La izquierda tambien pasa por caja: en 3 años el Estado uruguayo pagó 42 millonesde dólares a ex presos políticos, exiliados y despedidos y el 7% sigue viviendo en el exterior

Los ex presos políticos de la dictadura reciben una pensión reparatoria de $ 16.524. También exiliados, clandestinos y despedidos por motivos ideológicos son compensados. El Parlamento estudia actualizar la normativa para contemplar nuevos casos. En tres años, el BPS pagó 42 millones de dólares a ex presos políticos. Los ex presos políticos, exiliados, personas que hayan estado en clandestinidad, y aquellos que fueron despedidos de su actividad privada durante la dictadura son compensados por el Estado. Los ampara la Ley 18.033 del año 2006.
Específicamente, en los últimos tres años, los ex presos políticos recibieron en total $ 973 millones, más de U$S 42 millones. Se trata de la pensión especial reparatoria que pueden solicitar quienes estuvieron detenidos, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 (total o parcialmente) y que fueron procesados por la Justicia Civil o Militar. En el año 2007 se entregaron más de $ 359 millones, en 2008 la cifra fue de $ 454 millones y en los primeros cuatro meses de 2009 las erogaciones alcanzan los $ 160 millones ($ 41 millones en enero, $ 40 millones en febrero, $ 38 millones en marzo y $ 41 millones en abril). "Se están cursando unas 3.200 pensiones reparatorias actualmente", dijo a Ultimas Noticias el director del Banco de Previsión Social (BPS), Armando Cuervo. El canon de esta pensión está fijado por ley; son 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones, lo que equivale al monto de $ 16.524 por mes. Asimismo, está sujeto a reajustes por lo que se estiman diferencias en función de que el Índice Medio de Salarios se ubique por encima o debajo del canon. Por otra parte, aunque el BPS libera el dinero, los fondos son financiados por Rentas Generales. "Hay algunas condiciones para acceder a la pensión reparatoria, por ejemplo, no es compatible con otra jubilación o ingresos mayores, por lo que la persona tiene que elegir con cuál se queda", dijo Cuervo. Tampoco es acumulativa, es decir, no se genera un fondo para la persona, pero sí genera pensión, por lo que conyuges e hijos menores de presos políticos fallecidos pueden cobrar un porcentaje. Para los que hayan abandonado obligatoriamente el país o que fueron clandestinos, está previsto que se les compute por servicio a los efectos jubilatorios y pensionarios a razón de once Bases de Prestaciones y Contribuciones, lo que equivale a $ 21.384 por mes, considerando para ello el tiempo en que mantuvo dicha condición y en función del lapso para reintegrarse a la actividad formal. Existe una tercera posibilidad. Se la conoce como jubilación especial y contempla a quienes sin configurar causal de jubilación, tengan al menos sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios. El monto será equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones, lo que equivale a $ 7.776 mensuales. Hoy suman 166 casos, por lo que se estiman erogaciones del orden de los $ 31 millones entre enero de 2006 y marzo de 2009.
AMPARO
La Ley 18.033 se aprobó en octubre de 2006 y el plazo para solicitar el amparo fue de 180 días, más una prórroga de 90 días por decreto. La Comisión Especial que se creó para estudiar cada caso lleva resuelto el 66% de las solicitudes. Así, en dos años se resolvieron más de 5.800 carpetas, 4.700 de ellas fueron aprobadas y 1.300 rechazadas. De las personas que se presentaron para acogerse a la ley, el 66% eran de Montevideo, el 27% del interior y un 7% del exterior. Consultado Cuervo acerca de los países donde hay mayoría de personas que aplicaron a la convocatoria, el jerarca precisó que se trata de Suecia, España, Francia e Italia. Para quienes hoy viven fuera del país, fue preciso comprobar que hayan retornado a Uruguay antes del año 1995 con ánimo de permanencia, independientemente del tiempo que efectivamente residieron aquí.
LEYES
Las leyes reparatorias respecto a los trabajadores afectados por la dictadura empezaron con la ley de Amnistía 15.737, pero ésta contemplaba sólo a los funcionarios públicos. Posteriormente, en 1985 la Ley 15.783 abarcó también a algunos trabajadores de la actividad privada, cuyas empresas habían sido intervenidas por el gobierno, como bancos y frigoríficos.
Años después, en enero de 2002, la Ley 17.449 estableció compensaciones para los trabajadores de la actividad privada que perdieron su trabajo por razones políticas, ideológicas o gremiales, o que hayan estado presos, exiliados o en clandestinidad. Según Cuervo, el problema de esa ley eran los exigentes requisitos de prueba para comprobar la clandestinidad, ya que no suele haber documentos al respecto. Con ella se resolvieron sólo unos 400 casos en cuatro años. "Esta Ley 18.033 viene a suplir todas esas carencias y acepta cualquier medio de prueba lícito que admita el Derecho Positivo para probar el estado de exilio, clandestinidad o prisión", dijo el director del BPS y agregó que innova en materia de pensión reparatoria para los presos políticos, además de establecer cómputos obligatorios. Actualmente se trabaja en el Parlamento en un proyecto de ley para la reparación de víctimas de terrorismo de Estado, que estipulará un nuevo margen de tiempo para que más interesados se presenten para ampararse al beneficio.
Reparación a familiares
Isidora Musco, la viuda del militante Ubagesner Chávez Sosa, recibió el beneficio de la pensión reparatoria especial. Es una de las excepciones ya que los familiares de detenidos desaparecidos en período dictatorial no son contemplados por la ley. "Pudo ampararse porque los restos de su marido fueron encontrados y porque está comprobado que estuvo en prisión", explicó el director del BPS, Armando Cuervo. "No hay un resarcimiento para los familiares; es una laguna que tiene la legislación actual. Es un debe que en este nuevo proyecto que estudia el Parlamento se está intentando contemplar", finalizó el jerarca.