Para anticipar los votos en el consejo de un organismo internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA) no es necesario ser un genio del análisis geopolítico. Menos aún si te toca ser el burócrata número uno en el boliche de la esquina de la F Street y la 19th, al mando de un grupo considerable de subalternos designados por vos mismo, con sueldos no menores de 20.000 o 30.000 dólares por mes, todos con pertrecho de telefonía ilimitada, pasajes a discreción y conexión premium a internet.
Con un poco de olfato o un mínimo de sensatez, Luis Almagro ya debía suponer que la estrategia de activar la Carta Democrática contra el gobierno de Venezuela, que unos días antes había adelantado en el reportaje que se hizo hacer por el semanario Búsqueda, no tenía ninguna oportunidad de prosperar en el Consejo Permanente. Pero si la perspicacia política no es siempre una cualidad indispensable para un diplomático, ni siquiera uno escalador que aprecia más el sentido de oportunidad que la inteligencia, no se puede estar al frente de una oficina de estas sin estar dispuesto a hacer una veintena de llamadas telefónicas y tomarse un par de tazas de café con los más herméticos y desconfiados. Así las cosas, Almagro y sus colaboradores tenían que saber que iban al muere con su propuesta, o bien porque sus neuronas hacían sinapsis, o bien porque una ronda matinal de consultas previas se los habría dejado meridianamente claro.
Asumamos que sabían. Asumamos que Luis Almagro y sus colaboradores sabían que la propuesta iba a ser derrotada. Que apenas iba a contar con el apoyo de la representación de Paraguay, un gobierno de derecha que es hijo de un golpe de Estado de nuevo tipo que Almagro no pudo haber olvidado. Asumamos que sabían que políticamente era inviable esa propuesta insólita cuyo precedente directo hay que buscarlo en la Conferencia de la OEA en Punta del Este de 1962, cuando, por iniciativa de Estados Unidos y con el único voto en contra de México y algunas pocas abstenciones (entre ellas la de Uruguay), la OEA expulsó a Cuba por adherir al marxismo. ¿Y entonces qué nos queda? Nos queda preguntarnos por qué, pese a que estaba liquidada desde antes de empezar, Almagro promovió una estrategia tan “desubicada”, como la calificó el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Tan desubicada que su responsable ni siquiera se animó a comparecer en la reunión del Consejo Permanente, instancia a la que envió a su jefe de gabinete, Gonzalo Koncke, a quien directamente le negaron la palabra en la sesión, cuando quiso intervenir para transmitir el mensaje del secretario general, que es más o menos lo mismo que invitarlo a renunciar a él y a su jefe, que se había escondido porque sabía que iba a la paliza.
Si retrocedemos hasta la propuesta de Almagro, que tiene pinta de ser arqueología pura, porque fue descartada en la reunión del Consejo Permanente de la OEA el miércoles, hay que analizarla en dos bloques. En primer término, la propuesta en sí, que activa un mecanismo que puede terminar en la expulsión del seno de la OEA de un país miembro, extremo previsto en la Carta Democrática ante la alteración del orden constitucional en ese país, y que sólo puede ser invocado por iniciativa de los estados y no del secretario general. Es una propuesta a la medida de los intereses de una parte de la oposición venezolana –y ni siquiera de la parte más representativa, que no quiere quedar pegada con una iniciativa que, de llevarse adelante, podría desembocar en una intervención externa– y en sintonía clara con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que de todos modos no la votó, sino que se sumó a la propuesta que Argentina cocinó por atrás, sin consultar a Venezuela, aunque después tuvo que aceptar que el embajador venezolano brindara la posición oficial de su país, y ceder a un acuerdo ampliamente mayoritario que, entre otras cosas, no menciona la Carta Democrática Interamericana –jaque a Almagro– y reconoce la negociación patrocinada por la Unión de Naciones Suramericanas –¿y la OEA?–, facilitada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).
El segundo aspecto que debe ser analizado es el informe de 132 páginas en el que Almagro justifica su iniciativa. Es directamente vergonzoso. Debería ser leído por toda la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y por la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP). Para que tengamos una idea de quién fue el canciller de nuestro país y quiénes son y fueron sus colaboradores, muchos de ellos con cargos importantísimos en el anterior gobierno. Es un informe al servicio de la derecha, que cita todos los datos de los que esta echa mano para atacar al gobierno bolivariano; que soslaya la responsabilidad notable de los sectores económicos concentrados en el acaparamiento, el desabastecimiento, la fuga de divisas; y que prácticamente omite que la caída de seis veces del valor del petróleo en menos de un año y medio tuvo un efecto dramático en la economía de un país esencialmente petrolero. El informe no es sólo antichavista, es antiizquierda. Es militante a favor de la destitución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se mete hasta en el diseño institucional de ese país y en la integración de un organismo como la Suprema Corte. Es notablemente injerencista, y fue escrito, en teoría, por gente que participó en un gobierno de izquierda. Gente que no se limita a Luis Almagro. ¿O acaso renunció alguno de sus asesores?
