Esa maldita costumbre

El hombre crea alarma pública, pero no importa. Dice casi con nombre y apellido el presunto asesino de una niña y no pasa nada. Se trata del jefe de policía de Maldonado, Inspector (r) Eduardo Martínez; que sigue levantando una peligrosa polvareda en torno a los crímenes de la jovencita Pamela Silva y Laura Busquet. Con la autoridad que le confiere el cargo, y con igual cuota de displicencia, el jerarca afirma una y otra vez al primer micrófono que se le acerca, "estamos convencidos de la autoría de determinadas personas, pero nosotros no administramos justicia", en un departamento donde, justamente, se amontonan los asesinatos sin aclarar. Impunemente le tira la pelota al Poder Judicial y naturalmente provoca la reacción del juez Federico Álvarez Petraglia: las declaraciones del señor jefe me producen una gran sorpresa.

 

Primero porque se trata de un auxiliar de justicia que nunca habló del tema conmigo. Y además, porque es la máxima autoridad del ministerio del Interior en el departamento. En segundo lugar, el señor jefe no conoce el expediente. Para nada lo conoce. Nunca lo leyó. Por esta razón la sorpresa es mayor cuando la persona formula juicios sin conocer lo que contiene el expediente, desde actuaciones, pasando por pericias y los testimonios. Deja traslucir como que hubiera una disposición de los operadores del sistema contraria a resolver el caso. Nada más alejado de la realidad.

 

Quienes estamos más interesados en resolverlo, somos nosotros. Este es un tema que se encuentra en etapa de presumario, por lo tanto es secreto. No me parece serio que si el señor jefe tiene diferencias con la investigación las ventile en un medio de comunicación. Me parece algo absolutamente desafortunado. Es muy triste que lleguemos a estos niveles de relacionamiento".

 

El magistrado tiene razón, pero desafortunadamente pierde la oportunidad de ir más a fondo en el tema.

 

Si bien es cierto que el derecho de la libre expresión es inalienable, el jerarca de la Policía crea un ambiente de revancha por los menos entre las familias de víctimas y supuestos victimarios. Entonces puede pasar cualquier cosa, desde accidentes enmascarados, pasando por justicia por mano propia, hasta terminar en suicidios y esos casos sí que nunca son esclarecidos. Lo que expone Martínez no es nuevo en la Policía, desde hace muchos años comisarios y jefes repiten esa muletilla cuando son incapaces de arrimar al juez las suficientes pruebas para enviar a la cárcel a un criminal. Sería un buen momento para que el Ministerio del Interior estableciera algunas pautas de conducta en esos casos.

 

De esa manera evitaría que, en forma innecesaria, se creara alarma pública y evitaría que las propias filas policiales alimenten la sensación de inseguridad.