Intendentes de Uruguay echan a funcionarios por coimas y por no ir a trabajar

La Junta Departamental de Colonia habilitó la semana pasada al intendente Carlos Moreira, del Partido Nacional, a destituir a cinco funcionarios de la Dirección de Tránsito que a cambio de coimas entregaban libretas de conducir a quienes perdían los exámenes o directamente no querían hacerlos. El pedido lo hizo el propio jefe comunal luego de que la Justicia procesara a los empleados, que mientras duró el juicio habían estado cobrando medio sueldo.

No es el primer caso que se da en Colonia. Semanas atrás la comuna destituyó a 15 funcionarios que robaban combustible. "Nosotros nos dimos cuenta de que había un consumo excesivo de combustible, entonces empezamos a extremar los controles. Robaban de a 120 litros por día. Habían inventado un sistema por el que podían violar el aparentemente inviolable sistema computarizado de Ancap", contó Moreira en declaraciones a El País.

En Salto se dio un hecho similar, pero "con un inspector de obra que pidió que le dieran 5.000 pesos por habilitar unas construcciones", según contó el intendente de ese departamento, el frenteamplista Andrés Lima. Este fue descubierto luego que la mujer a la que le pidió la coima hiciera la denuncia en la Intendencia.

Pero sin duda el mayor escándalo es el que se vivió en el departamento de Maldonado. El intendente blanco Enrique Antía contó sobre el procesamiento días atrás de seis funcionarios que formaban parte de una cuadrilla y vendían materiales de construcción, que pertenecían a la comuna, a una barraca.

"Hicieron lo mismo durante un año. El robo es de prácticamente un millón de dólares", sostuvo el jefe comunal. Además de los funcionarios, dos dueños de la barraca fueron procesados por receptación. "Los descubrimos por el GPS del camión y el historial demuestra que hicieron el recorrido desde donde están los materiales hasta la barraca, por un lapso de 12 meses", precisó el intendente.

Un caso similar se dio con otros dos funcionarios de Maldonado, advirtió Antía, pero estos todavía están siendo investigados. El intendente, de todas formas, está esperanzado de poder sacarlos de los cargos.

Pero los casos de coimas y robos no son los únicos motivos de destitución de municipales; también es un problema la gran cantidad de funcionarios "ñoquis" que figuran en las plantillas de trabajo de las intendencias. En los últimos meses se han extremado los controles en varios departamentos, ante las sospechas de que hay funcionarios que marcan y se van, o que directamente no van a trabajar.

"En este período se están tramitando varios proceso de destitución que van a ser enviados a la Junta Departamental. Obedecen a funcionarios que tienen inasistencias que se prolongan en el tiempo", dijo el director de Gestión Humana y Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta. Y añadió que "casi todos los casos están vinculado al consumo de drogas".

"La gente que padece adicciones normalmente está un tiempo sin venir. Falta, se reintegra, vuelve a faltar. A veces no se aparecen por 10 o 15 días", señaló Brenta.

Los procesos para echar a estos funcionarios a veces son largos. Primero se hace una investigación administrativa, luego se llevan a cabo sanciones, suspensiones, hasta que varios meses después la Intendencia pide a la Junta Departamental que vote la destitución.

"Es difícil, porque los casos de adicciones son delicados. Nosotros tratamos de comprometerlos para que se recuperen, para que vuelvan a trabajar, pero a veces no hay caso, y la gente no tiene porqué pagarle un sueldo a alguien que no trabaja", consideró Brenta.

Sobre la existencia de casos de funcionarios echados por cohecho, el jerarca dijo que solo hubo uno que se venía arrastrando de 2010, cuando había empezado a realizarse una investigación administrativa que duró cinco años. Se trató de un "falso músico" que cobró 500.000 pesos por parte de la comuna. El impostor era un obrero municipal, y el contrato, para un concierto que nunca se iba realizar, le fue facilitado por su concubina que también trabaja en la Intendencia.

En tanto, en Tacuarembó también hubo "destituciones por muchas inasistencias", precisó el intendente blanco, Eber de Rosa.

Desde Treinta y Tres, el intendente Dardo Sánchez, también del Partido Nacional, instrumentó "con más habitualidad juntas médicas para evaluar a aquellos funcionarios que no trabajan por temas de salud". De todos modos, por ahora, no ha habido destituciones de trabajadores.

En Salto, Lima advirtió que solo en la última semana firmó dos destituciones de funcionarios que trabajaban en la recolección de residuos. Es el caso de una mujer que faltó sin aviso por un mes, y de un hombre que se fue un mes y medio a Buenos Aires y que cuando volvió quiso recuperar su puesto de trabajo.

En Maldonado, en tanto, también se prestan a aumentar las medidas de control, luego de descubrir que "por dos años no se habían hecho juntas médicas", precisó Antía. El intendente denunció un "descontrol" en cuanto a los trabajadores que estaban con licencias médicas y añadió que revisando algunos casos se logró que 30 trabajadores que hacía años que no iban a la Intendencia, fueran jubilados.