Jueces colombianos bajo sospecha de tener vínculos con el lavado de activos

La oficina gubernamental de control al lavado de activos y a la financiación del terrorismo en Colombia advirtió de posibles vínculos de magistrados con personas implicadas en operaciones de blanqueo de capitales. En un comunicado emitido la noche del domingo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, dijo que realizó "reportes de operaciones sospechosas sobre algunas personas y sus posibles vínculos" con implicados en "actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados". Con estos análisis se "elaboraron informes de inteligencia financiera, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación", manifestó la dependencia, que agregó que esta información "es de inteligencia financiera, es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente". La UIAF divulgó el comunicado menos de un mes después de que su titular, Mario Aranguren, renunciara al cargo tras admitir que había remitido al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia) informes financieros sobre magistrados del país. Aranguren, que fue ratificado en el cargo por el presidente Álvaro Uribe, explicó entonces que la información le había sido solicitada por el DAS, que está envuelto en un escándalo desatado por escuchas y seguimientos a magistrados, especialmente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y personalidades opositoras al Gobierno. El presidente de la CSJ, Augusto Ibáñez, dijo hoy a la cadena Caracol Radio que él y los representantes de la Corte Constitucional y los consejos de Estado y Superior de la Judicatura harán "consultas internas" con vistas a una declaración conjunta sobre el informe. "Con mucha preocupación observo que, una vez más, existen funcionarios que a través de comunicados de prensa tratan de convertirse en competentes frente a una evidente incompetencia", afirmó Ibáñez, quien indicó que son jueces quienes tienen competencia para enjuiciar a las personas. Además, Ibáñez comentó que el Gobierno no ha ofrecido al poder Judicial una "explicación ponderada y puntual" sobre las escuchas y los seguimientos.