Una irregularidad más, en este caso constatada. Y otro hecho que se suma a un collar de denuncias sobre el funcionamiento de los cementerios municipales. Fue a cremar a su hermana de 31 años y se encontró con el cuerpo de una anciana. Andrea Jacqueline Rodríguez Montenegro tuvo una infancia y una juventud complicada por su salud, con frecuentes ataques de epilepsia. Hasta el día en que murió -por una convulsión que derivó en un paro cardiorrespiratorio, el 3 de septiembre de 2005-, vivía con sus hijos Milagros y Matías, y con su esposo, en las cercanías del Frigorífico Matadero de Pando, donde éste trabaja. Milagros y Matías, hoy de 15 y 16 años, varias veces le llevaron flores a su madre a la fosa N° 2789 del Cementerio del Norte. Allí, la lloraron una y otra vez, sin saber que el cuerpo no estaba en su lugar. Hoy, desconocen dónde se encuentra. El lunes 3 de agosto, los familiares concurrieron a presenciar la reducción. El cuerpo había estado unos meses más en tierra porque a los tres años del deceso, los empleados del cementerio les informaron que estaba "momificado" y que debían aguardar un año más. La hermana de Andrea, Virginia Rodríguez, estuvo presente en lo que sería, ahora sí, la reducción de los restos. Virginia trabaja como enfermera del Casmu. Y aunque tiene conocimientos sobre anatomía humana, no precisó de ellos para darse cuenta que algo estaba mal. "Cuando están haciendo la reducción, vemos que hay dos prótesis de cadera. Era el cuerpo de una persona mayor. Mi hermana tenía 31 años y jamás tuvo prótesis de ningún tipo", relató la mujer a El País. Inmediatamente, les dijo a las personas que estaban haciendo la reducción que ese cuerpo le era desconocido. Y el capataz le respondió que la fosa "era esa". "Fuimos a la oficina, hablamos con el jefe del Cementerio del Norte, Hugo Freire, y éste nos dijo que el error había sido de ellos, porque nosotros habíamos reconocido el cuerpo tanto en la morgue del hospital como cuando llegó a la sala del velatorio. Después, nunca nos despegamos del cajón hasta que llegó al cementerio", relató Virginia. A la familia le dijeron que el domingo 4 de septiembre de 2005 sólo hubo un entierro en el Cementerio del Norte, el de Andrea Jacqueline Rodríguez. Pero no fue así. "Cuando llegamos, al mediodía, había otro entierro y tuvimos que esperar porque había poco personal", recordó la mujer. Frente a la "desaparición" del cuerpo de Andrea, las autoridades del Cementerio del Norte sugirieron abrir las tumbas aledañas, buscando enmendar el error. En la fosa N° 2788, el cuerpo había sido reducido y cremado, y los restos entregados a sus familiares. Supuestamente, se trataba de los restos del hombre que fue enterrado el mismo día que Andrea Jacqueline Rodríguez, aquel domingo de septiembre de 2005. Entonces, los empleados abrieron la fosa N° 2790, donde se suponía que tenía que haber una mujer de aproximadamente 90 años. "Las dos personas que estaban haciendo la reducción encontraron una chapa con el nombre `Darío`. O sea que podría haber muchos otros cuerpos mal enterrados", declaró Virginia. "Yo, cuando voy hasta el lugar, veo que no se trataba de los restos de mi hermana. Era una persona sin dentadura", añadió. Ese día se abrió un expediente y el director del cementerio le comunicó a la familia que el tema se iba a elevar a la oficina municipal de Necrópolis. "El miércoles de esta semana, Freire me dijo que no tenía ninguna respuesta y que eso iba a llevar meses de investigación", indicó la denunciante. Frente a esta situación, se radicó una denuncia en la Seccional 12ª de Policía.
Lista de nombres en manos del intendente
El edil nacionalista Daniel Graffigna aportó esta semana al intendente Ricardo Ehrlich los nombres de cuatro personas que integrarían una organización dedicada a la venta ilegal de panteones en cementerios municipales, principalmente en el Central y el del Buceo. También facilitó los números de varios sepulcros que estarían involucrados en las maniobras. Los panteones habrían sido vendidos con títulos falsos por sumas que van desde los US$ 24.000 a los US$ 28.000, aseguró Graffigna, y los nichos por US$ 8.000 y hasta US$ 12.000. Según el edil, la organización se apoderaba de panteones abandonados o con grandes deudas y retiraba los cuerpos -que luego "apilaba" en otras tumbas- para poder venderlos. En la Intendencia, le dijeron que la investigación podría llevar más de dos meses. La denuncia la hizo verbalmente en la Junta Departamental a fines de 2008. (El País Digital)
