El horror de dos hermanas en situación de calle violadas por policías durante dos años
Luego de haberse postergado en al menos tres oportunidades, ayer finalmente comenzó el juicio contras seis policías de la Policía Federal de Argentina y un agente del Servicio Penitenciario Federal que están acusados de haber abusado sexualmente por varios años de dos hermanas que estaban en situación de calle.
Las chicas, que entonces eran menores, eran llevadas a dependencias policiales en las que eran violadas y también forzadas a prostituirse.
Los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17, en una medida al menos cuestionable, resolvió que el debate se realizara a puertas cerradas para preservar la identidad de las víctimas y la de los acusados, según argumentaron.
La causa tuvo sus idas y vueltas e incluso estuvo al borde de quedar en la nada cuando el fiscal César Augusto Troncoso opinó que el expediente debía ser derivado a la oficina de casos “NN”, más allá de que para ese entonces ya habían surgido nombres de los sospechosos.
Luego de que Troncoso fuera recusado, el caso pasó a manos del fiscal Fernando Fiszer, quien en abril de 2014 realizó el pedido de elevación a juicio para los siete acusados, que de ser condenados podrían recibir penas de hasta diez años de prisión.
Todos ellos llegaron al juicio en libertad y recién fueron pasados a disponibilidad cuando el caso se hizo público.
Mariela tenía 13 años y su hermana Cintia, 14 al momento de empezar los hechos que se debaten ahora, sucedidos entre 2009 y 2011. Unos meses antes –en octubre de 2008– Mariela había desaparecido de su casa tras la muerte de su padre y recién pudieron encontrarla en abril de 2009.
De familia pobre y en condiciones de vulnerabilidad total, la chica había estado viviendo en la calle y durante ese período fue violada en distintas oportunidades por policías que nunca fueron identificados. Mariela volvió a su casa, pero nunca logró deshacerse de los vínculos de sometimiento en los que había quedado envuelta.
También su hermana quedaría atrapada.
El primero de los hechos que describió la acusación de Fiszer es de junio de 2009. Dos de los policías ahora en juicio –de la División Montada– llamaron por teléfono y pasaron a buscar a las hermanas por Parque Lezama y las llevaron a un puesto de vigilancia en el barrio de Flores. Una de ellas fue subida en un camión (que sería un carro de asalto o transporte de la Federal) y violada por varios oficiales. La otra fue abusada en un auto.
La acusación detalla que los policías a veces les pagaban y otras les daban comida. Las chicas –siempre según la causa– eran llevadas al Cuerpo de Policía Montada (en Cavia 3300, en Palermo); a otro predio de esa misma división situado debajo de la Autopista “Presidente Héctor Cámpora” (AU 7, en Soldati); al Cuerpo de Policía de Tránsito; a los galpones de la División San Martín; a estaciones de tren o a una pensión en Warnes al 2100 en la que vivían cinco de los acusados.
La denuncia inicial la hizo otro policía, compañero de algunos de ellos, que se había puesto de novio con Cintia. Las hermanas vivían atemorizadas, pero una vez comenzada la investigación pudieron precisar sin ninguna duda cada uno de los escenarios de los abusos.
Vestidos casi todos de traje, ayer los policías acusados (dos de ellos son hermanos y están defendidos por la abogada Valeria Corbacho) asistieron a la primera audiencia del juicio, pero decidieron que por el momento no van a declarar.
Todos ellos, salvo uno, habían dado testimonio en la etapa de instrucción y negaron los hechos. La lista de testigos recién se conocerá el lunes y el juicio se reiniciará el viernes próximo. Los jueces también resolvieron que Cintia y Mariela –que están representadas por Gerardo Etcheverry, de la Defensoría General de la Nación– declaren sin la presencia de los acusados.
Las hermanas viven con custodia y reciben asistencia psicológica. Las dos pudieron formar pareja y están radicadas en el Conurbano bonaerense. Una de ellas trabaja en Capital y planea mudarse. La otra cuida de sus tres hijos: dos de los embarazos fueron producto de las violaciones.
El delito por el que están siendo juzgados los siete acusados es “promoción de la corrupción de menores de 18 años, agravada por haber sido mediante intimidación abusando de su autoridad, por ser agentes de una fuerza de seguridad”.
Fuente Clarín
