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CAUSA ABIERTA

En Uruguay, los jubilados y funcionarios públicos se agrupan para refinanciar sus deudas

En Uruguay, los jubilados y funcionarios públicos se agrupan para refinanciar sus deudas

Beatriz Valls, presidenta de la institución, relató a Ultimas Noticias el calvario por el que atraviesan miles de uruguayos, que hoy viven con el agua al cuello y que ahora tienen una luz de esperanza a partir de una ley sancionada en setiembre de 2008. El movimiento de funcionarios públicos y pasivos endeudados nació hace seis años y desde entonces comenzó a trabajar en procura de alcanzar la ley de conciliación de adeudos. La primera vez que el texto se consideró en el Senado, los constitucionalistas de las tres bancadas aprobaron rápidamente el proyecto, sin embargo al llegar a la Cámara baja el texto fue archivado. "Esta ley tuvo muchos intereses creados en su contra", dijo Valls. Tiempo después el texto fue reflotado y terminó aprobándose en setiembre.
En síntesis, la ley busca liberar sueldos y está pensada para personas que hoy tienen una superposición de cuotas, que cobran por ejemplo el 30% de su sueldo -lo mínimo permitido- porque lo demás lo tienen afectado a deudas. Sobre las bases de la nueva legislación, Atype busca consolidar en una sola cuota las deudas de mucha gente. De esa forma se logra un pago contado, lo que determina además que se generen quitas. Eso ya implica de por sí una disminución. Además, los plazos pasan a ser más largos (cinco, seis o siete años de financiamiento) y con una tasa de interés mucho más baja que la que tienen hoy porque la fija el propio Banco Central.
"Con esas tres condiciones (quitas, plazos más largos y tasas más bajas) se logra que aquellos que están cobrando el 30% de su sueldo pasen a cobrar el 50%, 60% o 70%", sostiene Valls.

El mecanismo fue pensado para que participara el Brou. "Era el candidato natural para los públicos y los pasivos", señaló Valls. La idea era que agrupara las distintas deudas, negociara el pago de las mismas con los acreedores y luego financiara a los deudores, a largo plazo y con tasas bajas. El Brou solicitó a cada institución pública que saliera de aval del funcionario en el caso que muriera, renunciara o fuera despedido. Ningún organismo aceptó esa condición.

Además, "pidió que cada dependencia pública armara una oficina y que hiciera el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora". Todos los organismos públicos se negaron. "Hace un mes salió Calloia en la prensa a pedir que la gente no fuera más al banco porque hasta que no terminaran el convenio vigente con el Ministerio del Interior no se le iba a consolidar a nadie más. Los otros organismos tienen que esperar que termine con ese ministerio para continuar con otro". Muchas personas endeudadas ahora tenían la ley pero no una institución que diera respuesta a su situación. Así fue como nació Atype, que rápidamente logró personería jurídica y comenzó a trabajar en febrero.

En solo tres meses de trabajo ya cuenta con 500 socios y está en diálogo con sindicatos municipales que han mostrado interés por la propuesta. "Estamos avanzados con Adeom Canelones, que tiene unos 3.000 afiliados y un endeudamiento brutal; también con Adeom Florida y Durazno. Estamos esperando que las asambleas de esos sindicatos se decidan a firmar el convenio. Si logramos estos tres convenios estaríamos cerrando al menos dos grupos de 2.000 personas cada uno", sostuvo Valls.

La presidenta de Atype recordó que hay un promedio de endeudamiento de U$S 5.000 por funcionario/pasivo. Si se multiplica por 2.000, son U$S 10 millones cada grupo "lo que se convierte en una cifra muy interesante para cualquier institución financiera". "Si logramos estos tres convenios tendríamos dos grupos cerrados y el monto total de endeudamiento podría ascender a U$S 20 millones", indicó Valls.

Para los bancos es un negocio atractivo. Se trata de funcionarios públicos o pasivos a los que se les descontará la cuota de la consolidación. "No podemos dar nombres pero ya hay bancos de plaza interesados que se han contactado con nosotros".

Una vez que esté identificado el endeudamiento con los acreedores respectivos de cada uno de esos grupos se irá a negociar las deudas para lograr las quitas. "Una vez que tengamos un monto definitivo, global, ya negociado, acudiremos a los bancos para que pongan el dinero. Y no pondrán dinero ni al deudor ni a Atype, irán directamente a pagar a los acreedores", dijo Valls.

A partir de entonces se termina el rosario de deudas de la gente. En su recibo figurará una cuota de consolidación, que aparecerá por debajo de todos los descuentos legales que pueda tener la persona. Los legisladores fueron previsores y a la hora de redactar la ley incluyeron un artículo que dice que hasta que no hayan pago el 60% de la deuda de la consolidación, no pueden volver a endeudarse.

Divorcios para cobrar algún peso

A la hora de analizar cada uno de los casos de endeudamiento aparecen situaciones de todo tipo. "Si hasta el momento tenemos 500 socios, tenemos 500 anécdotas diferentes", relata Beatriz Valls. Hay personas que ni siquiera cobran el 30% de su sueldo tal como lo establece la Ley 17.829. Cuando le entregan el recibo aparece como líquido el 30% pero después el organismo o el sindicato tiene una caja de auxilio de donde la persona tomó otro préstamo y de allí también le retienen dinero. "Hay gente que está cobrando 900 pesos. No se puede vivir con ese dinero. Hay casos de personas que ya venían con endeudamiento en dólares y perdieron su propiedad, sus herramientas de trabajo". Muchas personas se han divorciado, de común acuerdo, para que con la retención judicial alimenticia no se les pueda descontar otra cosa. Y en realidad están viviendo juntos. De esa manera se aseguran que van a tener una parte de los ingresos que no se pueden tocar. (Extraído de Ultimas Noticias)

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