza Ana de Salterain "llame a declarar a más compañeros que hayan estado involucrados" en los incidentes violentos del martes en la noche por el desalojo del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), "se paralicen las clases de manera parcial y se convoque a una concentración en la puerta del juzgado", según la moción que fue propuesta y luego votada por la mayoría de la asamblea.
Los profesores también decidieron pedir la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, "por ser el responsable político del operativo" policial, señaló a El País Javier Iglesias, dirigente de ADES.
El gremialista aseguró que "Bonomi supervisó el operativo policial, donde quedó demostrado que estuvo completamente fuera de la ley, que no hubo ningún aval legal para hacerlo, incluso la jueza de la causa dijo que ella en ningún momento ordenó el desalojo".
Iglesias indicó que "varios jóvenes que estaban dentro del edificio cuando estaba siendo desalojado fueron golpeados por la policía. Bonomi sigue rechazando eso, y miente cuando dice que la represión policial tuvo su origen en una reacción de la gente que estaba afuera; entonces nosotros entendemos que con este cúmulo de cosas no puede seguir ejerciendo un cargo tan importante como el del Ministerio del Interior".
Sobre la posibilidad de que la Justicia procese con prisión a profesores de Secundaria que estaban presentes durante la reyerta con la policía el martes, o de que se expida procesando a algún estudiante, Iglesias indicó que "de inmediato ADES parará 24 horas y ese mismo día evaluará qué medidas tomará". Una de las posibilidades es proponer nuevos paros en la educación pública, dijo el dirigente sindical.
En la justicia.
Ayer declararon ante la jueza Ana De Salterain los 24 agentes de la Guardia Republicana que participaron del desalojo del Codicen; 20 estaban lesionados, de los cuales 18 presentaron denuncias individuales contra los manifestantes por lesiones y atentado.
Los efectivos llegaron juntos al juzgado de la calle Bartolomé Mitre en un ómnibus de la Guardia Republicana y acompañados de dirigentes sindicales.
Hoy irán a la sede diez efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) de la Jefatura de Policía de Montevideo, que son los que ingresaron al edificio. Tres de ellos sufrieron lesiones.
La jueza ya estuvo en el Centro de Monitoreo del Ministerio del Interior mirando los videos de los incidentes. "Eso se reunió con el material de los medios de prensa y será sometido a pericias para tratar de identificar si hay delitos y quiénes son los autores. Es un trabajo técnico que no hace el juzgado", aseguró la magistrada. Con esos resultados, la sede citará personas de forma individual.
Las doce manifestantes que terminaron detenidos en la noche del martes (en su gran mayoría eran estudiantes y dirigentes gremiales) declararon el jueves y presentaron una denuncia por tortura a los policías que participaron del operativo.
El delito de tortura, por el que fueron procesados 26 funcionarios del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa) en agosto, está tipificado en el artículo 22 de la ley 18.026.
Docente internado.
Dentro de quienes fueron detenidos y resultaron heridos por los enfrentamientos con la policía, un profesor de geografía fue el más perjudicado. El docente continúa internado en el Casmu 2 por una "fractura en el cráneo", según indicaron desde ADES y desde la mutualista.
El docente tiene una fisura en el cráneo de 8 milímetros de largo y una profundidad de 2 milímetros. Fue internado el mismo martes por la noche luego de que, según dijeron dirigentes de ADES, "un policía le diera un palazo en la cabeza mientras era arrastrado por el piso".
Ayer, el docente iba a ser dado de alta, pero cuando intentó levantarse de la camilla se mareó, por lo que tuvo que pedir asistencia nuevamente y aún sigue internado en observación.
Su novia, también docente, resultó lesionada en los enfrentamientos. Fue la única mujer detenida el martes y la primera de una decena de personas.
A la profesora, según contaron integrantes de ADES, le pegaron en la cabeza y la arrastraron por el piso mientras estaba esposada con un precinto.
"La compañera tuvo un trato especial por ser mujer, pero no corrieron con la misma suerte los compañeros", indicaron.
El País estuvo en la seccional 3° y accedió al calabozo donde los detenidos fueron trasladados en primera instancia. Allí se pudo observar un cuida coches que no paraba de preguntar gritando por la ventana del calabozo "¿y yo me la como de costado? Pasé todo el día trabajando. ¿Porqué me la como de costado?", increpando al periodista, confundiéndolo con un policía. También había un militante casi que desmayado, sentado en un banco de hormigón con el hombro dislocado.
En ese momento, el secretario general de ADES, Emiliano Mandacen, que se encontraba en buenas condiciones físicas a comparación de sus compañeros, pidió asistencia para quienes estaban más lesionados, entre ellos los profesores antes mencionados.
"Los radicales".
Para el gobierno existe "un grupo de radicales" que apoyó los actos de violencia durante el desalojo del Codicen. Entre ellos se encuentra la agrupación que lidera la ex tupamara Irma Leites, Plenaria Memoria y Justicia, y el sindicato del Taxi, Suatt. Carlos Silva, dirigente del Suatt, dijo que los responsabilizan a ellos porque "el Ministerio del Interior se equivocó feo en esta, como ya lo hizo otras veces. En Santa Catalina por ejemplo, cuando un policía mató a un chiquilín, al otro día el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salió a respaldar el accionar del oficial y una semana después se desdijo. El ministro miente con lo que dice".
Silva aseguró que el Suatt siempre apoya actos de solidaridad con compañeros que están en conflicto y que esta no era la excepción, "por eso mismo estábamos ahí", indicó.
Al ser consultado sobre su participación directa en los enfrentamientos con la policía, el dirigente dijo: "¿y yo cómo te puedo responder eso? Obvio que respondimos (ante la policía), fueron tres trabajadores del taxímetro citados a declarar".
Según Silva, de los tres trabajadores del sindicato del taxi que declararon ante la Justicia, uno no había sido detenido en la noche del martes, "pero como resultó herido, desde el centro asistencial hicieron la denuncia".
Junto a Plenaria Memoria y Justicia y el Suatt, ADES fue la otra organización que se vio involucrada en el desalojo de del edificio del Codicen. Ayer su asamblea sesionó en el local de la Confederación de Organizaciones y Funcionarios del Estado (COFE).
Por su parte, el sindicato de los municipales (Adeom) se manifestó mediante un comunicado en el que expresa "el rechazo y el repudio ante el accionar del Ministerio del Interior, que terminó en una desocupación violenta y con la represión de decenas de estudiantes y trabajadores. No creemos en la política de los palos para matar ideas".
FEUU apoya a estudiantes que estaban en ocupación.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay salió al cruce de "la brutal golpiza a quienes luchan por mayor presupuesto para la educación".
A través de un comunicado que fue leído en la puerta del Codicen el jueves por la noche, los universitarios aseguraron que "lo que se buscó el martes no era una desocupación pacífica, era golpear y amedrentar a los estudiantes que se encontraban en el edificio. Por lo que Bonomi miente en sus declaraciones cuando dice que no hubo violencia en el interior del edificio". Durante la proclama, los estudiantes también aseguraron que el ministro del Interior "miente cuando dice que la represión se desató como consecuencia del SUATT y de la Plenaria Memoria y Justicia".
La FEUU, al igual que ADES Montevideo, exigieron la "remoción inmediata" del ministro del Interior, Eduardo Bonomi", pero sumaron al ministro de Trabajo, Ernesto Murro.