Pero ya sabemos de su triste papel. Nos toca ahora averiguar hasta dónde llega la conspiración, porque está claro que Almagro llegó a la OEA para esto. Y lo impulsamos nosotros. Me refiero a los frenteamplistas. La mayoría, de forma inadvertida, creyendo que era otra cosa él y otra sus intenciones. Por el contrario, nuestra oposición, que ahora lo celebra como si hubiera recuperado a un hijo extraviado, antes había puesto el grito en el cielo cuando se comenzó a manejar su nombre para la secretaría general de la OEA.
Sin embargo, son pocos los pronunciamientos oficiales. Sabemos –por Búsqueda– que una vez el expresidente Pepe Mujica le escribió la carta del adiós, pero últimamente lo ha justificado, diciendo que el problema era que Almagro era abogado y no agente de la CIA, de lo que lo acusan en Venezuela, y además se atrevió a decir que Maduro estaba “loco como una cabra”. Ahora bien, un par de semana después, surge evidente que el presidente venezolano no estaba loco cuando le echó encima el mote de “agente de la CIA”, porque finalmente Almagro se propuso activar la Carta Democrática Interamericana, algo que sólo se puede hacer con la anuencia del Departamento de Estado, sobre todo cuando no tenés votos en el Consejo de la OEA, donde a tu delegado no lo dejaron ni hablar.
Cuando decimos que son pocos, son pocos. El MPP como organización no se pronunció. Lo han hecho dirigentes de ese sector, pero ni el Comité Ejecutivo ni la Dirección Nacional han emitido declaración ni han aclarado si Almagro continúa formando parte de la organización. Es cierto que el MPP no tiene un mecanismo estatutario de expulsión, pero este sí que es un asunto político y no jurídico; además, no sería la primera vez que se aplica una política de cuerpo blando. Y esta vez estaría más que justificado hacerlo.
El FA tampoco emitió una declaración que mencione el papel nefasto que está cumpliendo el excanciller, aunque el año pasado produjo un comunicado en el que respaldaba a Venezuela y llamaba a no intervenir en sus asuntos internos. Ese comunicado se produjo cuando el topo Almagro hacía correr la especie de que el gobierno venezolano no iba a reconocer el resultado de la elección parlamentaria (primero había difundido que el gobierno no iba a permitir que se hiciera), y algunos parlanchines uruguayos se habían manifestado preocupados ante el “inminente” golpe de Estado si la elección era contraria a los intereses del gobierno. Pero la elección se hizo, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional y Nicolás Maduro reconoció el resultado, como ha hecho el chavismo en todas y cada una de las 20 elecciones que ha realizado Venezuela desde que Chávez asumió en 1998. ¿Por qué no se producen esas declaraciones oficiales?
Este triste asunto de Almagro ha desnudado, como nada lo había hecho antes, que el FA tiene una profunda división en su seno, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuánto abarca cada bando, y que por el momento la política exterior la dirige un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con el frenteamplismo de base. En los últimos meses hemos observado cómo Uruguay se calla ante el golpe de Estado en Brasil, secunda las declaraciones de la canciller de Mauricio Macri, Susana Malcorra, y se pronuncia a favor del referéndum revocatorio en Venezuela. Es tan ostensible el nuevo alineamiento, que hasta arraigados principios liberales como el de autodeterminación han caído en desgracia. ¿Por qué el gobierno uruguayo firma una declaración junto a los cancilleres de Argentina, Colombia y Chile apoyando el revocatorio? ¿Acaso se nos querrá convencer de que el texto es más inocuo y se limita a apoyar el diálogo y las salidas en el marco de la constitución y la ley, como el revocatorio, que es un instrumento contenido en la Constitución venezolana? Nadie menciona lo que no apoya ni firma con el enemigo. La declaración es terrible y nos pone de un lado que luego el canciller Rodolfo Nin Novoa abona cuando habla con la prensa y puede desatar todo su pensamiento, que es más radical que el texto. En cualquier caso, Nin no es más que el canciller. La política exterior no la fija él, que apenas tiene una función delegada por el titular del Poder Ejecutivo.
Lamentablemente, esta es la única suma posible. A Almagro y sus secuaces los promovió el FA, muchos de sus integrantes pensando que era otra cosa. Pero muchos no es necesariamente todos. Y esa es una duda trágica. Ninguna declaración formal del FA o del MPP rechaza su actuación con respecto a Venezuela, aunque haya dirigentes que se despidan o que lo denuncien como un converso. La cancillería uruguaya tiende a justificarlo siempre, a apoyarlo a veces y a alinearse con las cancillerías que se ubican más a la derecha del Cono Sur. Por suerte, todavía no con la brasileña, pero veremos qué pasa si se confirma la destitución de Dilma Rousseff una vez que hayan transcurrido los 180 días de suspensión.
El panorama es desolador. Los problemas de Venezuela son enormes. Los problemas de la izquierda continental son indudables en esta época de retroceso y amenaza. Pero hay un problema en el FA y en el gobierno del FA que se hace cada día más evidente y que puede parecer menor en relación con los otros reseñados, pero es el que duele más a la gente de izquierda de Uruguay: no está claro para quién estamos jugando, de qué lado queremos estar en esta bifurcación de la historia.
Caras y Caretas
