Polémica en Argentina por la prueba obligatoria de ADN para buscar bebés robados

La polémica se ha desatado en Argentina por un proyecto del Gobierno que propone la extracción obligatoria de muestras de ADN a quienes puedan ser hijos de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-83), robados cuando era bebés. "Necesitamos la ley, porque va a facilitar el encuentro con la identidad de nuestros nietos. Hay 400 chicos apropiados (robados y adoptados ilegalmente) que todavía falta" encontrar, dijo la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Carlotto respondió a la dirigente opositora y diputada electa Elisa Carrió (centroderecha), quien tildó el proyecto de "fascismo puro" y acusó al Gobierno de usarlo como "un instrumento de venganza personal".
Carrió afirmó además que la ley "es de persecución" y "está dirigida a los hijos de la señora (Ernestina) Herrera de Noble", la dueña del grupo de medios de comunicación Clarín, y lo enmarcó en una "pelea de poder" con el Gobierno, cuyo auge fue la reciente sanción de una nueva Ley de Servicios Audiovisuales, rechazada por los grandes medios.
La justicia investiga si los dos hijos adoptivos de la empresaria podrían haber sido víctimas del terrorismo de Estado y ser hijos de desaparecidos, en una causa penal en la que aún están pendiente las pruebas de ADN.
Según el organismo humanitario Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños, nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención, fueron apropiados, de los cuales 97 recuperaron su identidad desde 1983.
"Estoy indignada. Es perverso. Tengo cuatro hijas muertas, dos que estaban embarazadas y no he recuperado a los nietos. Me parece que es demasiado como para soportar lo que la señora Carrió dice por un solo caso", dijo a la AFP Elsa Oesterheld, 82 años, esposa de Héctor Oesterheld, el creador de la célebre historieta El Eternauta y desaparecido, como sus cuatro, hijas en la dictadura.
El proyecto que busca reformar un artículo del Código Procesal penal podría tratarse en 15 días en la Cámara de Diputados. Por esta norma, cuando se sospecha que alguien puede ser hijo de desaparecido, el Estado debe obtener muestras de ADN para comprobarlo, sea voluntaria o compulsivamente, aunque "del modo menos lesivo y sin afectar el pudor".
Esto implica que si la persona no accede a sacarse sangre, la justicia podrá hacer allanamientos para obtener material genético en cepillos de dientes, pelos o ropa interior. Por esta vía, ordenada por varios jueces, ya han recuperado su identidad nueve jóvenes que se habían resistido a la extracción de sangre.
"Ellos ahora pueden elegir, porque hoy saben quiénes son sus padres biológicos", sostuvo la diputada de Victoria Donda (centroizquierda), quien fue ella misma una bebé robada que logró recuperar su identidad hace cinco años.
Manuel Gonçalvez, otro nieto restituido, consideró que esta herramienta puede ayudar a quienes "desean conocer su verdadera identidad pero tienen una carga sicológica de culpa muy grande y no quieren ser ellos los que abran la puerta a que se revele la verdad".
La iniciativa del gobierno responde a un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado para garantizar el derecho a los jóvenes que fueron apropiados durante el régimen dictatorial.
Según "Abuelas", la norma recoge un reciente fallo de la Corte Suprema que "estableció que la identificación de una persona no es violatoria de su autonomía ni de su voluntad cuando es realizada por medios no violentos regulados por ley".