Las "autoridades" de Honduras defienden "la legalidad" de la remoción de Zelaya

Las nuevas autoridades hondureñas justificaron la remoción del presidente Manuel Zelaya en su "falta de fidelidad a la República" y empezaron a gobernar ajenas al clamor unánime de la comunidad internacional de restituirlo en su cargo. En contra de lo que ha ocurrido en el extranjero, donde la condena al golpe de Estado del domingo ha sido unánime, en Honduras, políticos, empresarios, medios de comunicación y buena parte de la población están de acuerdo con la destitución de Zelaya, quien ha anunciado su regreso al país el jueves. Sólo algunas decenas de centenares de personas han salido a las calles de las principales ciudades del país para defender al presidente, y algunas resultaron heridas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. "Aquí no hubo golpe de Estado porque los hondureños siguen regidos por la Constitución, a la que el anterior gobierno quiso reformar sin ningún fundamento y de manera ilegal", dijo tajante el nuevo presidente designado Roberto Micheletti a la radio HRN. "Respetamos a todo el mundo y sólo pedimos que nos respeten, y nos dejen en paz porque el país se encamina a elecciones generales libres y transparentes en noviembre", agregó. El Congreso le criticó a Zelaya sus "acciones desafiantes a las autoridades constituidas". En un informe divulgado el lunes detalla varias faltas, pero la que colmó el vaso de los legisladores fue su proyecto de reformar la Constitución para autorizar la reelección presidencial. El Gobierno de Honduras separó a Zelaya "por su violación a la Constitución y la desobediencia de todo el sistema jurídico nacional porque estaba promoviendo, envuelta en una farsa, una asamblea Nacional Constituyente para cambiar el orden constitucional y el sistema democrático", dijo el nuevo canciller Enrique Ortez a la cadena de televisión norteamericana CNN. En la conservadora sociedad hondureña tampoco gustaron nada sus amistades con el ideólogo del cocialismo del siglo XXI, el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien ha recibido virulentas críticas por inmiscuirse en los asuntos internos del país. Zelaya hizo entrar a Honduras el año pasado en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), un bloque de países encabezado por Chávez. Las fuerzas armadas depusieron y expulsaron el domingo del país a Zelaya, en cumplimiento de una orden judicial avalada por el Congreso. Desoyendo a la justicia, que la declaró "ilegal", el mandatario iba a celebrar ese día una consulta popular buscando que la población le diera luz verde a su proyecto de referéndum constitucional. "Que no cometan la injusticia de juzgar a mi país sin haberle dado la oportunidad de que conozcan la posición nuestra", dijo el nuevo canciller, nombrado este lunes junto a otros miembros del gabinete de Micheletti. En cambio, Zelaya se ha sentido arropado por la comunidad internacional. Tanto Estados Unidos, como la Unión Europea, la ONU, el Grupo de Río, los países del ALBA y los centroamericanos exigieron su restitución en la presidencia hondureña. El mandatario estadounidense, Barack Obama, aseguró que para Estados Unidos Manuel Zelaya "sigue siendo presidente de Honduras" y calificó la operación militar para derrocarlo de "ilegal". Zelaya tiene previsto hablar este martes en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas. En Managua, se reunieron el lunes los presidentes del ALBA, los del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y los representantes del Grupo de Río, con su presidente pro témpore, el mexicano Felipe Calderón, para apoyar a Zelaya. Los países del SICA -Centroamérica y República Dominicana- han ido un poco más allá que el resto, adoptando medidas: aislar política, económica y comercialmente a la Honduras de los golpistas, de lo que se han quejado los empresarios de la región, que ven peligrar el Acuerdo de Asociación que negocian con la UE. En Honduras, tres grandes sindicatos han convocado un paro general y nuevas manifestaciones para defender al presidente.