El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Nelson Pintos, es indagado por la Justicia por supuesto tráfico de influencias, a raíz de la denuncia presentada por una empresa importadora de armas.
La Justicia también indaga por los mismos hechos al coronel Claudio Feola, edecán del presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ambos declararon junto a sus abogados el jueves en el juzgado especializado en Crimen Organizado, informaron fuentes del caso a El Observador.
Desde 2013 el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército retiene 350 pistolas HK usadas que fueron importadas de España, bajo el argumento de que falta documentación necesaria.
La empresa que importó las armas, Sierra Libre, denunció ante la Justicia al entonces encargado del SMA, el coronel Feola, por haberse asesorado sobre los trámites requeridos con un trabajador de una empresa privada que también importa armas y representa a esa marca de pistolas en Uruguay.
La empresa también denunció al entonces jefe del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (Cale), el general Pintos, de quien dependía el SMA, y al trabajador de la empresa privada que asesoró al SMA, un coronel retirado. Los tres están en calidad de indagados.
Vázquez participó el 2 de febrero de 2015 del acto en el que asumió el general Pintos. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dijo entonces que el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) fue creado como producto de un gran acuerdo sobre defensa nacional que se desarrolló durante el primer gobierno de Vázquez.
El ministro agregó que el jefe del Esmade participará en la definición de "grandes preguntas, en particular, qué Fuerzas Armadas necesita Uruguay, hacia dónde vamos y qué camino tenemos que recorrer". La página de Presidencia destacó que "el Estado Mayor de la Defensa es el órgano de asesoramiento del Ministerio de Defensa en materia de planificación y coordinación de las actividades de las Fuerzas Armadas". El general Pintos, jefe del Esmade, tiene el mismo rango que los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas.
Cada una de las tres Fuerzas Armadas debe designar a un representante para que integre la custodia protocolar del presidente de la República. El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, designó como edecán de Vázquez en marzo de 2015 a Feola, el otro oficial indagado.
Las pistolas siguen retenidas
En 2013, la empresa Sierra Libre, que se dedica a la importación de armas, cuchillos, municiones y artefactos de pesca y camping, importó 350 pistolas fabricadas en Alemania que estaban en poder de la Policía de España, pero el SMA retuvo el cargamento porque faltaba documentación sobre la trazabilidad de las armas. La empresa comenzó entonces el proceso para la liberación de las pistolas, que siguen retenidas.
En medio de ese proceso, Feola se asesoró con un coronel retirado que trabajaba en ese momento para la empresa Grupo Gómez Haedo, que tiene la representación en Uruguay de las pistolas HK y que, según los denunciantes, compite con ellos.
Por eso, la empresa que importó las armas considera que fue perjudicada por el actual jefe del Esmade, por el edecán del presidente y por el coronel retirado que trabajaba para una empresa privada. Los tres fueron denunciados por tráfico de influencias. El artículo 158 bis del Código Penal establece que comete este delito quien "invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo".
El jefe del Estado Mayor de la Defensa y el edecán de Vázquez declararon como indagados el jueves ante el juez Néstor Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez. Feola declaró el jueves que el coronel retirado no buscó ningún interés particular en su asesoramiento. Por su parte, el coronel retirado que trabajaba para Grupo Gómez Haedo declarará como indagado el lunes.
La indagatoria se concreta ocho meses antes de que las pistolas sean destruidas, puesto que por normativa el SMA debe eliminar las armas tres años después de retenerlas.
